SUMARIO: El claro fracaso de la política prohibicionista hace que sea necesaria e inaplazable una revisión de la Convención Unica de 1960 y de la Convención de Viena de 1988 de la Onu, que han correspondido a un recrudecimiento paralelo de las legislaciones nacionales. El autor, justifica con cifras su afirmación de fracaso prohibicionista: desde la gigantesca red mundial de mafias y criminalidad organizada que maneja "más de 500.000 millones de dólares" según la Onu, lo cual les otorga enorme capacidad de corrupción, e incluso desestabilización de medios políticos, judiciales, económicos y de medios de comunicación. El coste del prohibicionismo es demasiado elevado y no conviene. Aumenta el número de voces autorizadas que solicitan un viraje en la política de drogas: la Liga Internacional Antiprohibicionista (LIA), The Economist, The Independent, García Márquez, Milton Friedman. El movimiento antiprohibicionista está elaborando propuestas de revisión de las convenciones internacionales en materia de droga.

(Luis Yáñez-Barnuevo, "EL PAIS", jueves, 28 de julio de 1994)

Los dos mayores riesgos de una política son los saltos en el vacío, los cambios no basados en una reflexión suficiente, y en el otro extremo, la inercia rutinaria de no querer revisar una política por puro reflejo conservador del "más vale malo conocido...".

La política prohibicionista y represora en materia de sustancias psicotropas que dura más de 30 años en el mundo tiene todos los visos de no querer ser revisada en un futuro próximo, a pesar no sólo de fracasar en sus objetivos (la erradicación del tráfico y consumo de las drogas), sino de empeorar la situación de partida.

A principios de los años sesenta, el consumo de drogas se limitaba a grupos restringidos en Europa y EEUU, no representando un verdadero problema social. Sin embargo, en 1961, la ONU adopta la Convención Unica en materia de estupefacientes, donde se imponen las tesis prohibicionistas, que no cesarán de avanzar hasta la adopción de la Convención de Viena de 1988, corriendo paralelo al endurecimiento de las legislaciones nacionales.

Treinta años después, nos encontramos con una gigantesca red mundial de mafias y criminalidad organizada que maneja más de 500.000 millones de dólares (según la ONU), producto del tráfico ilícito de drogas, con un enorme poder de infiltración, capacidad corruptora e incluso desestabilización de medios políticos, judiciales, económicos y de medios de comunicación, lo que les permite incidir sobre decisiones políticas (entre ellas , la de permitir la perpetuación de la situación actual), prostituir mercados, derribar Gobiernos o sostener regímenes cómplices, como es el caso de la Junta Militar de Haití.

Aunque en algunos pocos países, entre ellos España, no se reprime el consumo y no se trata al drogadicto como a un delincuente, la prohibición relega a los consumidores de droga a la marginalidad y aumenta los riesgos de difusión de enfermedades infecciosas. La ilegalidad impide, como es obvio, cualquier tiempo de control sanitario de las sustancias psicotropas en circulación, cuya frecuentísima adulteración y la ignorancia sobre las dosis no letales son las causas habituales de morbimortalidad entre los consumidores, en particular en lo que a la heroína se refiere.

Asimismo, en el aspecto judicial y penal cabe preguntarse sobre el coste-beneficio del prohibicionismo y la represión: hacinamiento en las cárceles, sobrecarga del sistema judicial, deslizamiento hacia Estados gendarmes, desequilibrios de los presupuestos policiales que, aun siendo ridículos en comparación con las sumas manejadas por las mafias, impiden dedicar recursos a otros fines. Más de dos tercios de los delitos cometidos en las ciudades están relacionados con la droga.

Como ocurrió en su día con el alcohol en EE UU, la prohibición de las drogas es responsable del nivel elevadísimo del precio de las mismas. Es la consecuencia de la criminalization tax, una especie de prima de riesgo que el traficante cobra. Tan grandes márgenes de beneficio representan tal atractivo que se hallarán siempre personas dispuestas a afrontar riesgos tan bien pagados.

Pero el alto precio, lejos de ser un obstáculo insalvable para los consumidores, ha convertido a éstos en pequeños traficantes que necesitan reclutar a nuevos consumidores para financiar su propio abastecimiento. Por no hablar del recurso al robo y la prostitución.

Quizá lo único parcialmente salvable de la actual política sobre las drogas es la faceta educativa. Las campañas sobre las consecuencias del consumo de sustancias psicotropas, sobre todo entre los menores, han contribuido en los últimos tiempos al rechazo juvenil al uso indiscriminado de drogas, contribuyendo a una disminución drástica del consumo de heroína.

Cada vez se oyen más voces autorizadas clamando por un cambio de la actual política sobre las droga. Científicos, penalistas, intelectuales, políticos, han constituido la Liga Internacional Antiprohibicionista, que se ha reunido recientemente en Roma. Por otra parte, prestigiosos periódicos como The Economist o The Independent, se han pronunciado en línea editorial contra la prohibición. El premio Nobel Gabriel García Márquez encabezó un manifiesto en el mismo sentido promovido por la revista Cambio 16. En Estados Unidos, personalidades como Milton Friedman y Joseph McNamara lideran el llamado Llamamiento a Bill Clinton para que se detenga la "guerra contra la droga",último eslabón del prohibicionismo,

En España, cada vez son más numerosos los magistrados y profesores de Derecho Penal que creen urgente una revisión a fondo de la actual política en materia de droga. Y, sin embargo, no termina de arrancar un debate serio y con mayor participación sobre el tema. Los partidos políticos temen ser acusados, si dan el primer paso, de estar contribuyendo así a la extensión del consumo. Por ignorancia o mala fe, el deslizamiento hacia la histeria demagógica es muy fácil en este terreno. Ya vimos en las campañas presidenciales peruana y norteamericana cómo sus adversarios utilizaron como gran argumento contra Vargas Llosa y Bill Clinton, respectivamente que ambos «habían fumado porros hacía 20 años!

El movimiento antiprohibicionista está trabajando en propuestas concretas de revisión de las convenciones internacionales, especialmente el Convenio de Viena de 1988, conscientes de que la nueva estrategia no puede hacerse en un solo país. En el marco de esa nueva política se avanzan conceptos como la reducción de los daños relacionados con la droga (drug related harm reduction) o reglamentación del cannabis y sus derivados similar a las existentes para el tabaco o el alcohol, venta libre, con prohibición absoluta de publicidad y venta a menores.

Así como el miedo a la reacción de una opinión pública reacia a la llegada de demasiados emigrantes no puede hacer bajar la guardia frente a la xenofobia y al racismo, o las encuestas que dan mayoría a los partidarios de la pena de muerte no deben hacer cambiar la convicción abolicionista, el riesgo de una interpretación incorrecta no debe hacer callar a los que piensan que la política actual sobre las drogas necesita una profunda revisión en todo el mundo.

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Luis Yáñez-Barnuevo es diputado socialista por Sevilla.