El Parlamento Europeo,

A. considerando sus anteriores resoluciones sobre la situacion en Colombia,

B. profundamente preocupado por el clima de terrorismo y violencia politica que reina en Colombia,

C. recordando que unicamente la Union Patriotica, coalicion de izquierdas, desde su fundacion hace cuatro anos ha sido victima de mas de un millar de asesinatos de militantes y dirigentes, sin que se haya detenido a ningun culpable,

D. alarmado por las revelaciones del ultimo informe de Amnistia Internacional que confirma las violaciones generalizadas y sistematicas de los derechos humanos, los masacres perpetrados por los "escuadrones de la muerte" que forman parte de las fuerzas armadas regulares, informe en el que se denuncian igualmente los casos de torturas, de malos tratos infligidos a presos, de detenciones ilegales y de procedimientos judiciales sumarios contra personas detenidas por expresar su opinion,

1. condena energicamente el asesinato del candidato de la izquierda Bernardo JARAMILLO, ocurrido el 22 de marzo de 1990;

2. pide a la justicia colombiana que esclarezca completamente este siniestro asunto;

3. pide que se eliminen de las fuerzas armadas a todos aquellos miembros que sean culpables de violaciones de los derechos humanos;

4. pide que se suprima el fuero militar, esto es, la competencia exclusiva de los tribunales militares para condenar a miembros de las fuerzas armadas;

5. se declara partidario de que se den a conocer los nombres de aquellos funcionarios que hayan cometido violaciones de los derechos humanos asi como las medidas y procedimientos adoptados contra los mismos;

6. pide al Gobierno que preste apoyo al Ministerio Publico en sus investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos;

7. pide que se desmilitaricen todas las regiones que se hallan actualmente bajo administracion militar;

8. exige que se supriman las comandancias militares y se restauren las autoridades civiles en las zonas militarizadas;

9. pide al Gobierno que proteja a todas las organizaciones de derechos humanos no estatales y que coopere con ellas;

10. es partidario de que se prohiba absolutamente la injerencia de las autoridades militares en procesos civiles (p.ej., registro del domicilio, etc.);

11. es partidario de que se prohiba la utilizacion de las instalaciones del ejercito para mantener detenidas a personas civiles;

12. pide la derogacion de los decretos promulgados bajo el estado de excepcion, en particular los que entraron en vigor amparandose en la guerra contra la drogua pero que en realidad afectan a las organizaciones del pueblo, como por ejemplo el Decreto n· 1859 de 1989, que permite la incomunicacion del detenido por un lapso de siete dias habiles, asi como el Decreto n· 1863 que confiere a las fuerzas armadas el derecho de registrar a civiles;

13 pide que se suprima la jurisdiccion extraordinaria, implantada bajo el regimen de excepcion;

14. exige que se incluya como delito en la legislacion el hecho de hacer desaparecer a una persona;

15. pide al Gobierno colombiano que ratifique la Convencion sobre crimenes de lesa humanidad;

16. pide que se aplique el Derecho internacional sobre la guerra al conflicto con los grupos de la resistencia armada, en particular en lo que se refiere al trato de la poblacion civil, a la prohibicion de masacres, a los bombardeos y al trato dispensado a los heridos;

17. exige que se presente al Congreso el Protocolo adicional al Convenio di Ginebra de 1977;

18. es partidario de que se suprima todo fundamento legal que permita la constitucion y el mantenimiento de grupos paramilitares;

19. considera que en Colombia, como en cualquier parte del mundo, todo plan de paz duradera y toda politica de desarrollo economico exigen que se retire a los traficantes sus fuentes de ingresos, y, por tanto, de poder, y que se garantice a los cultivos de sustitucion un precio decente;

20. denuncia el hecho de que, durante mas de un ano, la Presidencia colombiana ha mantenido contactos regulares con los carteles;

21. considera que deben estudiarse y preverse estrategias alternativas a la represion y a la prohibicion de la droga, que ataquem el mal en su raiz el poder financiero y, desde ahora, militar que los carteles obtienen de los enormes beneficios del trafico de drogas, que garanticen el desarrollo economico duradero de los cultivos de sustitucion y que respeten los derechos humanos y las garantias democraticas;

22. solicita, con este fin, que la proxima conferencia sobre la droga, promovida por la CEE, conceda amplio margen a la evaluacion de los resultados de la politica actual de lucha contra la droga y al estudio de estrategias alternativas;

23. encarga a su Presidente que transmita la presente resolucion a la Comision, al Consejo y al Gobierno colombiano.