SUMARIO: Marie Andrée Bertrand ha formado parte por cuatro años de la comisión gubernamental canadiense sobre la difusión de las drogas. Disociándose de las conclusiones del grupo de trabajo gubernamental, en 1973 propuso la legalización de la marihuana y la distribución controlada de la heroína.

(El Partido Nuevo, n.2, julio 1991)

En 1973 sometí al Gobierno canadiense un informe de minoría que solicitaba la legalización de la marihuana y la distribución controlada de la heroína. Estas eran mis razones:

1. el delito de simple posesión es un fútil instrumento de disuasión;

2. el uso del derecho penal en el caso de crímenes sin víctimas es ineficaz e implica el recurso a procedimientos contrarios a los derechos de la persona;

3. los costes del prohibicionismo son enormes: costes sociales, morales, económicos; los Estados despilfarran su honor y los fondos públicos y dichos costes son desproporcionados con respecto a la eficacia improbable y limitada de la ley;

4. la función pedagógica del derecho penal, que debería recordar a los ciudadanos los valores más importantes para la comunidad social, viene deviada por la inclusión, a tontas y a locas, en la misma ley, de substancias con niveles variables de perniciosidad y conductas con niveles distintos de gravedad. En efecto, en muchos países, las provisiones de ley relativas a los estupefacientes preveen penas rigurosas para actos no efectivamente graves y no dañinos para los demás, y sanciones equivalentes para los delitos de posesión y tráfico de substancias sin una toxicidad comprobada por un lado y por el otro de drogas que provocan intoxicaciones graves. Además, los Estados justifican el control penal de ciertas substancias haciendo referencia a su obligación de proteger la salud de los ciudadanos, aun contemporaneamente recauden considerables ingresos gracias a la venta de otras drogas de perniciosidad comprobada tales como el tobaco y el alcohol;

5. la prohibición da vida y fomenta la proliferación de los mercados ilícitos y sus deviaciones relativas;

6. el delito de simple posesión o de uso autoriza algunos Estados a hacer uso del tratamiento obligado de los acusados; trátase en realidad de una violación adicional de los derechos de la persona, aunque sea sobre todo una señal de ignorancia e hipocresía, puesto que no ha sucedido nunca que el tratamiento obligado haya empujado a alguién a modificar su conducta.

Todas estas argumentaciones en favor de la abolición de las leyes sobre las drogas siguen siendo válidas y su alcance ha ido aumentando durante los años. En efecto, volviendo a examinarlas, observamos que:

1. con la excepción de algunos consumidores, el efecto de disuasión se ha revelado nulo, por lo menos por lo que se refiere al conjunto de las poblaciones interesadas. El número de los consumidores ha aumentado, el tráfico se ha hecho mas sutil; a lo mejor hubo una diminución en el consumo de ciertas drogas populares en los años sesenta y setenta , pero esto no se debe a la fuerza del derecho penal sino al hecho de que los mismos consumidores y la opinión pública han denunciado eficzamente los efectos dañinos observados y dichas substancias ahora son

impopulares;

2. el control penal del uso y tráfico se ha revelado muy discriminatorio al afectar, en los años sesenta, a los jóvenes y personas de aspecto anticonformista, y luego, a los miembros de las comunidades étnicas, y en los últimos tiempos, en más países europeos, a los extranjeros, a los pobres y a los parados;

3. el coste de aplicación de las leyes sobre las drogas no ha dejado de subir; dichas leyes han conllevado la creación de grupos especiales de policía y han sobrecargado los tribunales, las prisiones, los servicios de tratamiento y rehabilitación penal;

4. las profecias epidemiológicas se han revelado sin base;

5. en realidad, según las previsiones, la política abolicionista ha incentivado los mercados ilícitos; el comercio internacional se hace más intenso; las policías de todos los países han perdido la guerra contra la droga;

6. el tratamiento obligado y el encarcelamiento de los drogadictos con el objeto de reducir su adicción han fracasado de manera evidente.

En lugar de la prohibición, es preciso y urgente instaurar un sistema de control sobre el suministro, la calidad y distribución de las drogas que hoy están prohibidas.

Es fundamental perseguir este objetivo mediante la organización política del Partido Radical Transnacional y es ésta la razón de mi inscripción.