SUMARIO: Toni Negri, profesor de Derecho de la universidad de Padua, dirigente del grupo de extrema izquierda Poder Obrero y diputado radical es excarcelado tras diez años de prisión preventiva. Los radicales han llevado a cabo una campaña electoral contra las leyes especiales que permiten la prisión preventiva para los acusados por haber perpetrado delitos de terrorismo hasta un máximo de 10 años.

("EL PAIS", 9 de julio de 1983)

El diputado radical italiano Toni Negri fue excarcelado en la noche de ayer en Roma, después de que los juzgados de instrucción de Trani, Padua, Milán, Roma y Perugia dictaran órdenes para que el nuevo parlamentario saliese de la cárcel romana de Rebibbia, donde se encontraba en prisión preventiva.

Negri, catedrático de Derecho del Estado, fue elegido diputado por Roma, Nápoles y Milán en las listas del Partido Radical Italiano durante las elecciones legislativas que se celebraron en Italia en los días 26 y 27 de junio. Los radicales llevaron a cabo una campaña electoral contra las leyes especiales que permiten la prisión preventiva para los acusados por haber perpetrado delitos de terrorismo hasta un máximo de 10 años.

Toni Negri, profesor de la universidad de Padua, de 49 años, fue detenido el 7 de abril de 1979, durante una gran redada policial contra el llamado Movimiento de la autonomía Obrera.

Ex dirigente del grupo de extrema izquierda Poder Obrero, Negri es el principal acusado en el juicio que se sigue contra ese movimiento. El diputado radical está acusado de promover la insurrección contra el Estado y de participar en la creación de bandas armadas. El juicio fue aplazado hasta el próximo otoño al confirmarse la elección del profesor de Padua como parlamentario, a la espera de que se cumpla su promesa de renunciar a la inmunidad parlamentaria y de que se presente nuevamente ante el tribunal.

El diputado del Partido Republicano Italiano Adolfo Battaglia resumió ayer el sentimiento de la opinión pública italiana señalando que la Magistratura tiene la obligación de aplicar rápidamente la norma constitucional y que no tiene sentido la operación política de liberar a una persona acusada de delitos gravísimos.