Por los diputados...

Sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de

drogas.

A. Considerando que la Presidencia irlandesa incluyó la lucha contra el uso

ilícito de drogas entre las prioridades del próximo semestre y que el Consejo

Europeo reafirmó la importancia de acabar el estudio sobre la armonización de

las legislaciones de los Estados miembros;

B. Considerando que las políticas sobre las drogas a nivel mundial se desprenden

de los Convenios de las Naciones Unidas de 1961, 1971 y 1988, y que estos

convenios prohíben especialmente la producción, el tráfico, la venta y el

consumo de toda una serie de sustancias. Excepto para uso médico o científico;

C. Considerando que, a pesar de, los considerables recursos dedicados a la

aplicación de tales políticas, la producción y el consumo de sustancias

prohibidas han aumentado de manera exponencial durante los 30 últimos años, lo

que representa un verdadero fracaso, reconocido también por las autoridades

policiales y penitenciarias;

D. Considerando en particular que:

En lo que se refiere a la producción y el tráfico

- las ganancias crecientes obtenidas por las organizaciones criminales del

comercio de sustancias ilícitas, reinvertidas en actividades delictivas o en

los circuitos financieros legales, han tomado tales proporciones que se

tambalean los fundamentos de las instituciones legales y del Estado de Derecho,

incluyendo también a los países miembros de la Unión Europea;

- la rentabilidad del comercio de las sustancias ilícitas sólo puede acarrear

el aumento del número de países implicados en la producción y generar

inversiones masivas en la investigación y producción de nuevas drogas químicas,

incluso dentro de la Unión Europea;

- los importantes medios desplegados para reprimir el tráfico de sustancias

ilícitas sólo tienen como principal efecto el aumento de los precios de venta

("arancel del delito"), en beneficio exclusivo de la delincuencia organizada,

puesto que más del 90% de los estupefacientes circulan libremente en el mundo;

En lo que se refiere a los aspectos sociosanitarios y el consumo

- El consumidor de sustancias ilícitas está desprovisto de toda información en

lo que se refiere a su composición y sus efectos; se expone por consiguiente

a unos riesgos y en particular a la muerte por sobredosis y el contagio por el

virus del SIDA, que van mucho más allá de la peligrosidad de las sustancias en

sí:

- El carácter clandestino del consumo de sustancias ilícitas es a menudo un

obstáculo insuperable para la labor de prevención y asistencia por parte de las

autoridades públicas y de las organizaciones privadas; por consiguiente las

políticas actuales condenan a los consumidores a vivir al margen de la

sociedad, en contacto permanente con el hampa;

- La delincuencia organizada actúa con la finalidad de multiplicar el número

de consumidores e incitarles a pasar de sustancias poco peligrosas, tales como

el cannabis y sus derivados, al consumo de las drogas llamadas duras;

- Las fuerte exigencias económicas así como las presiones derivadas de la

delincuencia organizada, llevan al consumidor de sustancias ilícitas a

convertirse en revendedor, contribuyendo así a la difusión del consumo de

drogas;

En lo que se refiere a los aspectos judiciales y carcelarios

- La aplicación de normas represivas en materia de drogas ejerce una presión

cada vez más insostenible sobre el sistema judicial y carcelario, hasta el

punto que más de la mitad de los reclusos en las prisiones europeas lo están

por delitos directa o indirectamente relacionados con la droga;

- La puesta en marcha de las actuales políticas sobre la droga engendra la

introducción en las legislaciones nacionales de normas que limitan

progresivamente las libertades individuales;

E. Considerando que se está produciendo una reflexión sobre la legitimidad de las

políticas en vigor y sobre la búsqueda de soluciones alternativas en un número

creciente de parlamentos de los países miembros;

El Parlamento Europeo:

1. Afirma que la política de prohibición de las drogas que se desprende de los

Convenios de las Naciones Unidas de 1961, 1971 y 1988, es la propia causa de

la agravación de los estragos que la producción, el tráfico, la venta y el

consumo de sustancias ilegales infligen a gran parte de la sociedad, de la

economía, de las instituciones, perjudicando la salud, la libertad y la vida

misma de las personas;

2. Recomienda al Consejo y a los Estados miembros que pidan al Observatorio

Europeo de las Drogas y la Toxicomanía una evaluación de los costes y los

beneficios desde el punto de vista social, sanitario y económico, de las

políticas instauradas en aplicación de los Convenios de las Naciones Unidas de

1961, 1971 y 1988;

3. Recomienda al Consejo y a los Estados miembros que consideren los resultados

positivos obtenidos por las políticas de reducción de riesgos (especialmente

a través de la administración de sustancias de sustitución), de despenalización

del consumo de algunas sustancias, de despenalización parcial de la venta de

cannabis y de sus derivados, de distribución controlada de heroína, realizados

en varios Estados miembros;

4. Insta al Consejo y a los Estados miembros a que luchen mucho más eficazmente

contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas y procedan

inmediatamente:

a) a una nueva regulación de la producción, de la venta y del consumo de

cannabis y de sus derivados;

b) a derogar las sanciones penales previstas para el consumo de otras

sustancias ilícitas;

c) a instaurar un sistema de control público de la oferta de las sustancias

actualmente ilícitas, que permita también obtener la prescripción médica de

estas sustancias;

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente recomendación al Consejo, a

la Comisión, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.