SUMARIO: La diferencia entre las dimensiones del problema droga y los recursos consentidos por los límites de gasto del plan americano es abismal. El énfasis que Bush pone en las sanciones penales está sometido a una decisiva objeción práctica: las concesiones económicas previstas son inadecuadas para que las sanciones penales sean probables y severas. La alternativa sugerida por Financial Times estriba en la despenalización del consumo de droga y la extensión de los programas de recuperación y de información.

(Notizie Radicali nº 224 del 17 de octubre de 1989 - Financial Times del 7 de septiembre de 1989)

Con el plano anti-droga que llanamente ha anunciado, George Bush añade su nombre a la lista de aquellos presidentes americanos que, a partir de Richard Nixon, han venido declarando la guerra contra el abuso de droga. Bush está asimismo desafiando a la suerte, pues poco deja suponer que vaya a tener más éxito que sus antecesores, sobre todo a corto plazo, éxito sobre el que se basa el sistema político americano.

Bush no se ha privado de abandonarse a la retórica. Con una bolsita de crack en la mano, ha afirmado que "esta droga está transformando nuestras ciudades en campos de batalla y está asesinando a nuestros hijos". Al decirlo, Bush ignora los argumentos por los que dichos males no están causados por las drogas en sí, sino por el hecho de que las mismas se vendan en régimen de mercado negro, exento de toda reglamentación y administrado por bandas criminales.

Lo que es más destacado todavía es la diferencia abismal entre las dimensiones del problema que él describe y los recursos que los autoimpuestos límites de presupuesto consienten. El Presidente ha solicitado una autorización de gasto de 7 mil 900 millones de dólares para el próximo año, un incremento de sólo 2 mil 200 millones de dólares. Más de la mitad de dicho incremento está destinada a un programa de construcción de cárceles previamente anunciado. Por lo tanto, las sumas reales serán de 6 mil 400 millones de dólares, con un incremente de sólo 1.500 millones.

Sólo 2 mil millones se destinarán a los países andinos durante un periodo de 5 años. Los cálculos sobre el volumen de facturado relacionado con las drogas ilegales son inevitablemente incorrectas, pero se calcula que oscilan alrededor de los 100 mil millones de dólares al año. Si Estados Unidos augura la reducción de este fructífero comercio, tendrá que ofrecer a los productores alternativas igualmente lucrativas. Dada la intensidad de la demanda (y la probabilidad de un aumento de los precios con la reducción de la producción), todo esto tendría un precio de dimensiones sumamente mayores a las propuestas por ahora. Bush está intentando apagar el incendio de un bosque con un cubito de agua.

Frenar la demanda

En cambio, el Presidente tiene razón con respecto al viraje, aunque tardío, de poner freno a la demanda. Aunque el énfasis de las sanciones penales está sujeto a fuertes objeciones. Hay una reserva moral: hasta qué punto los gobiernos pueden intentar impedirles a los ciudadanos que se hagan daño a sí mismos? La objeción es particularmente aguda en Estados Unidos, en donde existe libre acceso a las armas, cuyo único objeto es el de dañar a otras personas.

Pero la objeción práctica es la decisiva. El presidente Bush propone el aumento de los procesos a cargo de los consumidores de droga por parte de las jurisdicciones locales competentes; una petición que comporta el incremento de la iniciativa política contra la droga como condición para recaudar fondos a nivel federal; un apoyo más consistente a los proyectos de construcción de viviendas públicas; más severos controles anti-droga en las empresas privadas, incluso el aumento de control de los que trabajan en cargos relacionados con la seguridad pública; sanciones alternativas para los crímenes relacionados con la droga que no hayan comportado acciones de violencia, como "campos de trabajo" o arrestos domiciliarios; y la promoción de campañas de información para desalentar al consumo de droga, y la extensión de los tratamientos para la recuperación de los toxicómanos.

Recursos inadecuados

Para desalentar a los consumidores con sanciones penales, estas sanciones tendrían que ser probables y severas, pero las sumas previstas son inadecuadas para lograr este objetivo. Para los consumidores de droga empedernidos, el placer sería demasiado grande y las sanciones demasiado remotas.

Lo que sería necesario es, tal y como el Presidente ha dicho, una estrategia que permita alcanzar "todos los colegios, todos los lugares de trabajo, que implique a toda familia". La campaña anti-droga tendría que penetrar a toda la sociedad, aunque esto podría ser insuficiente y los costes superarían seguramente todo beneficio imaginable. Precisamente uno de dichos costes (y una razón de fracaso) es la probabilidad de un aumento de la corrupción y de las fuerzas de policía que ya constituye un problema en ciudades como Miami.

Además, la criminalización de consumidores es incompatible con la eficacia del tratamiento de recuperación, puesto que pocos toxicómanos buscarían ayuda si estuviesen sujetos a sanciones como las proyectadas.

La alternativa a estas sanciones a cuenta de los consumidores sería la descriminalización del consumo de droga y la paralela extensión de los programas de información y de recuperación. Los toxicómanos podrían entonces apuntarse y obtener droga, en cantidades de manutención, a través de los canales oficiales. De esta manera el vínculo que une a los toxicómanos con el mercado negro se rompería, a pesar de que el comercio en sí seguiría siendo ilegal.

Las propuestas del Presidente Bush podrían intentar dirigirse hacia un enfoque más racional. Bush ha reconocido que la demanda es la raíz del problema; ha comprendido que las sanciones penales pueden frenar la demanda sólo gracias a un incremento excepcional de la presencia de fuerzas de policía (a pesar de que - y es típico - no quiera solicitar las financiaciones necesarias). A medida que Estados Unidos avanza en esta dirección las implicaciones para la libertad individual serán cada vez más obvias. Al final, el precio pagado por haber tratado un problema de salud pública como un delito demostrará ser demasiado caro para ser tolerado incluso por el actual clima de histeria colectiva.