realizadas por "ADP - Archivos de documentación política".SUMARIO: Sin pretensión alguna de ofrecer un análisis histórico y político, las fichas del Partido radical realizadas por la ADP suponen, salvando algunas imprecisiones, una base documental útil para la ubicación cronológica de los acontecimientos más importantes relacionados con el Partido radical, desde 1955 hasta 1975.
Para un análisis profundo de este periodo histórico radical utilícense los demás documentos presentes en el ARCHIVO DEL PARTIDO RADICAL y en particular "Los nuevos radicales" (1318 > 1327).
(ADP - Archivos de documentación política - La documentazione italiana Editrice, 1975)
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1969
El 16 de abril de 1969, a lo largo de una rueda de prensa, Mellini propuso un referéndum nacional para la abolición del Concordato entre el Estado italiano y la Iglesia católica. El líder radical anunció al respecto que dicha iniciativa iba a ser adoptada en cuanto la Cámara hubiese aprobado la ley de aplicación del artículo 75 de la Constitución sobre el referéndum abolitivo, ya votada por el Senado. Mellini anunció asimismo que la recogida de las firmas necesarias iba a empezar "sin más demora" por parte de las "organizaciones populares que comparten determinadas opiniones sobre el clericalismo de nuestro país". Mellini concluyó afirmando que la postura anticoncordataria era compartida por distintas fuerzas políticas. En los días 1, 2 y 3 de noviembre se desarrolló en Milán en VI Congreso del Partido radical, en el que participaron numerosos inscritos y representantes del PCI y del PSIUP. Al cierre de los trabajos se aprobó por amplia mayoría la moción política ilustrada por Marco Pannella, la cual subraya
ba la necesidad de continuar con la acción en pro de la abolición del Concordato entre el Estado y la Iglesia y el desarrollo de las iniciativas antimilitaristas, así como el reimpulso de la acción antidivorcista. Igualmente, confirmaba la definitiva condena del centro-izquierda y toda forma de colaboración con la DC, definida partido "clerical-clasista", y finalizaba subrayando la importancia de la batalla en pro de los derechos civiles para abolir la opresión y la explotación. Fue elegido secretario del Partido: Angiolo Bandinelli; tesorero: Roberto Cicciomessere; miembros de la dirección: Teodori, Pannella, Mellini, Ramadori, Strik Lievers, Del Gatto, Rendi, Pesci, Spadaccia, Landi, Sabatini, Pergamo y Dessy.
El secretario del Partido radical, Angiolo Bandinelli, el 15.11.69, subrayó que en cuanto se aprobase la ley que instituye el referéndum, el Partido radical iba a presentar una instancia de referéndum popular abolitivo del Concordato. Y añadió que este acto pretendía ser una alternativa popular a las negociaciones diplomáticas de la Santa Sede, destinadas a concluirse con un refuerzo del sistema concordatario instaurado por los fascistas y por el poder clerical que se basaba en él. Como consecuencia del suicido de Giuseppe Pinelli durante el interrogatorio en la comisaría de Milán, como presunto autor de las explosiones del 12 de diciembre, el secretario del Partido radical, Angiolo Bandinelli, solicitó que se esclareciesen los hechos así como los atentados, las órdenes de captura, y los métodos de la policía en los interrogatorios, en las detenciones y en las perquisiciones y criticó las declaraciones efectuadas por el funcionario de la comisaría, el señor Calabresi, que declaró que el gesto de Pinelli equi
valía a una confesión de culpabilidad.
1970
En una declaración posterior, efectuada el 7 de enero de 1970 junto a los ex secretarios del Partido, Pannella, Spadaccia y Bandinelli a propósito de la prolongada detención de los presuntos responsables de dichos atentados, afirmó que se seguía "degradando abiertamente a los acusados como mero objeto pasivo de una objetiva, aunque no intencional, manipulación de la verdad", reforzando todas las dudas sobre la actuación de la policía y la magistratura. El Partido radical - concluía la declaración - solicitaba oficialmente "que los deberes de la defensa democrática sean respetados inmediatamente, a parte del hecho de que toda táctica corre el riesgo de convertirse en una connivencia inaceptable con un sistema que hay que denunciar y sustituir con una más clara legitimidad constitucional y republicana".
Un comunicado de la Secretaría nacional del Partido publicó que, contestando a un llamamiento recibido por el Partido radical y la Asociación italiana para la libertad religiosa (ALRI), el 11 de febrero de 1970 por vez primera se habían desarrollado en aproximadamente 30 ciudades italianas manifestaciones anticoncordatarias a las que se habían sumado, a parte del sindicato nacional de la educación CGIL, las federaciones juveniles del PSI y del PRI, grupos y revistas católicas como "Questitalia" y numerosos círculos y asociaciones de base en toda Italia.
Tres días antes, además, el Partido había afirmado que, en cuanto iniciasen las negociaciones para la formación de un gobierno cuadripartito (el 7 de febrero había presentado su dimisión el gobierno monocolor DC Rumor), iba a solicitar la aprobación del referéndum popular para llegar por consiguiente a la abolición del Concordato entre el Estado y la Iglesia.
Con otra nota del 9 de marzo, el Partido radical, tras haber denunciado la "insistente acción vaticana de chantaje" en la constitución del nuevo gobierno y en la cuestión del divorcio (Véase: Actividad política), sostenía que el más amplio apoyo y estímulo debía ser dado a la lucha cotidiana de la Liga Italiana para el divorcio (LID) a la que le correspondería, en última instancia, evaluar "cualquier solución en la que desembocasen, en este fundamental argumento, las negociaciones con el gobierno". Pero si resistir suponía un "hecho nuevo" para la clase dirigente italiana, - proseguía la nota - para la opinión pública se trataba de pasar a la contraofensiva, contestarle a la Santa Sede que "había abusado de la jurisdicción eclesiástica en materia matrimonial, instaurando de hecho una gestión clerical del divorcio a través de la multiplicación de las anulaciones".
A propósito de la formación del nuevo gobierno Rumor anunciada el día anterior, el Secretario del Partido, Angiolo Bandinelli, declaró el 28 de marzo que la crisis "afortunadamente" concluida con el nuevo cuadripartito había sido sobre todo la crisis de un equilibrio político veinteñal que había tenido como base fundamental a la DC y sus métodos de gestión, clasistas y sobre todo clericales, de la sociedad italiana. La constitución del nuevo gobierno - añadía - representaba sólo un momento de paro en la crisis del régimen democristiano puesto que iba a ser cada día más difícil reprimir, con la violencia o en los procesos, los movimientos de renovación y de lucha que sacuden al país y de los que la LID, movimiento unitario de masa, era "ejemplo realmente extraordinario".
El 9 y el 10 de mayo se desarrolló en Roma el VII Congreso extraordinario del Partido radical, convocado por decisión unánime de la Dirección para examinar la situación en vistas a las elecciones regionales y municipales del 7 de junio. Marco Pannella leyó el informe. Tras haber criticado el hecho de que en la campaña electoral que se estaba realizando, los medios de comunicación de masa estaban reservados sencillamente a los partidos representados en el Parlamento, con la consiguiente exclusión de las demás fuerzas políticas, analizó la actitud de los distintos partidos sobre los temas de compromiso radical y evaluó positivamente la actitud del PSI en materia de Concordato. Tras un intenso debate que duró dos días, el Congreso decidió no presentar listas propias, ni candidatos en las de los demás partidos y proponer votar la papeleta en blanco. Dicha decisión - se subrayó - no tenía que entenderse como la adopción de una postura anti-electoral y anti-parlamentaria, sino como la demostración de que el Partid
o radical pretendía luchar políticamente para la afirmación de efectivas reglas democráticas y para el respeto de los derechos constitucionales y civiles de los ciudadanos. La moción conclusiva del Congreso, votada por amplísima mayoría, estableció que, considerando la postura adoptada por el PSI sobre los problemas del divorcio, de la abolición del concordato y de la objeción de conciencia, que el secretario nacional radical propuso al PSI "una plataforma de peticiones que, en caso de ser acogidas, autorizarían a la Dirección del Partido a incitar a los radicales a apoyar al PSI, durante la presente campaña electoral". El Congreso, para ver si se verificaba esta hipótesis, estableció la fecha del 15 de mayo como plazo. El Congreso votó una moción de denuncia de la exclusión de todas las fuerzas políticas distintas de los partidos representados en el Parlamento por la propaganda electoral radiotelevisiva. Este documento fue ilustrado el 12 de mayo al Presidente de la Cámara Pertini por una delegación del PR
la cual - según aclaraba un comunicado del PR - subrayó que la acción emprendida por el partido" tenía por objeto salvaguardar las funciones en potencia del Parlamento "contra la degradación de la cristalización del poder en un equilibrio corruptor y básicamente de régimen".
Tal y como establece el Congreso, el 16 de mayo se llegó al acuerdo para las elecciones regionales y municipales del 7 de junio por las Secretarías políticas del PR y del PSI. Ello fue posible gracias a la convergencia de algunos puntos importantes, sin por ello renunciar a la autonomía y diferencia de las respectivas posiciones políticas - se hubiese traducido en el apoyo del PR a la campaña electoral del PSI y en aconsejar a los radicales que votasen por las listas socialistas. Ambos partidos se pusieron de acuerdo sobre las siguientes necesidades: 1) llevar a cabo rápidamente la cuestión parlamentaria de la ley para el divorcio con la inscripción de la liga misma y preparar la orden del día del Senado y la prosecución del debate hasta la votación conclusiva, sin interrupciones y antes de la suspensión de los trabajos por vacaciones de verano; 2) contrastar toda hipoteca de la autonomía y la laicidad del Estado y desarrollar en dicho sentido el debate en el país; en este cuadro se colocaban tanto la adhesi
ón dada desde hacía tiempo, a título personal, por más de 30 parlamentarios socialistas al "Comité de apoyo de la campaña por un referéndum abolitivo del Concordato" promovida por el PR, como la campaña por la recogida de firmas llevada a cabo con este objeto por la LID de común acuerdo con los radicales; 3) proponer la revisión inmediata de los criterios de acceso a las retransmisiones políticas de RAI-TV para asegurar una confrontación democrática entre todas las fuerzas políticas: con dicho objeto ambos partidos adoptaron todas las iniciativas necesarias para que antes del 7 de junio se reservase una retransmisión a las fuerzas extraparlamentarias; 4) llegar con urgencia al reconocimiento legislativo de la objeción de conciencia con el consiguiente compromiso, por parte de los grupos parlamentarios socialistas, de acelerar la discusión en la comisión y de presentar en el aula los proyectos de ley sobre la "objeción" antes de finales de septiembre.
Sobre el significado del acuerdo, Pannella declaró al ADN-Kronos que con ellos se afrontaban los "contenidos más auténticamente socialistas y unitarios de ambos partidos y el surgimiento de perspectivas alternativas al actual viejo equilibrio de régimen". Sobre el divorcio, sobre el Concordato, sobre la objeción de conciencia, "sobre la corrección del juego democrático" - añadió - este encuentro iba más allá, para todas las fuerzas de movimiento y de reforma radical, de un limitado intercambio de colaboración electoral.
El 5 de junio, el PR dirigió un llamamiento a las Direcciones nacionales del PCI, PSIUP, PSI, PRI, PLI y PSU para que desde ese momento - independientemente del resultado de las elecciones - se comprometiesen a llevar a cabo una "tregua laica" para la aprobación del proyecto de ley sobre el divorcio. El Partido radical, de hecho, previendo que una crisis de gobierno podía ser el arma principal que les quedaba a las fuerzas antidivorcistas para intentar impedir que acabase el debate y la votación del proyecto, invitaba al movimiento laico y divorcista a "luchar" contra la perspectiva de una crisis semejante tras el 7 de junio y antes de que se aprobase el divorcio.
Y la crisis gubernamental inició efectivamente el 6 de julio del 70 con la dimisión de Rumor. El mismo día, el exponente de la Dirección radical, Marco Pannella, comentando las improvisadas dimisiones del gobierno, declaró que una "fría y demente determinación" parecía haber reunido a "aquellos que exigían en cualquier caso una satisfacción antisocialista" a aquellos que, pocos días después de la votación sobre el divorcio en el Senado, podían "ofrecer al Vaticano una razonable esperanza de hundimiento" de dicha reforma laica. Los radicales, que habían llevado a cabo la campaña electoral con el PSI, hallaban la confirmación - según Pannella - de la exactitud de su opción, con respecto al PSI, así como con respecto a las masas populares y a la nueva izquierda extraparlamentaria, afectaba a "una responsabilidad central" para toda la izquierda italiana.
El PR dirigió a los partidos laicos un llamamiento para que con motivo del 20 de septiembre en vistas al debate sobre el divorcio se precisasen los objetivos esenciales y se corrigiese el método con el que desde la Resistencia hasta ese momento se había afrontado la confrontación con el "partido vaticano". En dicho llamamiento, el Secretario nacional, Angiolo Bandinelli, propuso la potenciación de la iniciativa para el referéndum abolitivo del Concordato; la presentación en el Parlamento de una ley de revisión constitucional para la abolición del art. 7 y una petición al Ejecutivo con moción en el Parlamento de denuncia unilateral de los Pactos Lateranenses porque no correspondían con las exigencias y las necesidades del Estado.
Mauro Mellini y Marco Pannella ilustraron el 7 de octubre las razones de sus dimisiones, respectivamente de presidente y secretario de la LID, afirmando que la batalla en pro del divorcio había concluido en su fase de masa y que la palabra había pasado a la clase política y al Parlamento. Así pues, no perteneciendo ni al uno ni al otro, faltaban las condiciones objetivas que les habían conducido a ejercer una actividad de iniciativa para la LID, con otros amigos de la presidencia y de la secretaría nacional.
Una declaración con respecto al acuerdo alcanzado entre los distintos grupos políticos sobre el tema del divorcio (cfr: Divorcio) fue firmada por el Secretario general del Pr y por los miembros de la Dirección el 8 de octubre. Recordando que los diputados antidivorcistas no podían dejar de temer, tras la votación del 1 de octubre, un resultado negativo, la declaración afirmaba que el acuerdo alcanzado por los partidos laicos, aunque no superase el grave inconveniente de dejar suspendido, durante semanas y meses, sin ninguna necesidad, el problema y aunque rompía de alguna manera la claridad ejemplar y la publicidad con la que se había realizado hasta ese momento la batalla por el divorcio, permitía confiar igualmente en un voto positivo en el Senado. Con respecto al problema del divorcio, la Dirección radical, reunida el 12 de octubre, subrayó la necesidad de reanudar a nivel popular la lucha por el divorcio y contra el Concordato.
El VIII Congreso del Partido radical inició el 1 de noviembre en Nápoles ante 80 delegados y representantes de los movimientos laicos que identificaban su política con la del PR: Bandinelli, el secretario general, declaró hablando del tema "El divorcio y las iniciativas laicas y libertarias para 1971" que en el momento en el que la batalla por el divorcio estaba a punto de finalizar, la batalla para la abolición del Concordato ya contaba con el apoyo de setenta parlamentarios y de 23 mil ciudadanos que habían firmado la petición de abolición de los Pactos lateranenses.
En la mañana del día 2, se propuso que la iniciativa de la recogida de las 500 mil firmas para el referéndum abolitivo fuese realizada por la LID en colaboración con los sindicatos en los puestos de trabajo, mientras por la tarde, una comisión presidida por Mauro Mellini, presidente de la LID, examinó el problema de la abolición de los Pactos lateranenses. Por último, la discusión se centró al día siguiente en la decisión sobre el Concordato y la liberación de la mujer, todavía objeto de condicionamientos inaceptables. La moción conclusiva, aprobada por unanimidad la noche del 3 indicó los siguientes objetivos por realizar en el año 71: 1) Proseguir con la organización del referéndum abolitivo del Concordato; 2) promover la protesta y la abolición de la festividad del 11 de febrero y la acción para el rechazo de la enseñanza confesional en el colegio; 3) reforzar el compromiso antimilitarista del partido patrocinando la quinta marcha antimilitarista (y considerando la eventualidad de cambiar el itinerario de
Milán-Vicenza preferiblemente a Cerdeña, debido a la lucha antiautoritaria del grupo radical sardo), convocando el 3º congreso antimilitarista y asegurando el compromiso para la conexión con las organizaciones internacionales y extranjeras; 4) imponer la discusión en el aula de los proyectos de ley sobre la objeción de conciencia, introduciendo la enmienda sobre la detracción de los gastos para el servicio civil del presupuesto del Ministerio de defensa; 5) garantizar la publicación de un "libro blanco" sobre las estructuras militares y los procedimientos colonialistas de la región sarda; 6) organizar instrumentos concretos de acción común con los grupos políticos externos al partido, como la LID, el ALRI, la izquierda liberal, la FGR y los grupos libertarios. Al término de los trabajos, el Congreso eligió nuevos órganos dirigentes: secretario nacional, Roberto Cicciomessere; tesorero, Marco Pannella; Dirección nacional, Bartoletti, Sabatini, Pannella, Spadaccia, Mellini, Bandinelli, Sircana, Rendi, Cancell
ieri, Lancini, Pesci, Corsale, Spaccialbelli, Turone, Landi, Teodori, Pergamento, Dessy y Spadaccia. El nuevo secretario nacional, Roberto Cicciomessere, propuso los nombres de la nueva junta ejecutiva, ratificados por el Congreso: Bandinelli, Mellini, Spadaccia, Sabatini, Pesci, Cancellieri y Rendi.
El 3 de diciembre, una delegación del Partido radical presentó a la Audiencia Provincial general una denuncia contra la CEI (Conferencia Episcopal Italiana) y los obispos asociados a ella por la intervención de éstos en la cuestión del divorcio (cfr: CEI y Divorcio). En un comunicado, la LID afirmaba que en la denuncia se subrayaba la clara violación del artículo 43 del Concordato, apartado 2 (que prohibía a los eclesiásticos no sólo afiliarse sino militar en cualquier partido político) y del art. 327 del C.P (puesto que incitaba al desprecio de las instituciones parlamentarias).
1971
En el marco de la lucha a favor del divorcio y de la revisión del Concordato, el 7 de enero del 71, la Dirección del PR, que se reunió en Sulmona (Italia), decidió convocar una asamblea permanente de base que a partir del 18 de enero debía garantizar "una contribución esencial para la lucha contra la revisión del Concordato". "La unidad laica - aclaraba un comunicado ciclostilado en dicha ocasión - es el arma insustituible de esta batalla. El frente laico parlamentario de las tradicionales fuerzas democráticas es lo que éstas tienen el deber de garantizar, tal y como ha sucedido con respecto al divorcio".
En materia de referéndumes antidivorcio, el PR reaccionó rápidamente ante la noticia de que los dirigentes de la CEI, al término de los trabajos del Consejo, habían decidido apoyar, de hecho aunque no oficialmente, a aquellos grupos que estaban luchando a favor del referéndum abolitivo. Marco Pannella declaró el 8 de febrero que cualquier compromiso en dicho sentido de "organizaciones confesionales, eclesiásticas, asistenciales y de acción católica debe ser considerado violación patente y denuncia del Concordato". Así pues, Pannella al referirse en particular a aquella parte del comunicado de la CEI que acusaba la ley Baslini-Fortuna de figurar entre las peores del mundo y de provocar la catástrofe de la familia italiana, anunció haber enviado dicho documento a la Audiencia General puesto que dichas intervenciones podían constituir violaciones patentes de la ley. En dicha ocasión, el exponente radical recordó que el 14 de febrero en Milán se iba a celebrar una gran manifestación anticoncordataria que iba a s
er la "primera respuesta objetiva a los obispos italianos, si realmente se comprometen en el temerario camino de la ilegalidad y de la prevaricación".
En un comunicado emitido el 16 de marzo, el PR declaró que iba a enviar lo más pronto posible al fiscal general del Tribunal de 1a instancia del Roma "una denuncia contra la presidente de la ONMI (Organización Nacional de Maternidad e Infancia), Angela Gotelli y contra los gobernadores civiles de Roma que en los años 60 encubrieron de forma sistemática la vergonzosa explotación de la maternidad y de la infancia, insistiendo en el curioso comportamiento de la Audiencia provincial romana durante el periodo en cuestión". Expresó su protesta por como estaba desarrollándose el proceso Petrucci (sobre el que el Pr informó a la Audiencia general), el comunicado demostraba como la ONMI no se había constituido ni tan siquiera por parte civil y que el diputado Gotelli desde el día de su elección había "ignorado sistemáticamente y encubierto las más graves denuncias" a cargo de distintos dirigentes clericales y de los institutos a los que les había sido adjudicada la asistencia.
Las razones que habían inducido al Secretario del Partido Radical italiano, Roberto Cicciomessere y a Mauro Mellini de la Dirección nacional del partido, a presentar una denuncia al gobernador civil, el señor Infelisi y a la Audiencia general sobre el escándalo de la asistencia pública, se aclararon en un comunicado del Partido radical, emitido el 16 de abril. A este propósito, el comunicado, tras haber afirmado que "la actitud provocadora" de Gotelli, presidente nacional del ONMI que, "apoyada en ello por las notas del Vicariato de Roma y por el mismísimo "Osservatore Romano", se declaraba perseguida por el gobernador civil Infelisi, "debe ser firmemente rechazada y combatida", asimismo, denunciaba los "graves crímenes de estos gángsteres de la asistencia que pervierten todas las estructuras asistenciales, no sólo de Roma, expoliando sistemáticamente miles de millones en daños al Estado y a la colectividad, en la piel de los más pobres y los más necesitados de asistencia, con el único objeto de garantizar l
a gestión de una máquina de poder necesaria para la DC y el Vaticano".
La base y los cimientos de este auténtico chanchullo clerical de la asistencia fue utilizado con fines de poder, por parte de la DC y del mundo eclesiástico tal y como aclaraba - según el comunicado del PR - la carta, que reproducimos en la denuncia, enviada por el alcalde Darida a los diputados Fanfani, Forlani y Jervolino en marzo de 1963 en la que, refiriéndose a comentarios sobre un posible alejamiento de Dario Morgantini del cargo de comisario extraordinario de la federación romana de la ONMI, afirmaba que presuponía un ataque de otra corriente de partido a las "posturas electorales" del grupo fanfaniano y un intento declarado de adueñarse de una entidad definida, sin perífrasis, "un instrumento demasiado importante" en vistas a las inminentes elecciones generales.
"En la misma carta - concluía por último el comunicado - se afirmaba que la federación "es un organismo políticamente muy importante, dirigida por un amigo nuestro de corriente" y que "en la víspera de las elecciones todos se dieron cuenta de la importancia de este instrumento y de ahí que surgiese una lucha furibunda para apropiarse de él. El intento se vio facilitado por el reciente nombramiento a la presidencia central de la ONMI del diputado Gotelli". Al día siguiente, un comunicado del PR expresó la complacencia del Partido por la sentencia del tribunal Constitucional que legitimaba la propaganda sobre los métodos anticonceptivos. En las declaraciones del secretario nacional, Roberto Cicciomessere, y del tesorero, Marco Pannella, se afirmaba que la sentencia era una gran victoria de las masas y que el Partido radical iba a apoyar el proyecto de ley única para una nueva disciplina en la educación democrática y para la disciplina y la asistencia clínica del aborto, presentado por el Movimiento de liberaci
ón de la mujer.
El PR dio a conocer el 23 de marzo que no había sido invitado a participar en el congreso del PSIUP, "partido con el que ha habido momentos de estrecha colaboración", e indicó entre los motivos posibles la participación en el congreso socialproletario, en calidad de jefe de la delegación checoslovaca, de Jean Havelka, uno de los más acérrimos adversarios de la primavera de Praga. Según un comunicado radical, cualquier persona del PR que hubiese sido designada para participar en el congreso del PSIUP, no hubiese dejado de denunciar la "indigna presencia" de Jean Havelka.
Con respecto a la orden del día votada en la Cámara el 7 de abril del 71, según la cual el gobierno italiano estaba invitado a promover las negociaciones bilaterales con la Santa Sede para la modificación del Concordato, Roberto Cicciomessere declaró que "la aprobación de la moción que solicita al gobierno emprender las negociaciones para la revisión del Concordato, como desprecio a la legítima solicitud de previa comprobación constitucional por parte del Parlamento republicano, es una confirmación escandalosa de los contenidos no liberales de la repartición del poder entre clericales democristianos y burócratas del Partido comunista". El secretario nacional del PR subrayó en dicha ocasión que el objetivo que se iba a perseguir con intransigencia, de forma profundamente unitaria y de base, iba a ser el referéndum abolitivo de las leyes de aplicación del Concordato, aunque revisadas y puestas al día.
Al definir la presentación de la petición de referéndum abolitivo de las leyes relacionadas con los delitos de opinión y sindicales como "una iniciativa justa y obligatoria", petición presentada por el PR, la secretaría y la dirección del Partido denunciaron duramente la ausencia en el Tribunal de Casación de representantes del PCI y de los sindicatos.
Según los radicales, la no adhesión de los comunistas confirmaba la gravísima adversión de los dirigentes comunistas ante cualquier iniciativa que comportase la movilización no subordinada e instrumental y la participación y gestión responsable de las grandes masas populares en la construcción de una alternativa democrática y socialista. La no adhesión a la iniciativa de los magistrados demócratas se debía explícitamente a la desconfianza de la utilización del instrumento del referéndum, es decir en una participación menos delegada por parte del pueblo en la función legislativa. Por el mismo motivo, el PCI se opuso a la campaña en pro de un referéndum abolitivo de las leyes de aplicación del Concordato (que varios de miles de comunistas habían firmado), pues hubiese impedido y obstaculizado grandes manifestaciones populares sobre temas de la internacional socialista y proletaria; y por el mismo motivo, es decir por las exigencias de una política que necesitaba cada vez más asumir las características oligárqu
icas y de vértice, el PCI ha adoptado recientemente la postura de quien "ha querido liquidar con un debate parlamentario fantasma e indecoroso el enfrentamiento entre laicos y clericales sobre el tema del Concordato, es decir, sobre el tema de las relaciones entre las grandes masas democráticas, socialistas de extracción católica y de extracción aconfesional". En cuanto a los sindicatos, el comunicado radical afirmaba que su ausencia no podía atribuirse más que "a insistentes subordinaciones hacia el vértice del PCI o de la DC".
El 10 de mayo, el secretario del PR presentó una denuncia por falso testimonio contra el vice jefe de la policía de Roma, Giovani Zampano, "por haber afirmado - a lo largo de un proceso en desarrollo en la cuarta sección del Tribunal de Roma - que el PR es responsable de los incidentes que tuvieron lugar durante un mitin del general Di Lorezo a lo largo de las últimas elecciones generales".
En señal de protesta contra las posturas de desinterés que los partidos laicos parlamentarios habían ido asumiendo con respecto a los grupos que recogían las firmas para la solicitud de referéndum abolitivo de la ley sobre el divorcio, exponentes del PR quemaron el 11 de junio en plaza Navona (Roma) sus certificados electorales. A continuación, como comentario de la entrega al Tribunal de Casación de las firmas de adhesión al referéndum antidivorcio, Pannella subrayó en primer lugar que el referéndum contra el divorcio era anticonstitucional puesto que era inadmisible que se sometiesen a la ley del número derechos fundamentales de conciencia, religiosos y civiles; en segundo lugar, que el referéndum, tal y como había sido solicitado, estaba distorsionado de raíz debido a enormes ilegalidades, violaciones del Concordato y a menudo por delitos concretos.
Con motivo de la intención de la Iglesia de "promover, organizar y llevar a cabo un referéndum abolitivo de la ley Fortuna-Baslini", el secretario nacional del PR manifestó su deseo (ADN-Kronos 8.6.71) de que el Senado no fuese excluido de la "responsabilidad de un debate sobre el tema fundamental de las relaciones entre el Estado y la Iglesia" y había juzgado "impensable" que el Parlamento consintiese al gobierno, en dichas condiciones, emprender negociaciones con la Santa Sede para confirmar el Concordato y el Tratado.
El 27 de julio, un comunicado anunció que el PR iba a promover toda iniciativa necesaria para que la ley Anderlini sobre la objeción de conciencia fuese rechazada por la izquierda en el Parlamento italiano, puesto que dicha medida pertenecía a la esfera de las "buenas intenciones que desde hace años viene afirmando la izquierda italiana mientras que las situaciones, los acontecimientos y la lógica de las cosas superan y eliminan irremisiblemente los esfuerzos". El comunicado anunciaba, entre otras cosas, que los radicales y los grupos antimilitaristas iban a seguir luchando por una auténtica ley antimilitarista en pro de la objeción de conciencia, adecuada a las exigencias y a las luchas democráticas, que solicitase, al menos contextualmente, la reducción de las adjudicaciones económicas de la defensa proporcionalmente al número de objeciones.
Posteriormente, (22/9), con motivo del debate en la Cámara sobre la ley Anderlini, la Liga para el reconocimiento de la objeción de conciencia organizó un debate en la sede del Partido radical. Pannella definió absurda e ilógica la facultad que se quería atribuir al Ministerio de defensa para averiguar, a través de una comisión, la autenticidad de los motivos adoptados por los objetores; puesto que se derivarían encuestas de carácter punitivo y no de reconocimiento de los objetores.
El 21 de agosto, el Pr organizó una manifestación de protesta con respecto al tercer aniversario de la invasión de Checoslovaquia; se daba a conocer la noticia con un comunicado del Partido en el que, además de criticar duramente la acción de "los ejércitos unificados de los países socialistas", se exhortaba a la opinión pública democrática italiana a solicitar la libertad para los prisioneros políticos checoslovacos y a denunciar "la dura y antipopular política represiva de Husak y sus cómplices".
A principios de octubre (7.10.71), con motivo de las declaraciones ("Il Messaggero" 8.10.71) del presidente del grupo parlamentario de la DC, Andreotti, y del comunista Natta sobre el referéndum para el divorcio, se reanudó la polémica sobre el delicado problema. El Partido radical adoptó su postura denunciando "la operación clerical-fascista sobre el divorcio y el referéndum, que demuestra cómo el histórico acuerdo entre católicos y comunistas, es decir entre clericales y burócratas del PCI, puede realizarse sólo en el más bajo nivel de la contratación de poder con la definitiva excomunión de los valores laicos y democráticos". Se subrayó que era falsa la tesis de que se podía mejorar la ley Fortuna, el Pr recordaba, de hecho, que impedir la realización de un referéndum significaba abolir la ley que debía ser objeto de consulta popular (según el art. 39 de la ley que instituye el referéndum), en dicho caso la ley Fortuna. Según el PR, las negociaciones entre la DC y el PCI confirmaban la hipótesis del refer
éndum como instrumento de chantaje que debía servir a la Iglesia para anular la conquista del divorcio y tratar desde una posición de fuerza la revisión del Concordato. En dicha situación, el PR se remitía al PSI, considerándolo el elemento decisivo para impedir tales maniobras. Un artículo en negrita aparecido en el periódico comunista "L'Unità" del 9 de octubre tachaba de "episodio de bellaquería política las calumnias de cierta gente que sabe perfectamente que sin el PCI y su política, capaz de conducir a un diálogo y a un acuerdo con los católicos demócratas, no hubiese habido ningún divorcio en Italia". Por su parte, el PR insistió en su convicción de que el PCI llevaba a cabo con respecto al divorcio, al referéndum y a las relaciones entre el Estado y la Iglesia, "una política oportunista y aventurada" no autorizada por ningún congreso del PCI ni del Comité Central".
El 13 de octubre, se reunió la Dirección del partido que decidió convocar el X Congreso para el 31 de octubre sobre el tema "sin partido laico no se construye ni una alternativa de izquierda, ni la sociedad socialista y libertaria". En el Congreso participaron exponentes laicos no radicales, militantes y exponentes del Movimiento para la liberación de la mujer (MLD), de la LID y de la Asociación para la libertad religiosa en Italia (ALRI).
A lo largo de la reunión, Mellini sostuvo la necesidad de celebrar un congreso que reforzase el PR y permitiese a la opinión democrática y a los ambientes militantes laicos y libertarios tomar conciencia de la exigencia de dar al PR su apoyo y su total y responsable adhesión. La postura adoptada por Mellini se refería en particular a un artículo publicado por "Noticias Radicales" firmado por M.Pannella, en el que se proponía al Congreso tomar en consideración la hipótesis de la disolución del Partido. Según Pannella, el PR corría el riesgo de verse desconcertado por el éxito, inesperado para muchos, de su propuesta y de sus métodos políticos, y de convertirse debido al carácter inadecuado de las energías que actualmente confluyen, "un involuntario dosificador de las reivindicaciones alternativas contra el régimen, y una justificación de su involución corporativa, autoritaria, populista y filo-clerical".
El X Congreso radical inició sus trabajos el 31 de octubre en Roma. En el informe introductivo de Marco Pannella, tras haber propuesto considerar superadas las razones y la posibilidad de existencia del partido, se efectuaba un balance de los casi diez años de actividad afirmando que concluía en activo. Pannella recordaba las numerosas iniciativas de los radicales, desde las del divorcio hasta aquellas contra el Concordato, pasando por la formación de los primeros "núcleos consistentes" de una política antimilitarista "que no ha existido desde principios de siglo". Hablando de los ataques dirigidos al PR y a la LID por la prensa comunista, afirmaba: "A lo largo de estos años, tras el mensaje de tolerancia de Juan XXIII, hemos estado a favor de la república conciliar, si ésta, tal y como nosotros creemos, significa la conquista, incluso para los católicos, de los valores de libertad y de laicismo. Sin embargo, la que se nos propone en realidad es una república neo-concordataria, basada en el encuentro de pode
r entre las altas jerarquías de la Iglesia y la Democracia cristiana". Interviniendo en el debate que siguió al informe de Pannella, Fortuna sostuvo la necesidad de llevar hasta el final la batalla laica para evitar que se desvirtuase la ley sobre el divorcio. En la segunda jornada de los trabajos prosiguió el debate sobre el informe de Pannella y sobre el de Cicciomessere; la hipótesis de una disolución del Partido fue rechazada por la mayoría de los delegados. En particular, el ex secretario nacional Mellini dijo que el PR manifestaba posturas arraigadas en el país, de resistencia y de oposición a la resignación de la izquierda con respecto al poder radical. "Así pues, es imposible - añadió - pensar en su disolución, porque estas posiciones seguirían resistiendo en cualquier caso, pero sin las estructuras del Partido radical acabarían debilitándose y serían vencidas". Un sólo delegado, Antonio Tamburlini, estuvo de acuerdo con la tesis de la disolución, invitando al Congreso a tomar en consideración la pro
puesta de adherirse al PSI.
Al término de los trabajos (3.11.71) se dio a conocer el texto del documento conclusivo que rechazaba toda hipótesis de disolución del PR, anunciaba el compromiso para aplicar la carta estatutaria y el refuerzo político y organizativo del partido; tras aplaudir la tarea desarrollada por la LID en su oposición al referéndum, el Congreso tomaba nota de la actitud adoptada por los partidos laicos parlamentarios, en primer lugar del PCI, demostrando una enorme corresponsabilidad en la iniciativa; por consiguiente, el PR consideraba que el referéndum, salvo el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre su proponibilidad, cabía afrontarlo. Por último, el documento subrayaba la urgencia de reforzar el partido, como presupuesto esencial de lucha, sin el cual su batalla no hubiese sido más que mero testimonio o hecho moral, "irremediablemente perdida desde el punto de vista político".
El Congreso procedió a la renovación de los cargos directivos de la siguiente manera: nuevo secretario político: Angiolo Bandinelli; tesorero: Ramadori; asimismo, se eligieron los nueve miembros de la junta y los de la Dirección.
El 22 de diciembre, con motivo de las elecciones presidenciales, el PR divulgó un comunicado en el que acusaba a los partidos laicos de ser discordes no sólo en la elección de hombres y corrientes de la DC, como puntos obligatorios de su iniciativa, mientras eran unánimes al considerar que no se podía proponer ninguna línea política clara y públicamente laica para la elección del Presidente de la República. El comunicado finalizaba invitando a votar a Nenni, a Pertini, a La Malfa o a Branca.
1972
Del 4 al 6 de enero de 1972, se celebró en Chianciano una reunión de la Dirección a lo largo de la cual se decidió que "dada la imposibilidad de seguir confiando batallas de alternativa al sistema y al régimen la gestión de los vértices burocráticos y de aparatos de partidos de izquierdas, el Partido radical considera las elecciones un momento de confrontación con la realidad política y con los problemas que el desarrollo de la democracia comporta". A este respecto, el PR anunció que iba a presentar, por primera vez desde su constitución, listas propias a las elecciones generales de 1972. Así pues, se invitaba a todos los grupos y a los militantes del partido a presentarse a la presentación de las listas electorales, en colaboración con el movimiento laico y de los derechos civiles del país. El comunicado se remitía a algunos aspectos de las elecciones presidenciales y subrayaba que dichas elecciones habían confirmado la dependencia sustancial de la estrategia global del mundo clerical, clasista y corporativ
o representado por la DC, por parte de aquellos partidos que hubiesen debido presentar las instancias y las tradiciones laicas. Una enérgica toma de posición de los radicales se registró el 17 de enero con motivo de la difusión de un documento de la CEI sobre el problema del aborto. EL PR subrayaba la absoluta necesidad de que existiese una legislación que liberalizase la responsabilidad de la maternidad para poner punto final "a los delitos que cotidianamente se perpetran en nuestro país en millones de mujeres privadas de la asistencia": Otras intervenciones polémicas del PR se registraron con respecto a la condena de la ex monja Pagliuca (15.1.72) y de algunos exponentes del partido entre los que figuraban Marco Pannella y Loteta (25/1) acusados de calumnia, ultraje y difamación de carácter grave con respecto al presidente del Tribunal de lo criminal de Roma. Con motivo del aniversario de la firma de los Pactos lateranenses, el PR difundió un llamamiento en el que se invitaba a los ciudadanos laicos y demó
cratas a demostrar su firme oposición "a la festividad con la que se imponen a la sociedad civil y al Estado, celebraciones que solemnizan sólo el acuerdo entre fascismo e Iglesia católica y su función antidemocrática, antiliberal y antisocialista (11.2.72).
El 29 de febrero, con respecto a la crisis de gobierno que había conducido a la disolución de las Cámaras (Véase: Gobierno Andreotti - actividades). Marco Pannella, de la junta ejecutiva del PR, hizo las siguientes declaraciones a la prensa: "Esta claro que, de ahora en adelante será posible en Italia gobernar contra y a pesar del Parlamento.
Introduciendo un gobierno personal, del que desconocemos su legitimidad, el presidente Leone ha sentado un precedente de enorme gravedad; deja de ser "irresponsable" tal y como indica la Constitución, y ya no puede pretender estar por encima de las partes, ser garantizador de la unidad constitucional del país ... La ley mayoritaria de 1953, llamada ley-estafa, supone en la actualidad un ejemplo de ética democrática: el deterioro de la situación italiana es más grave cuanto menos claro es que la izquierda italiana haya asumido su responsabilidad de no oponerse esta vez adecuadamente a una operación semejante... Nos hallamos ante una situación de régimen que asiste a la reducción de su cociente democrático hasta llegar casi a la total eliminación. Los herederos del Partido nacional fascista, el peligro para la República no son los soldados pontificios vestidos a lo zuavo de Almirante (líder del MSI), sino la DC...".
Dichas declaraciones provocaron (15.4.72) la denuncia presentada por el diputado Durand De La Penne por el vituperio del Jefe del Estado. El secretario del partido, Angiolo Bandinelli, declaró que a pesar de ello los radicales no habían renunciado a la campaña contra un gobierno que consideraban ilegal por las modalidades con las que había sido constituido.
Mientras tanto, se había reanudado la polémica sobre los objetores de conciencia en relación con el proceso de 24 jóvenes pertenecientes a al PR, al MDL, al movimiento no violento y a la Federación juvenil socialista (23/3). El PR difundió un comunicado en el que se denunciaba "el nuevo acto de represión contra los antimilitaristas radicales no violentos" y se recordaba que entre los imputados figuraba, entre otros, el ex secretario del partido Roberto Cicciomessere detenido en la cárcel militar de Peschiera, "víctima de particulares medidas persecutorias y vejatorias, en el evidente intento de obligarlo a naturales y justas reacciones que permitirían consiguientes procesos y gravísimas acusaciones contra él". Con respecto a la formación de un nuevo gobierno, tras las elecciones del 7 de mayo, una nota de "Nuova Repubblica" observaba que "el instinto de conservación y la apelación a la razón deberían aconsejar a Saragat que favoreciese los esfuerzos de Andreotti para la constitución de un gobierno de central
idad, que no estuviese cerrado a los socialistas... Dicha elección supone jugar con el riesgo calculado de un regreso seguro de los socialistas al gobierno, obligados a aceptar la presencia de los liberales en la coalición, o sufrir el chantaje de los comunistas.
Comprometer actualmente la propuesta de Andreotti - proseguía la nota - significa quemar para siempre la posibilidad de un regreso de los socialistas a la razón, en cuyas hipótesis está trabajando Nenni, tal vez con una perspectiva de éxito.
La mayoría de la DC y los partidos de la democracia laica, favoreciendo a Andreotti, no cierran la puerta a los socialistas sino que les privan del arma de un "diktat" que humillaría al mismo tiempo a la mayoría de la DC y a los partidos de democracia laica".
"Si Andreotti fracasa - afirmaba "Nuova Repubblica" - no será el monocolor escatológico el que nazca, sino el espectro de nuevas elecciones, tal y como ha dejado entrever Forlani en una reunión de los altos mandos de la DC. A los grupos integristas de la DC no les resultaría difícil convencer a la opinión pública de que la culpa de la disolución de las Cámaras recaen sobre los partidos que no han facilitado los esfuerzos de Andreotti; las fuerzas intermedias se aplastarían bajo la apisonadora de la DC. Del desastre no se salvaría ni tan siquiera el MSI, en cuyas filas no quedarían más que los fieles de la primera hora. A la izquierda, el PCI se beneficiaría del millón de votos que se dispersó el 7 de mayo".
El 17 de julio, el PR organizó una rueda de prensa para ilustrar el programa de la "Sexta marcha antimilitarista" que se desarrolló desde Trieste hasta Aviano del 25 de julio al 4 de agosto. Marco Pannella enumeró los motivos que inspiraron ese año la marcha: consolidación y defensa del derecho-deber a la objeción de conciencia; rechazo de todos los bloqueos militares, NATO y Pacto de Varsovia en particular; conversión de las estructuras y de los gastos militares en civiles; conmemoración de los caídos de la primera guerra mundial; salida de Italia de la OTAN; abolición de los tribunales militares; y promoción de los derechos civiles de los militares. A lo largo de la manifestación, a la que se habían sumado numerosos exponentes del PSI y de otras organizaciones pacifistas, el PR denunció en repetidas ocasiones el comportamiento de las fuerzas de policía que según su parecer "han intentado por todos los medios provocar las reacciones de los antimilitaristas para interrumpir la marcha". El 29 de septiembre, P
annella dio a conocer una serie de iniciativas promovidas por el Partido radical, tendientes a sensibilizar a la opinión pública y a crear un vasto movimiento en apoyo a los objetores no violentos: extensión de la iniciativa de desobediencia civil con el rechazo a pagar los impuestos correspondientes al presupuesto de defensa y de justicia, hasta la liberación de todos los detenidos por el delito de "objeción de conciencia": liberación de Valpreda y sus compañeros; iniciativa de ayuno colectivo desde el 1 de octubre en Roma y en numerosas ciudades italianas, y, por último, una iniciativa del PR, de acuerdo con otros movimientos para la no violencia en las presidencias de los grupos de las Cámaras y la presidencia de la Cámara para obtener garantías definitivas de una fecha concreta para la discutir y votar las propuestas de ley sobre la objeción de conciencia". Otras manifestaciones de protestas fueron organizadas por el PR, para la concesión de la base naval a los Estados Unidos en la Maddalena, Cerdeña (7
de octubre de 1972).
Un comunicado del partido, difundido el 10 de octubre, daba a conocer que el onceavo Congreso se iba a celebrar en Turín del 1 al 4 de noviembre, sobre el tema "Refundación o Disolución".
El 27 de octubre, un duro comentario a la decisión de la Comisión de Justicia de palazzo Madama de postergar a mediados de noviembre la discusión de las medidas de modificación de la prisión preventiva y la decisión de la Comisión de defensa del Senado de postergar al 16 de noviembre el inicio del debate sobre el proyecto de ley para el reconocimiento de la objeción de conciencia presentada por el PR y en particular por el secretario Marco Pannella y por el objetor Gardin, que desde hacía 27 días estaban en ayuno de protesta: "Pasados 27 días desde que empezamos nuestro ayuno - afirmaban los dos militantes radicales - ante la confirmación de la cada vez más arrogante y desesperante irresponsabilidad del Parlamento con respecto a un deber suyo fundamental - debemos tomar nota del hecho que se revela cada vez más necesario, urgente y prioritario, de ser solidarios hasta las últimas consecuencias con nuestros compañeros encarcelados. Así pues, aún a pesar de habernos sorprendido sobremanera y estar profundament
e tristes por el hecho de que en un país que se denomina democrático siga siendo necesario en la actualidad pagar un precio tan alto para defender un mínimo de humanidad y de justicia. Repito, al cabo de 27 días de ayuno, ratificamos nuestra decisión de llevar hasta las últimas consecuencias, o hasta conseguir los fines que nos hemos propuesto, esta nuestra forma de lucha. "Para el PR la decisión de la Comisión de defensa "significa que esta ley correrá el riesgo de no ser aprobada, que cada año se erogarán siglos de cárcel, que cientos de compañeros se morirán de asco en cárceles militares, en condiciones y número inconcebibles incluso bajo el fascismo". Para superar esta situación - afirmaban los radicales - es necesario que: "a) la comisión de Defensa del Senado establezca en tres sesiones semanales las pautas de discusión antes de que el proyecto aparezca en el orden del día, de manera que se puedan discutir en el aula antes del 25 de noviembre; b) el debate en el aula (que requiere como mucho un par de
días) finalice antes del 1 de diciembre; c) que la Cámara no empiece las vacaciones de navidad sin antes haber votado el proyecto. Tienen por delante más de tres semanas". "Todo ello - concluía el comunicado es técnicamente posible. Políticamente no se desea o no se puede. En cualquier caso, insistimos en seguir solicitando que fuentes suficientemente acreditadas o creíbles fijen una fecha límite antes de la cual el Parlamento - por fin al cabo de 25 años, vote el estatuto de los objetores".
Los trabajos del onceavo congreso radical se iniciaron en Turín el 1 de noviembre con el informe del secretario del Partido, Angiolo Bandinelli, que subrayó que "el Congreso se basa en la alternativa entre "refundación o disolución" del Partido radical. Así pues, esta alternativa exigía un congreso de mediación y de profundización de la situación real y de los instrumentos a disposición, y "no puede dejar espacio a elecciones de carácter emotivo".
Los dirigentes mismos establecieron una condición indispensable para que el partido no se disolviese. Dicha condición consistía en la posibilidad de alcanzar los mil inscritos. Bandinelli comunicó que dicho resultado había sido alcanzado y superado. Afrontando el problema del divorcio y del referéndum el PR definió "increíble y absurdo" el comportamiento de la clase dirigente de la izquierda que se preocupaba únicamente de evitar el referéndum o de retrasarlo un año, cuando el cambio de los equilibrios internos del tribunal Constitucional que tuvieron lugar tras las elecciones del 7 de mayo, amenazaban con poner en discusión la constitucionalidad del art. 2 y de la ley Fortuna. Así pues, en dicha situación, "el único camino limpio, que respete la Constitución, la soberanía popular y las instituciones republicanas" era el del referéndum. Camino que había que emprender sin más demora, en junio del 73. Entre las intervenciones sucesivas, cabe destacar las de Cicciomessere, Marco Pannella y Fortuna.
La segunda jornada del Congreso estuvo caracterizada por el trabajo de las comisiones que trataron los temas de la conveniencia o no de mantener en vida el partido. Tres fueron los argumentos principales que se desarrollaron en las actividades de las comisiones: "proyecto anti-institucional del partido: los referéndums"; "organización del partido: derechos civiles". Posteriormente se discutió el tema del ayuno de Pannella y de Gardin, que había llegado a los treinta y seis días. Todos estuvieron de acuerdo en considerar suficientes los objetivos que se había establecido. Al término de los trabajos (3/11) los radicales decidieron no disolver el Partido e iniciar una vasta campaña de proselitismo para conseguir los 5 o 6 mil inscritos antes de dos o tres años. Las metas por perseguir siguieron siendo las que ya formaban parte de la acción radical y muy especialmente la abolición o reforma del Concordato; la abolición del código Rocco y en particular algunos delitos en concreto abolición del poder de los tribun
ales militares (vituperio, instigación a la desobediencia de los militares, limitación del derecho de asociación); abolición o reforma de las leyes sobre la financiación de las Entidades y de las Instituciones educativas de carácter clerical.
Surgió la voluntad de aplicar el programa de referéndum intentando concentrar al máximo los esfuerzos organizativos, y delimitar el número, englobando eventualmente argumentos relacionados entre sí en un único contexto. Subrayó la necesidad de construir el partido con la contribución fáctica de los inscritos que entre otras cosas contaban con la posibilidad de afiliarse a otros partidos. De hecho, a través de un sondeo realizado a partir de una muestra de nuevos inscritos, resultó que el 18% tenía "carnet doble" y que el 32% pertenecía al PSI; el 31,8% al PRI; el 11,1% a la izquierda de clase y a los anarquistas: el 9,5% al PCI; y el 9,5% al PLI.
Al término de los trabajos se nombró la nueva Secretaría, compuesta por el secretario anterior, Angiolo Bandinelli y por los objetores de conciencia Cicciomessere y Gardin.
A lo largo de la manifestación organizada por el PR el 8 de noviembre, coincidiendo con el debate en el Senado sobre la ley para el reconocimiento de la objeción de conciencia, se insistió en el desacuerdo de los radicales con respecto al proyecto aprobado por la Comisión de Defensa del Senado, y se subrayó la constante presencia del partido en la lucha por la aprobación del decreto ley.
El 15 de diciembre, un comunicado del Partido radical comentaba el voto a favor manifestado por la Cámara sobre la ley Marcora; "Un nuevo fundamental principio civil ha sido conquistado hoy, conseguido al cabo de veinte años de luchas. La bochornosa coalición que se produjo en el Senado, agravada actualmente en la Cámara entre gobierno, mayoría de la Democracia Cristiana, neo-nazis y paleo-fascistas de la derecha nacional, ha impedido en la actualidad que se votase una ley adecuada, civil, leal, democrática de cuya necesidad se han hecho portavoces todos los grupos democráticos y los numerosos grupos y diputados del la DC, como Fracanzani, Sobrero y Cabras. Toda enmienda a la ley Marcora ha sido rechazada con el voto determinante de Giovanni Di Lorenzo, Pino Rauti y sus colegas. De esta manera, el Parlamento ha aprobado en la actualidad una ley que intenta impedir el ejercicio efectivo de ese derecho a la objeción de conciencia que se ha visto obligado a votar: ley que presenta desde el punto de vista consti
tucional, democrático y técnico aspectos aberrantes e inadmisibles. El Partido radical y el movimiento no violento - continuaba el comunicado - dirigen un aplauso en primer lugar al diputado Fracanzani que ha garantizado a todo el arco de fuerzas favorables a la objeción de conciencia, y en primer lugar a los objetores antimilitaristas no violentos, una rigurosa, honesta y eficaz representación y que ha llevado a cabo una batalla parlamentaria clara y valiente; demuestran al partido socialista, y en particular a los diputados Servadel, Orlando, Magnani Noya, una actitud totalmente positiva, democrática, unitaria y leal para que se elabora y apruebe una ley mucho mejor que la votada; reconocen el valor democrático de las enmiendas propuestas por Bandiera, del PRI, y su oposición a los principios y a la alineación clerical-fascista que se ha formado a partir de las tesis del gobierno; no puedo dejar de subrayar, por el contrario, lo renunciatario y reticente, inadecuado y no connivente que resulta el comportam
iento del partido comunista y los independientes de izquierdas.
En cuanto se supo el resultado de la votación, algunos exponentes del PR, entre los que figuraba el secretario Bandinelli, enviaron al presidente de la Cámara, Sandro Pertini, un telegrama de agradecimiento por la constante atención con la que se ocupó "para que el parlamento cumpliese su deber de votar en pro de la objeción de conciencia" (Véase objetores de conciencia".
Tres manifestaciones fueron promovidas por el PR para la concesión de la libertad provisional al anarquista Valpreda (27/12), por la detención de un objetor (12-1-1973), y contra el Concordato (15-1-1973).
Una reacción espabilada de los radicales tuvo lugar el 9 de enero con respecto a la aprobación (29-12-72) del decreto de ley gubernamental sobre la droga definido "de escaso valor técnico". Mauro Mellini, miembro de la dirección del partido, declaró que la medida, mientras reducía las condenas para los consumidores, instituía un régimen de libertad condicional para el ciudadano que podía ser castigado aunque sólo estuviese fichado, "por lo que en realidad, se está introduciendo el delito de estar fichado".
1973
El 10 de febrero de 1973, fue arrestado por objeción de conciencia el secretario del Partido radical, Alberto Gardin, que en octubre del pasado año había efectuado junto a otro exponente radical, Marco Pannella, un ayuno de 39 días para solicitar la aprobación de la ley para el reconocimiento de la objeción de conciencia. "Una vez más - afirmaba un comunicado del Partido radical al respecto - las audiencias generales militares demuestran que no tienen en consideración la voluntad expresada por el Parlamento puesto que arrestan a aquellas personas que, según la ley que reconoce la objeción de conciencia, han presentado la solicitud para realizar el servicio civil sustitutivo, no pueden ser acusadas de ningún delito excepto por decisión del Ministerio". Así pues, para los radicales se trataba de un "evidente intento de intimidación" de la audiencia general militar que tendía a desanimar a los objetores de conciencia. Los abogados radicales Giuseppe Ramadori, Lucia Severino y Mauro Mellini presentaron una denun
cia por omisión de deber y secuestro con respecto a las autoridades que habían ordenado la detención.
Con motivo de la firma de los Pactos Lateranenses, de febrero, el Partido radical realizó una serie de manifestaciones en numerosas ciudades del país. En Roma, la iniciativa del Partido estuvo apoyada por grupos políticos y religiosos (desde "Lucha continua" hasta el "Movimiento para la liberación de la mujer", desde las "comunidades de base" de Oregina y de Treviso a los valdenses, desde los liberales y los republicanos de izquierda a un vasto sector del PSI): en un teatro romano se oyeron "sermones" religiosos llenos de referencias bíblicas para contradecir la política de "Mammona"; el presbiteriano Giorgio Spini, definió el aparato clerical como el "capellán de corte del mundo capitalista"; algunos católicos de la disensión denunciaron el concordato como instrumento del "poder clerical"; exponentes de los cristianos "protestantes" deploraron la presciencia de la validez de la "ley fascista sobre los cultos admitidos", que fruto de los Pactos Lateranenses. Entre los laicos, el radical Mauro Mellini puso de
manifiesto que "el Estado italiano no es capaz de mantener negociaciones con la Santa Sede"; el proyectado referéndum sobre la cuestión del divorcio - añadió - hubiese sido, en efecto, un referéndum sobre el concordato del mismo tono que las declaraciones en los mítines celebrados en las demás ciudades.
Mientras tanto, seguían produciéndose los arrestos de exponentes del Partido radical contrarios al servicio militar. El 17 de febrero le tocó a Roberto Cicciomessere, miembro de la secretaría nacional, sobre el que recayó una orden ce captura emitida por la audiencia provincial militar de Bari. El Partido contestó tal y como solía hacerlo: la Dirección del partido manifiesta una dura protesta contra la "incalificable e ilegítima medida", que representaba según los radicales, un auténtico secuestro de Cicciomessere, culpable sólo de su actividad política, antimilitarista y no violenta.
El 7 de marzo de 1973, el secretario nacional del Partido radical, Angiolo Bandinelli, declaró con respecto a las noticias sobre la intención del gobierno de disolver al grupo neofascista "Vanguardia nacional": "Toda la prensa de izquierdas - dijo Bandinelli - ha manifestado una gran satisfacción por dichas noticias, pero nosotros no compartimos dicho entusiasmo, y sobre todo por una cuestión de principios: no nos gustan las leyes de excepción, las violaciones de las libertades fundamentales de libertad de asociación, las disoluciones por decreto, se justifiquen como se justifiquen". Según Bandinelli, los "paleofascistas" tenían que ser combatidos con lucha política y no de un plumazo con un decreto. A parte de estas reservas de principio, Bandinelli añadió que los radicales sospechaban otros objetivos: "fácilmente, esta ley Scelba contra el fascismo servirá para todo tipo de utilizaciones, en primer lugar para atacar a los antifascistas de la izquierda extraparlamentaria. Asimismo, para proporcionar carnets
gratis de democraticidad precisamente a aquellas fuerzas que en Italia representan la continuidad del régimen Musoliniano". El partido radical no se sumó a las manifestaciones unitarias preparadas para al aniversario de la liberación de Italia, el 25 de abril.
Al dar la noticia, mediante un comunicado, los radicales motivaron su iniciativa afirmando que el antifascismo "formal" del momento estaba desviando la atención de los graves problemas y de la profunda crisis que estaba atravesando el país. La culpa "de la corrupción y del desmantelamiento de las instituciones", según los radicales no era de Almirante y de sus "gamberros". Lo que tenía que convertirse en objeto de reflexión y de iniciativa política era la nueva confrontación entre oposiciones y mayorías, entre la izquierda y la derecha, entre el progreso y la conservación, entre fuerzas alternativas y la democracia cristiana.
"Sólo conquistando en Italia esta neta contraposición - concluía el comunicado - se podrán reforzar las instituciones y la democracia, medir lo que está muerto y lo que sigue vivo del fascismo, más allá de la violencia en las calles, para que toda la opinión pública esté al corriente y para celebrar en una perspectiva que no sea ni falsa ni retórica el aniversario de la liberación".
El 8 de julio de 1973 concluyó en Roma el XII congreso nacional extraordinario del Partido radical italiano. Los trabajos finalizaron con el anuncio de dos decisiones de particular interés: poner en marcha rápidamente la campaña para la organización de los referéndums destinados a abolir todas las leyes inconstitucionales y dar vida lo más pronto posible a un nuevo periódico.
El Congreso había sido convocado con un objetivo muy concreto: comprobar si existía entre los inscritos y los simpatizantes un estado de movilización tal que pudiese afrontar una batalla como la que tenía por objeto abolir leyes inconstitucionales, que se proyectaba difícil y ardua, cuando no temeraria. Según los radicales, el Congreso demostró que esta comprobación había dado resultados positivos. "El Congreso - dijo Marco Pannella" - no sólo ha confirmado por unanimidad la deliberación ya adoptada en Turín en noviembre de 1972 con respecto a la campaña para los referéndums, sino que ha registrado con satisfacción la adhesión a esta perspectiva de lucha de otras muchas fuerzas de la izquierda, con acentuaciones distintas y sugerencias de modificar este o aquel aspecto de nuestra iniciativa". Y a dicha iniciativa se sumaron en general numerosos exponentes del Psi, del Pri y del Pli, entre los que figuraba Loris Fortuna, y "Lotta Continua", "Il Manifesto", "Avanguardia operaia", la "LID" y el Movimiento de li
beración de la mujer, asimismo, en los ambientes del Congreso algunos interpretaron el telegrama enviado por Giacomo Mancini como un compromiso concreto, por lo menos como una forma de alentar la iniciativa. El día anterior se había constituido un Comité al que se confió, en lo que al Partido radical se refería, la gestión política de la iniciativa. Se le pidió a Franco Mancini que coordinase los trabajos del comité,
Con respecto al periódico que hubiese debido ver la luz antes del mes de septiembre, se constituyó un Comité de periodistas y de militantes con el encargo de organizar una campaña de subscripciones; en esos momentos, el Partido radical disponía de una hoja titulada "Noticias Radicales", que se publicaba dos veces al mes con una tirada de diez mil copias.
Las previsiones surgidas durante los trabajos del Congreso creían que el periódico iba a contar con una tirada de más de cuarenta mil copias; se creía que el hecho de que saliese junto con "Lotta Continua" y con "Il Manifesto" iba a ayudar al nuevo periódico. "Con este periódico - dijo Marco Pannella - nosotros pretendemos aportar una contribución al nacimiento de un órgano unitario alternativo al régimen, en el que todas las fuerzas antirégimen puedan expresarse con absoluta independencia y reduciendo al máximo los costes, los gastos y los riesgos. Estos gastos y estos riesgos serían casi insuperables si todo movimiento alternativo pretendiese contar con una estructura propia de prensa que fuese completa".
Para los radicales fue un verano lleno de trabajo el del 1973. Por una parte, los complejos problemas organizativos y financieros planteados por la operación referéndum, que inició en el mes de julio con motivo del XII congreso nacional extraordinario del Partido; por otra, 25 de julio - 4 de agosto, la marcha antimilitarista Trieste-Aviano. Desde hacía seis años, se trataba de una cita habitual para los militantes y simpatizantes. Ese año la concentración antimilitarista se celebró con los temidos incidentes por parte de las fuerzas de extrema derecha, tal y como había sucedido el año anterior. Pero las mayores aprensiones para los radicales estaban relacionadas con la nueva iniciativa que a lo largo de los tres años sucesivos caracterizarían su compromiso político, es decir una serie de referéndums populares para abolir las leyes de aplicación del Concordato, las normas "autoritarias y fascistas" del código penal (delitos de aborto y consumo de drogas bandas inclusive), las leyes represivas de los Códigos
militares y las de los tribunales y las cárceles militares, las leyes para las financiaciones públicas a escuelas y asistencias clericales, las leyes quen limitan la libertad de prensa.
Desencadenar contra el Régimen "todavía chapado al modelo clerical-fascista" una oleada de referéndums populares, de iniciativas políticas de base, sostenían los radicales, hubiese podido por lo menos poner en movimiento, "precisamente mientras mueren asfixiados", esos mecanismos alternativos que podían potenciar las minorías del disentimiento libertario o socialista.
El 8 de septiembre, a lo largo de una rueda de prensa celebrada en la sede romana del partido, Marco Pannella presentó el número cero del periódico radical "Liberación" cuya salida había sido anunciada durante los trabajos del último Congreso. Pannella indicó los dos objetivos inmediatos de "Liberación": lograr que fracasase el intento, fruto de un acuerdo de vértice entre los más importante partidos laicos para desgajar la ley por el divorcio y luchar para que el referéndum se celebrase con toda normalidad. Pannella anunció que para dichas iniciativas contaba con la adhesión de todas las fuerzas extraparlamentarias de izquierdas y de numerosos exponentes republicanos, socialistas y comunistas. "La tarea del nuevo periódico - dijo Pannella - es el de suscitar un vasto movimiento de opinión". En cuanto a los problemas más estrechamente vinculados a la vida del nuevo periódico, el exponente radical aclaró que "Liberación" se iba a publicar sólo para "el apoyo y la contribución alcanzada y prometida por un grup
o de amigos y compañeros"; inicialmente se decidió imprimir 50-60 mil copias y aumentar la tirada eventualmente; los seis redactores fijos y los periodistas que colaboraban lo hicieron sin percibir retribución ninguna: cuando faltasen los fondos necesarios para publicarlo, "Liberación" suspendería la publicación.
Con motivo del aniversario del 20 de noviembre, el Partido radical organizó una serie de manifestaciones "en defensa del divorcio, contra las maniobras de las fuerzas de los partidos de régimen para hundir la ley Fortuna, para los referéndums abolitivos de las leyes liberticidas y fascistas". A lo largo de la concentración más importante, celebrada en Roma, tomaron la palabra numerosos exponentes del partido y del movimiento de liberación de la mujer. A la iniciativa se sumaron, entre otros, "Farnesina democrática" y la izquierda republicana, y fue invitado el embajador chileno en Roma, Carlo Vassallo. En dicha ocasión, los radicales estigmatizaron las posiciones adoptadas por la Dc italiana ante los acontecimientos chilenos y la ausencia de reacción de la izquierda italiana ante dicha actitud, afirmando que "el golpe de Estado en Chile parece haber provocado casi un impulso aún más decidido para acelerar el proceso de compromisos, de claudicaciones y de régimen, entre oposiciones e izquierdas por una parte
y partido clerical por otra".
Las preocupaciones de los radicales por la inminente sentencia del tribunal Constitucional sobre la legitimidad constitucional de la ley sobre el divorcio, se expresaron en un documento aprobado al cabo de una reunión de la dirección radical que se celebró en Roma el 22 y el 23 de septiembre. En el documento se afirmaba entre otras cosas que la decisión del Tribunal debía constituir "motivo de grave preocupación para todas las fuerzas democráticas y laicas, para los divorcistas, y para todos los grupos y las organizaciones comprometidas en la lucha en pro de los derechos civiles", puesto que según los radicales, eran muy numerosos los síntomas que hacían considerar la "desatinada campaña que tenía por objeto hallar un expediente para vencer el miedo al referéndum liquidando la ley Fortuna", pudiese producir una liquidación tal a través de una sentencia negativa el Tribunal Constitucional. En el documento se subrayaba así pues que "mientras la operación política que consistía en la sustitución de la ley sobre
el divorcio con otra que fuese del agrado de la DC y del Vaticano empieza a verse cada vez menos factible", seguir insistiendo asiduamente en la absoluta necesidad de evitar el referéndum equivalía a incitar, a ejercer una presión efectiva en el Tribunal Constitucional "a echar una mano a la supresión del divorcio".
Dirigido un llamamiento a todos los juristas laicos y demócratas para que se escuchasen sus voces en apoyo de la "inequívoca legitimidad constitucional del divorcio", el documento de la dirección del Partido Radical, "al denunciar la responsabilidad de cuantos, siguiendo con lo de los expedientes para evitar el referéndum comprometen gravemente la suerte del juicio ante el Tribunal", expresada toda su solidaridad a cuantos veían de esta manera en peligro su derecho civil al divorcio subrayó que la iniciativa del referéndum abolitivo del Concordato era la "única respuesta adecuada y eficaz a las insistentes maniobras clericales dirigidas a restablecer el monopolio de la Iglesia Católica en materia matrimonial".
La propuesta del diputado De Martino de presentar modificaciones a la ley Fortuna, fue criticada el 29 de octubre, en un comunicado del Partido Radical, que a dicho propósito convocó para el 1 de noviembre en Verona junto con el Congreso nacional del partido, la presidencia, la secretaría nacional, el comité nacional de la liga para el divorcio y de la liga para la abolición del concordato (LIAC).
Y precisamente el 1 de noviembre, el Partido radical inauguró en Verona el XIII Congreso nacional, congregando en el salón del Palazzo della Gran Guardia a gran parte de sus 1470 inscritos repartidos por toda Italia.
Intervinieron igualmente los representantes de movimientos federados, como la liga del divorcio y la de los objetores de conciencia. Desde las reivindicaciones feministas a las tenaces resistencias de los objetores de conciencia, el Partido radical recogía una notable cantidad de protestas. De entre las realizadas al aire libre figura la marcha de sus simpatizantes desde Trieste hasta Aviano pasando por delante de los cuarteles, sentándose en grupo ante la cárcel militar de Peschiera, y congregándose ante el Tribunal militar de Verona.
En el Congreso, el secretario nacional Angiolo Bandinelli dijo que si la minúscula alineación de su partido no podía contar con un peso determinante en los acontecimiento del Montecitorio o de Palazzo Madama, por le momento no tenía demasiada importancia. No por ello el partido vivía en una especie de aislamiento: "Nosotros somos extraparlamentarios, no antiparlamentarios". Ello significaba que los acuerdos de los radicales podían coincidir con las iniciativas planteadas desde ese preciso instante por dicho diputado, siguiendo una corriente de simpatía. Angiolo Bandinelli leyó el informe en el Congreso. "Contra el régimen, contra la DC", porque la alternativa y la renovación de la izquierda, con los referéndums populares, era el tema del convenio. El partido declaró estar dispuesto a presentar al Tribunal de Casación antes de pocas semanas una serie de peticiones de referéndums abolitivos: dos en materia concordataria, el primero para la abolición de la ley general de aplicación del Concordato entre Estado e
Iglesia, y el segundo para la eliminación de la norma concerniente a la anulación eclesiástica de los matrimonios concordatarios: uno para cancelar las leyes fascistas del código penal, inclusive las que castigan el delito de aborto; dos para los tribunales y los códigos militares; tres en materia de libertad de prensa.
Los radicales, contando con la adhesión de otras fuerzas, se proponían recoger antes de los primeros seis meses de 1974 el medio millón de firmas que solicitaba la Constitución.
A propósito de la tesis del líder comunista Berlinguer sobre el "compromiso histórico, el secretario nacional del Partido radical declaró no comprender a qué se debían tantos aspavientos ni las polémicas que había suscitado. "Una tesis - según él - que es la consecuencia de toda la línea política seguida por Berlinguer, una línea que no tiene ni tan siquiera el objetivo de perpetuar el equilibrio de poder entre una Dc que conserva de hecho el monopolio del gobierno y un PCI que conserva el de la oposición". En estas condiciones, según Bandinelli, los radicales eran la única alternativa.
El compromiso principal, como conclusión del XIII Congreso, subrayado por los radicales fue el de iniciar la campaña para los referéndums abolitivos a principios del 74. Mientras no quedaba precisado el número de referéndums, lo que si era cierto era que la "cruzada" laica contra "el régimen" democristiano, el compromiso histórico de Berlinguer, el intento de ahogar el divorcio y la aquiescencia de De Martino no se iban a detener ante ningún obstáculo. Los militantes radicales consideraron indispensable para la supervivencia del partido la consecución de todas estas metas.
Tras un elaborado examen y un debate que, podríamos decir puso a dura prueba la mismísima resistencia física de los congresistas, las comisiones confirmaron la decisión del partido de celebrar un referéndum para la abolición de los artículos 17 (transcripción de las sentencias del Tribunal de la Rota) y 22 (anulaciones de matrimonio canónico preconcordatario en cuanto la sentencia de transcripción cobra efecto en el matrimonio civil) y ello en señal de respuesta a las anulaciones "fáciles" a las que recurría la Iglesia con el "Motu propio" de Pablo VI para hacerle la competencia a la ley Fortuna sobre el divorcio. La petición de otros referéndums abolitivos en materia concordataria estaba relacionado entre otras cosas con los artículos sobre "el reconocimiento a efectos civiles de las instituciones eclesiásticas y de las entidades de culto", la enseñanza de la doctrina cristiana en la escuela y las financiaciones estatales a la asistencia y a la escuela clerical, muy en contraste con la Constitución que esta
blece que las escuelas confesionales deben ser administradas "sin gasto para el Estado". Los radicales solicitaron la abolición de innumerables artículos del código penal mediante los referéndums populares. A parte de las leyes relacionadas con los delitos de aborto comprendidas bajo el título "De los delitos contra la integridad y la sanidad de la estirpe", hubiesen debido quitarse de en medio los delitos de ofensa al honor y al prestigio del Presidente de la República, de vituperio a la República, a las Fuerzas Armadas, a la Nación italiana, a la bandera y a cualquier otro emblema del Estado, así como el ultraje a empleado estatal y la resistencia a un oficial. Fue vastísima la gama de leyes del código penal militar y de la ordenación judiciaria militar que los radicales hubiesen querido abolir, del delito de amotinamiento (consistente en la persistencia de los manifiestos o anuncios) al de "actividad sediciosa con manifestaciones y gritos".
Calibrado el ambicioso proyecto de referéndum, los radicales afrontaron los problemas políticos y organizativos, enormes si los consideramos con su carácter exiguo; como fuerzas políticas, excepto los grupos de la izquierda extraparlamentaria y de algunas fracciones del Psi, del Pri y del Pli, estuviesen dispuestas a apoyar la batalla radical no quedaba claro ni tan siquiera para los dirigentes del Partido. En una intervención, Gianfranco Spadaccia, vicesecretario, sostuvo que el problema consistía en poner en marcha un mecanismo que permitiese saltar los altos órganos de los partidos y de las organizaciones sindicales y alcanzar aquellas masas populares que no eran insensibles, según él, a la conquista de algunos derechos civiles fundamentales. De la misma manera quedó sin resolver el problema de la financiación de una campaña laica y libertaria realizada por un partido que a duras penas conseguía sobrevivir y en que la mitad de los inscritos se retrasaban en pagar sus cuotas.
Marco Pannella, a su vez, anunció su despreocupación de las responsabilidades de liderazgo del partido para conducir autónomamente la batalla en pro de la "tutela de esperanzas añejas que siguen estando vivas y siguen siendo actuales".
El Congreso comprendió que se trataba de un "momento de consignas del grupo romano a los recién llegados (Pannella propuso que Giulio Ercolessi, un joven de apenas veinte años, se encargase de la secretaría del Partido), a muchos les pareció inoportuno el discurso del líder puesto que se realizaba en un momento en el que para granjearse una mayor credibilidad fuera del partido, éste necesitaba más que nunca estar lleno de fuerzas y de energía.
La prohibición de las autoridades de Verona de celebrar la manifestación antimilitarista programada para el 4 de noviembre ante la cárcel de Peschiera fue rechazada por el Congreso. Los radicales decidieron poner en marcha una acción político-constitucional para el reconocimiento de los derechos de los objetores de conciencia a manifestar públicamente y en todo lugar sus ideas. Sin embargo, para evitar posibles incidentes, tras una serie de negociaciones con las autoridades, ante la cárcel de Peschiera se manifestó simplemente poca gente en representación del resto de los manifestantes.
El 23 de noviembre, el Partido radical dio a conocer que la comunidad de San Pablo había decidido sumarse a la iniciativa de los referéndums abolitivos del Concordato promovida por el partido en el Congreso de Verona. "La decisión, indudablemente importante y de gran envergadura - escribía "Liberación", el periódico radical que acababa de ver la luz - está acompañado de las igualmente positivas adhesiones que están llegando al comité promotor por parte de las demás comunidades eclesiásticas y de los grupos de las minorías religiosas de toda Italia. Junto a los nombres de Gerardo Lutte, de Padre Marco Bisceglia, de Toni Sansone, de Aurelio Sbaffi, en las comunidades romanas de S.Saba, S.Alessio, Colle di Mezzi y Monte Mario, existe la federación juvenil judía, al menos diez comunidades católicas y la mismísima Iglesia Valdense de los párrocos y sacerdotes disidentes de la línea autoritaria y de las jerarquías, aun considerando no poder formar parte formal promotora de la iniciativa, ha garantizado su apoyo".
Un comentario positivo a la decisión del tribunal Constitucional sobre la cuestión de la legitimidad de la ley sobre el divorcio fue expresado por la secretaría nacional del Partido, que en un comunicado del 24 de noviembre afirmó tomar nota "con satisfacción" de que el Tribunal había rechazado por segunda vez las excepciones de inconstitucionalidad de la ley Fortuna. "La voluntad de los laicos que pretendían subyugarse al chantaje clerical del referéndum - indicaba el comunicado - no ha tenido ningún efecto ante el Tribunal Constitucional". "Es menester, proseguían los radicales, la inmediata movilización de los demócratas y de los laicos para la defensa del divorcio a través del voto popular. La norma concordataria del art. 34 tercamente invocada contra "esta reforma incivil", de esta manera concluía el comunicado, debía ser eliminada lo más pronto posible junto al "indecente" comportamiento de los tribunales eclesiásticos y de sus sentencias de anulación, sometiéndola igualmente a votación popular.
Y en el mismo comunicado se informaba que el 4 de diciembre se iba a presentar oficialmente en la Cancillería del Tribunal de Casación la solicitud para la recogida de firmas para la celebración de un referéndum abolitivo del Concordato entre Estado e Iglesia Católica y de la ley que disponía la transcripción de las sentencias de anulación del tribunal de la rota en los registros del Estado civil; se trataba de los primeros ocho referéndums abolitivos de las leyes "clericales, militaristas y autoritarias y fascistas por origen y contenido" que el partido radical estaba apunto de promover.
