SUMARIO: Puede el Partido radical contentarse sólo con combatir el prohibicionismo de las drogas? Considerando que las leyes no son el derecho sino al contrario, el derecho penal es injusto y perverso en sus medios, e ilegítimo en sus objetivos. La autora considera que ante la perspectiva de abolirlo totalmente, hay que trabajar enconadamente para reformarlo para hallar soluciones más fraternales, más comunitarias y solidarias con respecto a todo tipo de conflictos. El primer paso podría ser adoptar un programa mínimo que elimine del delito penal todos los delitos sin víctimas, así como trabajar desde ahora para abolir las cárceles.

(Noticias Radicales, nº 248 del 4 de noviembre de 1989)

Si el Partido radical no hubiese creado una Liga antiprohibicionista en marzo de 1989, habría que crearla ahora atacando frontalmente la política penal sobre las drogas y subrayando que la única solución posible pasa a través de una revisión completa de las convenciones internacionales. Por otra parte, quién, aparte del Partido radical y del Cora, podía inventar un organismo internacional cogiendo por sorpresa a la opinión pública y a la política penal de todos los países occidentales en esta materia?

Ya el convenio de Bruselas, celebrado en octubre de 1988, representaba toda una apuesta: reunir a los protagonistas de los numerosos países que hubiesen propuesto soluciones sustitutivas a la prohibición; correr el riesgo de dejarles manifestar sus diferentes modalidades de abolición de las políticas penales; y publicar las actas del convenio. Nadie había tenido hasta ese momento el valor de representar con tanta evidencia, y reuniendo a tantas personalidades, gestos que tan seriamente habían contribuido a nutrir el debate y a hacer que creciese.

La fuerza de los argumentos de los miembros fundadores de la Lia, la de los miembros del Partido comprometido en la lucha antiprohibicionista se encuentra considerablemente enriquecida por el convenio, por sus actas, y posteriormente por el debate y las declaraciones del Congreso de fundación de la Lia.

A partir de ese momento, el antiprohibicionismo se granjeó un espacio en el escenario político durante la campaña que precedió a las elecciones del Parlamento europeo y - gracias al Partido radical, a su opción transnacional y transpartídica - ha salido elegido un diputado en el Parlamento europeo procedente de una plataforma antiprohibicionista. Estas candidaturas son la ocasión para un debate fundamental sobre los costes de la prohibición, sobre los orígenes de esta política irracional y viciosa, y sobre las razones que explican la enconada persistencia a pesar de los fracasos tan estridentes.

El plan Bush multiplica los terribles problemas producidos en América Latina - y sobre todo en Colombia, en Bolivia y en Perú - por una política antiprohibicionista de los países del Norte, querida por los países consumidores y cuya fuerza motriz es sin duda la pretensión de controlar desde el exterior los problemas que el país sufre en su interior. Se repite la dinámica que prevaleció cuando se adoptaron las primeras convenciones internacionales sobre los estupefacientes...

En el fondo, para los americanos se trata de situarse como campeones de la lucha por un orden "moral" que son absolutamente incapaces de observar en su propia casa. Es el intento de cerrar las fronteras, de controlar a distancia o, en caso contrario, de imponer su propio orden a través de la fuerza armada. Había llegado el momento de crear una liga antiprohibicionista internacional. Con la prueba de marzo de 1989, el Partido radical demostró ser consciente de la uregencia moral y política.

En cualquier caso, y aunque la opinión pública y la prensa parecen concienciarse lentamente del carácter obsoleto de la prohibición, aunque se da cuenta perfectamente de que no se cambiarán las costumbres de consumo de millones de tóxicodependientes a través de la lucha armada, el control de las fronteras, la extradición de los traficantes y su encarcelamiento, no ven la legalización de la droga como un hecho inminente. Todavía queda un largo camino por reccorrer antes de que se pueda lograr que cesen las medidas penales y represivas en el campo de la circulación y el consumo de droga está lejos todavía. Existen demasiados intereses creados de por medio que se oponen a la pura y simple retractación de las convenciones internacionales. Pero, puede el Partido radical contentarse sólo con combatir el prohibicionismo en el campo de las drogas?

No nos conducirá la simple lógica moral a combatir todas las medidas penales que se adoptan, por ejemplo, para con los delitos sin víctima y a defender una visión minimalista de la represión penal, es decir, un control represivo que se aplique sólamente a los comportamientos que constituyen un peligro social real y a propósito de los cuales el resto de los controles han demostrado ser ineficaces?

Pienso, por ejemplo, en la lucha llevada a cabo por grupos de una cierta edad y de una cierta formación social, en Canadá, para hacer que las leyes contra la prostitución y la pornografía sean más punitivas. «Qué hipocresía tan grande por parte de todos aquellos que utilizan la prohibición para "no ver" lo que está en la calle o en los quioscos pero que cuentan con los medios suficientes para procurarse las mismas cosas en sus casas o en las "casas" que les agrada!.

Pienso en los centenares de cláusulas de los códigos penales que se alegan a los delitos contra la propiedad y que matan dos veces, considerando el robo en un apartamento castigable con la cárcel. Una delincuencia ocasional se convierte en una actividad dictada por la necesidad de los jóvenes en paro (y otros no tan jóvenes), de aquellos que se amparan en la asistencia social y de las madres solteras. Qué legitimidad posee un Estado que utiliza la sanción penal contra una delincuencia fruto de la necesidad y de una organización social injusta?

Nosotros sabemos que las leyes no son el derecho. Ninguno de nosotros se llama a engaño. Nuestras leyes penales son votadas por los legisladores, los hombres, raramente las mujeres, la clase media superior, los grupos étnicos dominantes que defienden los intereses de sus grupos y los de los grupos de presión corporativos que les apoyan en las elecciones. Estas se llevan a cabo en contadas ocasiones para asegurar el bienestar de la mayoría tal y como querían los filósofos penales de la tradición liberal democrática. Tras venticinco años de docencia y de investigación en criminología, habiendo examinado a fondo el trato que los Estados dispensan a aquellos que son sospechosos, acusados o condenados, he llegado a la conclusión de que el derecho penal es tan injusto, tan pervertido en sus medios, y tan ilegítimo a menudo en sus objetivos que hay que trabajar árduamente para abolirlo en su totalidad. Es necesario que se examine desde el punto de vista de los valores que defiende (del 40 al 70% de sus disposicione

s tienen por objeto hacer que se respete la propiedad privada de los "contribuyentes" o de las compañías y de las corporaciones que no "contribuyen" en absoluto y de las compañías exentas de los deberes fundamentales del respeto por los bienes más esenciales para la supervivencia de la humanidad - por ejemplo, la contaminación profesional a la que no se le imponen sanciones económicas eficaces, o la industria farmacéutica que medicaliza sin vergüenza alguna a millones de ancianos, (mientras el Estado encarcela a fumadores de marihuana y a consumidores de cocaína y heroína) o bien en sus disposiciones que desprenden realmente del sistema social a aquellos a los que la organización económica ya había marginado. El derecho penal y sobre todo el sistema penal, son males de por sí y son la fuente de tantas iniquidades que se llega a la conclusión de que sería necesario deshacerse, sobre todo tras varias décadas intentando reformarlo inùtilmente. Son numerosos los miembros del Partido radical que han sufrido. Algu

nos han muerto, como Enzo Tortora. Junto a las víctimas de los delitos, hay que contar también a las víctimas del derecho penal: los autores de los delitos más o menos graves, los disidentes a los que el brazo más o menos violento y agresivo del Estado, viola complacido. Cuanto más se restringe el proceso, más nos acercamos a la cárcel, cuanto más evidente es el objetivo más se tiende a la discriminación contra los jóvenes, los marginados morales, los disidentes ideológicos, los que resisten, las personas solas, los pobres y los miembros de los grupos étnicos minoritarios. Todos aquellos a los que el el orden, o mejor dicho, el desorden ambiental no ha sabido "organizar" eficazmente.

Al igual que los antiprohibicionistas sobre droga, los abolicionistas no piden una sociedad sin normas. La mayoría considera que el hecho de que el Estado se encargue de tantos conflictos interponiéndose entre la víctima y el presunto agresor, ha contribuido notablemente a desresponsabilizar a todos: agresores, víctimas, ambiente que debe hallar lo antes posible soluciones más fraternales, solidarias y humanitarias con respecto a los distintos conflictos.

Distintas iniciativas de este tipo (reparaciones, restricciones, indemnizaciones...) se revelan convenientes para los recursos del Estado y de los individuos, reconfortantes para las partes que no se sienten extrañas en las negociaciones de sus asuntos. Por ejemplo, la desjuridificación, el recurrir sistemáticamente al testimonio de las víctimas. O bien, la práctica de invitar a las partes para que hallen soluciones a sus conflictos, sin que el Estado y sus procuradores dominen la escena. Con esta consecuencia poco previsible en un principio, de que las víctimas que toman parte en la solución de sus conflictos y que deben decir algo con respecto a las indemnizaciones que merecen, se repongan mucho más rápidamente de los traumas que han sufrido que dejaban todo en manos del sistema judicial y sufrían pasivamente su proceso. Pero la solución abolicionista no es tal vez demasiado radical, no sería mejor adoptar primero un programa mínimo eliminando del distrito penal todos los delitos sin víctimas y los delito

s que no constituyen un daño real para el grupo social?

Lo que nos deja perplejos ante la solución mínima, es el hecho de que ciertos países occidentales que intentan practicarla a distintos niveles (recurriendo pocas veces al encarcelamiento, reduciendo el número de las infracciones y desjuridificando lo más a menudo posible) - Holanda, Dinamarca - se encuentran siempre con la tentación constante de alargar las condenas, de volver a introducir en los códigos nuevos crímenes. Así, por ejemplo, nuestros colegas holandeses han reconocido que las largas sentencias impuestas a personas condenadas por cuestión de drogas han contribuido seriamente a aumentar la duración general de las condenas, del encarcelamiento (Hulsmaan 1983). El sistema penal posee una tendencia innata a la inflación ...

Pero ya en la actualidad creo que el antiprohibicionismo en el campo de las drogas no sabría satisfacer las orientaciones radicales del Partido. Si es demasiado pronto para proponer un sistema "moral" que comporte la abolición completa del sistema penal, se debería a toda costa, trabajar seriamente desde este momento para lograr la abolición de las cárceles. A este respecto cabría considerar el ICOPA (International coalition for the abolition if prisons). En este nivel del sistema penal, los efectos de selección, de discriminación y de criminalización no hace falta demostrarlos.

Por otra parte, para el Partido radical ésta no es más que otra protesta del orden jurídico, civil y penal. Pensemos, por ejemplo, en las luchas y las victorias alcanzadas por el Partido en el campo del divorcio y del aborto.

No deberíamos ir más lejos todavía?