EL TRIBUNAL PENAL INTERNACONAL PERMANENTE SERA INAUGURADO EN 1998, SEGUN LA CONCLUSION DEL COMITE PREPARATORIO DE LA ONU. FUERTE OPOSICION DE CHINA. ACTITUDES DECEPCIONANTES DE LOS EE.UU., FRANCIA Y GRAN BRETAÑA, PARTIDARIOS LOS TRES DE UNA FECHA POSTERIOR.

Nueva York - Madrid, 2 de Septiembre 1996. Pleno éxito de las sesiones del Comité Preparatorio de las Naciones Unidas para la creación del Tribunal Penal Internacioanl Permanente. En sus conclusiones, el Comité recomienda a la Asamblea Genaral renovar el mandato del Comité por tres o cuatro sesiones de trabajo suplementarias. Sesiones que deberían organizarse desde este momento hasta el mes de Abril de 1998 para permitir redactar un texto-base para la Conferencia Diplomática Plenipotenciaria. El Comité insiste asimismo en la necesidad de convocar la Conferencia antes de terminar el año 1998.

Una maniobra de la República Popular China y de algunos otros países tendente a impedir que las conclusiones finales fueran aprobadas por consenso, resultó derrotada en el último minuto. Se ha alcanzado el acuerdo gracias a la introducción de ciertas reservas relativas a las modalidades de trabajo del Comité Preparatorio. Así, sus conclusiones no podrían ser obstáculo para que los países miembros del mismo defendiesen eventualmente una postura distinta ante la Asamblea General. En otras palabras, una veintena de países, China entre ellos, siguen oponiéndose a la creación rápida del Tribunal Internacional, reservándose la opción de expresar sus puntos de vista en las sesiones de la Sexta Comisión de la Asamblea General que se celebrarán el próximo Noviembre.

A pesar del camino andado, hay que resolver numerosas cuestiones 'técnicas' antes de proceder a la redacción de un texto final que permita a la Conferencia Plenipotenciaria reunirse y redactar el Tratado de creación del Tribunal.

El frente de los países favorables al mismo se ha ampliado. En cabeza están la Unión Europea, Rusia, Australia, Argentina, Canadá, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Otros países, como China, Japón, Cuba, Indonesia y la mayor parte de los países de Africa y Asia mantienen su oposición. Por último, los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña abogan por un plazo más dilatado que iría bastante más allá del año 2000.

La situación se hace en consecuencia particularmente delicada. El peligro consiste en dejar pasar una ocasión globalmente favorable sin alcanzar el objetivo. Por ello es preciso que la opinión pública mundial vuelva a tomar la iniciativa organizando una formidable campaña internacional de presión que obligue a los Estados miembros a actuar conforme a sus declaraciones oficiales y a las buenas intenciones que permitieron al Consejo de Seguridad crear los tribunale ad-hoc sobre la ex-Yugoelavia y Ruanda. En caso contrario, el enorme potencial disuasorio del Tribunal Internacional no llegará a ser un instrumento concreto con capacidad de impedir nuevas masacres y genocidios del tipo de los acaecidos en la ex-Yugoslavia o en Ruanda.

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