Manuel Francisco BecerraSUMARIO: Manuel Francisco Becerra, ministro de Cultura de Colombia, contesta al artículo de Emma Bonino favorable a la abolición del prohibicionismo de las drogas (texto nº1168) y defiende su postura contra la legalización de las mismas.
El autor parte del presupuesto que el Estado tiene el deber de defender la salud del ciudadano y por lo tanto no debe estar permitido el suicidio del individuo, y mucho menos todavía proporcionarle los medios necesarios para suicidarse. La teoría de la legalización, según Becerra, se basa en argumentos erróneos y elude el problema en vez de resolverlo.
("Cambio 16" del 16 de abril de 1990)
El tema de la droga va más allá del dilema shakesperiano de legalizar o no legalizar. Ni las desproporcionadas dumensiones que ha alcanzado en todo el mundo, ni las preocupantes cifras de índices de consumidores, ni la situación por la que atraviesan algunos países productores y, particularmente, la que se ha vivido en los últimos meses en Colombia, pueden reducir la solución de un problema de tal magnitud a la fórmula simplista de la legalización.
En un debate como éste hay que empezar por establecer cuál es la razón de la existencia del Estado, la cual a mi manera de ver, no puede ser otra que la de defender los intereses de la mayoría contra las pretensiones de las minorías. Más, si se trata de un aspecto que afecta gravemente a la mayoría. Y no hay nadie que pueda poner en duda que la droga afecta a toda la sociedad y que la mayoría es la que padece los traumatismos provocados por una minoría que ha decidido destruirse paulatinamente.
Por lo tanto, la cuestión radica, no en si se legaliza o no la droga, sino en la capacidad del Estado para controlar un vicio de un reducido grupo que ha optado por el suicidio mediante la droga, cualquiera que ésta sea.
Lo que algunos proponen, palabras más palabras menos, es que el que se quiera suicidar que lo haga. Y no sólamente que tenga el derecho a hacerlo, sino que el Estado le proporcione los medios para llevarlo a cabo.
Primero, hay que partir necesariamente de la premisa de que el Estado debe velar por la salud del individuo. En segundo lugar, no se debe ignorar que el envenenamiento de un ser humano trasciende a la sociedad y que no se puede hablar del derecho individual a suicidarse.
Por otro lado, si está comprobado que quien consume droga, ya sea habitual o esporádicamente, de inmediato empieza a perder neuronas cerebrales y que la droga que se consigue en las esquinas de las calles de cualquier ciudad en el mundo, contiene cada vez más un mayor porcentaje de elementos tóxicos, lo que se le plantea la Estado es cuál ha de ser la actitud frente al envenenamiento individual, que poco a poco se convierte en un envenenamiento colectivo?.
Quienes argumentan que el cigarrillo y el alcohol producen también la muerte, y, que sin embargo, su consumo y distribución están permitidos, pretenden que a la droga se le dé el mismo tratamiento. Desconocen estos proponentes que una cosa es consumir durante 20 años un producto que a la larga tiene un 35 por ciento de posibilidades de producir cáncer pulmonar o que el alcohol puede producir una cirrosis después de determinado tiempo, mientras que los efectos del veneno que se consigue en la calle, son casi instantáneos.
Legalizar el consumo y distribución de un producto implica autorizar su publicidad. Las comercializadoras de la droga en la sociedad de consumo anunciarán la mejor cocaína, la más pura heroína y en un rincón del paquete colocarían un letrero que dirá: »este es un producto nocivo para la salud . Pero, se le ocurre a alguien que de esta forma disminuirá el consumo?. Es posible que el consumo de cigarrillos haya disminuido porque tenga este tipo de letrero?. Se imagina alguien a los magos de las grandes cadenas de publicidad que han puesto a comer hamburguesas y a tomar Coca Cola a todo el mundo, (y a fumar Marlboro), mostrándose en los anuncios donde se snifa la cocaína más excitante, y en donde se exhíbe la jeringa más estimulante?.
Los promotores de la legalización de la droga, que apoyan sus tesis en la idea de que lo prohibido es atractivo, se habrán preguntado por qué en las droguerías no se vende libremente el cianuro?. Dirán que lo que envenena no es la droga, sino el producto final callejero que resulta del mercado negro, argumento que puede tener algo de validez en el caso de la cocaína. Pero de qué serviría legalizar una droga y otra no (porque no creo que haya nadie que sostenga que la heroína no mata), cuando el argumento de lo prohibido llevaría de inmediato al consumo de la prohibida?.
Quienes se preguntan cuál es el bien jurídico que se defiende con la prohibición de la droga, pretenden, en un sano afán de buscar una solución razonable, desconocer de plano que el problema de la droga es fundamentalmente un problema de salud. A ellos hay que responderles sin ambages que el bien jurídico que deben defender, en este caso el Estado, es la salud del ciudadano, aunque suene muy poco moderno y muy poco atractivo este argumento.
En alguna ocasión le pregunté a un defensor de la legalización si era esa la sociedad que quería para nuestros hijos y me respondió: »Yo a mis hijos les voy a explicar qué hace daño y qué no, cuál droga se puede controlar y cuál es difícil y por lo tanto le recomendaré que no la pruebe . Muy bien le dije yo, entonces que la legalicen y que cada padre eduque y le explique a su hijo cómo debe enfrentarse a la droga.
Ese día entendí, más que nunca, que él me daba la razón. Porque la diferencia entre él y yo radica en que yo prefiero que de esa labor de educación, prevención y control se encargue el Estado.
Quienes, como yo, nos oponemos a la legalización de la droga, no es que creamos que el tratamiento penal del asunto lo va a solucionar, porque estamos convencidos de que la solución es más sociológica que otra cosa. Depende más de un cambio social que implique la transformación de la actitud de la juventud frente a la situación que está viviendo. Pero no se puede caer en el simplismo de proteger la libertad individual para adquirir los elementos para suicidarse. Imaginémosnos por un momento cuál sería la suerte de la sociedad si cada vez que alguien se quiere pegar un tiro, el Estado le proporciona la pistola.
Otro de los argumentos que se esgrimen a favor de esta postura facilista es el de que la ilegalidad del negocio hace que sea atractivo y que la única forma de evitarlo es despenalizándolo. Para no ensañarme contra esta posición, lo único que me limitaré a preguntar es: si hay alguien que crea que para acabar con el tráfico de armas o con el tráfico ilícito de obras de arte, haya que despenalizar ese tipo de delitos?.
Que en otros países está legalizado. Que se debiera legalizar en todo el mundo. Creo que este argumento puede ser aún más peregrino. Es posible que el árbol de la criminalidad no nos deje ver el bosque de la sociedad afectada por la drogadicción. En cada país el problema es distinto y no se puede sugerir una universalización de la legislación so pena de arrasar con las culturas. Un iraní, un holandés y un habitante de una isla caribeña, no se pueden meter en el mismo saco. En Europa hay cierta premisividad frente a la droga. Y en Europa, hay playas nudistas y manifestaciones gay. Pero un iraní no concibe las cosas de ese modo, un centroamericano tampoco, y por lo tanto el enfoque del problema no puede desconocer el patrimonio ni la infraestructura cultural de todos y cada uno de los países.
En síntesis, la salida fácil de despenalizar la droga, no soluciona el problema. Lo elude. Y quienes lo eluden, simplemente lo están aplazando. Yo no tengo duda de que si se despenaliza, o se legaliza, el número de consumidores va a aumentar, y en el transcurso de muy pocos años la solución va a ser mucho más costosa.