El crecimiento de la población en los países en desarrollo es, cada vez más, una cuestión planetaria que afecta también a Occidente, no porque las consecuencias de una superpoblación del planeta puedan constituir una amenaza latente para nuestra seguridad y para el futuro de nuestra sociedad, sino porque el planeta es uno y porque los bienes de la tierra pertenecen a todos los hombres.

El agotamiento de los recursos básicos de la tierra y el deterioro del medio ambiente en los países en desarrollo son ciertamente riesgos reales, pero la raíz del problema no está en el crecimiento de la población sino en el subdesarrollo y en la pobreza, uno de cuyos componentes -pero no el único- es la elevada fecundidad de los pueblos en desarrollo.

Hay que promover una más justa repartición de los recursos económicos del planeta y una cultura de la vida y de la solidaridad, aunque ello resulte hoy una empresa muy difícil a causa del clima saturado de individualismo y de materialismo que caracteriza la sociedad actual. Hay que impulsar, asimismo, un mejor nivel de educación y de salud en los países en desarrollo, el reconocimiento de los derechos humanos y, sobre todo, del derecho al desarrollo de todos los pueblos; del derecho de cada hombre a vivir de acuerdo con su inalienable dignidad de persona.

Este era, precisamente, el hilo conductor de la propuesta de resolución de compromiso. Pero las enmiendas aprobadas a lo largo de la votación han introducido elementos que nada tienen que ver con el compromiso del Grupo democratacristiano en favor de la justicia social y del desarrollo de todos los pueblos. Por ello mi voto en contra.