EE.UU. - Enseñante de psiquiatría desde 1973 en la Harvard medical School de Boston. Forma parte de la comisión examinadora de la American Board of Psichiatry and Neurology. Así mismo desempeña una intensa actividad pública. Además de ser asesor científico de la National Organisation for the Reform of marijuana Laws y miembro del Consejo consultivo de la Drug Policy Foundation, en 1980 formó parte de la Comisión jurídica del Senado de los Estados Unidos. Actualmente es asesor jurídico de algunos estados americanos, a saber: Nueva Jersey, Colorado, Washington, Nueva York, Vermont y Massachussetts. En los últimos años ha venido publicando numerosos escritos sobre los efectos sociales de la legislación americana sobre las sustancias estupefacientes y sobre las modificaciones sociales relacionadas con la difusión de la cocaína. Es autor de una propuesta para la legalización y la creación de un impuesto sobre la droga.

SUMARIO: El autor propone sustituir el sistema de prohibición actual por una política de legalización y fiscalización de los estupefacientes. Los impuestos cumplirían un doble objetivo: en primer lugar, financiar los programas educativos en relación a las drogas como también los gastos de seguridad social ligados a su abuso.

("LOS COSTES DEL PROHIBICIONISMO DE LAS DROGAS" - ACTAS DEL COLLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE EL ANTIPROHIBICIONISMO -Bruselas 28 septiembre - 1 de octubre 1988 - Ed. Partido Radical)

En la época del Volstead Act, H. L. Mencken, hablando del problema del alcohol declaró que, entre los destiladores y los propietarios locales por una parte y los Prohibicionistas por otra, ninguna persona inteligente podía pensar que fuese posible encontrar una solución. La misma cosa se podría decir en la actualidad del problema de las drogas ilegales, con sus traficantes y consumidores por una parte y los moralistas y la policía por otro. Sólo que el problema es probablemente mucho más serio porque el panorama de soluciones aceptables es muy restringido. La relación de la comisión presidencial sobre el crimen organizado y los recientes acontecimientos políticos de este año electoral en los Estados Unidos indican cómo están yendo las cosas, Hay poquísima oposición al prohibicionismo.

La guerra americana a la droga inició con la Harrison Narcotics Act en 1914 y fue aumentando en los últimos veinte años. Los gobiernos federales, estatales y locales se gastan en la actualidad una cifra calculada entre los ocho y los nueve millones de dólares al año para actividades antidroga directas y otros millones para alojar y dar de comer a aquellos traficantes y consumidores de droga que constituyen hoy por hoy una tercera parte de los prisioneros federales y que contribuyen de forma sustancial a la necesidad de construir más prisiones.

La droga entra en los Estados Unidos en cantidades cada vez mayores, a pesar de la guerra. A pesar de que ésta aumente constantemente los precios y facilite a los traficantes grandes beneficios. Otra consecuencia son los crímenes relacionados con la droga y la violencia, de los productos del mercado negro de la droga hoy tal y como lo eran en el mercado negro del alcohol en los años Veinte. La amenaza a las libertades civiles se hace cada vez más intensa mientras que los bélicos que ya utilizan por necesidad trampas e informadores, están en este momento tomando en consideración recurrir al ejército y a las pruebas ocasionales antidroga.

Yo quisiera hacer una propuesta utópica para una aproximación completamente diferente. Legalicemos y pongamos impuestos sobre las sustancias actualmente controladas. Los impuestos se utilizarían para la educación contra la droga y para pagar los costes sociales y los médicos. Se debería constituir una comisión con la tarea de decidir estos costes por separado para cada droga, y el tanto por ciento del impuesto se adecuaría periódicamente para reflejar estos datos. Así el gobierno reconocería la imposibilidad de eliminar del todo el consumo de droga y utilizaría su poder de establecer impuestos y su autoridad educativa para fomentar un consumo más seguro de las drogas. Las drogas que hoy son legales, el alcohol y el tabaco, no se distinguirían de las otras.

Este programa podría realizarse de manera gradual, para que fuese posible corregir y aprender más antes de involucrarse plenamente. La primera fase podría afectar al alcohol, al tabaco y al cannabis. El alcohol y el tabaco porque son ya legales, el cannabis porque es probablemente la menos peligrosa de las drogas consumidas por placer. Se podrían vender a través de puntos de distribución con licencias especiales a precios establecidos por la comisión. La publicidad estaría prohibida. Al inicio se podrían mantener los precios actuales, después, a medida que la comisión recogiese más informaciones, el precio podría cambiar con respecto a los costes sociales. Si este sistema da los resultados esperados, los datos deberían demostrar que estas drogas causan cada vez menos daños. Entonces, sería posible introducir en el sistema otras drogas.

La ventaja sería la de no tener más gastos, la de que no existiera la corrupción, el caos y el terror provocado por la guerra entre los traficantes de droga y las patrullas de narcóticos. Uno de los efectos de las guerras antidroga es, imagino estarán de acuerdo muchos de los participantes en este coloquio, una amenaza a las libertades civiles. Actualmente, la corriente de pensamiento dominante está atraida por la propuesta de la Comisión del Crimen Organizado de someter a pruebas esporádicas de orina a los funcionarios federales y a los empleados de compañías que tengan contactos con el gobierno federal.

Se puede desarrollar de esta manera un ciclo de auto-represión, con las operaciones antidroga que se pagan con fondos confiscados a los traficantes de droga cuyas operaciones producen enormes beneficios gracias al estado de represión. El sistema utópico de impuestos que sujiero crearía un tipo diverso de ciclo de entradas, en el que la sociedad pagaría los costes del abuso de droga tomando los fondos de los consumidores de drogas proporcionalmente a la cantidad de su contribución al problema. La comisión de supervisión de este sistema de impuestos haría las veces de educador y guía de la sociedad, un educador no vinculado por el actual presupuesto irreal, construido en el seno de la ley penal, por la que todo consumo de ciertas drogas debe ser a la fuerza nocivo y peligroso, mientras otras drogas pueden poseer una gama de consumos benéficos o dañinos. Sería posible una educación honesta sobre la droga.

Es factible un sistema de este tipo? Y si lo es, se puede crear un impuesto estipulado según el alcance del daño que cause cada droga? Y si lo fuese, aumentaría el abuso de droga hasta tal punto que tuvieramos que pagar un precio excesivamente alto de sufrimiento personal y social?. Más aún, es la elasticidad de la demanda lo suficientemente grande como para que el impuesto influya sustancialmente en la cantidad de droga consumida, especialmente para aquél que la consume en cantidades considerables? Contestar a todas estas preguntas es aventurarse demasiado, incluso en lo que al alcohol y al tabaco se refiere, productos sobre los que se ha investigado mucho.

Se han derramado ríos de tinta sobre la curva de distribución del consumo de alcohol. La mayor parte de las conclusiones suele ser que cualquier política destinada a zanjar el consumo total reduciría almenos proporcionalmente el consumo de alcohol entre los bebedores problemáticos y consiguientemente los costes médicos y sociales que acarrea el alcoholismo. Ello significa que la demanda es lo suficientemente elástica, incluso entre los consumidores de alcohol que son fuente de problemas, como para que se desencadenase un aumento de precios. En realidad, existen pruebas de que en aquellos países en los que el coste del alcohol es relativamente más alto existen menos problemas etílicos al igual que sucede en los distintos estados que componen los Estados Unidos.

Existen algunas señales sobre la elasticidad de la demanda por parte de los heroinómanos. Muchos estudios indican que los toxicodependientes adecúan sus costumbres al precio de la heroína. Una autoridad del control de heroína declaró en cierta ocasión que el abaratamiento causaría efecto si se consiguiese alargar el tiempo necesario para conseguir una dosis de heroína de cinco minutos a dos horas. Esta es la "tarifa del crímen". La policía hace que fabricar y distribuir droga sea arriesgado. Ello aumenta el precio para el consumidor, que necesita más tiempo para ganar o robar suficiente dinero para procurársela, restringiendo la accesibilidad, de manera que el consumidor emplea más tiempo para descubrir dónde puede obtenerla. El problema radica en saber si el impuesto puede lograr imponer una limitación como la de la tarifa del crimen, que sea más eficaz y cuyos efectos colaterales sean menos desastrosos.

La falta de elasticidad en la demanda es mayor en el caso del tabaco, dado que la nicotina es una de las sustancias que crean más dependencia. A pesar de ello, es obvio que en este caso el aumento del precio gracias a los impuestos tiene efectos notables en el consumo. Las investigaciones indican que por cada 10% de aumento del precio del tabaco, el consumo desciende un 4%. Algunos estudios indican que el precio influye fundamentalmente en la decisión de empezar a fumar regularmente y no en la cantidad de cigarrillos que se fuma un consumidor ya dependiente. Así, el impacto del impuesto extra sería limitado a corto plazo y reduciría el consumo de cigarrillos sólo a largo plazo. Otros estudios han demostrado que al aumento del coste medio de los cigarrillos corresponde un aumento de la elasticidad de los beneficios de la demanda: ello significa que los pobres se privan de fumar más que los ricos.

Se ha calculado que los costes de la asistencia sanitaria directa más las pérdidas indirectas en productividad y ganancias debidas al tabaco ascienden a un total ligeramente superior a dos dólares por paquete: 22 mil millones de dólares en curas médicas por enfermedades causadas por el humo y 43 mil millones de dólares en pérdidas de productividad. Esto es sólo un tipo de ejemplo de cálculo que se prodría utilizar para intentar establecer una política fiscal. Una decisión política de este tipo se podría considerar un modo para hacer que la gente compre pólizas de seguros por los riesgos personales y de terceras personas debidos a su consumo de droga. Las compañías de seguros de vida ofrecen actualmente grandes descuentos sustanciales sobre sus premios a los no fumadores y estas preferencias se extienden paulatinamente a las polizas anti-incendios al igual que a otros tipos de seguros.

El problema estrechamente vinculado con todo sistema de venta autorizada es el mercado negro. El impuesto no debería ser excesivamente alto como para hacer que el contrabando resultase conveniente. Se puede alcanzar este resultado y reducir la demanda para la droga de forma considerable, tal y como demuestra el ejemplo del alcohol. Por otra parte, no está claro si un impuesto suficientemente bajo como para prevenir la existencia de un mercado negro no sería lo suficientemente alta como para pagar los costes sociales y médicos del consumo de droga. Sin lugar a dudas, los impuestos actuales sobre el alcohol distan mucho de ello. Pudiera ser que este problema sea insoluble. Lo que sí es cierto es que la aproximación a la criminalidad no ofrece ninguna solución.

Nosotors nos limitamos a ignorar la cantidad del consumo de droga y la gravedad de los problemas que se desencadenarían en caso de que se produjese la legalización. Ignoramos si el sistema de impuesto legal causaría el mismo efecto que la tarifa del crimen desde este punto de vista. Aunque el cosnumo de droga aumentase tras la legalización, las experiencias de Oregón y Alaska con la despenalización de la marihuana indican que el aumento no sería el temido. Y para iniciar un camino tan valiente, la sociedad debería decidir que la privación de la libertad y los daños ocasionados por el prohibicionismo son mayores que los daños que se podrían derivar de un aumento del consumo de droga; tal y como sucedió cuando se decidió abolir el Volstead Act. Una manera para profundizar el argumento sería el estudio de los efectos de las instituciones de lotería estatal como alternativa a las ilegales en los juegos de azar.

Existen en la actualidad modelos a disposición para la legalización o la casi legalización. En Amsterdam, existe una especie de sindicato de los consumidores y de los toxicodependientes que aconseja a las autoridades. Los heroinómanos obtienen libremente la metadona y los consumidores de marihuana pueden conseguirlas libremente en reventas de cannabis toleradas abiertamente. Alaska permite el cultivo de marihuana para consumo personal. Y otros muchos estados han reducido las condenas por posesión a multas parecidas a las existentes para las infracciones automovilísticas. Maine es uno de estos estados. Una investigación realizada en Maine demuestra que trescientos mil dólares destinados para iniciativas de tipo represivo se han transformado en veinte mil dólares de entradas en multas sin que haya aumentado el consumo de marihuana.

Una aproximación de este tipo requiere sobre todo concienciarse de la complejidad y ambigüedad y de un compromiso entre la realidad social y la idea utópica de una sociedad libre de la droga. Puede además ser necesario reconocer que además de los peligros existentes en el consumo de droga tambien existen beneficios.

Pero existe un grave obstáculo si pensamos en ésta como una alternativa practicable: nadie en el gobierno quiere abandonar los símbolos de la ley penal y de la lucha que se han venido utilizando en los últimos 70 años, no sólo en los Estados Unidos sono en todo el mundo, para tratar la droga como un problema criminal. Se ha afirmado que tal vez el péndulo de la opinión pública sobre el control de la droga oscila entre mano dura y mano dura. Si se ha producido una tendencia hacia la indulgencia a principios de los años setenta, actualmente las cosas parecen ir en dirección contraria, tal y como indica el informe de la comisión presidencial.

Pero por lo que respecta a este argumento, existe todavía una gran ambivalencia por parte del público, o hablando en plata, mucha hiprocresía. El consentimiento moral sobre la nocividad de la droga a veces es apasionado pero otras tantas superficial. Se pretende que la eliminación del tráfico de droga sea lo mismo que la eliminación de la esclavitud o de la piratería. A veces se habla de ello como si se tratase de vencer la viruela o la malaria. Quién podría sugerir el método de la legalización como método para resolver el problema de la piratería o proponer abandonar todo esfuerzo para luchar contra las enfermedades infecciosas? A pesar de las oratorias, el control de la droga no es una cuestión que se pueda resolver de la misma manera, o mejor dicho, la necesidad de la oratoria es señal de que no es así. Por una parte, en los discursos públicos se da por descontado que se ha hecho todo lo posible para impedir el consumo de droga, por otra, existe una tradición informal mucho más tolerante. Hubo un momento

en el que parecía que las formas de estas afirmaciones públicas tuviesen que converger, pero actualmente parece que se están alejando de nuevo. Un tipo de función que ha sido abandonada desde hace tiempo en lo que al alcohol se refiere, se sigue considerando todavía la única posición respetable con respecto a la droga. cambiaría una política de legalización o de impuesto estas actitudes ambivalentes (hipócritas)? La ambivalencia (para expresarme amablemente) o la hipocresía (para ser más claros) siempre han sido una tendencia oculta en las actitudes públicas mientras que el sistema de control criminal se asentaba de forma aparentemente estable. Es esta tendencia oculta la que deja espacio para posibles cambios.