EEUU. Licenciado en economía en 1981, tras un periodo de enseñanza universitaria, entró como senior econmist en la Rand Corporation de Washington, una de las más grandes organizaciones americanas que se dedica al análisis de los fenómenos sociales, y especializada en investigaciones sobre las actividades de las organizaciones criminales. Desde 1983 trabaja asiduamente sobre los problemas concernientes a la política de la droga y ha publicado numerosos informes sobre el tema. En 1986 realizó un estudio sobre los mecanismos económicos del tráfico clandestino de cocaína y el los últimos meses ha dirigido, para el Departamente de Defensa del gobierno de los Estados Unidos, un estudo sobre los efectos que acarrearía endurecer la represión de la cocaína en las fronteras del país.

SUMARIO: Debería legalizarse la droga? La legalización de la droga estimularía el consumo? Esta medida no sólo representa ventajas para la sociedad. El autor anuncia ventajas favoravles y desfavorables en relación con la legalización de ls droga. Pondera también los costos, en el plano social y económico, de la política americana en materia de estupefacientes y los compara a los que podrían existir con la legalización.

("LOS COSTES DEL PROHIBICIONISMO DE LAS DROGAS" - ACTAS DEL COLLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE EL ANTIPROHIBICIONISMO -Bruselas 28 septiembre - 1 de octubre 1988 - Ed. Partido Radical)

A lo largo de los últimos cinco años, los Estados Unidos han asistido a un crecimiento del interés hacia los problemas de la droga. En 1988, los sondeos de opinión demostraron que los entrevistados consideraban la droga como el problema de mayor importancia e, incluso, algunos lo consideraban el tema principal de la política exterior (1). Y a pesar de que los expertos hayan observado que la difusión del consumo de la heroína y la marihuana está en aumento, la prensa habla el rápido crecimiento del problema de la cocaína.

Un nuevo elemento en la opinión pública consiste en prestar atención no sólo al consumo de la droga de por sí, sino también a las consecuencias negativas de los programas existentes para imponer la prohibición. La violencia en las calles, los crímenes cometidos por los tóxicodependientes, la captación para el tráfico de personas cada vez más jóvenes y el nacimiento de vastas riquezas de origen ilegal que son la causa de gran parte del descontento existente, no son sólo la consecuencia del consumo de la droga, sino también de los programas altamente represores que intentan disminuir el consumo. (2). El debate, aunque sólo al principio, indica que algunos conservadores creen que el coste social de la actual política antidroga puede ser más alto de lo que comportaría la legalización, aunque esta última podría provocar un consumo mayor de droga.

Para empezar, quisiera describir la evolución de la política antidroga de los Estados Unidos a partir de 1970. A pesar de que hacia finales de los años sesenta se produjese un cambio que acentuó la importancia del tratamiento y de la prevención, y hacia finales de los años ochenta, se insistiese retóricamente en la prevención, la tónica general ha consistido en un continuo aumento de la represión, dirigida sobre todo a los traficantes más que a los consumidores. En la segunda parte del informe se examinarán brevemente algunas de las fuerzas políticas que han influido en estas decisiones. Se cree que el continuo incremento de la represión se produce por no saber qué otra medida podría reducir el consumo de drogas como así mismo por una preocupación sobre las implicaciones políticas que acarrearía parecer poco "duros" contra la droga. En la tercera parte del informe se analizarán algunas de las alternativas existentes, prestando especial atención a los dos extremos del abanico de posibilidades en el que se cen

tra gran parte del debate, por una parte la legalización de la droga y por otra un endurecimiento de las actuales políticas represivas. En esta parte se subraya la dificultad de hablar de legalización debido a la duda sobre lo que sucedería si la cocaína y la heroína se vendiesen libremente y se pudiese elegir estando realmente informado.

TENDENCIAS POLITICAS RECIENTES

A todos los observadores de la política antidroga les ha llamado la atención el carácter cíclico del fenómeno (p.e. Musto, 1988). Han tenido lugar distintas oscilaciones entre una fuerte intolerancia hacia cualquier tipo de consumo, acompañada de severas medidas represivas, y una política más permisiva, que aceptaba distinciones entre las drogas y daba más peso a la prevención y al tratamiento que al castigo. En esta parte, examinamos la historia de la política antidroga, sobre todo a nivel federal, a partir de 1968. Incluso en aquella época se registraba este tipo de oscilación.

Antes de 1980.

El consumo de heroína empezó a plantearse como problema hacia finales de los años sesenta, por primera vez desde principios de siglo. Durante los años sesenta existía una cierta preocupación por la expansión del consumo de la marihuana, especialmente en las univrsidades, pero fue el rápido incremento del consumo de la heroína en las ciudades lo que condujo al cambio del problema de la droga. La dependencia de la heroína se consideró una de las causas principales de la crisis urbana que se convirtió en un punto esencial del debate político para la campaña presidencial de 1968. Paralelamente, el ??? ("metadone") aparecía como una droga terapéutica que podía ofrecer resultados significativos en el "tratamiento" de la dependencia de heroína o por lo menos en desvincular la heroína del crimen.

Los fondos federales destinados a programas contra la droga aumentaron. De 81 millones de dólares en 1969 se pasó a 760 millones de dólares en 1974 (Drug Abuse Council, 1980; p. 25). En un principio, gran parte del aumento se dedicó a programas de tratamiento y prevención. Los gastos para estas iniciativas aumentaron de 54 millones de dólares en el año fiscal de 1970 a 147 en el año fiscal de 1971, mientras que los gastos para la represión aumentó sólo de 43 a 66 millones de dólares. Gracias a los fondos federales los tratos de mantenimiento con ??? (metadone) se hicieron cada vez más disponibles, pero tras el discurso de junio de 1971 del presidente Nixon, en el que declaraba la "guerra" a la droga, se volvieron a acentuar las iniciativas de represión. Para el año fiscal de 1975, de un presupuesto federal antidroga de 648 millones de dólares, a estos programas se les destinaba un 45% con respecto al 30% de 1971.

El presidente Nixon hizo de la droga un elemento fundamental incluso de su política exterior, otorgando mucha importancia al programa turco para el control del opio. Su administración hizo presión para que se reforzase el más importante de los tratados internacionales, la Single Convention Narcotics, añadiendo las drogas psicótropicas en la lista de las controladas en el acuerdo. En 1973, Nixon afirmó: "En los Estados Unidos hemos pasado una página del libro de la toxicodependencia" (Drug abuse Council, 1980; p. 42). Esta afirmación reflejaba el declive de algunos de los indicadores del problema de la heroína.

Durante la presidencia de Ford, éste se dió cuenta de que los esfuerzos anteriores no habían tenido en cuenta las diferencias entre las distintas drogas. En 1975, un Libro Blanco sobre el abuso de droga afirmaba: "No todas las drogas son igualmente peligrosas y no todo el consumo de la droga es igualmente destructivo". El presidente Carter llevo a cabo algunos cambios más en la forma, cuando no en la esencia, de la política antidroga. Aprobó la despenalización de la posesión de pequeñas cantidades de marihuana para consumo personal. "Las penas por la posesión de droga no pueden ser más nocivas para un individuo que el consumo mismo de la droga". Carter amplió el concepto de la droga más allá de la heroína, cocaína y marihuana, extendiéndolo a drogas lícitas, pero capaces de provocar dependencia. Sus declaraciones denotaban una voluntad mayor de tratar la tóxicodependencia como un problema social crónico y no con mentalidad bélica.

A nivel local, durante todo ese tiempo, la tendencia predominante fue la represión, incluso de la marihuana: los arrestos por posesión de marihuana crecieron de los 18.000 en 1965 a 188.000 en 1970 hasta alcanzar los 350.000 en 1975, una cifra que permaneció estable durante toda la década. El consumo de la heroína parecía tan vinculado al crimen que era razonable tratar la droga sobre todo como un problema de endurecimiento legal. Incrementó el arresto de los traficantes, y los consumidores se dejaban generalmente en manos de programas de desintoxicación. En algunos estados se apobaron leyes que proponían penas durísimas para los traficantes de droga.

El esfuerzo principal entre los distintos estados lo realizó el de Nueva York cuando en 1973 emanó una ley que condenaba a 15 - 25 años de cárcel a aquellos que vendiesen más de una onza de cocaína (aproximadamente 28 gr.). Inclsuo los pequeños traficantes callejeros podían sufrir una pena que oscilaba entre un año y ocho años y cuatro meses de cárcel. La New York City Bar Association encargó una investigación para evaluar los efectos de la nueva ley. Dicha investigación demostró que la ley no había provocado ningún descenso ni en el consumo de la heroína ni en los delitos asociados a éste. (Joint Committee on New York Drug Law Evaluation, 1977).

Durante todo este periodo se produjo un interés escasamente sistemático por la prevención de la droga o por su cuidado, a parte del mantenimiento con ???: Al haberse estabilizado el consumo de la heroína hacia mediados de los años sesenta, los gobiernos locales sintieron menos la exigencia de intentar llevar a cabo tratamientos de desintoxicación a gran escala.

Los programas federales a partir de 1980.

En 1980, se produjo en los Estados Unidos un crecimiento masivo de las sumas destinadas a la cuestión de la droga a nivel de gobierno federal. Los gastos federales para programas de represión, tratamiento y prevención aumentaron, pasando de 1,1 mil millones de dólares en 1981 a 3,3 mil millones de dólares en 1988. Incluso, tras haber calculado la inflación, queda un crecimiento del 125% en 9 años.

A lo largo de los años ochenta, los programas de represión crecieron más rápidamente que los demás sectores de intervención. Es más, desde 1981 a 1986 se ha producido un descenso constante en las cantidades destinadas a los programas de tratamiento, a pesar de que en estos últimos dos años se ha producido un incremento continuo.; desde 1986 las sumas destinadas a la prevención han sufrido un modesto incremento. Este reciente aumento (por lo menos en el caso de las intervenciones de desintoxicación) parece ser causado por el miedo al contagio del SIDA a través del intercambio de jeringuillas. El presidente de la Comisión del SIDA del presidente Reagan ha solicitado la apertura de 3.300 centros de desintoxicación por un coste anual calculado en 2.5 mil millones de dólares, pero el presidente no ha acogido la indicación (New York Times, 25 febrero 1988).

Tabla 1 - Sumas destinadas para la política federal antidroga en millones de dólares (dólar de 1982*)

Años fiscales 1981 -

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Represión 863 982 1138 1315 1498 1538 1943 2043

Recuperación 221 162 176 171 171 166 313 303

Prevención 125 124 132 140 157 163 270 372

TOTAL 1209 1268 1446 1626 1826 1867 2526 2718

* calculados usando los deflactores implícitos proporcionados por la Office of Management and Budget; Fuente: National Drug Policy Board 1987.

El interés que se ha suscitado de nuevo por los programas de prevención como el remedio a largo plazo más plausible y no nocivo, se debe a la poca eficacia de la represión contra la droga. Sin embargo, la prevención goza todavía de un modesto porcentaje del total de las cantidades destinadas. En 1988 la cifra era de 454 millones de dólares, es decir el 14% del total. (3).

El Congreso ha establecido penas más graves para los traficantes de droga juzgados en las cortes federales. Esta nueva legislación, tal y como prevén las primeras indicaciones de la U.S. Sentencing Commission, prevé periodos de encarcelameinto de 20 a 40 años para quien sea considerado culpable de vender grandes cantidades de droga. Las indicaciones no permiten la libertad de palabra y la Sentencing Commission prevé que la población de las cárceles federales, que en la actualidad una tercera parte la forman inculpados por delitos vinculados a la droga, será por lo menos un 38% más en 1997 como resultado de dichas sentencias (U.S. Sentencing Commission, 1987).

Programas estatales y locales a partir del 1980. Los cambios de incremento entre los distintos programas son más difíciles de seguir a nivel estatal y local: los datos sobre los gastos locales y estatales para recuperación y prevención de la droga son disponibles sólo junto a los de los gastos para programas similares para el alcohol. La tabla nº 2 muestra un cálculo de dichos gastos para 1985 y 1986. Cabe subrayar que las cifras locales y estatales incluyen algunas financiaciones federales para dichos programas: en realidad gran parte de las destinaciones federales para recuperación y prevención consisten en bloques de subvenciones y programas locales.

Por lo que se refiere a los gastos locales y estatales tenemos a disposición un solo estudio que examina las cifras de 1985 y 1986. Godshaw, Koppell y Pancoast (1987) han examinado una muestra de centros locales y estatales: el resultado obtenido es de 4,9 mil millones de dólares en 1986 de los 4,1 de 1985. La cifra de 1986 representa el 18,2% del total de los gastos estatales y locales para servicios de policía, reforzando así la sensación de que la represión contra la droga se ha convertido en una de las actividades principales de la policía en todo el país.

Tabla nº 2 - Gastos locales y estatales para servicios contra el abuso del alcohol y la droga, según las fuentes de financiación, en millones de dólares.

Años fiscales 1985 y 1986

Centros estatales para alcohol y droga 659,1 751,7

Otros centros estatales 59,4 95,5

Subvenciones contra alcohol y droga 236,8 256,9

Otros del gobierno federal 25,4 43,5

Otras fuentes 294,6 339,9

TOTAL 1364,6 1641,0

Nota: Se han representado sólo los programas que reciben financiaciones de los centros estatales contra el alcohol y la droga: Butynski et al,1987.

Los cálculos de Godshaw, Koppell y Pancoast no incluyen los gastos de los abogados acusadores que se producen después del arresto, el sector judicial y el sistema correccional. Si se tiene en cuenta que dichos componentes del sistema de la justicia estatal y local alcanzaron en 1985 un coste total de 20,4 mil millones de $ (4) y que un tanto por ciento cada vez más alto de los arrestos por droga se concluye con un proceso y una condena, es lógico considerar que los costes del endurecimiento de la represión antidroga para el componente no policial son consistentes, probablemente ascienden a 3,7 mil millones de $.

Resulta evidente que incluso a nivel local y estatal, como así mismo federal, el recrudecimiento de la represión constituye la mayor parte de los gastos del gobierno en materia de droga. En 1985, el único año con el que se pueden hacer comparaciones, los gastos estatales ascendían a 7,8 mil millones de dólares aproximadamente, contra los 1,1 mil millones de dólares aproximadamente destinados al tratamiento y la prevención del abuso de alcohol y droga. (5)

Las cifras correspondientes a los arrestros muestran como la expasión de las medidas de represión a nivel no federal tenían como objetivo los traficantes en vez de los consumidores y sobre todo el mercado de la heroína y la cocaína. Entre 1981 y 1986 el total de los arrestos por droga a nivel no federal aumentó un 50%. Los arrestos por venta o distribución de cocaína y heroína se quintuplicaron como mínimo, pasando de los 23.500 de 1981 a los 104.000 de 1986. (6) Los arrestos por posesión de marihuana, que constituían el 72% de todos los arrestos por droga en 1986 fueron 279.000 (36% del total de los arrestos por droga), el 20% menos del año anterior.

No contamos con datos nacionales sobre los arrestos, pero la información disponible indica que la severidad de las sentencias ha aumentado. Por ejemplo, en el Distrito de Colombia la pena media para los condenados por ofensas concernientes a la droga aumentó de 5,5 meses en 1981 a 25,5 meses en 1986 (Reuter, Haaga, Murphy y Praskac, 1988). En el Estado de California, de 1981 a 1986, el número de arrestos "por felonía" (7) perseguidos por violaciones de droga, en oposición a los arrestos "por mala conducta" aumentó un 140%, de 17.000 a 41.000. Entre todos los imputados en 1981, el 73% fue condenado a distintas formas de detención; en 1986 se encarceló al 95% de los procesados.

En conclusión, las cifras muestran todas ellas un rápido incremento de la represión antidroga y el recrudecimiento de las medidas de castigo. El conjunto de los gastos a nivel nacional para las medidas de represión en 1985 oscilaba entre los 10-12 mil millones de dólares mientras que los gastos a las medidas de tratamiento y prevención se les destinaba menos de 2 mil millones.

INFLUENCIAS EN LAS RECIENTES POLITICAS ANTIDROGA

Antes de dedicarnos al análisis de las opciones políticas existentes, nos puede ser de ayuda considerar cuáles son las fuerzas que han determinado la política antidroga de los Estados Unidos. En especial porqué, aún a pesar de hallarnos ante la evidencia de los límites de la eficacia de las medidas de recrudecimiento legal, el gobierno federal ha seguido expandiendo estas medidas?

El rápido crecimiento de los gastos federales para la represión del abuso de droga refleja una creciente atención hacia el tema expresada a todos los niveles gubernamentales. El presidente Ronald Reagan y el ministro de Justicia Edwin Meese dieron varios discursos que han tenido eco en la prensa sobre los peligros del abuso de droga y sobre la necesidad de incrementar el esfuerzo nacional para combatirlo. Así mismo, el Congreso ha manifestado su seria preocupación de que el ejecutivo no estuviese haciendo todo lo posible para resolver el problema.

Estas fuerzas se unieron en 1986 para aprobar el Omnibus Drug Control Act del mismo año, prometiendo otro aumento masivo de sumas destinadas a todo tipo de programa para controlar la droga. El Congreso ha intentado incluso hacer del ejército el instrumento principal de su lucha: un proyecto de ley aprobado en la Cámara requería que el ejército "cerrase las fronteras" a la droga en un plazo de 45 días. El Senado no aprobó el proyecto, objetando que se trataba de una petición absolutamente irrazonable que iría en detrimento de la capacidad de los militares para desarrollar su verdadera función. (9).

En cualquier caso, el Congreso ha ampliado considerablemente las iniciativas federales contra la droga. La presentación de la propuesta de ley estaba determinada en gran parte por dos muertes a causa de la cacaína que habían dado mucho que hablar, la muerte de dos superdotados jóvenes atletas (Len Bias y Don Rogers), como así mismo la proximidad de las elecciones.

En el año electoral 1988, el Congreso ha tratado el tema de nuevo. La Cámara de los Diputados ha vuelto a votar un proyecto de ley que otorgaba el papel principal en la guerra contra la droga a los militares (Washington Post, 6 de mayo de 1980), y el Senado ha rechazado de nuevo el proyecto, aunque ha acordado la ampliación de los poderes represores del ejército. Actualmente el Congreso está preparando un grupo de propuestas que los legisladores esperan poder aprobar antes de las elecciones del mes de noviembre.

Estas recientes decisiones del Congreso no han suscitado mucha polémica, excepto en lo que se refiere a las penas de muerte y a la implicación de los militares en el asunto. A causa de la gran atención que el público le ha prestado al problema, ningún político puede correr el riesgo de mostrarse demasiado débil ante el problema de la droga. Ello dificulta considerablemente la guerra contra las propuestas de destinar más recursos a iniciativas represivas, por muy inútiles que éstas sean. Cuando se aprobó el Omnibus Drug Control Act, muchos periódicos hablaron, de forma despiadada pero realista, del "empacho" de varios legisladores que no querían por nada del mundo parecer menos apasionados que sus colegas en la cruzada contra el tráfico de droga. Con respecto al proyecto de ley de 1986, la Cámara de los diputados aprobó cualquier enmienda que propusiese la ampliación de los programas existentes y autorizase sumas mayores para la guerra contra la droga. Todas las enmiendas que amenazaban con efectuar cortes fu

eron rechazadas. (Congressional Quarterly Almanac, 1985).

En la Conferencia de la Casa Blanca por una América Libre de la Droga que se celebró en marzo de 1988 se puso de manifiesto la misma acentuación de las medidas represivas. A pesar de que entre los ponentes figurasen varios miembros del Congreso críticos para con la Administración, no se estudió ninguna estrategia que propusiese una política menos represiva. Las discusiones oscilaron sólamente sobre cómo castigar.

Los que desean cambiar la estrategia del país deben enfrentarse a un problema fundamental, la falta de oportunidades y alternativas para gastar esas sumas astronómicas que hacen resaltar las decisiones políticas. La falta de fondos que se acusaba antes para los programas de prevención significa que existen pocos modelos que funcionen correctamente que sirvan de referencia cuando se toma en consideración una expansión masiva de los esfuerzos para la prevención. No existen programas que hayan sido experimentados a gran escala, y son pocos los profesionales dispuestos a desarrollar o poner en marcha programas para sistemas escolásticos específicos. Cuando, en el año fiscal de 1987, se le pidió al gobierno federal que gastase 200 millones de dólares para la prevención, los distintos programas tuvieron que saltar muchos obstáculos para encontrar objetivos razonablemente pertinentes en que emplear dicho dinero. La rápida expansión de nuevos programas es siempre difícil, tal y como ya se ha demostrado en otros camp

os.

El tratamiento de desintoxicación no recibe la debida atención por distintos motivos. Los programas de tratamiento, por lo menos hasta mediados de los años ochenta, contaban con un tipo de clientes políticamente poco convenientes. La gran mayoría de los consumidores de heroína eran de sexo masculino, pertenecientes a minorías, y no seguían el tratamiento con constancia. A pesar de que los dirigentes de las comunidades minoritarias hubiesen solicitado enérgicamente un aumento de los fondos para la desintoxicación, ni tan siquiera ellos mismos los consideraban de carácter prioritario. La reducción de los fondos destinados a la rehabilitación de los programas de subvención en 1981 suscitaron escasas reacciones. Los resultados positivos de los tratamientos en lo que se refiere a menor consumo de droga, delincuencia e infecciones son difíciles de cuantificar y, en cualquier caso, son bastante ajenos al ciudadano.

Así pues, ante el imperativo de tener que hacer algo, se dio un fuerte impulso a los recursos represivos que poseen resultados inmediatos y visibles, es decir, más traficantes en la cárcel y más droga confiscada. Mientras una mayor represión produzca mayor número de arrestos y mayor número de comisos, es difícil objetar que dicha represión no sirve de nada, sobre todo considerando el alto nivel de los traficantes arrestados por los federales. Nosostros estamos convencidos de que estas razones son la causa de un prejuicio significativo en la división entre los diversos tipos de iniciativas.

DECISIONES POLITICAS

Existe una gran insatisfacción con respecto a la situación actual del problema de la droga. La política de los Estados Unidos se demuestra ineficaz y cara, tanto por los gastos que supone directamente para el gobierno, como, más todavía si cabe, indirectamente para la sociedad. A pesar de que se aprecien algunos síntomas de cambio positivo, como por ejemplo el reducido número de adolescentes que consumen marihuana en exceso, las cifras siguen siendo altas con respecto a otros países y otros años.

En esta parte del informe examinamos los dos extremos del abanico de posibilidades que se les presenta a los políticos. La legalización del consumo y de la venta de droga, que es el cambio más drástico de política social posible en materia de estupefacientes, está suscitando gran interés. Por otra parte, existe una tendencia generalizada a realizar mayores esfuerzos para identificar y castigar a los consumidores de sustancias ilegales.

Legalización.

A principios de los años Sesenta, muchos Estados modificaron significativamente sus leyes con respecto a la posesión de marihuana. La simple posesión de pequeñas cantidades de marihuana para consumo personal se consideraba un delito menor, equivalente a la infracción del código de la circulación: ser condenados por este tipo de delito no comportaba antecedentes penales. El movimiento para la despenalización tuvo sus orígenes en el Informe de la Comisión Nacional sobre la Marihuana y el Abconsumo de Droga (1973), que recomendaba un cambio de este cariz. El Informe, a pesar de que el presidente Richard Nixon lo rechazase incluso antes de su publicación definitiva, tuvo un gran impacto.

En algunos estados dicho cambio fue drástico. En California, por ejemplo, en los años anteriores a la aprobación de la ley Moscone en 1974, los delitos por marihuana constituían el 20-25% de los arrestos con condenas superiores a un año. El número de arrestados por marihuana con dicho tipo de condena después de 1974 descendió un 75%, de 99.600 se pasó a 19.300 en 1976. En el mismo periodo aumentó el número de arrestos por mala conducta relacionados con la marihuana, de 3.500 se pasó a 34.100, pero el número total y la "severidad" media en los procesos por marihuana declinó drásticamente. (Aldrich y Mikuriya, 1988; Bronwell, 1988).

Entre 1973 y 1978, once estados, un tercio aproximadamente de la población, cambiaron así mismo las leyes. Los datos disponibles indican que la despenalización tuvo poco peso en el predominio del consumo de la marihuana (Bronwell, 1988). A partir de 1976, el movimiento a favor de la despenalización se estancó. Ningún estado ha abolido la ley de despenalización, pero el apoyo del público a esta medida ha descendido. En los últimos diez años, el porcentaje de personas favorables a penas severas por la posesión de pequeñas cantidades de marihuana para consumo personal ha crecido, según los sondeos Gallup, en todos los grupos de edad. Resulta particularmente interesante destacar que el aumento más marcado se halla en el grupo de personas de 13 a 29 años, en donde el porcentaje aumenta del 29% de 1977 al 44% de 1985 (Gallup, 1986).

A pesar de ello, últimamente se ha suscitado un gran interés por la discusión sobre cambios más radicales en las leyes sobre la droga. A pesar de que ningún político importante haya tomado posición a favor de la legalización, muchos han solicitado que se examine esta posibilidad. (10) Su posición se basa, en la consternación por los costes de la política actual, más que en el entusiasmo por la legalización.

La dificultad de disctutir sobre la legalización yace en el hecho de que por el momento no podemos describir ni tan siquiera aproximadamente lo que sucedería si se legalizasen las drogas.

Cuando se habla de legalizar drogas como la cocaína y la heroína no se entra en un territorio virgen. No existe una línea que delimite la frontera entre el alcohol y algunas drogas prohibidas. (11) Para muchas personas el alcohol crea gran dependencia y es peligroso para la salud; para algunas minorías étnicas (por ejemplo, las tribus de indios en América), que lo metabolizan mal, el alcohol constituye la primera causa de muerte para los jóvenes de sexo masculino. Es más, casi la mitad de los culpables de delitos admiten haber ingerido alcohol antes de cometer el delito.

Que en esta nación el consumo de alcohol sea legal y el consumo de las otras drogas sea prohibido, es en gran parte un accidente histórico. En muchas sociedades musulmanas ocurre exactamente lo contrario: el hachís es legal mientras que el alcohol está prohibido, a veces con penas de lo más severas por su posesión.

Las experiencias del Prohibicionismo y de su Abolición proporcionan una analogía muy discutida con la legalización de la droga. No cabe duda de que el consumo de alcohol durante el prohibicionismo descendió considerablemente (Aaron y Musto, 1981; Burnham, 1968); se calcula que descenso del consumo per cápita oscilase entre la mitad y dos tercios. Es interesante notar que las enfermedades debidas al consumo pesado de alcohol, como la cirrosis hepática, descendieron visiblemente (Aaron y Muston 1981). El prohibicionismo no influyó en el bebedor esporádico

A pesar de ello la Abolición se aprobó, tras 13 años de Prohibicionismo, con poquísima oposición (Kyvig,1789). El coste evidente del Prohibicionismo, la corrupción política, la violencia y la crominalidad organizada (en especial la moderna Mafia Americana) que producía, se consideró un precio demasiado alto. La Eickersham Commission, presidida por un ex ministro de Justicia, preparó el terreno con un informe detallado sobre el fracaso de la represión. Puede ser importante el hecho de que la eficacia reconocible de la represión prohibicionista descendió a partir de finales de los años veinte.

Tomando en consideración la importancia de la Abolición, debemos en primer lugar subrayar que no tenemos porqué pensar que la nación tomase la decisión idónea. En 1932 se sabía mucho menos sobre los daños que ocasionaba el alcohol y tampoco se sabía que el Prohibicionismo había reducido drásticamente el consumo. La corrupción, la violencia etc. causadas por el Prohibicionismo hubieran podido acarrear un coste social inferior al aumento del consumo de alcohol que tuvo lugar tras la Abolición. Pero la corrupción y la violencia eran costes inmediatamente visibles que se podían confundir con el coste menos visible y a más largo plazo del aumento del consumo.

En segundo lugar, los costes y los beneficios de la prohibición de las drogas poseen contextos específicos. De hecho, a pesar de que el mercado ilegal de las sustancias estupefacientes haya causado en algunas ciudades una corrupción de relieve, dicha correupción es menos sistemática y ha afectado al proceso menos profundamente de lo que afectó durante el Prohibicionismo. Por aquel entonces, los contrabandistas controlaban literalmente la elección del alcalde en varias ciudades: la influencia de Al Capone en las elecciones municipales de Chicago en los años Veinte es sólo el ejemplo más llamativo. La corrupción no se daba exclusivamente a nivel local sino que se extendía abiertamente hasta el nucleo prohibicionista del Departamento del Tesoro e incluso hasta las fiscalías y los juicios federales. Las bandas que nacieron durante el Prohibicionismo duraron varios decenios después de su abolición y durante éste construyeron los contactos políticos que desarrollaron posteriormente.

Las consecuencias de la corrupción del prohibicionismo actual de la droga no han alcanzado nunca ese nivel en gran parte del país. Desde principios de los años Setenta en las agencias de investigación federales se han dado casos aislados de droga vinculada a la corrupción (12) y aún menos en las fiscalías y entre los jueces, a pesar de que se hayan llevado a cabo investigaciones exhaustivas. En algunas ciudades, Miami en particular, existía una corrupción difundida en el seno de la policía; en esa ciudad la patrulla de homicidios se vio implicada en el asesinato de algunos traficantes para revender la droga que le había quitado a las víctimas. Pero no existía ningún tipo de pruebas de que la corrupción se hubiese extendido de la policía a estructuras políticas en general.

Algunas de las diferencias entre los dos tipos de corrupción derivan de las distintas características de la droga y de sus consumidores. El alcohol, si se compara con la cocaína o incluso con la marihuana, ocupa por cada dosis mucho espacio, y muchos consumidores prefieren ingerirlo en compañía de amigos o extraños. Ambos factores hicieron que los contrabandistas se asegurasen una protección regular. Los mismos traficantes al por mayor no podían trasladar la mercancía sin ser vistos, ya que se necesitaban transportes pesados. Los que traficaban al por menor tenían que encontrar lugares fijos de venta a donde los clientes pudiesen acudir regularmente, quedarse un poco y sentirse relativamente seguros de las redadas de la policía. Todo ello no era posible comprando a un sólo policía sino que se necesitaba corromper a todo el departamento de policía, dado que prácticamente todo agente podía constituir un peligro para el tráfico clandestino.

Por el contrario, la cocaína ocupa poco espacio y se puede transportar en vehículos de turismo sin llamar la atención. Los consumidores la compran irregularmente, en cantidades relativamente grandes (como número de dosis), y generalmente la consumen en lugares privados. Ni el traficante ni el que la vende a grandes cantidades necesita comprar la protección a gran escala. Pueden intentar corromper a un agente que los pille con las manos en la masa, o pagar a un policía para estar al corriente de las redadas, pero de esta manera pueden contar con una protección relativamente débil. La creación de centros federales y estatales para la lucha contra la droga ha reducido más todavía la protección que pudieran ofrecer policías aislados. La corrupción debida a la droga es un problema, pero no se puede comparar a la que generó el Prohibicionismo.

No es posible generalizar los puntos en común entre el Prohibicionismo y la política contra la droga. Las prohibiciones actuales para la marihuana parecen bastante ineficaces. Disponer de la droga no es difícil, sobre todo para los jóvenes. Cada año más del 80% de los estudiantes de C.O.U. afirman que la droga está a su disposición o que la pueden obtener fácilmente. Además, a pesar de que sea presumiblemente mucho más cara de lo que sería si no fuese ilegal, no deja de ser una manera más o menos barata de procurarse euforia, algo así como 1 dólar y medio por un viaje que dura dos horas o más. Si se vendiese libremente, su consumo aumentaría sin lugar a dudas, pero tal vez no aumentase de modo excesivo.

Pero, a pesar de ser bastante ineficaz, la prohibición de la marihuana es poco cara. Desde luego la causa de que las calles de las ciudadaes americanas sean inseguras no se debe a los beneficios que proporciona la marihuana. No existen motivos para creer que el consumo de marihuana sea por sí mismo criminógeno. Algunos podrán objetar que el arresto de varios cientos de miles de personas por la simple posesión de marihuana es un coste social importante, dado que criminaliza una actividad que se diferencia poco del consumo permitido del alcohol.

Por el contrario, la represión del mercado de la heroína es tan eficaz como cara. La droga es carísima (2000 dólares por gramo, comparado a los 10 dólares por gramo que cuesta comprarla en la farmacia en Inglaterra), y es difícil de encontrar. Los consumidores se ven obligados a buscar la droga en ambientes peligrosos y a exponerse al riesgo de que les roben o a violencias físicas. El número de consumidores no parece haber sufrido aumentos a partir de la mitad de los años Sesenta y no parece qu desde entonces se haya producido una captación de consumidores relevante: el problema se halla relegado a un grupo de personas de sexo masculino, perteneciente a grupos minoritarios, que vive en la ciudad y cuya edad media está en aumento.

Muchos de los peligros a los que se exponen actualmente los consumidores de heroína son claramente consecuencia de las condiciones creadas y de las medidas represivas más que de la droga en sí. La represión apremiante ha comportado amplias variaciones en la pureza de lo que se vende en las calles y por lo tanto al aumento de las sobredosis. Las dosis inciertas, los posibles disolventes tóxicos y las agujas sucias son riesgos semejantes a los que tenían que afrontar los contrabandistas durante la época del Prohibicionismo. Los consumidores de heroína tienden en gran parte a tener comportamientos criminales cuando se hallan bajo el efecto de la droga; un porcentaje significativo del delito urbano se puede atribuir razonablemente al hecho de que los heroinómanos necesitan fuertes sumas de dinero para costearse su vicio. El consumo de la heroína está estrechamente vinculado a la difusión del SIDA dado que la represión apremiante ha impulsado a los heroinómanos de distintas ciudades a compartir el consumo de las

jeringuillas. Si la heroína se obtuviese legalmente se podría distribuir de manera que se eliminaran dichos riesgos.

Así pues, los costes y los beneficios de la legalización son específicos para cada droga. La legalización de la heroína puede reducir considerablemente los delitos en las calles y la mortalidad entre los heroinómanos, pero puede así mismo aumentar el número de tóxicodependientes. (13) la legalización de la marihuana puede hacer que no crezca el coste social que se deriva del consumo de la droga de por sí, pero no producirá tampoco beneficios en lo que a reducida corrupción, violencia y poder de los gangsters se refiere.

Algunas de las consecuencias negativas del consumo de droga no son fácilmente eliminables. Los consumidores de cocaína cuentan en la actualidad (14) que les resulta difícil controlar la depresión, o "crash", posterior al momento cumbre de euforia de la droga. El 68% de una muestra de llamadas telefónicas llegadas a un número de teléfono especial para la cocaína declaraba consumir alcohol, marihuana, heroína o tranquilizantes para reducir los efectos estimulantes de la droga o aliviar las secuelas (Gold, Mashton y Dockis, 1985). Un resultado de la legalización de la cocaína podría ser un grave aumento del consumo pesado del alcohol, con todas las consecuencias imaginables que acarrearía a la salud y al mundo del delito.

Al igual que para otros aspectos de la legalización, existe una gran incertidumbre con respecto a las consecuencias de un aumento del consumo de la droga. Aunque se eliminasen algunos efectos negativos del consumo de cocaína, heroína y marihuana, otros seguirían existiendo y se acentuarían.

Ni, por supuesto, tampoco se puede defender la legalización de todo tipo de droga. La fenidiciclidina (PCP) una droga común en pocas ciudades, es extremadamente peligrosa aunque sólo se consuma una vez; al igual que el LSD puede provocar reacciones psicóticas, comportamiento violento y extraño como así mismo produce daños permanentes en el cerebro. Al ser especialmente difícil de controlar, dado que se produce nacionalmente y se necesita escasa competencia técnica, resulta igualmente difícil imaginar un escenario en el que el gobierno pudiese permitir la difusión legal de una droga tan peligrosa. Dada la naturaleza de nuestro sistema de responsabilidades civiles es imposible que pueda darse un sistema de distribución legal. La responsabilidad potencial de los distribuidores de los comportamientos de las víctimas lo impediría.

No pretendemos ofrecer un análisis completo sobre la decisión de legalizar la droga. Se sabe poco sobre el número de consumidores que se darían si algunas drogas se pudiesen obtener legalmente, como así mismo la capacidad de control del propio uso de éstas y cómo cambiaría el comportamiento a causa de su consumo. En cualquier caso, lo que está claro es que se trata de una decisión que hay que estudiar detalladamente. Dado el problema que crea nuestra política actual, no se puede eliminar sin más; dados los peligros de una rápida extensión del consumo de droga, no se puede aprobar fácilmente. Y no se puede tratar como una única decisión. Hay drogas que se pueden legalizar, otras no.

LA VIA DE LA REPRESION

Mientras los defensores de la legalización exigen un cambio de política que mitigue las condenas por consumo de droga, otros han sugerido el camino opuesto. Pasamos a discutir las distintas alternativas políticas.

Tolerancia cero.

El endurecimiento de la política gubernamental en materia de represión contra los consumidores a menudo se resume con la expresión "tolerancia cero". Esta es la etiqueta con la que se ha bautizado a onerosas iniciativas como las de confiscar buques por parte de los guardacostas en busca de pequeñas cantidades de marihuana. Por ejemplo, los guardacostas confiscaron un buque oceanográfico; dicha operación costó 60 millones de dólares y todo porque había encontrado una colilla de marihuana. El buque fue devuelto, al igual qu otros muchos confiscados con el mismo criterio, e incluso éste se aplicó más duramente. A pesar de ello, existe un gran entusiasmo por las condenas duras contra aquellos que se hallan en posesión de pequeñas cantidades de droga para consumo personal. (15)

La tolerancia cero va mucho más allá del confiscar yates o aeroplanos. Incluye también controles en los puestos de trabajo y serias penalizaciones para aquellos que se hallan en posesión de pequeñas cantidades. Hay quien ha propuesto que se multe con la anulación del carnet de conducir o la suspensión de préstamos federales para los estudiantes seguido de una condena por posesión (Washington Post, 26 de julio de 1988).

Es dificil definir las bases de la política de tolerancia cero, aunque sí se pueden delinear dos puntos. Uno se resume simbólicamente con una declaración de la Sra. Reagan durante la Conferencia de la Casa Blanca por una América Libre de la Droga, celebrada en marzo de 1988: el consumidor está directamente implicado en el crimen organizado (16) porque no existe traficante sin consumidor. La imposición de penas severas intenta dejar bien clara esta responsabilidad. El segundo elemento es consiste en infundir temor. Puede que los nuevos consumidores consideren seriamente el riesgo de perder el carnet de conducir, etc., y así pues, puede que no se conviertan en consumidores asiduos.

La afirmación de la responsabilidad del consumidor particular, elemento utilizado a menudo en muchos discursos políticos sobre la droga en 1988 (véase la declaración de la Senate Democratik Task Force on Drug Policy en junio de 1988), es muy distinta de las iniciativas represivas contra los consumidores de los años Sesenta y principios de los Setenta, que condujeron a la despenalización de la marihuana. Consiste, en parte, en la intención de hallar penas que cuesten poco al gobierno y mucho al consumidor. Hoy en díano se oye hablar de encarcelamiento y condenas severas para quien se halla en posesión de de poca marihuana para consumo personal. Resulta imposible indicar cuál sería el efecto general ---- de dicha política, nuestras valoraciones sobre el consumo de droga son demasiado recientes y no son lo suficientemente elaboradas como para determinar los efectos que produciría un cambio en la política. Los consumidores que se desalienten más fácilmente serán, como siempre, aquellos que consumen droga en poc

as ocasiones. Los consumidores habituales, a pesar de no ser dependientes, se verán mayormente implicados en el consumo. Es más probable que cuenten con un círculo amistades que consuman droga habitualmente. Para éstos últimos, dejar la droga puede significar cambiar amigos y estilo de vida.

Ello significa que tal decisión política puede parecer ineficaz a corto plazo, dado que no reduce el número de consumidores habituales. A largo plazo puede ser eficaz, dado que menos consumidores esporádicos pasarían a ser asiduos. El consumo habitual de droga lo estimula el contacto con otros consumidores habituales.

El uso habitual de la droga es una costumbre desarrollada en la adolescencia, a menudo a los 16 años; es importante contar con una serie de penas que puedan parecer graves a este grupo de edad. Una de estas penas consiste en privar del carnet de conducir. Otras medidas sugeridas, como la de que los estudiantes no puedan gozar de préstamos del gobierno, pueden afectar bastante de cerca esa edad, aunque requieran la actuación de los padres.

Un lado positivo de las sanciones contra los consumidores consiste en que, al contrario de lo que sucede con los traficantes, es que reducen los ingresos de éstos. Trabajan directamente según la demanda del mercado; sin embargo, las medidas contra los traficantes pueden aumentar las entradas, dado que el precio depende de la demanda y del riesgo del traficante para hallar la droga.

Sin embargo, un problema importante lo constituye la equidad de dichas sanciones. A pesar de que sean de naturaleza más civil que penal, imponen al consumidor medidas muy severas. Existe una justificación para actuar de esta manere, a parte de la esperanza de desalentar?

Siempre resulta difícil encontrar la pena adecuada a cada delito. El punto de vista común exige que ésta responda a tres características: que sea comprensiblemente severa, que infunda temor y que no produzca daño (p. ej., la reducción del peligro para la comunidad debida al encarcelamiento del particular). Actualmente, el uso esporádico de marihuana se considera un delito menor, comparable al del exceso de velocidad más que a un robo o a un tipo de violencia. No existen pruebas de que castigar a los consumidores infunta temor: la amplia difusión del consumo de marihuana, de 1960 a 1975, coincide con las penas más altas por posesión.

Los argumentos a favor de dichas medidas se basan en la contribución de los consumidores al aumento del fenómeno. Ello deriva de uno de los siguientes motivos, o de ambos. En primer lugar, la adquisición mantiene una amplia cadena de actividades criminales, desde la cultivación en los países de orígen hasta el contrabando en los Estados Unidos y la distribución entre los ciudadanos. Así pues, el consumidor debe pagar la parte correspondiente al coste social de dichas actividades. En segundo lugar, el consumidor puede convencer a otros a que consuman droga: sin esta forma de atracción al consumo, éste cesaría, por motivos sociales en vez de financieros. Las sanciones contra los consumidores se basarían en el riesgo de que cada uno de ellos pueda "contagiar" a otras personas, por usar un término epidemológico.

Nosotros exponemos estas ideas sin defenderlas necesariamente. Es obvio que representan juicios de valor controvertidos que muchas personas rechazarán. De todas formas, consideramos que este tipo de juicios deben ser avalados si se justifica la política de la tolerancia cero.

Los controles en los puestos de trabajo.

Junto a la política de tolerancia cero ha aumentado la presión para que se realicen controles en los puestos de trabajo. En algunos sectores resulta fácil hallar justificaciones para este tipo de pruebas: un mecánico de un aeropuerto que se halle bajo los efectos de la droga puede poner en peligro la vida de muchas personas y distinguir los efectos de la marihuana resulta más difícil que distinguir los del alcohol.

Existe un fuerte movimiento que ejerce presión para que se realicen controles más exhaustivos, dirigidos no a la protección de terceros, sino a desalentar el consumo de droga entre la población trabajadora. Por ejemplo, el ministro del Interior, en 1988, impuso exámenes a suertes a 17.000 empleados del ministerio: entre ellos se hallaban operadores de carros elevadores y asistentes recreativos.

Debemos preguntarnos de nuevo si estos controles son eficaces o inútiles. Desde luego, depende en gran parte de cómo se realicen las pruebas y las consecuencias de un resultado positivo para el particular sometido a examen. Se dice que en algunas empresas la dirección ha utilizado dichos controles contra miembros del sindicato a los que se quería echar. Si los controles antidroga en los puestos de trabajo se aceptasen de común acuerdo, sería necesario hacer de modo que éstos se realizasen correctamente. Del mismo modo, la reacción al resultado positivo de una prueba debería ser positiva: es probable que despedir basándose en una sóla prueba no siguiese dicho criterio. Lo que se debería hacer es enviar al trabajador a un centro antidroga, aunque podría ser que dichos centros no quisieran trabajar con personas que consideran su problema una cuestión laboral y no de droga.

Los test antidroga se realizan en la actualidad, al menos para las solicitudes de trabajo, en muchas grandes empresas y hay quien presiona para que se extienda a los ya empleados. Qué efecto podría causar todo ello en el consumo de droga?

Se da por descontado que con las pruebas no se pueden hallar restos de consumo de droga pocas semanas después de haberla consumido

Considerando que no es posible demostrar que una persona ha consumido droga pocas semanas antes de efectuar la prueba, es difícil que puedan tener efecto en consumidores que todavía frecuentan el colegio. Sin embargo, podrían incidir entre la población trabajadora adulta. Los datos generales no permiten calcular con precisión la distribución del consumo de droga en dicha población, pero parece ser que una parte considerable de los consumidores habituales pertenezcan a este grupo. Así pues, si someterse a un control antidroga fuese condición para seguir trabajando en un amplio número de sectores, podría causar un efecto considerable en el predominio del consumo de droga.

Sin embargo, puede que se produzcan algunas lagunas en los controles antidroga en los puestos de trabajo. En el extremo más alto de la escala social de profesionales como abogados y fiscales, muchos de ellos se podrían oponer al control por considerarlo detrimento de su integridad. En el polo opuesto, se hallan los trabajadores temporales y los que trabajan a bajo precio en pequeñas empresas a los que tal vez no se les realizase la prueba porque a sus jefes no les interese costearla, pues los resultados no se podrían utilizar nunca para efectuar un tratamiento o para sancionarlos. El control quedaría relegado a los empleados de grandes empresas y del gobierno federal, (17), que no son necesariamente grupos a alto riesgo.

Los controles en los puestos de trabajo pueden causar efectos en el consumo de droga. Una vez más hemos de decir que pueden afectar sólo a una parte de los consumidores y que su impacto depende de la política que se adopte en caso de que los resultados salgan positivos.

CONCLUSIONES

La característica más destacada de la política antidroga a lo largo de los últimos diez años ha sido la falta de flexibilidad. La respuesta al empeoramiento del problema ha consistido en llevar a cabo una política aun más severa. Además, y a pesar de que se haya suscitado un reciente interés por la legalización, la tónica de las críticas es que dicha política no ha sido suficientemente dura; demasiados contrabandistas consiguen escapar a la ley, muy pocos entre los condenados por tráfico de droga van a la cárcel y casi ningún consumidor es castigado.

Y estas críticas no provienen sólo de la derecha política. Durante la campaña de la candidatura democrática para las elecciones presidenciales de 1988, el reverendo Jesse Jackson, considerado el más liberal de los candidatos, insistió en la necesidad de castigar más duramente a los traficantes. Y a pesar de que Jackson haya pedido un aumento de fondos para para los programas de prevención y cura, lo ha hecho en el margen de un endurecimiento de las medidas represivas. Se ha producido una amplia aprobación política de los castigos más severos.

Cuál es el motivo de todo esto? Hemos visto que los esfuerzos represivos han aumentado en varios niveles, pero, deteniéndonos en la cuestión de la cocaína, no hay pruebas de que hayan causado efectos dramáticos. No sólo el mercado ha crecido aparentemente, por lo menos en lo que se refiere a la cantidad consumida, pero el precio ha caido en todos los niveles del sistema de venta. La historia reciente nos ha enseñado a ser escépticos ante la eficacia de la represión como método para controlar el tráfico de droga.

Los Estados Unidos se encuentran ante una amplia gama de problemas relacionados con la droga. De la misma manera, existe un amplio abanico de estrategias y de programas que podrían mejorar dichos problemas. Con respecto a la droga, el país no está combatiendo una guerra, sino que se debe enfrentar a problemas sociales crónicos, que están vinculados a otros, como la pobreza, la calidad del sistema educativo y la fuerza de la comunidad. El progreso se medirá con el tiempo.

Si este punto de vista es correcto, el proceso político actual es inadecuado. La imagen de una guerra contra la droga, un estereotipo utilizado por los políticos, se sale del camino adecuado, es ambigua, da la impresión de fáciles victorias y de búsqueda de enemigos. En cambio, lo que de verdad hace falta es que se creen instituciones estables capaces de llevar a la práctica programas y estrategias a largo plazo.

Bibliografia

Aldrich, Michael R. and Todd Mikurya "Savings in California Marijuana Law Enforcements Costs Attributable to the Moscon act of 1976 - a Summary" J. Psycoactive Drugs, Vol 20, Number 1, Jan-mar 1988.

Bronwell, Gordon S. "Marijuana and the Law in California: A Historical and Political Overview" J. Psycoactive Drugs, Vol 20, Number 1, Jan-mar 1988.

Burnham, J.C. "New Perspective on the Prohibition "Experiment" of the 1920" Journal of Social History 1968.

Domestic Council Drug abuse Task Force, White Paper on Drug abuse, The White House, Washington D.C., 1982.

Drug Abuse Council, "The Facts about "Drug Abuse", Free Press, New York, 1980.

Epstein, E.J. , Agency of Fear, G. P. Putnam, New York, 1977.

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(1) En abril de 1988 un sondeo del New York Times-CBS dio un 48% de respuestas que indicaban el tráfico de droga como el mayor problema internacional que los Estados Unidos tenían que afrontar.

(2) Véase Nadelmann (1988) para una reciente afirmación en defensa del argumento.

(3) A principios de la Administración Reagan agunos funcionarios justificaban informalmente la falta de fondos para los gastos de prevención sosteniendo que era más apropiado que fuese el sector privado - iglesias u organizaciones voluntarias - el que se ocupase de la prevención y que el gobierno federal no debía interferir. Actualmente, estas tesis ya no se defienden ni tan siquiera informalmente.

(4) Esta cifra es el cálculo del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, Bureau of Justice Statistics (BJS). Cabe subrayar que el BJS calcula el total de los gastos judiciales estatales y locales en 1985 en 19,2 mil millones de dólares calculados por Godshaw, Koppel y Pancoast.

(5) Hemos restado de los gastos locales y estatales aquellos puntos que constituyen un paso del gobierno federal a los gobiernos locales y estatales, como las subvenciones en bloque para tratamiento y prevención.

(6) El Uniform Crime Report no distingue entre los arrestos por cocaína y los arrestos por heroína; creemos que gran parte del crecimiento del número total se debe al aumento de los arrestos por cocaína, pero no existen datos que permitan calcular las cifras por separado.

(7) Un arresto por »felonía es un arresto por una acusación cuya pena superior consiste en un año de cárcel, los demás arrestos se clasifican como »mala conducta .

(8) El porcentaje de los procesados condenados a un periodo de pena en las cárceles estatales ha aumentado de un 6 a un 14%. Por lo general descuentan una condena superior a un año, mientras que los detenidos en las cárceles locales cumplen una pena inferior.

(9) El senador Nunn, del estado de Georgia, objetó que sería como »aprobar una ley que dijese que el presidente debe encontrar un remedio contra el costipado antes del día de acción de gracias .

(10) Hasta el momento presente, la lista de éstos incluía a los alcaldes de Baltimore y Washington y a los diputados de Maryland, Nueva York y California.

(11) El tabaco, la otra sustancia peligrosa que crea dependencia corrientemente consumida, se puede distinguir del alcohol y de las demás drogas ilegales sólo porque no altera el comportamiento de forma alarmante.

(12) En su día, las investigaciones internas revelaron que agentes del Federal Bureau of Narcotics (precursores de la DEA) garantizaban inmunidad a los traficantes a cambio de información sobre otros traficantes; véase Epstein (1978).

(13) A corto plazo, el aumento podría ser bastante limitado, dado que los consumidores actuales son mucho más mayores que los nuevos en potencia y ofrecen modelos muy negativos.

(14) Los efectos psicológicos de una droga no son uniformes. El número de consumidores en régimen de legalización podría no ser superior al actual, y podría reaccionar de manera totalmente distinta.

(15) Estas acciones se han llevado a cabo gracias a una ley federal que permite embargar los bienes usados para el transporte de drogas. Por lo general se cree que los fiscales adoptan una actitud escéptica con respecto a los casos considerados »de largo alcance , sobre todo contra aquellos propietarios que a lo mejor ignoraban que llevaban droga a bordo.

(16) Refiriéndose a la muerte de un agente antidroga americano y del Ministro de Justicia de Colombia, el Señor Regan dijo que »los cocainómanos han comprado esas balas y que »si se es un consumidor esporádico de droga, se es complice del asesinato (New York Times, 1 marzo 1988.

(17) Los sindicatos de los empleados federales han presentado causa contra los controles gubernamentales; hasta el momento presente los jueces han dado siempre razón al gobierno, pero se espera una sentencia de la Corte Suprema.