Reunión del 27 y 28 de noviembre de 1991.

La política en materia de lucha contra la criminalidad relacionada con el tráfico de droga, llevada a cabo hasta el momento presente, no ha conseguido su objetivo de frenar, o por lo menos, de reducir la penetración de la droga en la Comunidad europea. Cabe adoptar nuevas medidas políticas, abandonando las que se basan simplemente en la represión.

Esta es la conclusión a la que ha llegado la comisión de investigación del PE tras 10 meses de trabajo y una larga serie de audiciones de expertos y de personalidades, comprometidas cada cual de forma distinta en la lucha contra este azote.

El informe elaborado por M. Patrick COONEY (PPE, Ir) ha sufrido, en el momento de la votación 180 enmiendas, una profunda transformación, tan profunda que el mismísimo elaborador del informe se ha visto obligado a votar en contra del texto. El documento ha obtenido 9 votos a favor y 6 en contra. Han votado a favor: los socialistas, el grupo de la Izquierda Unitaria europea y los Verdes. Han votado en contra los Democratacristianos (PPE), los liberales, y los demócratas europeos.

La posesión de pequeñas cantidades de droga ya no es un delito.

Los puntos más significativos de las recomendaciones contenidos en el informe son los siguientes:

- la posesión de drogas ilícitas en pequeñas cantidades, para uso personal, no debería ser considerada como un delito para no convertir al toxicómano en delincuente ni comprometer todas sus posibilidades de integrarse en la sociedad;

- cabe otorgar a los toxicómanos el libre acceso al tratamiento y a jeringuillas gratuitas en vez de hacer que se les prescriban medicinas por las clínicas concertadas;

- los esfuerzos de la lucha contra la droga deben concentrarse no en los consumidores ni en la base de la jerarquía del tráfico, sino en la criminalidad internacional organizada a más altos niveles;

- se recomienda encargarse de la cuestión sanitaria y social del toxicómano garantizándole la disponibilidad de drogas no adulteradas, con una dosis determinada, para reducir el número de muertes, el contagio por el virus del SIDA y la criminalidad inducida.

El informe comprende varios capítulos que tratan distintos aspectos del fenómeno, como la producción de la droga, la cooperación policial y aduanera, los elementos químicos, los controles fronterizos, la corrupción de los ambientes políticos y la infiltración en los sectores económicos.

Producción de drogas

La comisión de investigación da mandato a la Comunidad europea para que actúe, a partir de su política de desarrollo y su política exterior, para apoyar a los gobiernos que se decidan a zanjar la producción de drogas ilegales. Existe la prueba de que hay políticos implicados en el tráfico de drogas, son conocidos por ello Pakistán, Birmania, Tailandia, Panamá, Suriname y Bolivia.

Hasta el café...

El informe cataloga las drogas ilegales y las drogas legales que oscila desde las drogas duras como la heroína y el crack hasta las drogas ultra blandas como el té el café y el chocolate. Entre ambos extremos se hallan el hachís, el tabaco y el alcohol que son consideradas drogas intermediarias blandas. LSD y anfetaminas, drogas intermediarias duras. De esta clasificación se desprende, según el informe, la necesidad de una sola política sanitaria para todas las drogas, independientemente de su status legal.

Creación de una Unidad europea de información sobre la Droga (UERD)

Para poder reforzar la cooperación entre las policías y las aduanas, el informe da mandato para la creación de una Unidad Europea de Información sobre la Droga, compuesta de policías de los distintos Estados miembros y de oficiales de contacto entre los países no comunitarios. Esta unidad deberá estar sometida a un control democrático. En cada país miembro, cabrá igualmente crear una unidad nacional. Cada legislación nacional deberá prever normas para el control de las entregas.

Los Estados miembros y los países candidatos a la adhesión deberán firmar la Convención europea de extradición, con el objeto de limitar el número de "refugiados seguros" para las organizaciones criminales.

Lucha contra la corrupción

El informe constata que la corrupción en el seno de los gobiernos así como de los funcionarios públicos (magistratura, policía) es al mismo tiempo causa y efecto de la difusión de la droga. Se da mandato a una "gran iniciativa" vis-á-vis de los Estados miembros por ejemplo aprobando una auténtica "Carta de la transparencia" en materia de adjudicaciones y nombramientos de los cargos públicos.

cabe prestar especial atención a los comportamientos de los partido políticos, conocidos por las financiaciones de las campañas electorales de los candidatos y las candidaturas. Los partidos deben excluir a aquellos candidatos a los que se les conozcan contactos o sean sospechosos de poseerlos con la criminalidad organizada o los susceptibles de ser corrompidos.

Los poderes locales y los órganos gubernamentales no deben otorgar mercados, licencias o subvenciones a las sociedades o a los individuos que se sepa mantienen lazos con las organizaciones criminales.

Blanqueo de dinero sucio

La comisión de investigación da mandato para que se establezcan acuerdos de decomiso entre los Estados para acabar con la libertad de circulación de los "blanqueadores" de capitales. Los delitos fiscales graves, que comportan sumas iguales o superiores a 50.000 ecus, estarán sujetos a la extradición.

Otros mandatos concernientes a los "paraisos fiscales y financieros" para promover reglas de transparencia en vez de la instauración de un registro de sociedades de promoción inmobiliaria, susceptibles de blanquear el dinero de la droga.

Antes de proceder a la votación final, varios miembros de la comisión se lamentaron del hecho de que no fuese posible llegar a un consenso unánime. Los contrarios al texto enmendado lo han tachado de "no ser ni realista ni practicable". Los favorables han subrayado la valiente aproximación al fenómeno "droga" tras el fracaso evidente de la política de represión. El redactor del informe, por último, justificando su voto negativo, observó que el documento contiene propuestas inaceptables como la "despenalización" de la posesión y el consumo de drogas en pequeñas cantidades.

El informe será sometido a la próxima sesión plenaria del PE y será retransmitido al Consejo Europeo que se reunirá en Maastricht los días 9 y 10 de noviembre.

Para más información: Umberto PAGANI tél. 00.352.4300.2156