Colombia está en el centro del remolino de violencia criminal desatada por los poderosos traficantes y por quienes en los países desarrollados controlan y usufructúan la distrubución de la droga. Es el primer Estado-víctima del prohibicionismo. Por eso mismo, las tesis anti-prohibicionistas se abordan frecuentemente por varios sectores de la opinión.

El Instituto de Estudios Liberales inició esta campaña reclamando el viraje en la política oficial hacia una alternativa que reuna cuatro condiciones:

Primera, la de tener validez ética. la despenalización es éticamente válida porque su alternativa - el prohibicionismo - no sólo ha sido incapaz de reducir el consumo (de hecho, el número de adictos aumenta cada año) sino que le añade los brutales sobrecostos de la delincuencia callejera en Estados Unidos o Europa y del terrorismo en Colombia o Turquía.

Segunda, la de proteger debidamente a los inocentes. La legalización protege a los inocentes, porque ya el vendedor callejero no tendrá incentivos para enviciar nuevos clientes; y porque los enormes recursos que hoy se destinan a la represión (más de US$ 10.000 millones este año en USA) podrían dedicarse a la prevención, el tratamiento de adictos y la sustitución de cultivos.

Tercera, la de ir a la raíz profunda del problema, no simplemente a sus consecuencias. la descriminalización va a la raíz del problema, porque la narcocriminalidad y el narcoterrorismo se deben a que la droga sea tan prohibida y tan lucrativa. Lucrativa, precisamente, por prohibida. Porque aprovecha la disposición de muchas personas a pagar mucho dinero por una mercancía ilegalizada: 40 millones de consumidores en el mundo industrializado, que gastan entre US$300 y US$500 mil millones cada año.

Cuarta, la de ser una respuesta internacional a un desafio que es internacional. Es una respuesta internacional porque no se trata de que Colombia descriminalice unilateralmente el comercio, sino de que él sea reglamentado mediante una nueva Convención Internacional.

Influyentes personalidades de la politíca colombiana se han identificado con tal propuesta. Jaime Castro y Ernesto Samper, precandidatos a la Presidencia por el mayoritario Partido Liberal y Rodrigo Lloreda, candidato conservador, han expresado públicamente su apoyo a la "despenalización", la "descriminalización progresiva", la "legalización controlada" y la "reglamentación" de la producción, el procesamiento, el mercadeo y el consumo de psicoactivos.

Según Jaime Castro, la Declaración de Cartagena, firmada por los Presidentes Bush, Barco, García y Paz Zamora, no modifica la estrategia hasta ahora seguida en la lucha contra el narcotráfico. Apenas ofrece más de lo mismo para los países productores, represión pura y simple, adicionada con el ofrecimiento de ayudas económicas que no se cuantifican; y para el gran consumidor, la bien conocida retórica sobre prevención y rehabilitación. En otras palabras, Colombia continuará llevando la peor parte en la lucha, no importa el precio que tenga que pagar.

Urge reflexionar, entoces, sobre estrategias distintas que, con menores costos, produzcan mejores resultados. Es obligación de los países afectados. Deben asumirla sin tabúes, sin falsos moralismos, sin posiciones emocionales, con objetividad y seriedad. Estas nuevas formas de tratamiento del problema no implican laxitud, ausencia de control o permisividad, porque no conducen a la liberación total de la oferta, el comercio ni el consumo. Serían, si, una solución concertada entre el Estado y la Sociedad, que le quitaría al narcotráfico su enorme capacidad económica, su tremendo poder de corrupción, su habitat de crimen y violencia.

Ernesto Samper Pizano ha planteado que el escenario de la guerra contra el narcotráfico no puede ser únicamente Colombia. "No aceptamos la vietnamización del país por culpa de 40 millones de drogadictos". Así, o se hace un compromiso claro para controlar el consumo en los países ricos, o se entra a discutir la legalización internacional. Entre tanto, Colombia no puede seguir pagando los costos de esta guerra sin real apoyo externo. "Lo que necesitamos no es un equipo militar de deshecho, ni palmaditas de felicitación, sino precios justos para el café y apertura de los mercados para nuestros productos de exportación".

Por último, Rodrigo LLoreda, candidato presidencial del partido Social Conservador, señala que una cosa es acabar con los narcotraficantes y otra con el narcotráfico. Con los traficantes se puede acabar aceptando su oferta pública y repetida de rendirse, siempre que los responsables de acciones terroristas sean juzgados bajo supervisión internacional por la justicia penal militar y previa indemnización de las víctimas. Con el narcotráfico en cambio no podrá acabarse mientras subsista en los países consumidores una alta demanda y mientras allí no se apliquen las mismas sanciones drásticas que se nos exigen a nosotros; o, mejor, mientras allí no se descriminalice el tratamiento del problema.

Las anteriores propuestas sobre descriminalización mundial hechas desde Colombia tienen la autoridad moral de quien ha pagado los más altos costos de terrorismo, pérdida de vidas humanas, perturbación institucional, limitaciones a la soberanía nacional, desquiciamiento de su aparato judicial, alteración de su sistema económico, corrupción y deterioro de sus valores morales.