ITALIA - Periodista, desde hace algunos años realiza para Radio radical una crónica de los periódicos con alto índice de audiencia. Presidente del Consejo Federal del Partido Radical y miembro fundador del CO.R.A.

SUMARIO: Como resultado de una política prohibicionista en materia de drogas, la narcocracia se caracteriza por el inmenso poder de la industria criminal, el desarrollo cada vez más fuerte de la violencia y una grave amenaza a las libertades individuales.

("LOS COSTES DEL PROHIBICIONISMO DE LAS DROGAS" - ACTAS DEL COLLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE EL ANTIPROHIBICIONISMO -Bruselas 28 septiembre - 1 de octubre 1988 - Ed. Partido Radical)

1. Mi intervención tiene por objeto presentar los informes y la discusión que se llevará a cabo esta tarde. Así mismo, me gustaría decir algunas cosas en calidad de periodista y de ciudadano comprometido en la vida política. El pertenecer al mundo periodístico y político es una condición que impone, como estatuto ético, el desarrollo de una actitud "generalista", tal y como diría Robert Jungk. Es decir, la capacidad de crearse una visión global de las cosas por una parte, y por otra, el tener una preocupación predominante por el interés general. Naturalmente, ésta no es una peculiaridad de los periodistas ni de los políticos, es más, la experiencia nos indica lo contrario, pero es su 'específico' deber.

Lo que me parece especialemente grave, a lo largo del debate que se está celebrando en muchos países del mundo sobre el problema de la droga y del tráfico clandestino, es precisamente esa obcecación por encerrarse en en una visión limitada, especializada y parcial del problema. Actitud que caracteriza a los gobiernos nacionales u organismos de conexión. Vemos así cómo se van elaborando estrategias contra la tóxicodependencia, estrategias contra la criminalidad organizada, contra el Sida, etc. Por ejemplo, en Italia se han potenciado los poderes del Alto Comisario contra la mafia, que, en la actualidad, puede interceptar llamadas telefónicas sin autorización judicial, puede entrar y salir de la cárcel para mantener conversaciones confidenciales con los detenidos, puede ordenar investigaciones bancarias, puede obtener expedientes de procesos que aún se estén celebrando, puede beneficiarse de la colaboración de los servicios secretos, etc. Por otra parte, el gobierno central y las autoridades periféricas destin

an varios cientos de millones de liras para la recuperación de los tóxicodependientes, pero se encuentran en graves dificultades por el simple hecho de que muchos de ellos acaban en la cárcel y no pueden beneficiarse de los tratamientos previstos.

De esta manera, interviniendo cada vez en un aspecto particular del problema sin plantearse el cuadro global de la situación en el que se manifiesta la patología criminal o médico-social, se impide ver lo que una simple ojeada "generalista" permite desvelar: es decir, que el problema de la droga en la actualidad, es un fenómeno complejo debido a sus interconexiones de carácter económico, criminal, médico y médico-social, con reprecusiones cada vez más graves en la vida política de países determinados y en las relaciones internacionales.

2. Sorprende de esta manera, el rechazo de obtener las conclusiones lógicas del análisis, que, si no se hubiesen leído en clave especializada, serían de gran utilidad para intentar hallar solución a los problemas que plantea la actual política prohibicionista. Voy a citar algunos fragmentos del más reciente informe del Organo internacional de control de estupefacientes: "El consumo de drogas ilegales, tanto naturales como sintéticas, ha conocido un crecimiento tan rápido en los últimos veinte años que amenaza actualmente a todo el país y a todos los estratos sociales. El fenómeno no es intrínseco a los grandes centros urbanos, ni a los intelectuales o a los analfabetos, ni a los ricos o a los pobres, sino que se ha extendido por todas partes, se encuentra en los colegios, en los puestos de trabajo, en el tiempo libre y en el deporte". Y continua diciendo: "La producción y la fabricación clandestina de drogas afecta a un número cada vez mayor de países. Dichas actividades, que están alcanzando proporciones a

larmantes, están financiadas y dirigidas por organizaciones criminales ramificadas internacionalmente y que se benefician de la complicidad del sistema financiero. Los grandes traficantes de droga se sirven a menudo canales que utilizan importantes sociedades multinacionales totalmente legales. Teniendo a disposición fondos casi ilimitados, los traficantes corrompen a los funcionarios, difunden la violencia y el terrorismo, ejercen presiones en la aplicación de las convenciones internacionales para la lucha contra la droga y ejercen un auténtico poder político y económico en muchas lugares".

Es la descripción de una forma de gobierno, la peor que se haya podido concebir: la Narcocracia. Pero nosotros sabemos que las conclusiones de la Onu no están a la altura de estas premisas y que se seguirán renovando las Convenciones de 1961 y de 1971 que fracasaron en su día, agravándolas con una política represiva que no causará ni un rasguño a las potencias criminales sino que limitará las garantías liberal-democráticas en muchos países.

Acto seguido, leamos el documento aprobado el pasado mes de julio en la cumbre de Turín de los siete países más industrializados del mundo: "El consumo y el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes plantea graves riesgos a las poblaciones de los países de la Cumbre, así como a las de los países productores y los de tránsito. Existe una necesidad urgente de mejorar la cooperación internacional en todas las sedes competentes sobre los programas para combatir todos los aspectos del problema de las sustancias estupefacientes ilegales...". Una premisa estimulante que hubiera podido llevar a conclusiones análogas a las de muchos de los participantes en este Coloquio si no fuese porque se desmintió inmediatamente por irrupción del vicio especifista: "... en especial, la producción, el tráfico y la financiación del comercio de la droga". Otro documento reciente, el informe sobre los estupefacientes del Departamento de Estado de los Estados Unidos declara que "la producción, el consumo y el tráfico se escapan al

control y a la capacidad de los Estados de suprimirlos por sí solos" y añade que "los traficantes de droga pueden usar sus millones para corromper y hasta comprar a los gobiernos del bloque occidental". En 1986, una junta de investigación del Parlamento europeo, con el conservador inglés Stewart Clark como ponente, se llegó a las mismas conclusiones afirmando, entre otras cosas, que el tráfico de drogas ilegales está tan fuera de control que, en realidad, las drogas se venden libremente. Las propuestas obtenidas por ambos grupos de trabajo fueron: seguir aplicando el mismo criterio que el que se ha venido aplicando hasta el momento presente. Y así nos encontramos en Estados Unidos con leyes que vuelven a introducir la pena de muerte a nivel federal, las propuestas de utilizar el ejército, y los proyectos de coordinación entre Europa y los EE.UU.

Una cuestión de orden moral y penal se ha ido hinchando desmesuradamente hasta convertirse en un problema primordial de orden geopolítico. Y nadie quiere darse cuenta de ello.

3. Se trata de una situación que no está sacada de las desventuras de ninguna "Banana-Republic", sino que pertenece al corazón del Occidente democrático, capitalista e industrial. En algunas regiones italianas, como la ciudad de Nápoles y sus alrededores, Calabria y Sicilia, la introducción del tráfico de heroína (y actualmente también de cocaína) y los correspondientes beneficios han aumentado en los últimos años de manera escalofriante el poder y la arrogancia de la mafia, la camorra y la 'ndrangheta que son las tradicionales organizaciones criminales. En los últimos diez años, han sido asesinadas en Sicilia, uno detrás de otro: el secretario provincial de la Democracia cristiana de Palermo, un cronista de temas judiciales de Palermo, el Jefe de la Patrulla Móvil de Palermo, un juez de Palermo diputado del Parlamento y miembro de la Comisión Antimafia, el presidente democristiano de la región, el Comandante de los Carabineros de Monreal, el fiscal de Trapani, el nuevo Comandante de los Carabineros de Monre

al, un juez instructor del Tribunal de Palermo y un ex leader del 68 italiano, fundador de una comunidad terapéutica libertaria, que desde hacía algún tiempo había hecho declaraciones comprometedoras a la prensa en contra de los capos políticos y mafiosos implicados en el tráfico de heroína. En la actualidad, la mafia siciliana es una organización capaz de moverse en el seno de un Estado democrático como un ejército clandestino, utilizando las técnicas de la guerrilla junto con las de la corrupción sistemática.

Así mismo, la lucha entre los grupos rivales por controlar el botín, cada día es más enardecida. En 1987, en Calabria, región controlada por la 'ndrangheta, se produjeron 204 homicidios con alevosía, con un aumento del 47,8% con respecto al año anterior. Gran parte de la región escapa al control de las autoridades estatales. Un reciente informe del Consejo superior de la magistratura ha declarado que "la situación se agrava por momentos, en lo que respecta a las condiciones económico-sociales, al aumento desmesurado e incontrolado de las manifestaciones de criminalidad organizada, la degradación de las costumbres, la expansión del área de ilegalidad difundida incluso en la totalidad del sistema de la administración pública".

La situación existente en muchas zonas de la superpoblada ciudad de Nápoles no tiene nada que envidiar a los calabreses, pues a lo largo del presente año, las luchas entre las familias camorristas que combaten en el territorio han provocado aproximadamente una media de un homicidio cada dos días.

En efecto, en gran parte del Mediodía Italiano, las organizaciones criminales, gracias precisamente a los enormes beneficios procedentes del tráfico de droga, se configuran progresivamente como auténticos holdings de empresas que actúan e invierten en todos los sectores de la economía legal. En Sicilia, en Calabria y en Campania existe una estrecha relación entre el control del tráfico de droga y las destinaciones del flujo del gasto público.

Se ha intentado analizar esta economía paralela: el periódico italiano de economía más importante "Il Sole 24 Ore", porpiedad de la Asociación de Industriales, ha calculado que el volúmen de negocios anuo de la industria criminal italiana asciende a 50 billones de liras, de los cuales 35.000 millones corresponden al comercio de la droga que entra en Italia. Una cifra que se aproxima al volumen de negocios de la primera empresa privada italiana: la Fiat. A dicha cifra, habría que añadir lo que obtiene la mafia italiana que actúa a nivel internacional, como intermediario entre los países productores de opiáceos y los países consumidores de la Europa del Norte y Norteamérica.

4. El dinero de la droga invade los institutos de la sociedad civil, los bancos, la Bolsa, las actividades económicas legales e ilegales, se transforma en corrupción, chantaje y violencia armada con respecto a las instituciones judiciarias y políticas.

El dinero de la droga alimenta la criminalidad y la criminalidad alimenta el mercado de la droga. El número de tóxicodependientes de heroína aumenta cada año, porque todo recién llegado se ve obligado, para poder pagarse la dosis cotidiana, a convertirse en vendedor viajante de la heroína. O sino, a robar, matar, prostituirse. Desde Alemania a Estados Unidos, desde España a Italia, desde Canadá hasta las megápolis latinoamericanas, el tráfico de droga es el origen de la mayor parte de los delitos penales, hasta el 80% de los robos, de los tirones y de los homicidios. Cada año son millones en el mundo las víctimas de una violencia insensata, que no es inherente a la naturaleza de la droga ni a los drogadictos, sino que responde a una necesidad imperiosa de conseguir dinero, producida por una ley desquiciada e inhumana. Millones de personas sin voz ni voto para las que no vale el imperativo cristiano o humanitario de estar a favor de las víctimas. Un precio que los distintos Estados están dispuestos a hacer pa

gar en nombre de la idea abstracta y veleidosa de la guerra contra la droga.

5. Para finalizar, formulo, bajo forma de aseveraciones, las preguntas a las que esta primera parte de la discusión deberá intentar dar las primeras respuestas. La legalización de la producción, el comercio y la venta de las drogas actualemente prohibidas, desde la marihuana, a la heroína y a la cocaína, tendrá el efecto de equiparar estas sustancias a drogas ya legalizadas - al menos en muchos países - como el alcohol (desde el vino a los licores) y el tabaco. Su precio disminuirá un 99% y será tarea del Estado fijar los impuestos adecuados para desalentar el consumo y garantizar al mismo tiempo la calidad, para poder reducir al mínimo los efectos dañinos, incluida la infección por Sida u otras enfermedades. La mafia internacional sufrirá una derrota que ni siquiera la coalición de todos los ejércitos del Este y del Oeste podrían imponer en la actualidad, perdiendo de golpe la fuente esencial de su riqueza y la causa de su invencibilidad. La legalización borrará de la noche a la mañana la razón de ser de mi

llones de actos de violencia realizados en detrimento de personas por lo general débiles e indefensas. Liberará a las fuerzas del orden y a la magistratura del peso de estos delitos otorgándoles autommáticamente la capacidad de intervención para velar eficientemente por la seguridad ciudadana. Hará que cantidades de dinero que actualmente se gastan de forma inútil para la represión, se puedan utilizar para llevar a cabo campañas de disuasión y de recuperación de los toxicómanos.

Actualmente, la violencia en las ciudades es hija del Prohibicionismo de las drogas, tal y como sucedió con el alcohol en la Chicago de Al Capone. Pero el prohibicionismo que fracasa se ha convertido en una amenaza mortal para la vida de las personas, para las libertades, la paz, el derecho de los Estados y el estado de derecho, que se hallan en peligro gracias a leyes que cada vez respetan menos los derechos humanos (empezando por la reimplantación de la pena de muerte en muchos Estados que la habían abolido) y de las garantías procesuales.