SUMARIO: Se recorre la cuestión por la que el PCI, con su secretario Enrico Berlinguer, ha intentado, tras la aprobación parlamentaria del divorcio en 1970, garantizar a la DC y al Vaticano que se iba a lograr el tan anhelado acuerdo entre "masas socialistas, comunistas y católicas". El Vaticano y la DC han infravalorado a la opinión pública y a las masas de militantes de los partidos de la izquierda, y han tenido que afrontar un referéndum que ellos mismos habían impuesto como "arma de chantaje" concordataria.

Se les pide a estos partidos, así pues, que no "obstaculicen" la iniciativa radical de los ocho referéndums, en curso. Si ello desgraciadamente sucediese se presentarán otras peticiones de referéndum, entre ellas la de la financiación pública de los partidos.

(LIBERACION, 13 de mayo de 1974)

Es necesario sostener y potenciar la fuerza contractual de la izquierda, la movilización popular. Por eso, PCI y PSI no pueden seguir obstaculizando la iniciativa radical. Recogidas las quinientas mil firmas (1), apoyaremos soluciones, en el Parlamento, que puedan hacer superar la necesidad de celebrar los referéndums.

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No se había apagado todavía el eco de la victoria parlamentaria, el 2 de diciembre de 1970, con la aprobación de la ley Fortuna (2), cuando ya - unánimes, sin excepción - todos los líderes de la izquierda, todos los parlamentarios que habían colaborado con la LID (3) para lograr dicho resultado, se apresuraban a garantizar a la DC certificados de democraticidad y de moderación y formalidad.

Era una operación errónea y vergonzosa: la DC había llevado a cabo en el Parlamento una lucha desleal, antidemocrática, sin exclusión de golpes. Empezaban las grandes ilusiones y los grandes errores que seguirían con los años perdidos en desacreditar, lo digo objetivamente, la ley que acababa de ser votada, hasta pasar a ser incluso promotores de su "superación", por tal de "apartar el peligro" del referéndum.

Pero la única iniciativa seria adoptada en dicha dirección fue la nuestra y fue rechazada por las altas cúpulas de dichos partidos: una ley de interpretación constitucional, con la que se declaraban no sometibles a referéndum leyes concernientes a los derechos de la conciencia y las libertades fundamentales de la persona, firmada por setenta parlamentarios laicos por iniciativa de la LID y del PR, fue violentamente rechazada, no fue ni tan siquiera tomada en consideración. Para no disturbar los coloquios con la DC y con las fuerzas clericales.

Los parlamentarios que nos apoyaron en dicha ocasión fueron castigados: desde Fausto Gullo y Scalfari hasta Albani, no volvieron al nuevo Parlamento.

Se escogió un camino distinto. Ya a principios de diciembre, durante varias semanas, los compañeros comunistas multiplicaron las invitaciones, hasta el llamamiento final, y explícito, de Enrico Berlinguer (4) en un mitin en Turín a principios de 1971, por un acuerdo general con el Vaticano y la DC sobre el Concordato (5), sobre el derecho de familia, sobre todo el tradicional contencioso entre fuerzas laicas y clericales en este país. El líder comunista garantizó explícitamente a la iglesia que los consabidos extremistas no iban a verse obligados a proponer de nuevo iniciativas como la del divorcio, con los momentos que no faltaron de enfrentamiento y de polémicas entre fuerzas "socialistas, comunistas y católicas".

Más arrogantes si cabe debido a la debilidad que sospechaban en dichas posturas, los clericales respondieron tal y como nosotros habíamos previsto. Al cabo de pocas semanas ya habían dado a Gabrio Lombardo, de por sí incapaz de movilizar a diez mil personas, el millón y medio de firmas recogidas en las parroquias y en los hospitales para la petición de referéndum.

Desde aquel entonces Vaticano y DC han cometido un sólo error: infravalorar el peso de la opinión pública y de las masas de militantes en los partidos de la izquierda parlamentaria, pues pensaban que las altas cúpulas laicas estuviesen dispuestas y disponibles a hacer concesiones de principio todavía mayores que las incluidas en la propuesta Carettoni. Por ello se encontraron con que realmente tenían que afrontar ese referéndum que por el contrario habían convocado como arma de chantaje para abolir parlamentariamente la ley Fortuna y para lograr como fuese una confirmación (o revisión) de los pactos lateranos.

No querríamos que la historia se repitiese. Confiamos en que Enrico Berlinguer no vuelva inmediatamente a la carga, proponiendo en los próximos días y semanas nuevos y más graves compromisos específicos sobre temas de los derechos civiles y sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Confiamos en que, con De Martino (5) y Mancini (6), con La Malfa (7) y Saragat (8), no tenga miedo a la victoria, sino que se plantee el problema de cómo utilizar la fuerza democrática y laica que el país ha expresado.

Que lo quieran o no nuestros líderes democráticos, las cartas boca arriba, históricamente inevitables, son precisamente lo que subraya la iniciativa de los ocho referéndums (9) que nosotros hemos propuesto y para los que antes de finales de junio tendremos que haber logrado por lo menos quinientas mil firmas legalizadas.

Nosotros pedimos pública y formalmente, para lograr una respuesta, que los partidos de la izquierda no obstaculicen esta iniciativa, no intenten impedir a sus militantes, a las fuerzas democráticas que están comprometidas, que participen y que la apoyen.

Nosotros queremos lograr, a toda costa, que se celebren los ocho referéndums al mismo tiempo, la primavera que viene. Si por sí sola la petición lograse aumentar la fuerza contractual de la izquierda tradicional sobre los temas fundamentales, sobre los que desde hace treinta años no logran convertir a la DC para que se adecúe sustancialmente a las exigencias constitucionales y democráticas, apoyaremos nosotros también soluciones parlamentarias que tengan por objeto superar la necesidad de la celebración de dichos referéndums.

El primer efecto que nos proponemos con esta iniciativa es precisamente el de reforzar la potencialidad democrática de las instituciones, en primer lugar el Parlamento. La crisis de la democracia italiana no se debe, ni que decir tiene, a Almirante (10) o a las Brigadas Rojas (11). La crisis es inevitablemente consiguiente al vacío y a la oposición desde hace treinta años de la DC, a la aplicación efectiva de la Constitución y al desarrollo del país en el espíritu de esta Carta fundamental, cuya letra está claramente marcada y limitada por el tiempo pasado y por la transformación de nuestra sociedad.

Quién quiera de veras salvar de la actual degeneración de la República democrática en un nuevo Estado Corporativo a nuestra sociedad, el hecho de presentar candidata a la izquierda al gobierno del país no puede prescindir de la necesidad de un salto cualitativo inmediato de la participación popular en el enfrentamiento y la confrontación política. Una izquierda que siga considerando que puede realizar una política reformadora seria sin este apoyo, sin dar confianza a las masas de trabajadores, no tiene perspectivas de futuro.

Nosotros no le pedimos al PCI ni al PSI que se identifiquen con iniciativas tan nuevas y distintas de sus tradicionales métodos de lucha política.

Simplemente les pedimos que no acepten seguir haciendo las veces de policía del régimen contra toda iniciativa de nueva izquierda, por pacífica, legal y legalitaria, constitucional que sea en sus métodos y en sus objetivos.

De lo contrario, es posible que esta vez perdamos, nosotros que hasta el momento presente jamás nos hemos comprometido sin lograr nuestros objetivos, sin vencer. Tal vez. Pero no antes de haber prendido fuego a todas las mechas. No antes de ese 30 de septiembre que es la fecha técnica, pero que estamos convencidos en hacer convertir en fecha política, más allá de la cual no será posible presentar peticiones de referéndum para la próxima primavera. Y mientras tanto, cuanto más difícil sea el enfrentamiento y la iniciativa, menos aceptaremos que nos encierren en el gueto de las respuestas limitadas a las exigencias de justicia maduradas en el pasado.

El proyecto de referéndum será, en dicho caso, más amplio y ambicioso: desde finales de mayo, pasarán a ser nueve referéndums en vez de ocho. La ley de la financiación pública de los partidos resultará más injusta e intolerable, y enajenante para la izquierda.

Decenas de miles de ciudadanos han formado nuestras peticiones, mientras se potencia la organización para permitir un reimpulso de la iniciativa. El Partido radical vuelve a pedirle al PCI y al PSI que cambien su actitud de enemistad y de hostilidad por una actitud más correcta y positiva.

No traicionar la victoria del 13 de mayo (11) significa esto. No volvamos a los errores del invierno de 1970

N.d.T.

(1) En Italia los referéndums pueden ser abolitivos.. Cuando son referéndums populares, es decir cuando son los ciudadanos los que solicitan la celebración de los mismos, es necesario recoger 500.000 firmas cada una de ellas compulsada por un notario. Las firmas suelen ser recogidas por voluntarios. Los italianos ponen mesas por las calles y las plazas. Tras la recogida de firmas, el Tribunal de Casación examina la validez de las mismas (es decir que cabe prever un margen de seguridad de otras 200.000 firmas). Después el Tribunal examina la validez de las peticiones referendarias. Gracias a este último examen, a menudo ha sido posible borrar de un plumazo varias peticiones referendarias.

(2) FORTUNA LORIS . (Breno 1924 - Udine 1985). Político italiano. Presentó en 1965 el proyecto de ley sobre el divorcio aprobado en el parlamento, tras años de iniciativas y batallas llevadas a cabo junto al Partido radical, en 1970. Presentó asimismo proyectos de ley sobre el aborto y la eutanasia pasiva (este último no fue aprobado). Ministro de Defensa civil y de asuntos comunitarios.

(3) LID . Siglas de la Liga Italiana para el Divorcio. Fundada en 1965 por Marco Pannella, Mauro Mellini, Loris Fortuna (diputado socialista) y Antonio Baslini (diputado liberal) organizó a las fuerzas que apoyaban la introducción de la ley presentada por los dos parlamentarios, sobre todo basándose en las energías de los separados y de todos aquellos que necesitaban resolver sus problemas familiares. Desempeñó un papel determinante en la movilización de los divorciados y de los militantes que permitieron que se introdujese dicha ley en Italia. Fue el primer ejemplo, en Italia, de organismo nacido en torno a los temas de los derechos civiles. Federada al P. radical.

(4) BERLINGUER ENRICO . (Sassari 1922 - Padua, 1984). Político italiano. Diputado desde 1968, secretario general del Partido comunista italiano (PCI) desde 1979 hasta su muerte, tras la crisis y el asesinato de Allende forjó el "compromiso histórico", que produjo desde 1976 hasta 1979 la llamada "mayoría de la no-desconfianza", máxima realización de la estrategia togliattiana para un acuerdo orgánico con la Democracia Cristiana. Su proyecto de dar vida al que se ha dado en llamar "Eurocomunismo", es un intento de proyectar en occidente un reformismo que no renegase del todo la experiencia comunista.

(5) El artículo 7 de la constitución italiana reconoce y "constitucionaliza" el Concordato entre el Estado y la Iglesia firmado en 1929. En la Asamblea Constituyente fue votado por Togliatti y por el PCI con la oposicón de los socialistas, Partido de Acción etc. El Concordato fue renovado, bajo una nueva fórmula, en 1984 (gobierno Craxi).

(5) DE MARTINO FRANCESCO . (Nápoles 1907). Historiador del derecho, profesor universitario, político. Secretario del Partido Socialista italiano (PSI) de 1964 a 1966 y y de 1972 a 1976. Promovió la breve experiencia del Partido socialista unificado (PSU) gracias a la fusión con el Partido Socialdemocrático italiano. Vicepresidente del Consejo (1968-72). Tras la derrota electoral de 1976 fue sustituido por Bettino Craxi, en las célebres reuniones en el hotel romano "Midas".

(6) MANCINI GIACOMO . (Cosenza 1916). Político italiano. Secretario del Partido Socialista italiano (PSI) (1970 - 1972), ministro en repetidas ocasiones. Intentó desvincular al P.S.I. del dominio frentista.

(7) LA MALFA UGO . (Palermo 1903-Roma 1979). Político italiano. Uno de los fundadores del Partido de acción (1942), se sumó posteriormente al Partido Republicano Italiano (1948) transformando su fisionomía para intentar crear un partido liberal moderno ligado a las fuerzas productivas. Fue secretario del mismo (65-75) y presidente. Ministro en repetidas ocasiones y vicepresidente del consejo (1974-76).

(8) SARAGAT GIUSEPPE . (Turín 1898- Roma 1988). Socialista, exiliado en Austria bajo el fascismo. Ministro del primer gabinete Bonomi (1944), presidente de la Asamblea Constituyente (1946). Líder de la escisión del ala derecha del Partido socialista Italiano, constituyó el PSL (Partido Socialista de los Trabajadores) Italiano en 1947 y posteriormente el PSDI (Partido Socialista democrático Italiano). Vicepresidente del Consejo (1947-50; 1954-57). Presidente de la república (1964-71).

(9) "8 referéndums contra el régimen": abolición del Concordato, normas restrictivas del Código penal, de algunos aspectos de la ley de manicomios, de la ley que atribuye a la policía poderes especiales en materia de arresto, de la ley que atribuye a los partidos una financiación pública consistente, de la "Comisión investigadora" ("tribunal" especial compuesto por parlamentarios para el juicio preventivo de los delitos cometidos por ministros).

(10) ALMIRANTE GIORGIO . (Salsomaggiore 1914 - Roma 1988). Secretario del Movimiento social italiano (MSI), partido de derechas que se considera heredero del fascismo, desde 1969 hasta 1987.

(11) BRIGADAS ROJAS . (Conocidas con las siglas BR). Organización terrorista clandestina de extrema izquierda, nacida en Italia en 1969. Proclamando la revolución obrera, intentó abrir frentes de revuelta armada contra el Estado y el sistema político, reivindicando los atentados, heridos, secuestros, homicidios de políticos, periodistas, magistrados y dirigentes industriales. Tuvo por líder a Renato Curcio. En 1978 secuestró y asesinó a Aldo Moro.

(11) victoria del 13 de mayo de 1974, en el referéndum que las organizaciones clericales habían promovido para abolir el divorcio. El 60% de los italianos se pronunció a favor de mantenerlo.