SUMARIO: Prioridad política del Partido Radical es la abolición del mercado clandestino de las drogas, persiguiendo el objetivo de la legalización del consumo: para solucionar los problemas sociales y sanitarios que el abuso de drogas plantea cabe privar a las substancias prohibidas del valor artificial que asumen gracias a la prohibición y a la tentativa imposible de aplicarla.
(El Partido Nuevo, n.2, julio 1991)
El Partido Radical denuncia que el sistema prohibicionista en materia de drogas, codificado una vez más por la Convención de Viena de 1988, es responsable del aumento de los poderes criminales en un número creciente de regiones en el mundo y asimismo de una infiltración siempre más extendida de la criminalidad organizada en la vida política y económica de todos los países; de una constante decadencia de carácter iliberal de los sistemas jurídicos nacionales y convenciones multilaterales, también en países más tradicionalmente vinculados a la concepción del Estado de derecho; de una inarrestable difusión de algunas drogas -por lo general las más perniciosas en las formas más dañinas - en áreas geográficas y sociales siempre más vastas.
Hoy en día el Partido Radical es la única fuerza política que denuncia de manera clara los costes sociales intolerables y las devastaciones institucionales siempre más graves que el sistema prohibicionista produce en la vida social. La ilegalidad y la violencia aumentan en las grandes ciudades de Occidente; aquí los consumidores de drogas prohibidas se convierten cotidianamente en atracadores, ladrones, asesinos para obtener el dinero necesario para pagar los precios fijados por las organizaciones de narcotraficantes. La epidemia del SIDA sigue siendo impulsada trágicamente por el uso plúrimo de jeringas infectadas; trátase de una costumbre debida a la condición de clandestinidad en la que están obligados a vivir los consumidores de drogas. La corrupción de la vida política y la contaminación del sistema financiero, ya inquietantes en los países más ricos, llegan a ser desastrosos en aquellos más pobres y especialmente en los países productores de materias primas que sirven para la fabricación de drogas más
provechosas, tales como heroína y cocaína; aquí, cualquier oportunidad de desarrollo económico planificado viene impedida por la presencia de dos mercados, uno de las mercancías lícitas y el otro de las mercancías ilícitas, que destruye los mecanismos reguladores de la vida económica. En todo país, políticos sin escrúpulos instrumentalizan la impotencia de las fuerzas comprometidas en la represión, que parecen destinadas a ganar las escaramuzas y a perder la guerra debido a la naturaleza, el tamaño y la potencia financiera del fenómeno criminal que deberían extirpar. Dichos políticos utilizan el fracaso de la represión como pretexto para desmantelar las reglas judiciales liberales y aprobar nuevas leyes excepcionales en el ámbito del territorio nacional, proclamando guerras combatidas en abierto contraste con el derecho internacional y apoyando la reintroducción de la pena capital.
El Partido Radical ha traducido en propuestas efectivas el alarma dado en los últimos años contra las devastaciones del Prohibicionismo por las voces más competentes de todo sector de la vida social y ha incluído entre sus prioridades políticas la abolición del mercado clandestino de las drogas, es decir la abolición del sistema prohibicionista. Para solucionar los verdaderos problemas sanitarios y sociales planteados por el abuso de drogas, el primer paso a darse - áquel trascendental - es privar a las substancias hoy prohibidas del valor artificial que asumen justamente gracias a la prohibición y a la tentativa imposible de aplicarla. Con la inscripción en el Partido Radical cada uno de nosotros puede finalmente utilizar, dándole asimismo una fuerza nueva, un instrumento único de lucha política y comunicación entre todas las organizaciones que, en cada continente, luchan contra el sistema prohibicionista. Es un acto necesario para la conquista y la defensa de los derechos civiles, para afianzar la legalida
d institucional, para fomentar el desarrollo de la democracia.
