El autor del presente texto es profesor del departamento de Ciencias políticas de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs de la Universidad de Princeton.

SUMARIO: Progresivamente, la cuestión de "Legalizar la droga" se está tomando en consideración como modelo analítico así como alternativa metodológica para afrontar el "problema droga". La aproximación al problema desde el punto de vista policial ha demostrado las limitaciones de su capacidad para reducir la tóxicodependencia. Además, ha demostrado ser un sistema cada vez más caro y más contraproducente. Una política de legalización de la droga llevada a cabo correctamente podría reducir al mínimo los riesgos de la legalización como igualmente el alto precio de las iniciativas actualmente adoptadas y permitiría afrontar directamente los problemas de la tóxicodependencia.

Mientras aumenta a diario la frustración causada por el problema de la droga y por los métodos que se utilizan actualmente para combatirla, un número cada vez mayor de políticos, responsables del orden público, expertos en tóxicodependencia y ciudadanos de a pie, insiste en la necesidad de tomar en consideración una alternativa radical a la política antidroga actual: la legalización controlada (o la despenalización) de las drogas (1).

Al igual que sucedió cuando se intentó "Abolir el prohibicionismo", el eslógan que acabó por acompañar a todas las distintas oposiciones al Prohibicionismo, actualmente el eslógan "Legalizar (o Despenalizar) la droga", posee una gran carga de significado para mucha gente. El analista político ve la legalización como un modelo para examinar críticamente los costes y los beneficios de la política prohibicionista en materia de droga. Los libertarios, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista civil, la ven como una alternativa política que elimina las sanciones penales del consumo y la venta de droga que a tan alto precio se pagan tanto en lo que a libertad individual se refiere como desde el punto de vista económico. Otros la ven simplemente como un "medio para eliminar los delitos relacionados con la droga". En su sentido más amplio, en cualquier caso, la legalización une los distintos argumentos y el deseo creciente de dar más peso al tradicional recurso al sistema penal para tratar

el problema de la tóxicodependencia y acentuar por el contrario la prevención, el tratamiento, la educación y las restricciones no penales sobre la disponibilidad y el consumo de sustancias estupefacientes y las formas positivas de disuasión del abuso de drogas.

Bajo el nombre de legalización se agrupan distintas interpretaciones. En un estremo se hallan aquellos libertarios que abogan por la eliminación de todas las sanciones penales y por el establecimiento de un sistema de impuestos para la producción y la venta de todos los estupefacientes, exceptuando posiblemente la venta a los menores de edad. En el extremo opuesto se hallan distintas alternativas. Algunos desearían limitar la legalización a una de las sustancias ilegales menos peligrosas (relativamente hablando) es decir a la marihuana. Otros prefieren un modelo de vigilancia médica similar al de los actuales programas para la metadona. Entre estos dos extremos hallamos otras posturas que combinan la posibilidad de legalizar algunas drogas ilegales con esfuerzos decididos por restringir el consumo con medios que no sean punitivos. Muchos de los que propugnan esta doble aproximación solicitan paralelamente que se lleven a cabo mayores esfuerzos para limitar el consumo de tabaco y el abuso de alcohol y que las

sumas destinadas por el gobierno en vez de utilizarse para aplicar la ley antidroga se utilicen para la prevención y el tratamiento. De hecho, un botón de muestra de esta manera de entender la legalización lo representa el modelo de control del tabaco invocado por quien desea hacer algo para desalentar su consumo excepto criminalizar su producción, su venta y su consumo.

Obviamente, ni la legalización ni la represión prometen "resolver" el problema de la tóxicodependencia. No cabe la menor duda de que la legalización presenta algunos riesgos. Casi seguramente conduciría a un aumento de la disponibilidad de drogas, disminuiría su precio y eliminaría el poder que en estos momentos ostenta la sanción penal, todos ellos factores que invitan al aumento del consumo y del abuso de droga. Existen, sin embargo, por lo menos tres razones por las que vale la pena correr estos riesgos. En primer lugar, las estrategias de control de la droga que se basan principalmente en las medidas represivas son limitadas insistente y significativamente por sus incapacidad de reducir la tóxicodependencia. En segundo lugar, muchos de los esfuerzos represivos, a parte de poseer una eficacia limitada, son muy caros así como contraproducentes. De hecho, muchos de los males vinculados a la droga que mucha gente identifica como parte del "problema de la droga" en realidad son el precio que se paga por las o

pciones prohibicionistas. Por último, los riesgos de la legalización podrían ser menores de lo que muchas personas se imaginan, sobre todo si se aplican medidas alternativas inteligentes.

Las limitaciones de la política prohibicionista

Actualmente, son pocos los responsables de la aplicación de las medidas represivas antidroga que sostienen que sus esfuerzos pueden hacer más de lo que ya se ha hecho para reducir el abuso de droga en los Estados Unidos, tanto por lo que se refiere a las iniciativas prohibicionistas internacionales como a las nacionales, tanto a nivel de gran tráfico como de pequeño tráfico.

Los Estados Unidos intentan imponer límites a la entrada de droga prohibida en su territorio a través de una combinación de eliminación de cultivos y de programas de sustitución de los mismos, de estímulos financieros a los cultivadores para que se abstengan de meterse en asuntos ilegales y de medidas punitivas contra los productores, los traficantes y todos aquellos implicados en el tráfico de droga. Estas medidas han tenido escaso éxito en el pasado y no parece que vayan a correr mejor suerte en el futuro. Los obstáculos son muchos: la marihuana y el opio pueden crecer en muchísimos lugares e incluso la planta de la coca puede desarrollarse prácticamente en cualquier región subtropical del mundo en donde exista un índice de precipitación que oscile entre las 40 y las 240 pulgadas al año, no existan heladas y el terreno no sea tan ténue como para que se pueda alquitranar. En América del Sur, esto corresponde a un territorio de aproximadamente 2.500.000 mil millas cuadradas, de las que actualmente menos de 7

00 son cultivos de coca (2). En muchos países los productores han reaccionado a los programas de abolición de las plantaciones con métodos de agricultura de guerrilla, cultivando en zonas casi inaccesibles del interior y camuflando las cosechas entre plantaciones legales. Algunas regiones en las que se produce droga en vez de estar controladas por el gobierno central, lo están por las bandas de traficantes o de rebeldes políticos, haciendo que los intentos de eliminar las plantaciones sean todavía más difíciles y arriesgados.

Incluso cuando en un país determinado los esfuerzos corren mejor suerte, otras naciones surjen como nuevas productoras, tal y como ha sucedido en los últimos veinte años con los mercados internacionales de la marihuana y de la heorína y tal y como es lógico sucederá con los programas para la eliminación de la coca. El precio de la droga en el momento de la exportación desde el extranjero es un porcentaje tan pequeño de su precio al por menor en Estados Unidos (aproximadamente el 4% para la cocaína, el 1,1% de la marihuana y menos del 1% para la heorína (3)) que estos esfuerzos internacionales no consiguen ni tan siquiera hacer que aumente el precio de venta al por menor de las drogas ilegales a los consumidores estadounidenses.

Los intentos de los Estados Unidos por controlar la droga en el extranjero se confrontan con considerables, a menudo bien organizadas, oposiciones políticas de países extranjeros. (4) Los traficantes de droga más importantes a menudo son capaces de corromper e intimidar a los representantes gubernamentales de manera que ignoren sus asuntos, o incluso colaboren (5). En Latinoamérica y en Asia de manera especial el tráfico de droga es una fuente importante de ingresos y de empleo que maneja miles de millones de dólares en divisas valiosas cada año y que procura pagas aceptables a miles de personas. El tráfico de droga ha sido descrito, y algo de verdad hay en ello, como el mejor sistema utilizado por los Estados Unidos para exportar la ética capitalista a los campesinos potencialmente revolucionarios del tercer mundo. Por el contrario, los programas de sustitución de las cosechas patrocinadas por los Estados Unidos corren el riesgo de privar a los mismísimos campesinos de sus medios de supervivencia, acabando

por estimular el apoyo a insurrectos comunistas que van desde el Sendero Luminoso peruano (6) a una variedad de organizaciones étnicas y comunistas activas en los países narcoproductores como Colombia y Birmania. Además, muchos de ellos que en extranjero están implicados en el tráfico de drogas no se sienten en absoluto moralmente obligados a impedir que los decadentes gringos consuman cocaína y heroína, sino a ganarse la vida lo mejor posible ellos y sus familias. Una última consideración es que poca cosa puede hacer el gobierno de Estados Unidos para cambiar esta manera de ver las cosas.

Los esfuerzos por impedir la entrada de droga han tenido poco éxito al intentar tamponar el flujo de cocaína y heroína, el precio al por mayor de un kilo de cocaína ha bajado un 80% aunque la pureza al por menor de un gramo de la sustancia se haya quintuplicado, desde el 12 hasta aproximadamente el 60%; en lo que a heroína se refiere, en los últimos años, la tendencia es la misma, aunque menos dramática (8). Transportados con facilidad por una serie de grandes y pequeños aviones y embarcaciones, conducidos a través de la frontera mejicana por la gente que la cruza legal e ilegalmente, escondidos por todas partes, escondidos en todas partes, en los muebles, en las flores, en los coches, hasta en los más recónditos lugares del cuerpo, dentro de cadáveres, las cargas de heroína y cocaína son dificilísimas de detectar. A pesar de las potentes presiones en el seno del Congreso para que se aumente el papel del ejército en la lucha contra la droga, los líderes militares repiten que pueden hacer muy poco que sea rea

lmente eficaz. La policía marítima y la aduanera de los Estados Unidos siguen multiplicando sus esfuerzos, pero también ellos admiten que no serán capaces nunca de capturar más que un reducido porcentaje de la totalidad de los envíos. Dado que la cocaína y la heroína valen más que su peso en oro, los incentivos para transportarlas a Estados Unidos son tantos que podemos tranquilamente presumir que no faltará nunca nadie dispuesto a arriesgarse.

El único éxito que el prohibicionismo puede reivindicar es con respecto a la marihuana. Dado que la marihuana, por cada dólar de valor, exije una masa mucho más grande que la heroína y la cocaína, es más difícil de esconder y más fácil de detectar. Los esfuerzos, cada vez mayores a lo largo de los últimos años, parece que han logradoas reducir el flujo de marihuana en los Estados Unidos y haber aumentado el precio de su consumo (8). Las inesperadas consecuencias de este éxito son por partida doble: Estados Unidos se ha convertido en en uno de los más importantes productores de marihuana del mundo - incluso se considera que los productores estadounidenses suministran actualmente una de las mejores calidades del mundo (8) - y muchos traficantes internacionales han convertido su actividad de tráfico de marihuana en tráfico de cocaína. Muchos porían sostener así pues, que la consecuencia más importante de los esfuerzos americanos para impedir la entrada de droga ha sido una saturación de cocaína cada vez más pot

ente y una penuria de marihuana, comparativamente benigna.

Las iniciativas represivas en el frente interior han demostrado ser cada vez más eficaces arrestando y encarcelando a un número creciente de traficantes de droga, desde los más sofisticados mercaderes internacionales hasta los más comunes traficantes callejeros. El principal beneficio de estos esfuerzos dirigidos contra las grandes organizaciones de tráfico es probablemente el valor cada vez más alto de los patrimonios de los traficantes confiscados por el gobierno.

Si embargo, existen escasas señales de que esto haya causado un impacto significativo en el precio o en la disponibilidad de droga.

Carísimas iniciativas intensivas de represión dirigidas al tráfico al por menor como las organizadas en los últimos años por varias fuerzas de policía urbana han producido el arresto de miles de pequeños traficantes y consumidores y han ayudado a mejorar la calidad de vida en zonas escogidas. Pero en las grandes ciudades estos intentos globales por detectar la droga han tenido escaso efecto.

La conclusión lógica del análisis anteriormente expuesto es que el recurso al código penal para combatir el tráfico de droga no funciona en absoluto. Al contrario, variaciones esenciales en dichos esfuerzos poseen un efecto mínimo en el precio, en la disponibilidad y en el consumo de droga. La simple existencia de leyes combinadas con niveles mínimos de mecanismos para hacer que se respeten es suficiente para disuadir a muchos consumidores en potencia y reducir la detección de droga, aumentando de esta manera su precio. Los responsables de la seguridad ciudadana, en cualquier caso, reconocen que su papel es esencial en el seno del intento global por reducir el consumo y el abuso de droga. Lo que no están tan dispuestos a reconocer es que la criminalización del mercado de la droga ha demostrado ser extremadamente caro y contraproducente, prácticamente tal y como sucedió hace 60 años con el prohibicionismo del alcohol.

El precio y las consecuencias del prohibicionismo

El total de los gastos gubernamentales para la aplicación de leyes antidroga asciendió en 1987 a un mínimo de 10 mil millones de dólares. Entre 1981 y 1987 los gastos federales en materia de represión antidroga se triplicaron ampliamente, pasando de mil millones de dólares a tres mil millones (1). En 1986, las fuerzas de policía locales y estatales se gastaron en estas actividades aproximadamente cinco mil millones de dólares, más o menos una quinta parte de sus recursos totales. (11). Los transgresores de las leyes antidroga representan actualmente un 10% del total de la población en las cárceles estatales (aproximadamente 220.000 reclusos), más de un tercio de los 50.000 detenidos federales y una proporción significativa (aunque indetermindada) de las aproximadamente 300.000 personas encarceladas en las cárceles municipales (12). La U.S. Sentencing Commission ha previsto que a lo largo de 15 años, la población de las cárceles federales alcanzará los 150.000 individuos, la mitad de los cuales será detenida

por violación de las leyes antidroga (13). En 1987, entre los 40.000 detenidos de las cárceles del estado de Nueva York, el número de delitos por droga ha superado el de atracos a mano armada como principal causa de la detención, alcanzando el 20% de la poblacion total de las cárceles (14). En Florida, los 8.506 acusados de delitos por droga encarcelados en el año fiscal 87-88 representan un incremento del 525% con respecto al año 83-84, así como el 27,8% de todas las nuevas encarcelaciones del año 87-88 (15). A nivel nacional, los responsables por delitos de tráfico y posesión de droga ascienden a 135.000 (23%) de los 583.000 individuos condenados por los tribunales estatales en 1986 (16). Los gobiernos estatales y locales se gastaron el pasado año una como mínimo 3 mil millones de dólares para encarcelar a los transgresores de las leyes antidroga. Los costes para construir y mentener las prisiones suficientes para albergar a esta población creciente están alcanzando cifras atronómicas. Probablemente, en té

rminos de gastos sociales alternativos previsibles y de otros tipos de criminales no encarcelados, estos costes son tal vez mucho más graves (17).

Durante cada uno de los últimos años, la policía ha llevado a cabo aproximadamente 750.000 arrestos por violación de las leyes antidroga (18). Poco más de las tres cuartas partes de estos arrestos se han producido no por la fabricación o el tráfico de droga, sino por la simple posesión de una droga, generalmente marihuana (19). (Los arrestados, cabe destacar, representan menos del 2% e los 35-40 millones de americanos que se calcula hayan consumido ilegalmente drogas durante cada uno de los pasados años <20>). Por una parte, estos arrestos han embozado muchos de los sistemas judiciales de las grandes ciudades: en Nueva York, los delitos antidroga en 1987 constiyeron más del 40% de todos los juicios, recordemos que en 1985 representaron el 25%. En Washington, en 1986 el porcentaje era del 52%, mientras en 1981 era el 13% (22). Por otra parte, han distraído a la justicia que no puede concentrarse y dedicar mayores recursos a los delitos contra las personas y las propiedades. En muchas ciudades, las acciones de

la policía se han convertido en sinónimo de acciones antidroga. Los mayores beneficiarios de las leyes antidroga son los narcotraficantes organizados y los no organizados. La criminalización del mercado de la droga impone una especie de impuesto sobre el valor que está establecido y esporádicamente aumentado por el sistema de aplicación de las leyes del cual se benefician los traficantes. Se considera que más de la mitad de todos los beneficios del crimen organizado provienen del tráfico de droga. Se ha calculado que el valor de dichos beneficios en dólares oscila entre los 10 y los 50 mil millones al año (23). Por el contrario, los beneficios anuales del contrabando de cigarrillos, que resiste sobre todo a causa de la diferencia de impuestos sobre los cigarrillos entre los distintos estados, se calculan entre 200 y 400 mil millones de dólares (23). Si los mercados de la marihuana, de la cocaína y de la heroína fuesen legales, los gobiernos estatales y federales obtendrían cada año miles de millones de dóla

res en impuestos. En cambio, se gastan miles de millones en lo que acaba siendo un subsidio para los criminales organizados.

El vínculo entre droga y criminalidad sigue resisitiéndose a un análisis coherente tanto porque causa y efecto son muy difíciles de distinguir como porque el papel de las leyes antidroga al provocar y etiquetar "los delitos de droga" es a menudo ignorado. Existen al menos cinco conexiones posibles entre droga y crimen, y al menos tres de ellas se reducirían considerablemente si se aboliesen las leyes antiprohibicionistas. Primero, la producción, la venta, la compra y la posesión de marihuana, cocaína, heroína y otras sustancias estrictamente controladas o prohibidas son delitos de por sí, que, contando sólo los Estados Unidos, se cometen millones de veces al año. En ausencia de leyes prohibicionistas, estas actividades dejarían en gran parte de ser consieradas delitos. La venta de droga a los menores seguiría siendo naturamente perseguida, al igual que otras evasiones de las leyes gubernamentales en el muercado legal, pero en su conjunto el vínculo entre droga y criminalidad al que actualmente se deben todos

los gastos de la justicia anteriormente mencionados se troncaría.

En segundo lugar, muchos tóxicodependientes cometen delitos como atracos, robos y otros muchos desde el tráfico de drogas hasta la prostitución para procurarse el dinero necesario para comprar heroína, cocaína y otras drogas prohibidas, drogas que cuestan mucho más que el alcohol y que el tabaco no porque su producción sea más cara sino simplemente porque son ilegales (24). Dado que la legalización comportaría inevitablemente un descenso del precio de las drogas que actualmente son ilegales, provocarían al mismo tiempo una reducción significativa de la relación entre droga y actividades delictivas. Al mismo tiempo, los actuales programas de mantenimiento con metadona representarían una forma limitada de legalización que intenta interrumpir este vínculo entre droga y actividades delictivas suministrando gratis o casi gratis un opiáceo a tóxicodependientes que, de lo contrario, podrían recurrir al delito para satisfacer su propia necesidad de heroína. A pesar de sus muchas limitaciones, estos programas han dem

ostrado su utilidad para reducir comportamientos delictivos y mejorar la vida de miles de tóxicodependientes (25); se deberían difundir ampliamente, en parte adaptando los métodos de contacto con los tóxicodependientes detectados en Holanda (26). Otra alternativa es la adoptada por el sistema británico que prescribe el metadona no sólo por vía oral sino también por vía intravenosa, y que se sigue aplicando a pesar de las continuas presiones en contra de las sustancias inyectables. También este método merecería ser aplicado en Estados Unidos, especialmente si se acepta el presupuesto de que el objetivo primordial de una política antidroga debería ser la reducción de los daños que las drogas provocan a los no dependientes (27).

El tercer vínculo entre criminalidad y droga es de carácter coincidente más que casual. A pesar de que muchos tóxicodependientes no cometan más delito que el de consumir droga, y que muchos criminales no son ni tóxicodependientes ni alcohólicos, el abuso de sustancias estupefacientes es sin duda alguna más elevado entre los delincuentes que entre los no delincuentes. Los resultados de un sondeo efectuado a partir de los detenidos estatales señala que el 43% consumió droga cotidianamente o casi el mes antes de haber cometido el delito por el que habían sido encarcelados; además, se ha verificado que aproximadamente la mitad de los detenidos que consumían droga habían contraído esta costumbre sólo después del primer arresto (28). Tal vez, muchos de los factores que impulsan hacia la delincuencia conducen también hacia la toxicodependencia. Es probable que la legalización reduzca esta relación eliminando de la subcultura delictiva esas oportunidades de lucro que actualmente proporciona el mercado clandestino de

la droga. Se puede afrimar con seguridad que en el ambiente delictivo seguirá existiendo un número desproporcionadamente alto de tóxicodependientes tanto si las drogas son legales o no.

El cuarto vínculo entre droga y delito es la violencia u otros tipos de delitos por parte de las personas bajo la influencia de una droga. Este vínculo es el que más impresión causa a la gente y más fácilmente se queda grabado en la imaginación. Es obvio que algunas drogas "impulsan" a algunas personas a cometer delitos al reducir las inhibiciones normales, desencadenando tendencias agresivas y antisociales, y disminuyendo el sentido de responsabilidad. La cocaína, en particular bajo forma de "crack", a lo largo de los últimos años se ha granjeado esta reputación, tal y como sucedió con la heroína en los años 60 y 70 y con la marihuana anteriormente. Pudiera ser que la reputación de la cocaína como inspiradora de comportamientos violentos sea más merecida que la de la heroína y la de la marihuana, auque todavía faltan las pruebas que justifiquen las descripciones de la prensa (29). Ninguan droga ilegal, en cualquier caso, está asociada a comportamientos violentos como el alcohol. Según las estadísticas del M

inisterio de Justicia, el 54% de todos los detenidos por actos violentos en el año 1983 declaró haber ingerido alcohol poco antes de cometer el delito (30). Una encuesta realizada en 1986 sobre la población de las cárceles estatales demostraba igualmente que la mayor parte de los detenidos por incendio doloso o delitos como homicidio, homicidio con alevosía o violación, habían cometido el delito por lo general bajo los efectos del alcohol o del alcohol y de drogas prohibidas, y no de droga sólamente (31).

El impacto de la legalización de la droga en este aspecto de la relación entre delincuencia y droga es el más difícil de determinar, en gran parte, porque es muy difícil prever cuáles serán los cambios que se produciran globalmente y la naturaleza de la tóxicodependencia.

El quinto vínculo está formado por las acciones de violencia, intimidaciones y corrupciones efectuadas por los narcotraficantes. En muchos países latinoamericanos, especialmente en Colombia, es este vínculo el que constituye virtualmente el "problema droga". Pero también en Estados Unidos las acciones de violencia de los narcotraficantes se están convirtiendo rápidamente en una de las mayores preocupaciones tanto de la policía como de la opinión pública general. Este vínculo no es difícil de explicar. Los mercados clandestinos tienden a producir violencia, tanto porque atraen a personas con tendencias delictivas y violentas, como porque quien participa en el mercado no cuenta con sedes legales en las que resolver sus propios conflictos. Durante el prohibicionismo, las luchas violentas entre bandas de contrabandistas y desvíos de camiones y embarcaciones que transportaban licores estaban a la orden del día. Su equivalente moderno son las minas que circundan algunos cultivos de marihuana, los piratas del Carib

e que asaltan los barcos de droga que se dirijen a las costas estadounidenses, las batallas a golpes de metralleta y las ejecuciones de muchas de las más abyectas bandas de narcotraficantes, y en general los altos niveles de violencia que intervienen en muchas relaciones con las drogas ilegales; las víctimas no son traficantes, sino testigos, transeúntes o policía. Muchas autoridades de policía coinciden en que lo que explica el dramático aumento del índice de homicidios en las ciudades durante los últimos años es el aumento de los asesinatos de traficantes (33). Al mismo tiempo, la causa del aumento de la corrupción no sólo en los sistemas judiciales de América Latina y en el Caribe, sino en los federales, estatales y locales de todos los Estados Unidos, es el alto poder de atracción de los narcodólares. Una estrategia de legalización de la droga sería seguramente un duro golpe para esta conexión entre droga y criminalidad.

Tal vez, las víctimas más desafortunadas de las políticas antidroga han sido los habitantes pobres y obedientes a las leyes de los guetos urbanos. Estas políticas han demostrado con creces su propia inutilidad como freno de la difusión de la tóxicodependencia en los guetos, pero son responsables de gran parte de lo que los habitantes de los guetos identifican como problema de la droga. En muchas zonas es el comportamiento de los traficantes armados con pistolas lo que desconcierta la vida de los ciudadanos normales y no los tóxicodependientes que rondan por las porterías (35). Otros habitantes de los guetos, por el contratrio, ven al traficante como héroe y prototipo del triunfador. En las zonas más pobres de Medellín y Río de Janeiro y las más importantes ciudades americanas, a menudo son el símbolo del éxito para los niños que no ven otra salida posible. Además, el recrudecimiento de las condenas impuestas a los traficantes adultos ha comportado un reclutamiento muy difundido de adolescente para el tráfico

de droga (36). Mientras antes los chiquillos empezaban a vender droga sólo tras haberla consumido durante algunos años, actualmente, el proceso se ha invertido. Muchos niños empiezan a consumir droga tras haber trabajado durante algún tiempo para traficantes más mayores que ellos. Y el sistema jurídico para los menores no ofrece alternativas realistas para afrontar este problema que crece por momentos.

Los costes tal vez más difíciles de evaluar son los que se desprenden de la difundida transgresión de las leyes en materia de droga: los efectos de tachar de criminales a decenas de millones de personas que consumen drogas prohibidas, somentiéndoles a riesgos de sanciones penales, y obligando a muchas de las mismas a entrar en relación con los traficantes (que pueden ser delincuentes en muchos sentidos de la palabra) para procurarse la droga; el cinismo que estas leyes provocan hacia otras leyes y hacia la ley en general; y el sentido de hostilidad y de sospecha que muchas personas, que de lo contrario por lo general respetan la ley, prueban para con la policía. Estos son los costes que influenciaron más fuertemente a muchos de los opositores más conservadores del Prohibicionismo.

Entre las consecuencias más peligrosas de las leyes antidroga existen los daños derivados de la ausencia de reglamento de la producción y de la venta de drogas (37). Muchos fumadores de marihuana están mal por haber fumado cannabis cultivado con feritlizantes peligrosos, irrigado con herbicida paraquat, o mezclada con sustancias más peligrosas. Los heroinómanos y los consumidores de las distintas sustancias sintéticas vendidas en las calles cargan con consecuencias más dramáticas, sobredosis fatales inclusive y envenenamientos debidos a partidas de droga improvisadamente demasiado potentes o impuras. En la práctica, no existe nada senajante a una Food and Drug Administarion clandestina para imponer un control cualitativo al mercado de la droga y suministrar a los consumidores informaciones precisas sobre lo que toman. Por regla general, la calidad de vida de un tóxicodependiente depende sobre todo de si consigue drogas seguras o no. Las operaciones de policía que destruyen temporalmente las redes de distribu

ción se convierten en un arma de doble filo: alentan a algunos tóxicodependientes a iniciar tratamientos de desintoxicación pero obligan a otros a buscarse fuentes nuevas y menos seguras, con el resultado que el número de muertes relacionadas con la droga aumenta en vez de disminuir.

Actualmente, se considera que aproximadamente el 25% de todos los casos de SIDA en Estados Unidos y en Europa, así como la mayoría de los heterosexuales, niños y bebés sieropositivos, han contraido la enfermedad directa o indirectamente por el consumo de drogas inyectadas por vía intravenosa (IV) (38). En la zona urbana de Nueva York, el porcentaje de sieropositivos entre los consumidores de drogas IV es superior al 50% (39). Existen informes que detallan que los traficantes están empezando a dar junto a la droga jeringuillas limpias (40). En Inglaterra, el reciente crecimiento del número de tóxicodependientes sieropositivos ha conducido a un renovado apoyo para la distribución libre de metadona o heroína intravenosa por parte de los médicos que trbajan en los tratamientos antidroga; esta inversión de dicha preferencia demostrada por los clínicos delsde los años 70 hacia el metadona por vía oral ha estado acompañada por Philpp Connel, presidente del Home Office Advisory Committee on the Misure of Drugs (41).

Pero aunque los gobiernos de Inglaterra, Escocia, Suecia, Suiza, Australia y de muchos otros países están trabajando árduamente para límitar la difusión del SIDA por parte y entre los tóxicodependientes eliminando las restricciones y promiviendo programas de intercambio libre de jeringuillas (42), los gobiernos estatales y municipales de los Estados Unidos han rechazado seguir esta línea objetando, a pesar de que progresivamente se demuestre lo contrario, (43) que de esta manera se "alienta" o se "perdona" el uso de drogas ilegales (44). Sólo a finales de 1988, se han iniciado en las ciudades americanas programas de intercambio de agujas, generalmente por parte de instituciones no gubernamentales. Hacia mitad de 1989 estas existían o estaban a punto de ser puestas en práctica en las ciudades de Nueva York, Tacoma, Washington, Boulder, Colorado y Portland, Oregon (45). Al mismo tiempo, los programas de tratamiento han perdido parte de las subvenciones, alejando de esta manera a miles de tóxicodependientes en

busca de ayuda, mientras aumentan los miles de millones de dólares invertidos para arrestar, procesar y encarcelar a traficantes y drogados.

Otros costes de las actuales políticas de prohibición de la droga comprenden las restricciones del consumo de drogas ilegales con objetivos terepéuticos legales (46). Se ha demostrado la utilidad de la marihuana para calmar los dolores de algunas víctimas de la esclerosis múltiple, para reducir la náusea provocada por la quimioterapía y está demostrando ser muy edicaz en la curación del glaucoma (47-49); en septiembre de 1988, el juez administrativo de la Drug Enforcement Administration aconsejó consiguientemente que la marihuana fuese legalizada para estos usos (49), a pesar de que el jefe de la agencia ya hubiese aprobado dicho cambio. La heroína ha demostrado ser muy eficaz para ayudar a enfermos a afrontar graves dolores; algunos investigadores la consideran más eficaz que la morfina y otros opiáceos para tratar el dolor de algunos pacientes (50). En Inglaterra (50) y en Canadá (51) se prescribe con este objeto. Lo mismo podría aplicarse a la cocaína que algunos médicos siguen utilizando para curar los d

olores a pesar de la prohibición impuesta recientemente (53). Las drogas psicodélicas, como el LSD (ácido d-lisérgico y diletamida), el peyote y el MDMA (más conocido como Extasis) han demostrado que se pueden usar en las psicoterapías y en la reducción de tensión y depresión. dolores y miedo a la muerte en enfermos en última fase (53); además, han demostrado que poseen potencialidades, aún no confirmadas, en el tratamiento del alcoholismo (47,53). La legislación actual en materia de droga obstaculiza las investigaciones que intentan estudiar éstos y otros usos terapéuticos de las drogas ilegales; impide a quién pudiere obtener beneficio de estas drogas prohibidas, procurárselas de forma legal, sobre todo las de la tabla I, y contribuye de manera determinante a lo que todos consideran el escaso compromiso de la clase médica americana en la lucha contra el dolor (54).

Uno de los argumentos más consistentes a favor de la legalización es de carácter moral. Por una parte, la cantarela sobre la inmoralidad del uso de droga se desmorona ante la tolerancia que la mayor parte de los americanos prodiga para con el tabaco y el alcohol. Sólo los Mormones y alguna que otra secta de mentalidad semejante que consideran inmoral la asunción de cualquier sustancia que pueda alterar el estado de conciencia o provocar placer de cualquier otra manera, son coherentes con este propósito; éstos no sólo evitan las drogas ilegales, sino también el alcohol, el tabaco, el café, el té e incluso el chocolate. La condena "moral" de la mayoría de los americanos de algunas sustancias en vez de otras no es más que un perjuicio pasajero que prefiere algunas drogas en vez de otras.

Por otra parte, el prohibicionismo de la droga posee en sí sus formas de immoralidad. Dado que las violaciones de las leyes en materia no crean víctimas que posean algún interés en advertir a la policía, los agentes antidroga deben apoyarse excesivamente en las operaciones clandestinas, vigilancia electrónica y noticias proporcionadas por informadores. En 1986, casi la mitad de las 750 autorizaciones de los tribunales para el control de los teléfonos en Estados Unidos estaba relacionada con investigaciones del mercado de la droga (55). Estas técnicas son sin lugar a dudas indispensables para poder llevar a cabo una correcta aplicación de las leyes, pero son también intsrumentos que figuran entre los menos deseables. Lo mismo vale para los análisis sobre la ingerencia de droga. Pueden ser útiles e incluso necesarios para aceptar las responsabilidades en caso de incidente, pero amenazan y debilitan ese derecho a la intimidad al que muhcos americanos consideran tener moral y constitucionalmente derecho. Existen

motivos más que suficientes para solicitar que estas medidas sean utilizadas con extremada cautela.

Igualmente preocupantes son las crecientes denuncias anónimas de gente que no sólo denuncia a los traficantes, sino también a vecinos, amigos, e incluso a familiares que consumen drogas prohibidas. La intolerancia para con el consumo de drogas prohibidas no se restriega simplemente como un elemento indispensable en la guerra contra la droga, sino como símbolo de buena ciudadanía. Desde luego, cualquier sociedad necesita la ayuda de los ciudadanos para hacer que ser respeten las leyes, pero una sociedad, especialmente si se considera democrática y pluralista, se apoya de manera muy especial en la ética de la tolerancia hacia quien es distinto y no hace daño a nadie. Una aplicacián excesivamente rígida de la ley antidroga puede desembocar en un debilitamiento de esta ética y sustituirla por una sociedad de informadores. En realidad, la aplicación de las leyes antidrogas parece una tomadura de pelo si consideramos un principio esencial en una sociedad libre, el principio de que quien no hace daño a los demás no

debe recibir de los demás daño alguno y mucho menos por parte del Estado. La mayor parte de los más de 40 millomes de americanos que cada año consumen droga ilegalmente no provoca un daño directo a nadie, es más muchos provocan un daño más bien pequeño a sí mismos. Aplicarles sanciones penales o de otra naturaleza, y racionalizar la justicia de estas medidas, puede convertirse en el mayor coste social del actual sistema de prohibicionismo de la droga.

ALTERNATIVAS A LA POLITICA PROHIBICIONISTA

La abolición de las leyes que el prohiben la droga promete con claridad enormes ventajas. Entre la reducción de los gastos para la represión y los nuevos ingresos fiscales que se derivarían de la producción y de la venta legal de droga, hacienda gozaría de un beneficio neto de al menos 10 mil millones de dólares al año, si no más; estos miles de millones de nuevos ingresos serían disponibles, e idealmente dedicados, a la financiación de los tan necesarios programas de desitoxicacián y los programas sociales y pedagógicos que a menudo han demostrado ser el mejor incentivo para impedir que a los niños consuman drogas. La calidad de la vida en las ciudades mejoraría muchísimo. El número de homicidios disminuiría como igualmente los robos y los atracos. Los grupos de criminalidad organizada, especialmente los más emprendedores que se han diversificado en zonas de no droga, se tambalearían. La policía, los jueces y los tribunales utilizarían sus recursos en la lucha contra los delitos de los que la gente no se pu

ede desprender. Muchos habitantes de los guetos abandonarían las actividades delictivas para buscar fuentes de ganancias legales. Y la salud y la calidad de vida de muchos de los consumidroes de droga y tóxicodependientes mejoraría de manera significativa. Desde el punto de vista internacional, los políticos estadounidenses podrían ocuparse de objetivos más importanes y realistas y los gobiernos extranjeros recuperarían esa autoridad que han perdido en favor de los narcotraficantes.

Sin embargo, todos los beneficios de la legalización, se desperdiciarían si millones de personas se convirtiesen en tóxicodependientes. Nuestra experiencia con el alcohol y el tabaco no sirve de advertencia considerable al respecto. Actualmente, 140 millones de americanos consumen alcohol y 50 millones tabaco. Los costes sanitarios asociados al abuso de drogas ilegales empalidecen con respecto a los derivados del abuso de tabaco y alcohol. En 1986, por ejemplo, el alcohol se identificó como factor determinante en el 10% de los accidentes laborales, el 40% de los intentos de suicidio y de aproximadamente el 46% de los 46.000 muertos en accidentes de carretera en 1983. Se calcula que el número de americanos alcohólicos o que abusan del alcohol asciende aproximadamente a 18 millones. Se calcula que el coste total que acarrea el abuso de alcohol a la sociedad americana es superior a los 100 mil millones de dólares al año (56). Se calcula que el número de defunciones relacionadas directa o indirectamente con el c

onsumo de alcohol oscila entre 50.000 y 200.000 al año (57) En lo que a la salud se refiere, los costes son distintos, pero de amplitud semejante. En Estados Unidos, aproximadamente 320.000 personas mueren prematuramente cada año a causa del tabaco. Por ejemplo, el National Council of Alcoholismo indica que sólo 3.562 personas oficialmente murieron por consumo de drogas prohibidas (58). Aunque demos por descontado que se hayan producido otros miles de muertos relacionados directa o indirectamente con el consumo de drogas ilegales, en cualquier caso, en lo que a la salud se refiere, la marihuana, la cocaína y la heroína juntas comportan un porcentaje reducido de las muertes causadas por cualquiera de las sustancias legales. Y por último, este contraste subraya la necesidad de aproximarse globalmente a las sustancias psicoactivas que comporten esfuerzos mucho más grandes para desalentar el buso de tabaco y de alcohol.

Es imposible prever con exactitud el impacto que produciría la legalización en la naturaleza y en el nivel de consumo de las drogas que actualmente son ilegales. Por una parte, la legalizacisón implica mayor disponibilidad, precios más bajos y eliminación (especialmente para los adultos) del poder frenante de las sanciones penales, todos los factores que sugerirían un mayor nivel de consumo y por lo tanto el miedo de que la extensión del abuso de dorga pudiese equipararse a la del tabaco o el alcohol (59). Por otra parte, existen muchas razones para dudar que una política de legalización bien delineada y aplicada pudiera comportar dichas consecuencias.

La lógica de la legalización depende en parte de dos cuestiones: que la mayor parte de las drogas ilegales no sean tan peligrosas como se creee en general, y que el tipo de droga y de consumo que son más peligrosos atraigan difícilmente a muchas personas, precisamente porque es obvio que son peligrosas.

Consideremos la marihuana. De los aproximadamente 60 millones de americanos que han fumado marihuana, ni tan siquiera uno se ha muerto de sobredosis (49), en fuerte contraste con el alcohol que provoca aproximadamente 10.000 muertos por sobredosis cada año, la mitad de los cuales mezclaban el alcohol con otras drogas (57). Aunque existen buenos motivos sanitarios para mo fumar marihuana todos los días, y para que los niños, las mujeres en embarazadas etc. no la fumen en absoluto, no existe ninguna prueba de que su cosnumo esporádico comporte algún daño.

Obviamente, no es bueno inhalar marihuana en los pulmones; de hecho el National Institute of Drug Abuse (NIDA) declaró que "el humo de la marihuana contiene más sustancias cancerógenas que el del tabaco" (60). Por otra parte, sin embargo, el número de porros fumados por la mayor parte de los consumidores es una fracción mínima de los 20 cigarrillos al día que se fuma medianamente un consumidor de tabaco: es más la media podría estar más cerca de los dos porros a la semana que uno o dos al día. Obsérvese que la NIDA define consumidor "empedernido" de marihuana a aquel que se fuma por lo menos dos porros al día. Un fumador de cigarrillos "empedernido", por el contrario, fuma aproximadamente 40 al día.

La marihuana no está identificada con precisión como una sustancia que provoca dependencia. Una encuesta del 1982 sobre el consumo de marihuana por parte de los jóvenes adultos (desde los 18 a los 25 años) demostró que el 64% había probado la marihuana al menos una vez, que el 42% la había consumido al menos diez veces y que el 27% la había fumado el mes anterior. Además, el resultado es que el 21% había pasado un periodo durante el que la consumía cotidianamente (se entiende 20 o más días a lo largo de un mes), pero que de éstos sólo una tercera parte la seguían fumando a este ritmo y sólo una quinta parte (aproximadamente el 4% del total) hubiese podido definirse como un fumador "empedernido" (una media de uno o dos porros al día) (61). Estos datos indican que el consumo cotidiano de marihuana por lo general se trata simplemente de una fase que la gente supera y después el consumo suele ser muy moderado. Por el contrario, casi el 20% de los estudiantes de Instituto fuman cigarrillos todos los días.

Los peligros asociados a la cocaína, a la heroína, a los alucinógenos y a las demás sustancias ilegales son mayores que los presentados por la marihuana, aunque no son ni por asomo tan graves como mucha gente cree. Tomemos por caso la cocaína. En 1986, un informe del NIDA afirmaba que más de 20 millones de americanos habían probado la cocaína, que 12,2 millones la habían consumido al menos una vez en el año 85, y que casi 5,8 millones la habían consumido el mes anterior. Entre las personas de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, 8,2 millones habían probado la cocaína, 5,3 la habían consumido el año anterior y 2,5 el mes anterior a la encuesta; por último, 250.000 personas la usaban con una media semanal (20). De estas cifras se podría establecer que un cuarto de millón de jóvenes americanos son tóxicodependientes en potencia. Igualmente, se podría concluir que entran en esta categoría sólo el 3% de los que, entre los 18 y los 25 años, han probado una vez la cocaína, y que sólo el 10% de los que la

consumen cada mes están sujetos a riesgo. (Cabe subrayar que la encuesta del NIDA no comprendía a los residentes de los cuarteles, de los dormitorios universitarios, los detenidos, y las personas sin domicilio. No pretendemos sostener que la cocaína es una droga potencialmente peligrosa, sobre todo si se inyecta, si se fuma bajo forma de "crack" o si se consume junto a otras drogas. Desde luego, cientos de miles de americanos han sufrido mucho a causa del abuso de cocaína y un pequeño porcentaje se ha muerto. Pero existen pruebas aplastantes de que muchos consumidores de cocaína no se meten en líos con la droga. De esta manera, la atención de la prensa se ha centrado en el procentaje relativamente bajo de consumidores de cocaína que se han convertido en tóxicodependientes de manera que las ideas de la opinión pública sobre cómo la mayoría de las personas consumen la cocaína se ha visto gravemente distorsionada. Durante una encuesta sobre el consumo de droga llevada a cabo entre estudiantes de tercero de BUP

y COU, los investigadores les preguntaban quién había consumido recientemente cocaína y si alguna vez se habían encontrado con quere dejar de fumar sin conseguirlo. Sólo el 3,8% respondió afirmativamente, al contrario del 7% de fumadores que declaraban no haber conseguido dejarlo, y al 18% de los fumadores de cigarrillos que habían contestado de la misma manera (62). Aunque una encuesta sobre los consumidores de crack y de cocaína por vía intravenosa demuestra que acaban teniendo problemas con ésta. Desde este punto de vista, mucha gente difiere de la tesis que insiste en que los monos de laboratorio han demostrado durante los experimentos que son capaces de dejarse morir de hambre si se hallan provistas ilimitadamente de cocaína (63).

Por lo que se refiere a las sustancias alucinógenas como el LSD y los hongos, el potencial de dependencia es prácticamente nulo. Los peligros proceden principalmente de un consumo irresponsable y en ocasiones determinadas (53). Aunque muchas de las personas que han utilizado alucinógenos han tenido "malos viajes", un número todavía mayor han tenido experiencias positivas y pocos se han resentido a largo plazo (53). Por lo que se refiere a toda la gama de estimulantes, antidepresivos y tranquilizantes producido ilegalmente o desviados de los canales legales, cada uno muestra capacidades variables para provocar dependencia, daños al consumidor o ser consumido sin problemas.

Hasta hace poco tiempo, ninguna droga era vista con tanto horror como los opiáceos, la heroína en particular. Al igual que en el caso de muchas drogas, la heroína puede ser ingerida, esnifada, fumada o inyectada. La costumbre generalizada en América, por desgracia, es esta última, aunque el miedo cada vez mayor de contraer el SIDA parece que esté impulsando a los fumadores más jóvenes a ingerirla por vía nasal (64). No existe controversia con respecto al hecho de que la heroína posee un alto nivel de dependencia. Probablemente, tanto como la nicotina. Pero, a pesar de asociar por lo general la heroína con los habitantes más desesperados de los guetos urbanos, la heroína provoca al cuerpo humano un daño físico relativamente menor. Si se consume esporádicamente o regularmente bajo control sanitario, el peor efecto que produce, a parte de la dependencia, es el estreñimiento (65). Este es el motivo por el que en los años veinte en América muchos médicos consideraban que la dependencia de los opiáceos era preferi

ble al alcoholismo y los prescribían cono tratamiento del alcoholismo cuando la astinencia no parecía una alternativa realista (66,67).

Pensar en las drogas ilegales tal y como pensamos en el tabaco y en el alcohol es tan importante como acertado. Al igual que el tabaco, algunas sustancias prohibidas crean fuerte adicción, pero pueden consumarse regularmente durante decenios sin ningún daño demostrable. Al igual que el alcohol, muchas de estas sustancias pueden ser, y son, usadas por los consumidores con moderación, con escasa relación con sus efectos dañinos; pero al igual que el alcohol, una minoría de personas pueden abusar de ellas llegando a una dependencia y por consiguente en detrimento de sí mismos o de otros. Y, al igual que para ambas sustancias legales, los efectos psicoactivos de cada una de las drogas prohibidas varía profundamente de una persona a otra. Para ir sobre seguro, es importante la farmacología de la sustancia, su pureza y el modo en el que se consume. Gran parte depende no sólo de la fisiología y de la psicología del consumidor, sino de sus espectativas con respecto a la droga, a su entorno social y del ambiente cult

ural, eso que el psiquiatra de la universidad de Harvard, Norman Zinberg, ha dado en llamar "el marco y el panorama de fondo" de la droga (68). Son factores de este tipo los que podrían cambiar radicalmente, aunque de forma difícil de determinar, si las drogas ilegales se legalizasen. No es posible prever si la legalización provocaría o no un aumento del consumo de drogas. Los ejemplos que nos muestran otras sociedades son controvertidos. La experiencia china, cuando los ingleses difundieron el opio en el siglo XIX y millones de personas se volvieron tóxicodependientes, representa el peor de los casos. Otro ejemplo negativo es la destrucción de muchas tribus de indios en américa a causa del alcohol. Por otra parte, la despenalización de la marihuana en once estados de los Estados Unidos a mediados de los años Setenta no ha comportado un aumento del consumo de marihuana (69). En Holanda, en donde en los mismos años la despenalización del cannabis avanzó mucho más, se registra actualmente un significativo desc

enso del csonsumo; en 1976, el 3% de los chicos con edades comprendidas entre los 15 y los 16 años y el 10% de los chicos con edades entre los 17 y los 18 años consumían cannabis esporádicamente; en 1985, los respectivos porcentajes descendieron al 2 y al 6% (70). La política que se aplicó consiguió, tal y como el gobierno pretendía, que "el consumo de marihuana se conviertiese en algo aburrido". Por último, la América de finales del ochocientos nos da otro ejemplo de sociedad en la que no existían casi leyes antidroga y ni tan siquiera reglamenteos al respecto, sino que el consumo de droga se hallaba en los mismos niveles en los que se encuentra en la actualidad (71). El abuso de drogas se consideraba un problema relativamente grave, pero recurrir a la represión no era considerado parte de la solución (72). En cualquier caso, existen motivos de peso para pensar que ninguna de las sustancias actualmente ilegales, si se legalizasen, pasarían a ser tan populares como el alcohol o el tabaco. El alcohol es desde

hace mucho tiempo la causa principal de intoxicación en muchas sociedades, comprendidas aquellas en las que se puede disponer de otras sustancias legalmente. Presumiblemente, son sus distintas propiedades las que hacen que sea tan popular: quita la sed, acompaña bien las comidas, a menudo satisface el paladar, estimula el apetito y el contacto social, etc. La difusión del consumo del tabaco se deriva probablemente no tanto de sus fuertes cualidades de adicción, sino por el hecho de que sus efectos psicoactivos son bastante sutiles y se puede integrar el consumo de tabacao con otras muchas actividades del hombre. Ninguna de las sustancias que actualmente están fuera de la ley en Estados Unidos posee el mismo nivel de estas propiedades, ni parece posible que pueda adquirirlas una vez legalizadas. Además, ninguna de las sustancias prohibidas puede competir con el papel especial que el alcohol ocupa en la cultura y en la historia americana, un papel que mantuvo incluso durante el Prohibicionismo.

Muchos de los daños causados actualmente por las drogas ilegales se derivan de su consumo en manera intensa y peligrosa. Existen buenas razones para dudar que muchos americanos pudiesen inyectarse por vía intravenosa la cocaína o la heroína aunque tuviesen manera de hacerlo legalmente. Así como el dramático crecimiento de la población de heroinómanos en los años sesenta se niveló despuiés por razones que poco tenían que ver con las leyes antidroga, cabe esperar, aunque no ha sudedido todavía, que pase lo mismo actualmente con los consumidores de crack.

Tal vez la razón más reconfortante para creer que la abolición de las leyes antidroga procede tal y como hemos aprendido de nuestras experiencias pasadas por el abuso del tabaco y del alcohol. Actualmente sabemos, por ejemploi, que establecer impuestos es un método eficaz para reducir el consumo y los costes que acarrea, especialmente entre los más jóvenes (73). Muchas pruebas demuestran que restricciones y prohibiciones en la publicidad, y promoción de publicidades negativas pueden modificar actitudes (74). Lo mismo ocurre con las demás medidas gubernamentales, comprendidas las restricciones en los horarios y en los lugares de venta (75), las prohibiciones en las máquinas distribuidoras, la prohibición de consumirlo en lugares públicos, los criterios de confección, las modificaciones en las pólizas de seguros, las restricciones severas para quién conduce bajo los efectos de la sustancia en cuestión, y las leyes que responsabilizan a los propietarios de los locales y a los patrones de casa sobre lo que beben

sus clientes e invitados. Se ha demostrado que algunos programas pedagógicos sobre los peligros del humo del tabaco han contenido a muchos niños empezar a fumar (77). Al mismo tiempo, hemos empezado a comprender qué daños pueden acarrear la amenaza a los instumentos de control por parte de los grupos de poder como los que actualmente paralizan los esfuerzos para disminuir los peligros que se derivan del consumo de tabaco y de alcohol.

La legalización posee mayores oportunidades de controlar el consumo y el abuso de droga que las que actualmente posee la política penalizadora. La estrategia aplicada actualmente propicia que el tipo, el precio, la pureza y la potencia de las drogas ilegales, así como los que participan en el negocio, estén ampliamente determinados por los traficantes, por las dinámicas competitivas propias de un mercado ilegal y de la interacción perversa entre las estrategias represivas y las tácticas del mercado de droga. Durante los últimos diez años, por ejemplo, la pureza media de cocaína y de heroína al por menor aumentó, y el crack se convirtió en algo barato y fácil de encontrar en un número cada vez mayor de ciudades americanas (8). Por el contrario, la marihuana pasó a ser más cara y más difícil de encontrar, en parte porque es mucho más vulnerable a los controles de policía que la cocaína y la heroína. El resultado ha sido alejar tanto a los traficantes como a los consumidores de la marihuana, relativamente más s

egura, acercándolos a la cocaína, en comparación mucho más peligrosa (8). Por el contrario también, mientras la eficacia de muchas sustancias prohibidas ha aumentado a lo largo de los años ochenta, la de buena parte de las sustancias psicoactivas legales ha ido disminuyendo. Empujados generalmente por la preocupación por su salud, los americanos están pasando de las bebidas alcohólicas fuertes a la cerveza y al vino, del tabaco fuerte a tabaco con bajo contenido de nicotuina, tabaco sin alquitrán y chiclet con sabor a nicotina, e incluso del café a los descafeinados, al té y a los refrescos. Tal vez estas tendencias divergentes no sean tanto un reflejo de la naturaleza de las drogas cuanto de su estatus legal.

Una política de control de la droga que se base principalmente en aporximaciones distintas de la penal ofece ventajas significativas con respecto a la concentración actual en la penalización. Asimismo, traslada el control de la producción, de la distribución, y en menor medida, del consumo, de las manos de los criminales a las del gobierno. Permite a los consumidores estar mucho mejor informados de lo que lo están ahora antes de decidirse a comprar droga. Reduce considerablemente la posibilidad de que los tóxicodependientes se dañen con drogas impuras, inesperadamente fuertes o no identificadas. Corrige la idea hipócrita y peligrosa de que el tabaco y el alcohol sean menos peligrosos que otras drogas prohibidas. Reduce miles de millones de dólares los gastos gubernamentales para el control represivo de la droga y paralelamente aumenta en miles de millones las entradas fiscales. Y da al gobierno la oportunidad de remodelar los consumos orientándolos hacia sustancias psicoactivas y métodos de consumo relativam

ente más seguros.

Hacia finales de los años veinte, cuando el debate sobre la abolición del prohibicionismo inició, muchos estudiosos, periodistas, grupos privados y gubernamentales, intentaron evaluar el prohibicionismo y sus alternativas potenciales. Entre estos, los más importantes fueron la Comisión Wickersham nombrada por el presidente Herbert Hoover y el estudio sobre las leyes en materia del alcohol en el extranjero, dirigido por el más grande estudioso de ciencias políticas de los Estados Unidos, Raymond Fosdick y financiado por John D. Rockefeller (78). Dichos grupos de estudio examinaron los éxitos y los fracasos del Prohibicionismo en los Estados Unidos y evaluaron la amplia gama de regímenes alternativos para el control de la distribución y del consumo de cerveza, vino y licores. Desempeñaron un papel fundamental de estímulo en una remodelación pública sobre el Prohibicionismo y una búsqueda de alternativas que son necesarias actualmente.

La opción de la legalización controlada de la droga no es una alternativa o-todo-o-nada a las estrategias actuales... Es más, las realidades políticas aseguran que cualquier transición evolucionará gradualmente, con amplias oportunidades de pausas, nuevas evaluaciones y orientaciones cuando la opción demostrase ser demasiado costosa o contraproducente. No es necesario que sea el gobierno federal el que guíe la investigación de las alternativas; basta con que despeje el camino para otorgar a los gobiernos estatales y locales el poder legal de aplicar sus propias formas de legalización. Los primeros pasos no poseen demasiados riesgos: legalización de la marihuana, mayor disponibilidad de drogas prohibias o estrictamente controladas para combatir el dolor o con otros fines terapéuticos, políticas más duras de control del tabaco y del alcohol y un arco más amplio y fácil de alcanzar que los programas de desintoxicación.

Remediar los males causados por la droga en los guetos americanos requerirá medidas más radicales. Los riesgos que se derivan de una estrategia de legalización controlada de la droga más amplia - mayor disponibilidad, precios más bajos y eliminación del poder frenante de las sanciones penales - son relativamente menores en los guetos que en el resto de los Estados Unidos, en parte porque la difusión de droga es tan alta, los precios tan bajos y las sanciones penales tan insignificantes como freno de la tóxicodependencia que la legalización difícilmente podría empeorar la situación. Por el contrario, la legalización daría, precisamente en los guetos, sus mayores beneficios, zanjando la mayor parte de las conexiones entre droga y criminalidad, quitándoles de las manos el mercado a los delincuentes, desmitificando la figura de los traficantes, ayudando a reorientar la ética del trabajo desde los empleos ilegales a los legales y a contrastar el contagio de SIDA por parte de los tóxicodependientes, y mejorando de

manera sustancial la seguridad, la salud y el bienestar de quien consume y abusa de las drogas. Dicho de otra manera, legalizar la cocaína, la heroína y el resto de las llamadas drogas peligrosas puede ser el único modo para cambiar el impacto destructor de las drogas y de la actual política represiva de la droga en los guetos. No cabe la menor duda de que la legalización es una opción arriesgada, y desde luego puede conducir a un aumento de tóxicodependientes. Pero este riesgo no es una certeza. En cambio, las estrategias del control de la droga que actualmente se aplican están avanzando a paso de tortuga y las nuevas propuestas sólo prometen ser más costosas y más represivas. Nosotros sabemos que la abolición de las leyes prohibicionistas eliminaría o reduciría considerablemente muchos de los males que la gente considera como parte integrante del "problema de la droga". Y sin embargo, esta hipótesis ha sido rechazada en repetidas ocasiones en voz alta sin ninguna voluntad de evaluarla plena y objetivament

e. Los últimos veinte años han demostrado que una política de la droga basada en la retórica y en la difusión del pánico sólo puede comportar el desastre con el que nos encontramos en la actualidad. Si no nos ponemos inmediatamente a estudiar todas las alternativas, comprendidas las distintas estrategias de legalización, existen buenas posibilidades de que no consigamos nunca encontrar la mejor solución a nuestro problema de la droga.

NOTAS Y REFERENCIAS

(1) Los términos "legalización" y "despenalización" se utilizan indistintamente en este informa. Algunos interpretan este último como una forma más limitada de legalización que prevea la eliminación de sanciones penales aplicadas a los consumidores pero no de aquellas aplicadas a los productores y vendedores.

(2) declaración del senador D.P. Moynihan, refiriéndose a un informe del U.S. Department of Agriculture, en Congr. Rec. 134 (n.77) p.S7049 (27 maggio 1988)

(3) Drug Enforcement Administration, Departement of Justice, Intell. Trends, 14 (n.3), 1 (1987)

(4) véase, p.e., K. Healy, J. Interam, Stud. World Aff. 30 (n.2/3), 105, (verano/otoño de 1988)

(5) E.A. Nadelmann, ibid, 29 (n.4), 1 (invierno de 1987-88)

(6) C. McClintock, ibid. 30 (n. 2/3) 127 (verano/otoño de 1988); J. Kawell, Report on the Americas 22 (n.6), 13 (marzo 1989)

(7) P. Reuter, Public Interest (n.92) (verano 1988) p. 51

(8) véanse los informes anuales del National Narcotics Intelligence Consumers Committee pubblicados por la Drug Enforcement Administration, Departement of Justice, Washington, D.C.

(9) "Street Level Drug Enforcement: Examining the Issues" M.R. Chaikon Ed. (National Institute of Justice, Departement of Justice, Washington, D.C., settembre 1988)

(10) National Drug Enforcement Policy Board, "National and International Drug Law Enforcement Strategy",(Departement of Justice, Washington, D.C., 1987)

(11) Anti Drug Law Enforcement Efforts and Their Impact (informe preparado por la policía fiscal y aduanera de los Estados Unidos por Wharton Econometric Forecasting Associates, Washington, D.C., 1987) pp. 2 e 38-46

(12) Sourcebook of Criminal Justice Statistics, 1987 (Bureau of Justice Statistics, Departement of Justice, Washington, D.C., 1988), pp. 490, 494, e 518; y "Prisoners in 1987" Bur. Justice Stat. Bull. (Abril de 1988)

(13) U.S. Sentencing Commission, "Supplementary Report on the Initial Sentencing Guidelines and Policy Statements" (U.S. Sentencing Commission, Washington. D.C., 18 junio de 1987) pp. 71-75

(14) R.D. McFadden, New York Times, 5 enero de 1988, p. B1

(15) Annual Report 1987-88 (Florida Departement of Corrections, Tallahasee, FL, 1988) pp. 26, 50 e 51

(16) "Felony sentences on state courts, 1986" Bur. Justice Stat. Bull. (febrero de 1989)

(17) Cabe subrayar que las cifras citadas no incluyen los numerosos detenidos condenado por delitos relacionados con la droga tales como delitos de violencia cometidos por los traficantes, generalmente en sus conflictos, y los atracos llevados a cabo para obtener el dinero necesario para pagar la droga.

(27) Un experimento bajo control en el que 96 heroinómanos detectados habían solicitado una prescripción de mantenimiento de heroína y a los que se les había asignado esporádicamenste tratamientos con heroína o metadona intravenosa demostró que "el rechazo (por parte de los médicos) de prescribir heroína está asociado a un índice considerablemente alto de abstinencia, a costa de un aumento del índice de arrestos y del nivel de consumo de droga y de actividades delictivas por parte de quien no se abstiene" R.L. Hartnoll e al., Arch. Gen. Psychiatry, 37, 877 (1980)

(28) "Drug use and crime", Bur. Justice Stat. Spec. Rep. (julio 1988)

(29) véase el argumento en P.J. Goldstein, P.A. Bellucci, B.J. Spunt, T. Miller, "Frequency of cocaine use and violence: a comparison between man and women" ) in NIDA- National Institute of Drug Abuse, Res. Monogr. Scr. en vías de impresión.

(30) Sourcebook of Criminal Justice Statistics, 1986 (Bureau of Justice Statistics. Departement of Justice, Washington, D.C., 1987) p.398

(31) Sourcebook of Criminal Justice Statistics, 1986 (Bureau of Justice Statistics. Departement of Justice, Washington, D.C., 1988) p.497

(32) P.J. Goldstein, Pathways to Criminal Violence, N.A. Weiner e M.E. Wolfgang Eds. (Sage, Newbury Park, California, 1989) pp. 16-48

(33) "A tide of drug killing", Newsweek, 16 gennaio 1989, p.44

(34) P. Shenon, New York Times, 11 abril 1988, p. A1

(35) W. Nobles, L. Goddard, W. Cavil, P. George, The Culture of Durgs in the Black Community (Institute for Advanced Study of Black Family Life and Culture, Oakland, California, 1987)

(36) T. Mieczowski, Crimonology 24, 645 (1986)

(37) C.L. Renfore y T. Messinger, Semin. Adolescent Med. 1 (n.4), 247 (1985)

(38) D.C. Des Jarlais y S.R. Friedman, J. AIDS 1, 267, (1988)

(39) D.C. Des Jarlais y al., J. Am. Med. Assoc., 261, 1008 (1989)

(40) S.R. Friedman y al. Ins. J. Addict, 32 (n.3), 201 (1987)

(41) T. Bennet, Law Contemp. Prob. 61, 310 (1988)

(42) R.J. Batties y R.W. Pickers, Eds., NIDA Res Monogr. Ser. 80 (1988)

(43) D.C. Des Jarlais y S.R. Friedman, J. AIDS 2 (suppl.1), 865, (1988)

(44) M.Marriot, New York Times, 7 novembre 1988, p. 81 (ibidem, 30 enero de 1989, p.A1)

(45) Int. Work Group AIDS IV Drug USe Newsl. 3,3 (diciembre de 1988)

(46) véase, p.e., P. Fitzgerald, St. Louis Univ. Public Law Rev. 6, 371 (1987)

(47) L. Grinspoon y J.B. Bakalar, in "Dealing with Drugs: Consequences of Government Control", R. Harmowy Ed. (Lexington Books, Lexington, MA, 1987) pp. 183-219

(48) T.H. Mikuriya, Ed. "Marijuana: Medical Papers", 1839-1972 (medi-Comp Press, Oakland, CA, 1973)

(49) "In the Matter of Marijuana Rescheduling Petition", Docket n. 82-22. 6 settembre 1988, Drug Enforcement Administration, Departement of Justice

(50) A.S. Trebach, "The Heroin Solution" (Yale Univ. Press, New haven, CT, 1982) pp. 69-84

(51) L. Appleby, Saturday Night, noviembre de 1985, p. 18

(52) F.R. Lee, New York Times, 10 febbraio 1989, p. B3; F. Barre. Headache 22, 69 (1982)

(53) L. Grinspoon y J.B. Bakalar, "Psychedelic Drugs Reconsidered" (Basic Books, New York, 1979)

(54) M.Donovan, P. Dillon, L. McGuire, "Pain" 30, 39 (1987); D.E. Weissman, Narc Officer (n.1), 47 (enero de 1989); D. Goleman, New York Times, 31 diciembre de 1987, p. B5. Il Controlled Substances Act, 21 U.S.C. art. 581 y suc. insiere una droga en la Tabla I si se cumplen las siguentes condiciones: a) posee un fuerte potencial de abuso, b) non se está usando por el momento para ningún tipo de tratamiento médico en Estados Unidos y c) no existe certeza sobre su consumo bajo control médico. La ley federal prohibe a los médicos prescribir a los pacientes una droga de la tabla I con fines terapéuticos.

(55) Sourcebook of Criminal Justice Statistics, 1986 (Bureau of Justice Statistics. Departement of Justice, Washington, D.C., 1988) p.417

(56) "Towards a national plan to combat alcohol abuse and alcoholism: A report to the United States Congress" (Departement of Health and Human Services, Washington, D.C., settembre 1986)

(57) D.R. Gestein, in "Alcohol and Public Policy: Beyond the Shadow of Prohibiton", M.H. Moore e D.R. Gestein Ed. (National Academy Press, Washington, D.C., 1981) pp. 182-224

(58) Citado en T. Wicker, New York Times, 13 mayo de 1987, p. A27

(59) M.M. Kondracke, New Repub. 198 (n.26), 16 (27 junio de 1988)

(60) "Marihuana" (National Institute on Drug Abuse, Washington, D.C., 1983)

(61) J.D. Miller y L.H. Cisin, "Highlights from the National Survey on Drug Abuse", 1982 (National Institute on Drug Abuse, Washington, D.C., 1983), pp. 1-10

(62) P.M. O'Malley, L.D. Johnston, J.G. Bachman. NIDA Monogr. Ser, 61 (1988), pp. 50-75

(63) T.G. Aigner y R.L. Balster, Science 201, 543 (1978); C.E. Johanson, Nida Monogr. Ser. 50 (1984), pp. 54-71

(64) J.F. French y J. Safford, Lancet, 1,1082 (1989); D.C. Des Jarlais, S.R. Friedman, C. Casriel, A. Kort, Psychol. Health 1, 179 (1987)

(65) J. Kaplan "The Hardest Dyrg: Heroin and Public Policy" (Univ. of, Chicago Press, Chicago, IL, 1983) p. 127

(66) S. Siegel, Res. Adv. Alcohol Drug Probl. 9, 279 (1986)

(67) J.A. O'Donnell, "Narcotics Addicts in Kentucky" (Public Health Service Publ. 1881, National Institute of Mental Health, Chevy Chase, MD, 1969) discutido en "Licit and Illicit Drugs" (E.M. Brecher and the Editors of Consumer Reports Little, Brown, Boston, 1972), pp 8-10)

(68) véase N. Zinberg, "Drug, Set and Settings: The Basis for Controlled Intoxicant Use (Yale Univ. Press, New Haven, CT, 1984)

(69) L.D. Johnston, J.G. Bachman, P.M. O'Malley, "Marijuana decriminalization: the impact on youth 1975-1980" (Monitoring the Future, Occasional Paper 13, Univ. of Michigan Institute of Social Research, Ann Arbor, MI, 1981)

(70) "Policy on drug users" (Ministry of Welfare, Health, and Cultural Affairs, Rijswijk, Holanda, 1985)

(71) D. Courtwright, "Dark Paradise: Opiate Addiction in America Before 1940" (Harvard Univ. Press, Cambridge, MA, 1982)

(72) E.M. Brecher and the Editors of Consumer Report, "Licit and Illicit Drugs" (E.M. Brecher and the Editors of Consumer Reports Little, Brown, Boston, 1972) pp.1-41

(73) véase P.J. Cook, "Alcohol and Public Policy: Beyond the Shadow of Prohibiton", M.H. Moore e D.R. Gestein Ed. (National Academy Press, Washington, D.C., 1981) pp. 255-285; D.Coate y M.Grossman J.Law Econ., 31, 145 (1988); véase igualmente K.E. Warner in "The Cigarette Excise Tax" (Harvard Univ. Institute for the Study of Smoking Behaviour and Policy, Cambridge, MA, 1985) pp. 88-106

(74) J.B. Tye, K.E. Warner, S.A. Glantz J. Public Health Policy 8, 492 (1987)

(75) O.Olsson y P.O.H. Wikstrom, Contemp. Durg Probl. 11, 325 (otoño 1982); M. Terris, Ann, J. Public Health 57, 2085 (1967)

(76) M.D. Laurence, J.R. Snortum, F.E. Zimming, Eds "Social Control of the Drinking Driver" (univ. of Chicago Press, Chicago, IL 1988)

(77) J.M. Polich, P.L. Ellickson, P.Reuterm J.P. Kahan. "Strategy for Controlling Adolescent Drug Use" (RAND, Santa Monica, CA, 1984) pp. 145-152

(78) R.B. Fosdick e A.L. Scott "Toward Liquor Control" (Harper, New York, 1933)