Cuestionar la política prohibicionista ya no es solo obra del Partido Radical y del movimiento antiprohibicionista. Este movimiento reformador ha hallado un aliado prestigioso y sus tesis son compartidas por los más altos niveles de la Comunidad europea. Una comisión de investigación del Parlamento Europeo afirma que la política de represión llevada a cabo hasta el momento presente no ha logrado su objetivo: el de frenar o por lo menos reducir, la penetración de la droga. Por lo que invita a todos los Estados miembros a elaborar nuevas políticas.

Si bien aún no se trata abiertamente de promover la legalización pura y simple de la droga, la "reglamentación del comercio de las sustancias actualmente prohibidas" por lo menos se halla en el orden del día.

Esta comisión parlamentaria de investigación, instituida por el Parlamento europeo el pasado mes de abril, ha sacado sus conclusiones tras 9 meses de análisis de gran número de informes y documentos y tras haber escuchado a expertos y responsables de la lucha contra la droga. Así pues, no es sorprendente que el análisis minucioso de los resultados concretos de las políticas actuales, del precio pagado y de los beneficios obtenidos - a partir de criterios puntuales, como la curva de tráfico, el número de sobre dosis, la situación de la delincuencia y de la criminalidad, la propagación del SIDA, las consecuencias del tráfico en la economía legal - permita establecer que el agravamiento del problema no es una fatalidad ante la que la única respuesta es reforzar la estrategia represiva, sino que se trata de la consecuencia lógica de la ilegalidad misma de la droga.

Entre las recomendaciones concretas y directamente aplicables que la comisión preconiza, cabe subrayar el considerar que "la posesión de droga ilegal en pequeñas cantidades para consumo personal, ya no será considerado un delito, para evitar transformar al toxicómano en delincuente y comprometer toda posibilidad de integración social".

"Cabe garantizarle al toxicómano - figura en el informe - el libre acceso al tratamiento médico y a jeringuillas gratuitas, y recetarle medicinas sustituidoras (temgésic y metadona). Se recomienda ofrecerle ayuda sanitaria y social, garantizándole una disponibilidad de drogas no adulteradas, con una dosis exacta, para reducir los riesgos de defunción por sobre dosis, el contagio del virus del SIDA y la criminalidad inducida";

Por lo que se refiere a los esfuerzos de la lucha antidroga, "deben concentrarse no en los consumidores ni los eslabones inferiores de la jerarquía de traficantes, sino en la criminalidad internacional organizada a altos niveles".

El informe sugiere un replanteamiento de la clasificación de drogas a partir de una base más lógica. La escala parte de las drogas ultra blandas como el té el café o el chocolate, hasta las drogas duras como la heroína o el crack. Entre ambos extremos hallamos el hachís, el tabaco o el alcohol clasificados como drogas intermedias blandas; L.S.D., anfetaminas y cocaína como drogas intermedias duras. De esta clasificación se desprende, según indica el informe, la necesidad de una sola política sanitaria para todas las drogas, independientemente del estatuto legal.

Así pues, la tarea en pro del cambio llevada a cabo por el Partido Radical, halla una primera corroboración prestigiosa en este documento oficial del Parlamento Europeo que solicita se adopte "una tendencia pragmática de reducción de los riesgos relacionados con la toxicomanía ('harm reduction')".

Es una victoria de los antiprohibicionistas el hecho de que se haya llegado a este resultado, es decir, que el debate sobre la legalización de las drogas ya no sea un tema tabú en el seno de las instituciones sino que, por fin, se toma en consideración.

La adopción de estas recomendaciones ha sido considerada como el final del monopolio ideológico e institucional del prohibicionismo por el eurodiputado radical Marco Taradash que, en calidad de vicepresidente de la comisión de investigación, ha desempeñado un papel preponderante. Se trata, sin lugar a dudas, de un saneamiento con respecto a la estrategia de "guerra contra la droga" impuesta por las Naciones Unidas bajo la presión de EEUU.