CANADA - Profesora de criminología de la Universidad de Montreal. Asesora del gobierno canadiense, fue uno de los cinco miembros de la comisión gubernamental que a principios de los años 70 analizó el fenómeno de la difusión de la droga en el país, y publicó tres informes básicos, incluso en la actualidad, para los estudiosos del fenómeno, en los que discernía de las conclusiones del grupo de trabajo gubernamental. Desde 1973 ha propuesto la legalización de la marihuana y la distribución controlada de la heroína. En los últimos años, ha venido desarrollado una intensa campaña contra la "war on drugs", y en 1986, publicó un informe sobre "la política de la droga: permanencia de los efectos perversivos y resistencia del cambio de las leyes sobre la droga".

SUMARIO: El origen de la prohibición en materia de drogas se encuantra en aquellos grupos de presión que defienden a menudo intereses corporativos que no representan, por cierto, los intereses de la colectividad. Aún más, esta prohibición ha demostrado ser ineficaz y ha provocado múltiples efectos perversos. Una política más realista y menos inmoral, en materia de drogas, implicaría que el poder en este dominio no sea únicamente depositado en las manos de algunos funcionarios y el cuerpo policial. Es necesario que toda la sociedad se implique en las búsqueda de nuevas políticas.

("LOS COSTES DEL PROHIBICIONISMO DE LAS DROGAS" - ACTAS DEL COLLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE EL ANTIPROHIBICIONISMO -Bruselas 28 septiembre - 1 de octubre 1988 - Ed. Partido Radical)

Cuando, hace diez años, tras cuatro de estudios e investigación a lo largo y lo ancho de la geografía canadiense, como así mismo en el extranjero, presenté al gobierno de mi país un informe de minoría solicitando la abolición del control de la droga, mis motivos eran los siguientes:

1. el delito de simple posesión es un instrumento de disuasión fútil;

2. desde un punto de vista general, el uso del derecho penal en casos de delitos sin víctimas: a) es ineficaz; b) comporta recurrir a procedimientos contrarios al derecho de la persona: inspecciones, pesquisas sin orden, delatores, agentes infiltrados; c) es arbitrario, ya que los instrumentos de obtención son inadecuados y sólo una franja ingénua desprovista está sujeta a la represión. Además, son muchos los filósofos del derecho y los estadistas que han reconocido que recurrir al derecho penal para reducir los delitos sin víctimas es ilegítimo;

3. el coste de la prohibición, para ser más exactos los costes, son enormes: costes sociales, morales y económicos; los Estados despilfarran su honor y los fondos públicos, y tales costes son desproporcionados con respecto a la improbable y mínima eficacia de la ley;

4. la función pedagógica del derecho penal, que debe recordar a los ciudadanos los valores más importantes para la comunidad social, resulta desviada al incluir, a tontas y a locas, en la misma ley, sustancias con niveles de nocividad muy variable, y de comportamientos con graduaciones de gravedad muy dispares. De hecho, las medidas sobre las drogas todavía prevén, en muchos países, penas severas, que llegan hasta la detención, para actos exentos de gravedad real y que no resultan dañinos para otras personas, y sanciones equivalentes por la posesión y el tráfico por un lado de sustancias exentas de toxicidad relevante y por otro, de drogas que provocan serias intoxicaciones . Además, los Estados invocan su deber de tutelar la salud de los ciudadanos como fundamento del control penal de determinar sustancias, y paralelamente reciben considerables entradas procedentes de la venta de otras drogas consideradas totalmente nocivas como el tabaco y el alcohol;

5. la prohibición crea y fomenta la proliferación de mercados ilegales con todas las desviaciones que de ello se dsprenden;

6. el delito de simple posesión o de consumo, como en Francia por ejemplo, autoriza a algunos Estados a recurrir al tratamiento forzado de los acusados, lo cual es otra violación de los derechos de la persona pero sobre todo es un acto de hipocresía e ignorancia, ya que no se ha demostrado nunca que el tratamiento forzado haya impulsado a nadie a modificar su propio comportamiento; por otra parte, es más que sabido que en las cárceles y en los centros penitenciarios, en donde se encuentran detenidos cierto número de consumidores, rebosan sustancias de todo tipo como así mismo su tráfico tan intenso o más que el que se produce en el mundo libre.

Todos estos argumentos a favor de la abolición de la ley sobre las drogas siguen siendo válidas. Es más, con los años han cobrado coherencia. De hecho, al observarlas una por una, se obtiene que:

1. El efecto de disuasión ha demostrado no servir para nada aplicado al conjunto de la población afectada, excepto en el caso de algún que otro consumidor. El número de consumidores ha aumentado, el tráfico se ha sofisticado cuando ha sido necesario, pero, la mayor parte de las transacciones ilegales de pequeñas cantidades tiene lugar bajo los ojos de la policía que ha acabado por renunciar a intervenir; tal vez el consumo de ciertas drogas de amplia aceptación popular en los años sesenta y setenta haya disminuido (LSD, cola, alucinógenos potentes), pero todos sabemos que no ha sido mérito del derecho penal. Han sido los consumidores mismos y la opinión pública los que han hecho que dejaran de estar de moda, denunciando eficazmente los efectos nocivos que acarreaba;

2. el control penal del consumo y del tráfico es de lo más discriminatorio, en los años sesenta solía afectar a los jóvenes y a las personas de aspecto anticonformista; después, a los miembros de las comunidades étnicas, y, recientemente, en varios países europeos, a los extranjeros con pocos medios y en paro;

3. el coste de la aplicación de las leyes sobre la droga no ha dejado de aumentar; dichas leyes han comportado la creación de repartos especiales de policía, han abarrotado los tribunales, las cárceles, los servicios de tratamiento y la rehabilitación penal;

4. las profecías epidemiológicas no tienen fundamento alguno; desde luego, hay toxicodependientes que necesitan tratamiento, pero el servicio de urgencias de los hospitales están menos llenos de lo que lo estaban en los años 60 cuando acudían los pacientes afectados de "bad trips";

5. la política abolicionista, tal y como se ha previsto, ha incentivado los mercados ilegales; el comercio internacional se intensifica; los cuerpos de policía de todos los países han perdido la guerra contra la droga;

6. el tratamiento forzado y el encarcelamiento de los tóxicodependientes con el objeto de reducir su dependencia han obtenido estrepitosos fracasos.

Además, existen otros motivos que me impulsan a recomendar la abolición de las leyes sobre la droga.

1. en muchos países occidentales, se ha llegado a la conclusión de que muchas drogas legales provocan un cierto daño a la salud de los ciudadanos y que los costes que se derivan del abuso de dichas sustancias superan el umbral de tolerancia. Dicha constatación tiene dos efectos. En primer lugar, demuestra la neta incoherencia de los Estados que se preocupan de algunas sustancias para hacer que sean objeto de prohibición en el código penal, pero la verdad es que de forma indirecta fomentan secretamente y toleran públicamente el consumo de nicotina y alcohol; en segundo lugar, las reacciones sociales a los daños que producen estas drogas son mucho más saludables y eficaces de las que provocan las drogas ilegales. Algunos Estados, prohiben la promoción de dichas sustancias en transmisiones del servicio público radiotelevisivo e imponen que la publicidad esté acompañada de advertencias sobre la peligrosidad de dichos productos; el público y las asociaciones de ciudadanos se movilizan para limitar a los consumido

res, en el caso del tabaco, los daños que produce su consumo. Con respecto al alcohol, la reacción es también interesante. Como lo que representa realmente un peligro social es conducir en estado de embriaguez, lo que se prohibe es que se conduzca en ese estado y no que se consuma alcohol. Algunas campañas inteligentes permiten al consumidor que beba alcohol siempre y cuando no ponga en peligro la vida de los demás ciudadanos (por ejemplo, la operación "Nez Rouge").

2. Al igual que otras muchas personas, me ha chocado enormemente la resistencia opuesta a las conclusiones y recomendaciones de todas las comisiones de estudio, de todos los países, sobre la cuestión de la droga. De hecho, a finales de los años sesenta y a principios de los años setenta, no menos de una docena de países había procedido, a través de los Comités nacionales o de Comisiones de estudio, al examen de lo que por aquél entonces se llamaba "el problema de la droga": su difusión, sus causas y los instrumentos para remediarlos. Ningún Comité, ninguna Comisión, excepto tal vez el Comité Pelletier de Francia, han recomendado que se atuviese al status quo. Uno apoyaba la despenalización de ambas sustancias, la otra la abolición del reato de simple posesión, etc.

Así mismo, en ninguna parte, en ningún país, los informes de dichos Comités han causado efectos relevantes en la legislación. No negaré que la práctica penal se ha modificado bajo muchos aspectos, y hemos asistido a una cierta despenalización de facto, pero con todo el carácter arbitrario que comporta, osea la persistencia de la persecución en el caso en el que un consumidor o el pequeño traficante, el pequeño dealer, sea un extranjero o una persona marginada, o simplemente cuando su cara no le guste al policía o al juez.

Analizando los orígenes de dichas resistencias a la modificación de las leyes sobre la droga he encontrado INMORALIDAD, HIPOCRESIA, e ILEGITIMIDAD en la prohibición.

Estas resistencias se colocan a nivel nacional e internacional. Todos aquellos que están interesados en modificar las leyes actuales deben analizarlas para combatirlas.

LA RESISTENCIA A NIVEL NACIONAL

Las recomendaciones de las Comisiones nacionales no han sido nunca, o por lo menos muy raramente, de carácter radical. Y sin embargo, a pesar de ello, los Parlamentos las han ignorado o les han restado importancia hasta hacer que fuesen ridículas o irreconocibles. Así mismo, las Comisiones y los Comités estaban generalmente formados por personas respetables cuya opinión científica, moral o ambas, difícilmente era controvertible. Además, las investigaciones, a menudo, han durado años, o varias Comisiones se han ocupado del mismo problema, como en el caso de Estados Unidos e Inglaterra, y los estudios han costado varios millones de dólares.

A qué se deberá esa inercia de los Parlamentos o de los Gobiernos ante las recomendaciones de sus Comités y Comisiones?

Cabe constatar cómo numerosos e influentes grupos de presión estaban interesados, en cada uno de nuestros países, en que se mantuviese la prohibición. Basándome en el análisis que he llevado a cabo de la situación canadiense y estadounidense, enumeraré dichos grupos en el orden en que han ido apareciendo, con sus intereses particulares, en la escena pública de las audiencias o en los pasillos del poder político.

1. El primer grupo que manifestó ruidosamente su oposición a cualquier liberalización de las normas sobre la droga fue la policía, los cuerpos de la seguridad pública a todos los niveles: federales, provinciales, municipales, los repartos especiales que actuaban en el ámbito de los estupefacientes, en particular. Estos últimos, como se sabe, obtienen un prestigio que no hay que infravalorar, de los contactos internacionales y de los efectos inmediatos de sus "presas". El tema de los cuerpos de policía se ha demostrado una gran hipocresía («cuántas veces han afirmado que la situación estaba bajo control o que podía estarlo!) y de un fundamentalismo moral difícil de imaginar para quien no los ha escucuchado. La influencia de los cuerpos de policía en los gobiernos ya no necesita ser demostrada; los ministerios de justicia, del Interior etc..., a menudo poseen un control secreto y privado en los demás departamentos de Estado. La lobby que se encaga de los cuerpos de policía a nivel internacional a menudo cuent

a con ramificaciones internacionales. Por último, a la policía de algunos países, todos los instrumentos les han parecido buenos para desacreditar a los que apoyan la liberalización de las leyes sobre la droga: dosiers inventados, acusaciones públicas;

2. el segundo baluarte contra la resistencia al cambio está formado por los médicos. Esta categoría profesional, en los años sesenta, estaba indignada ante el hecho de que los jóvenes de apariencia dudosa se autoconsiderasen capaces de distinguir las virtudes embriagadoras, analgésicas y causantes de euforia de algunas drogas y descubriesen en las farmacias de los parientes antídotos, bajo forma de valium, por ejemplo, en caso de "mal viaje".

Esta misma categoría no ha permitido interesarse seriamente por las preguntas planteadas por los consumidores. Sólo un reducido número de médicos de cabecera y algunos psiquiatras y farmacólogos, a los que sus colegas tachaban de haber "bajado a la calle" y han ayudado a los consumidores y a los operadores sociales a crear algún centro de información, alguna clínica de socorro, y algunos servicios móviles. En su conjunto, dicha categoría ha negado el problema, o mejor dicho, ha negado que la cuestión le concerniese, y ha remitido a los consumidores al tribunal penal, contribuyendo a reforzar las posiciones de los prohibicionistas;

3. También los farmacéuticos se ofendieron al ver que la gente se podía drogar sin su consejo y con sustancias que no entraban en la esfera de sus competencias. Hay que añadir que esta categoría profesional tenía otras razones para sentirse amenazada, ya que una franja de los consumidores intentava hacer que el público pasase de las "drogas químicas" a las "drogas naturales"; por otra parte, eran muchos los consumidores y los representantes de la contracultura que, ante las acusaciones de nocividad lanzada contra las drogas "callejeras" o drogas ilegales, replicaban denunciando los daños reales de las medicinas;

4. Entre las corporaciones más amenazadas, cuya voz se ha hecho oir y cuyas presiones políticas se han manifestado bajo forma de chantaje, hay que incluir a las casas farmacéuticas; los representantes de las grandes industrias, cosmo la Roche, han llegado a defenderse ante algunas Juntas de investigación que se apresuraban a denunciar el efecto de dependencia que causaban sus medicamentos;

5. los destiladores y los cerveceros, además de manipular los lobbies que pueden imaginarse alrededor de hombres políticos ya conquistados por las virtudes del alcohol, intentaban corregir la impresión de irresponsabilidad que podían infundir a la población y dar prueba de buena voluntad: en los años setenta, después de que los distintos informes de las Juntas de estudio hubiesen denunciado los daños producidos por el alcohol, algunos empezaron a moderarse ... obviamente, «sin renunciar al consumo!

6. Las tabacaleras han ejercitado en los hombres políticos presiones comparables. De hecho, cuando los testimonios atacaban demasiado abiertamente los daños causados por el tabaco algunas han llegado a defenderse asegurando haber reducido el índice de nicotina de su producto, y que por otra parte era injusto comparar una droga, entrada en las costumbres y por lo tanto sujeta a los efectos de los controles sociales, a sustancias cuya nocividad era todavía desconocida y su consumo aún marginal. Pero el argumento principal de las industrias del tabaco ha tocado el talón de Aquiles de los gobiernos: amplias franjas de empleo desaparecerían en caso de que disminuyese el consumo del tabaco y si el cigarrillo de nicotina entrase en competencia, por ejemplo, con un cigarrillo de cannabis.

7. Por último, han aparecido ante las Comisiones nacionale encargadas de estudiar el problema de la droga personajes a los que llamaré empresarios morales: los A.A., los N.A., grupos de padres, representantes de algunas iglesias y miembros o representantes de algunas profesiones sociales (asociaciones de operadores sociales, de psico-educadores, psicólogos, psiquiatras, abogados, jueces de menores) proclaman su indignación y el escándalo ante la posible lentitud de las leyes sobre la droga: en cualquier caso, había que oponerse a cualquier liberalización.

Todos estos grupos representaban no sólo a un gran número de personas, sino sobre todo una influencia y un poder de presión política considerable. Además de la capacidad de convicción, los destiladores, los cerveceros, las casas farmacéuticas, las industrias del tabaco, disponían de medios terriblemente eficaces para que los partidos políticos se decantasen por la parte útil de sus intereses: las cajas electorales a menudo están endeudadas con dichas empresas. Además, por lo que respecta a las grandes corporaciones profesionales, son raros los gobiernos que se pueden permitir el lujo de contradecirlas seriamente. En lo que a los empresarios morales y a las profesiones sociales se refiere, aquellos que habían lanzado la señal de alarma y habían fomentado las investigaciones nacionales, es imposible pasar completamente por alto sus preocupaciones que curiosamente coinciden con las de una pequeña parte del electorado.

Estos grupos de poder, estos grupos de interés que se han manifestado enérgicamente a favor del control penal del consumo y del comercio de determinadas sustancias, hace diez años en Francia, hace quince en Canadá, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en los Países Bajos, en Nueva Zelanda en Australia, etc.. utilizarían el mismo lenguaje que utilizan actualmente? Otros grupos, que adoptan un lenguaje distinto, más abierto a la despenalización o a la abolición de la prohibición, conseguirían que se les escuchase?. Creo que sí. Pero el análisis para que sea serio y pueda demostrar algo necesita tener en cuenta las situaciones particulares de cada país y las respuestas no serán las mismas en todas partes. Lo que sí es cierto es que hay que llevar a cabo dichos análisis, detectar a nuestros aliados y a aquellos que se siguen comportando como partisanos de la prohibición pura y dura, si se quiere modificar la ley.

LAS RESISTENCIAS EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL

Ya han pasado 70 años desde que se firmaron los primeros tratados internacionales sobre las drogas (1912). Cabe recordar que antes de dicha fecha, distintos países europeos, especialemente Francia y los Países Bajos, no criminalizaban el uso de distintas sustancias, prohibidas en la actualidad, mientras que los países escandinavos y anglosajones ya recurrían al derecho penal para prohibir el consumo de varias drogas mediante el delito de simple posesión.

A partir de 1912, fecha en que se celebró el primer tratado, crecieron desenfrenadamente:

1. el nímero de los países firmatarios de los acuerdos internacionales sobre el control de las drogas;

2. el número de las sustancias incriminadas;

3. el número de los actos prohibidos en los estatutos nacionales sobre las drogas.

Progresivamente, los aparatos de control policiales, judiciales y penales, en el país en el que se habían firmado los acuerdos, se desarrollan y empiezan a cambiar, el objeto de control pasa del tráfico al consumidor; la política de la droga se centraliza y emana cada vez más de las Naciones Unidas: es el modelo de la política americana de las drogas que se generaliza en los países firmatarios. La "Drug Enforcement Administration" se convierte en el modelo internacional de los controles de policía en materia de droga (Hulsman, 1983, 273). La Convención de 1961, en particular, pero también otras, constituyen una fuente de resistencia fundamentel a las modificaciones de las leyes sobre la droga de las distintas sociedades nacionales firmatarias y así mismo de las otras, ya que el imperialismo americano y así mismo la presión moral de los Estados miembros juegan en el país productor, a través de dichos acuerdos internacionales.

En un interesante artículo sobre la política de la droga y sus efectos perversos, Louk Hulsman, profesor de derecho penal de la universidad Erasmo de Rotterdam, recuerda que es mucho más importante no perder de vista el contexto internacional en el que se ha desarrollado y sigue desarrollándose el proceso legislativo de cada Estado, si se quiere comprender la política de las drogas y lo que la apoya. Un grupo para cada motivo, unos religiosos y morales, los otros correspondientes a intereses comerciales o profesionales, son responsables de la prohibición:

»(1) misioneros y personas que, en nombre de los principios humanitarios y morales, han iniciado la lucha contra el opio; (2) los plenipotenciarios de países como China y América que tenían intereses comerciales en la regulación de la producción y del tráfico; (3) personas que, por principio, son favorables a una colaboración internacional; (4) funcionarios americanos que querían que su posición adoptada cuando la prohibición del alcohol, se garantizase y (5) plenipotenciarios de los países del Tercer Mundo que formaban parte del ala modernista de sus respectivos países" (1983, 276)

Según Hulsman, "es difícil comprender cómo dichos grupos de presión en ciertos periodos inconsistentes, hayan podido imponer a escala mundial su planteamiento contra el interés de poblaciones importantes. Para comprenderlo, cabe examinar nuevamente el contexto internacional": es extremadamente difícil para grupos de ciudadanos nacionales, estar correctamente informados sobre lo que sucede en las Naciones Unidas, durante las discusiones de las grandes convenciones sobre la droga. Es más difícil todavía movilizarse para hacer prevalecer las opiniones de los grupos, opiniones éstas mayoritarias. Así pues, "influir en el proceso legislativo se hace posible sólo en el caso de que grupos de contra-presión dispongan de suficiente poder y dominio del lenguaje político internacional" (ibidem, 277).

Entre los factores que han implicado a los Países del Norte y a países desarrollados en la lucha contra la droga, o mejor dicho contra ciertas drogas, es necesario individuar la oposición Norte-Sur, países desarrollados versus países en vías de desarrollo. De esa manera, al inicio, tal y como indica Hulsman, las convenciones se ocupaban exclusivamente de las drogas del Tercer Mundo y todavía ahora, en Canadá y en Estados Unidos, es contra "su droga" que la prohibición está en vigor. Más recientemente, al número de factores de resistencia internacional y nacional a la abolición de la prohibición , cabe añadir el hecho de que "ciertos sectores de nuestras sociedades nacionales se benefician de la ilegalidad de ciertas sustancias, entre ellos algunos grupos terroristas e incluso los poderes públicos que utilizan este circuito negro del tráfico de droga y de armas" (a menudo los mismos circuitos) para apoyar sus demandas y sus decisiones (Hulsman, op. cit., 277)

EN VEZ DE LA PROHIBICION

Hay que instaurar inmediatamente en vez de la prohibición que ha demostrado ser ineficaz y causar efectos dañinos, un sistema permisivo, un sistema estatal de control sobre el abastecimiento, la calidad y la circulación de las drogas actualmente prohibidas.

Dicha transformación debe llevarse a cabo a gran escala nacional y quizá también internacional, si se quieren eliminar los riesgos que el conúmercio ilegal y sus efectos perduren.

Corresponde a la comunidad social, a los ciudadanos, la tarea de informar correctamente sobre las drogas, de que acabe de una vez por todas la "desinformación" existente, de crear los controles pertinentes, como en el caso del tabaco y del alcohol, y de conservar el dominio de la situación en vez de dejar dicho poder en manos de funcionarios internacioneles y de cuepos de policía. Es un dato de hecho consolidado: en cada uno de nuestros países las leyes sobre la droga han causado más daños que las drogas.

Bibliografía

BERTRAND, M.A. (1973) Conclusions et recommandations supplémentaires Rapport final de la Commission d'enquête sur l'usage des drogues á des fins no-médicales. Ottawa, Information Canada, p. 229-241.

BERTRAND, A.M. (1984) Le contrôle de la drogue au Canada dix ans après LeDain, Le Devoir, 26.3.1984, p. 14-15.

BERTRAND, M.A. (1986) La politique des drogues. Pemanence des effects pervers et résistance au changement des lois sur les drogues. Deviance et Societé, 10,2, p. 177-193.

HULSMAN,L., y VAN RANSBEEK, H. (1983) Evaluation critique de la politique des drogues, Deviance et Société, 7,3, p. 271-280.