SUMARIO: José Luis Díez Ripollés, profesor de derecho penal de la Universidad de Málaga, sostiene la necesidad de eliminar la actual distinción entre drogas legales e ilegales. Distinción que no halla justificación ni en sus efectos ni en la escala de nocividad.

("Número único" para el XXXV Congreso del Partido radical - Budapest 22-26 abril 1989)

La política sobre las drogas debe dejar de distinguir, lo más rápidamente posible, entre drogas legales e ilegales. Tal distinción no está justificada por su capacidad adictiva, ni por su nocividad sobre la salud. Tampoco se aprecia una relevante diversidad en las pautas vitales que favorecen unas u otras, más allá de las vinculadas al hecho diferenciador de la prohibición. Las alegaciones basadas en el enraizamiento cultural de ciertas drogas en nuestras sociedades han dejado de tener peso tras la internacionalización de la política de drogas, reclamada por todos. La distinción se convierte en una nueva forma de opresión cultural y económica de los países poderosos que, simultáneamente, obligan a reprimir el tráfico y consumo de drogas connaturales a ciertas culturas pero ajenas a la suya propia mientras fomentan el consumo de nuevas drogas propias de la cultura occidental.

Se ha comprendido que la problemática de la droga en la actualidad no reside en los daños derivados de su consumo sino en el surgimiento de poderosas organizaciones de narcotraficantes que afectan o van a afectar a la organización institucional de muy diversos Estados y aun de todo el mundo democrático. La cuestión se centra en reflexionar si la despenalización no disminuiría drásticamente los beneficios de los narcotraficantes, privándoles consecuentemente de su poderío económico e institucional.