SUMARIO: Contestando a una pregunta de la comisión especial sobre la droga del Parlamento europeo, Giancarlo Arnao, médico y autor de numerosos libros sobre la droga, trata el tema de la tutela social a partir de los comportamientos criminales de los toxicómanos. El fracaso de la actual política de control legal.

("Número único" para el XXXV Congreso del Partido radical - Budapest 22-26 abril 1989)

Desde el punto de vista de la tutela social (es decir de salvaguardar a la colectividad de los comportamientos criminales conectados con el uso de drogas) el presupuesto de control legal se presenta poco convincente, si se considera en una perspectiva histórica.

A principios de siglo, a pesar de que el fenómeno sobre el abuso de drogas fuese cuantitativamente igual o superior al actual, no representaba ningún riesgo para la colectividad. En el estado actual, el intento de limitarlo a través del control legal ha creado dos grandes zonas de criminalidad: 1) a nivel de consumo, una enorme difusión de los delitos comunes; 2) a nivel de producción y tráfico, el desarrollo de potentes estructuras de crimen organizado.

Se puede concluir especulando que la difusión de la criminalidad podría ser el precio que nos vemos obligados a pagar para no aumentar riesgos conectados con la tutela individual de los consumidores en potencia.

Expuesto de esta manera, el problema puede parecer insoluble. Cabe recordar, sin embargo, que el control legal no es necesariamente el único instrumento del que disponemos.

Es evidente que la política de control legal no me parece destinada a obtener resultados positivos a corto plazo.

En perspectiva, cabe buscar instrumentos alternativos al control legal para inducir a la gente a tomar conciencia de los riesgos del abuso de las drogas. A corto plazo, existe la posibilidad de realizar una serie de soluciones intermedias (legalización y/o descriminalización de algunas substancias o comportamientos, tomando ejemplo de lo que se ha hecho en algunos países) que podrían interrumpir algunos de los mecanismos que han determinado el fracaso de la política del control legal.