A continuación, publicamos el preámbulo al informe adoptado por la comisión de investigación del Parlamento europeo junto con algunos fragmentos significativos de las recomendaciones como conclusión de este mismo informe.

-----

PREAMBULO

El poder de las organizaciones criminales que administran el tráfico de droga registra una expansión preocupante. Posee efectos cada vez más graves en la sociedad y en las instituciones políticas de los Estados miembros, desequilibra las bases de la economía legal y amenaza a la estabilidad de los Estados de la Comunidad. Los beneficios financieros producidos por el tráfico de droga permiten a las organizaciones criminales que lo administran contagiar y corromper las estructuras de los Estados a todos los niveles.

El precio bastante alto de las drogas en el mercado produce delincuencia, inseguridad, desorden y discriminación social y racial. La salud de los consumidores de drogas prohibidas sufre no sólo por los efectos causados por las substancias consumidas sino también por las situación de ilegalidad en la que el mercado se desarrolla.

En algunos países la difusión de la criminalidad organizada, su poder financiero, su capacidad de infiltrarse en las instituciones y orientar el consenso electoral le atribuyen un poder de condicionamiento y de chantaje que incide en las decisiones políticas. En repetidas ocasiones, tal y como demuestra el escándalo de la BCCI, se han producido choques abiertos entre grupos criminales, por una parte, y servicios secretos y otros poderes del Estado, por otro, en actividades subversivas o de reciclaje, de financiación oculta, de explotación de las mismísimas instituciones financieras. Todo ello debilita la voluntad política de zanjar los principales núcleos de tráfico internacional de la droga.

Ante esta situación, el PE propone una serie de recomendaciones que tienen por objeto mejorar la eficacia de la represión, conforme al contenido de la Convención de Viena de 1988. Las presentes recomendaciones se inspiran en los siguientes criterios.

Las fuerzas de la policía, aduaneras, y el sistema judiciario deben concentrar sus propias actividades en primer lugar en la represión del tráfico y del delito de reciclaje, garantizando al mismo tiempo el respeto de los derechos y de las libertades fundamentales del individuo.

Los distintos servicios y estructuras comunitarias, nacionales y regionales destinados a la represión deben ser sometidos a control parlamentario. Las políticas aplicadas hasta el momento presente no han obtenido su objetivo: frenar o por lo menos reducir la penetración del tráfico de droga en la CE. Hasta el momento presente, se calcula que la represión ha incidido entre un 5 y un 15% en el tráfico de estupefacientes y en el tráfico de capitales que se deriva. Así pues, es necesario evaluar si, admitiendo que sea posible un incremento determinante de la eficacia de la represión, ésta puede afectar de forma significativa, cuando no definitiva, al tráfico, o bien si es oportuno plantearse otros caminos.

La Comisión solicita proceder a una evaluación de los costes y los beneficios de la política actual en materia de droga considerando los siguientes indicadores: condiciones de vida de los consumidores de drogas ilegales, difusión del SIDA y de los riesgos de sobre dosis entre los toxicómanos, papel de la economía de la droga en las regiones menos desarrolladas, influencia del tráfico de droga y la penetración de la criminalidad en el sistema político y en la administración pública, número y tipología de los delitos violentos en las ciudades, porcentaje de los procesos por delitos vinculados a las leyes sobre la droga con respecto a la globalidad de la actividad judiciaria y la población carcelera. Cabe prever la elaboración de nuevas políticas.

RECOMENDACIONES

La comisión está profundamente convencida de que el hecho de que a parte del fenómeno del tráfico de estupefacientes es necesario estudiar las consecuencias de la lucha contra la droga y sobre todo las repercusiones de dicha lucha en la democracia y en la seguridad y libertad de los ciudadanos, (...);

el consumo y el abuso de droga deberían ser considerados en primer lugar como un problema sanitario y de asistencia y no un problema digno de represión o juicio. La posesión de substancias estupefacientes en pequeñas cantidades para consumo personal no debería ser considerado un delito penal.

Las leyes sobre los estupefacientes deben crear una distancia entre el consumidor y el mundo criminal, y evitar transformar al toxicómano en delincuente comprometiendo de esta manera cualquier posibilidad de reintegración en la sociedad.

La asistencia a los toxicómanos no debe estar obstaculizada por las leyes penales. (...);

La lucha contra la toxicomanía exclusivamente a través de las leyes penales que dictaminan la obligación de abstenerse o la ayuda pública para la abstinencia de estupefacientes ha fracasado (...);

En dicho contexto, los Estados miembros deben garantizar un tratamiento gratuito, jeringuillas gratuitas, así como el suministro de medicinas (temalgésic, metadona) por parte de clínicas autorizadas; (...);

La manera en la que se afronta el problema de la droga en la Comunidad europea no da ningún resultado sustancial. Cada año aumenta el número de consumidores, las muertes causadas por la droga se multiplican, aparecen nuevos tipos de estupefacientes más potentes y más dañinos, la producción aumenta. El reciclaje de los capitales ilegales obtenidos con el tráfico de estupefacientes no consigue ser contrastado a pesar de los enormes esfuerzos llevados a cabo (...).

La lucha contra los estupefacientes no debe concentrarse en los consumidores ni en la base de la jerarquía de los traficantes, sino en el tráfico organizado internacional y los traficantes de alto nivel. (...)

Es necesario adoptar una actitud pragmática de reducción de los riesgos (harm reduction) relacionados con el consumo y el abuso de droga asistiendo a nivel sanitario y social a los toxicómanos; dicha actitud debe estar dirigida a garantizar y organizar la disponibilidad de estupefacientes no adulterados y en sus dosis exactas con el objeto de que se produzcan menos defunciones así como disminuir el número de problemas sanitarios (en especial el contagio con el virus HIV) así como la disminución de la criminalidad inducida. (...)

Dado que el reciclaje responde a la necesidad, para los traficantes, de introducir en la economía legal los enormes beneficios brindados por el carácter ilegal del comercio de la droga, es menester, más allá del control necesario del circuito económico y financiero, estudiar los medios para impedir que se acumulen dichos beneficios, a través de la reglamentación del comercio de las sustancias actualmente prohibidas. (...).