ADIOS A LA PENA DE MUERTE

Miguel Gonzalez, Madrid

SUMARIO: España se compromete a no reimplantar la pena capital y a no extraditar a quien pueda ser ejecutado.

(El Pais, 12-12-1994)

"Tan pronto como el juez instructor notifique el fallo de muerte recaído, al que haya de sufrir la pena capital se le pondrá en capilla, proporcionándole los auxilios que el mismo juez determine, de conformidad con lo prevenido en el Código de Justicia Militar. Al entrar en capilla el reo, sin perjuicio de las medidas generales de seguridad que tenga a bien ordenar el gobernador del estableciemiento, se concederá su custodia al piquete que ha de realizar la ejecución, si fuera militar. Desde el momento en que se notifique la sentencia hasta que se ejecute, cuidará el gobernador del establecimiento que reine el mayor silencio, suspendiendo los paseos y demás actos que pudieran turbar el recogimiento debido en tales casos".

La senadora del Partido Popular Rosa Vindel utilizó el pasado 30 de noviembre este apartado de la normativa penitenciaria militar, en el que se regulan con lenguaje burocrático los momentos previos a la ejecución, para justificar su voto favorable a la abolición total de la pena de muerte en España; una posición que, según reconoció, contradice la que ha venido manteniendo su grupo en los últimos años.

En una cabriola parlamentaria a la que es difícil encontrar antecedentes, el Grupo Socialista también apoyó la moción que, 15 días antes, había descalificado públicamente el ministro de Defensa, Julián García Vargas, y el senador del PNV Miguel Bolinaga se encontró con un éxito tan inesperado como clamoroso: 223 votos a favor. Ningún voto en contra. Ninguna abstención.

Miembros del Grupo Socialista aseguraron que, tras el giro del PP, el apoyo a la pena de muerte resultaba insostenible y que el Gobierno hubiera provocado una verdadera rebelión de haber pretendido imponer a sus senadores la defensa en solitario del ordenamiento vigente.

El parlamentario socialista Joaquín Galán quiso sacarse una espina recordando que, en el debate constitucional, la izquierda respaldó las posiciones abolicionistas y fue UCD la que, ante la oposición de Alianza Popular, propuso como compromiso el actual artículo 15 de la Constitución: "Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra".

Adelantándose en 48 horas a la votación unánime del Senado, el Grupo Socialista del Congreso, en un gesto al que los demás grupos dieron el calificativo de "oportunista", entre otros menos amables, una proposición de ley orgánica que pone en marcha el mecanismo para abolir la pena capital en España, al suprimir todas las referencias a la misma en el Código Penal Militar, en la ley de la Jurisdicción Militar y en la ley Procesal Militar, aprobadas entre 1985 y 1989.

Hasta 24 delitos pueden ser castigados en España con la pena capital. Entre ellos figuran los de traición, espionaje, atentado, homicidio, asesinato, crueldad, tortura, violación, rebelión, sedición, desobediencia, cobardía, dejación del mando o abandono del servicio; siempre que "la guerra haya sido formalmente declarada o exista ruptura generalizada de hostilidades con potencia extranjera".

Todos los delitos que pueden acarrear la condena a muerte son juzgados por el denomínado procedimiento sumarísimo, según el cual "salvo causa de fuerza mayor, la deliberación, votación, redacción y firma de la sentencia" se realizará "en un solo acto", inmediatamente después del juicio, y el recurso ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo se resolverá en un plazo máximo de diez días. Como reconoce ahora el PSOE, en su proposición de ley, "la situación bélica no es la más apropiada para juzgar serenamente y con todas las garantías los hechos graves que pueden conducir a la imposición de la pena" capital.

Todavía un día después de difundirse la iniciativa socialista, el ministro de Defensa se mostraba convencido de que, en caso de guerra, se reimplantará la pena de muerte y se hará "sin las garantías" previstas en la actual ley. García Vargas recordó que la muerte nunca es pena automática, sino alternativa a la prisión de hasta 30 años, y que, para ajecutar al reo, "se requiere el enterado previo del Gobierno".

Aprovechar el consenso

Ante esta advertencia, varios grupos parlamentarios, incluido el Socialista, se mostraron dispuestos a aprovechar el consenso que ahora existe para impulsar una reforma del artículo 15 de la Constitución que cierre la puerta a la reinplantación de la pena capital, sin reparar quizá en que, por afectara derechos y libertades, dicha reforma requiriría la disolución de las Cortes y la celebración de un referéndum.

El acuerdo del Senado, sin embargo, no sólo, obliga a España a abolir la pena de muerte "tanto en tiempo de paz como de guerra", sino a "no reimplantarla en ninguna circunstancia", según la recomendación 1246 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del 4 de octubre, que Gobierno español debe asumir "para firma y ratificación". Con objeto de afianzar este compromiso, se elaborará "un protocolo adicional a la Convención Europea de los Derechos del Hombre", cuya ratificación por los estados miembros les impediría reimplantar la pena capital sin denunciarlo antes.

La resolución de la Asamblea del Consejo de Europa compromete también a España a "no autorizar la extradición de ningún individuo a un país donde corra el riesgo de ser condenado a muerte y sometido a las condiciones extremadamente duras de quienes esperan ser ejecutados".

Miguel Gonzalez