Señor Presidente, quiero felicitar a doña Carmen Fraga no sólo por su magnífico informe sino, además, por lo que, en la tradición parlamentaria británica, se denomina maiden speech de tanto nivel como el informe que nos presenta. Informe que supone la respuesta decidida y valiente de este Parlamento a un conflicto que ha enfrentado a las flotas pesqueras de varios Estados miembros con incidentes violentos, que han puesto en peligro las vidas de sus protagonistas, y que han evidenciado, sobre todo, la falta de interés de algunos Estados miembros por velar por el cumplimiento real de la normativa comunitaria.
Y en este contexto, señor Presidente, resulta inexplicable que la Comisión -que, con carácter general, sigue una razonable política de conservación de recursos- en la propuesta que nos somete, no aborda de frente el problema, sino que propone prórrogas injustificadas y un sistema progresivo de erradicación de las redes que sólo a partir de 1998 garantizaría la prohibición integral, olvidándose de todos los convenios internacionales, haciendo tabla rasa de los informes técnicos negativos de las direcciones generales de medio ambiente y relaciones exteriores, y soslayando los informes técnicos del comité científico, que acreditan, sin necesidad de estudios ulteriores, el grave riesgo para las poblaciones de delfines si se continúan utilizando estas redes.
Y, contra viento y marea, la Comisión presenta una propuesta que adolece de graves peligros y deficiencias. Primero, porque comporta graves riesgos para el medio ambiente. Si no se prohíben estas redes, cada año van a morir más de 2.500 delfines. A algunos diputados esta cifra les parece baladí. A mí me gustaría saber cuál sería la reacción de aquellos diputados que se preocupan por el transporte de animales si, cuando fueran en taxi al aeropuerto, vieran cinco millas de autovía sembrada de cadáveres de delfines. Me gustaría oír lo que dirían en esta Asamblea. Y eso pasa en aguas comunitarias.
Pero, con ser grave la suerte de los delfines, todavía es peor la que se avecina para los pescadores comunitarios. Porque, señora Péry, con todo el cariño que puedo tener yo a sus posiciones, el problema no es que el uso de las redes de enmalle de deriva forzaría a los españoles a regular empleo. Es que, si todas las flotas comunitarias usaran redes de enmalle de deriva, no hay atún en el Atlántico Norte en dos años. Eso lo sabemos todos y, o jugamos todos, o se rompe la baraja.
Las propuestas de la Comisión son de imposible control. Se ha visto el verano pasado que la rentabilidad fuerza a los pescadores franceses -y yo les comprendo- a violar la norma y a usar redes de más de siete kilómetros y se ha visto que el Gobierno francés está subvencionando a los pescadores que cumplen la legalidad. Si hay que subvencionar el cumplimiento de la legalidad, es que la legalidad es de imposible cumplimiento. Y si la legalidad es de imposible cumplimiento, aquí no caben paños calientes. Hay que prohibir el uso de las redes, afrontar la reconversión de flotas y garantizar un equilibrio pesquero sostenible que permita, como ha pasado con algunas flotas, que, durante cientos de años, han mantenido un recurso para los que pescan hoy y, sobre todo, para los que pesquen mañana.
(Aplausos)
