SUMARIO: Diversos jueces y juristas han defendido la necesidad de plantearse la despenalización del tráfico de drogas en una mesa redonda celebrada el fin de semana en Madrid sobre drogodependencias y justicia penal organizada por la asociación judicial Francisco de Vitoria. Manuela Carmena, dirigente de Jueces para la Democracia, alegó que la actual legislación es un "derecho inútil" ya que se incumple "masivamente", por lo que abogó por una legalización controlada.

(Francisco Mercado, "EL PAIS" 14 de noviembre de 1988)

Francisco Marín Castán. magistrado de la audiencia Provincial de Huelva, también afirmó que debe estudiarse la hipótesis despenalizadora. El director de la División de Estupefacientes de la ONU, Francisco Ramos Galino, y el fiscal especial antidroga, José Aparicio, se mostraron en contra de esta opción.

El experto de la ONU defendió la idea de que antes que considerar la opción despenalizadora hay que agotar todos los mecanismos para impedir el tráfico y rebajar el consumo. Para esto último, defendió no sólo desarrollar campañas educativas, sino aplicar sanciones al consumidor. Esta última posibilidad, referido a lugares públicos, es ahora objeto de estudio por el Gobierno español.

Ramos Galino agregó que la despenalización provocó a fines del siglo XIX que uno de cada cuatro chinos consumiera opio. Y afirmó que la entrega por el Estado de droga también fracasó en Irán, ya que muchos yonquis no deseaban figurar públicamente. Este experto de la ONU aseguró que si se despenalizara, se producirían problemas mucho más graves. Otros internvinientes replicaron que esas experiencias fracasaron por producirse aisladamente.

30 billones de pesetas

También abogó por proteger a los jueces - en Colombia mueren ocho cada año - y por la confiscación del dinero que genera este negocio, que estimó en más de 30 billones de pesetas, investigación a la que el fiscal especial antidroga dijo dedicar actualmente buena parte de sus esfuerzos. Ramos Galino reclamó mayores penas para los narcotraficantes y facilidades para su extradición al país que formule los mayores cargos.

El catedrático de Derecho Penal Luis Rodríguez Ramos defendió la hipótesis despenalizadora: "Cuánto mayor sea la eficacia de la represión contra el tráfico, tanto más aumentará el precio de la droga, y en consecuencia, el beneficio y poder de las mafias que la venden".

También apuntó que, a tenor de la legislación actual, cualquier consumidor podría ser condenado como "cooperador necesario" del tráfico. Y consideró que casi ningún drogadicto que delinca puede beneficiarse de la posibilidad de ser enviado a un centro de desintoxicación, dado que se exige que la pena sea inferior a dos años y, lo que es más difícil, que no sea reincidente.

Julián García García, director del centro de estudios penitenciarios, expuso los proyectos de Justicia para frenar el consumo de drogas en prisión. Entre ellos citó una drástica reducción de la entrada de paquetes (actualmente dos por mes y se baraja un máximo de seis al año). Varios intervinientes reprocharon que no se cachee a los funcionarios, pese a que, según dijeron, algunos introducen droga en prisión.

Y también apuntaron que, merced a la connivencia con funcionarios, la mayoría de los puestos de confianza en prisión recae en reclusos traficantes. García García replicó que sólo se cachea a funcionarios sospechosos por ser inviable hacerlo con todos. " Quién controla al que cachea?", alegó.