RESOLUCION B3-0532, 0576, 0597 y 0612/93
El Parlamento Europeo,
-Recordando sus Resoluciones sobre el Sudán de 18 de enero de 1990, 5 de abril de 1990, 4 de junio de 1990, 22 de noviembre de 1990, 16 de mayo de 1991, 13 de junio de 1991, 9 de abril de 1992, 29 de octubre de 1992, 19 de noviembre de 1992 y 11 de febrero de 1993, y, en particular, la resolución aprobada por la Asamblea Paritaria ACP-CEE en marzo de 1993,
A.Preocupado por las alarmantes noticias procedentes de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales, según las cuales 2,8 millones de personas están amenazadas por la hambruna en el sur del Sudán,
B.Consciente de los conflictos registrados en los últimos diez años en el Sudán, a los que se suman el hambre y las epidemias, que han causado ya casi medio millón de muertos y más de 2,5 millones de refugiados,
C.Alarmado por los continuos y preocupantes informes de las organizaciones internacionales de derechos humanos y los organismos humanitarios que operan en el país sobre violaciones de los derechos humanos que rayan en el genocidio, principalmente en la zona del sur del Sudán, el sur de Kordofán, el sur de Darfur y el Nilo azul, donde impera la guerra civil y donde las autoridades de seguridad, el ejército y las fuerzas paramilitares de defensa popular no parecen sentirse obligados a respetar la dignidad humana de la población civil,
D.Alarmado por la campaña sistemática y a gran escala del Gobierno de desplazamiento forzoso del pueblo nubio, aparentemente destinada a destruir la identidad nubia mediante el alejamiento violento de esta etnia de sus tierras ancestrales y su dispersión en pequeños campos del norte de Kordofán, en donde sufren del hambre y la enfermedad y son víctima de numerosas violaciones de los derechos humanos, arrestos, una esclavitud sistemática, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de la población masculina,
E.Reconociendo que la principal causa de esta catastrófica situación ha sido el intento, por parte de los sucesivos gobiernos de Jartum, de imponer un régimen dictatorial e islámico a la población animista y cristiana del sur del Sudán, y que los cabecillas rebeldes del sur también han contribuido a ello, como consecuencia de sus rivalidades internas,
F.Lamentando que las acciones del Gobierno sudanés hayan conducido al fracaso del reciente alto el fuego inicialmente propuesto por el SPLA,
1.Pide a las autoridades del Sudán que cesen estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que deben calificarse de instrumento de guerra y de limpieza étnica, y respeten los derechos de las minorías, así como las libertades de la población sin distinción de raza, religión o lengua;
2.Pide a la Comunidad y a los Estados miembros que organicen una ayuda masiva para la población sudanesa y redoblen sus esfuerzos para que dicha ayuda, a través de las ONG, llegue realmente a la población;
3.Subraya la extrema urgencia de asegurar un abastecimiento suficiente de alimentos, agua, medicamentos y alojamiento antes del inicio de la estación de las lluvias que imposibilitará el acceso a las pistas de aterrizaje para la llegada de la ayuda;
4.Lamenta el fracaso del alto el fuego entre el Gobierno y el SPLA, que contribuirá a prolongar el sufrimiento de la población civil y, especialmente, de las personas desplazadas;
5.Desea que las negociaciones de paz que se iniciarán en Nigeria entre el Gobierno sudanés y los rebeldes de Garang, así como las negociaciones que se desarrollarán en Nairobi entre el Gobierno y las tres facciones disidentes del ejército popular encabezadas por Rieck Mackar, permitan lograr un alto el fuego inmediato y restablecer la paz en el Sudán;
6.Pide al Consejo que examine todos los medios de presión teniendo en cuenta los compromisos del artículo 5 del Convenio de Lomé IV;
7.Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, a los Ministros de Asuntos Exteriores reunidos en el marco de la Cooperación Política Europea, a los Copresidentes de la Asamblea Paritaria ACP-CEE, a los Secretarios Generales de la Liga Arabe, la Conferencia de Estados Islámicos y las Naciones Unidas, así como al Gobierno del Sudán.