Mesa Redonda Norte-Sur

Abidjan, Costa de Marfil

8-9 de julio de 1991

Organizada por: Parliamentarians for Global Action y por la African Development Bank, en colaboración con la Fundación Friedrich Ebert y el Foro sobre la Deuda y el Desarrollo

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Parlamentarios de Africa y de los Países del Norte se dieron cita en Abidjan el 8 y el 9 de julio de 1991 para preparar una estrategia dirigida a sostener el reimpulso económico de Africa, resolver la crisis del desarrollo humano, reducir los excesivos gastos de la deuda y potenciar los planes africanos que tienen por objeto democratizar sus sociedades. Legisladores pertenecientes a distintos partidos políticos, portavoces acreditados al respecto, han participado en esta Mesa Redonda sin precedentes que ha durado dos días y que ha estado organizada por Parliamentarians for Global Action y por el African Development Bank, en colaboración con la Fundación Friedrich Ebert y el Foro sobre la Deuda y el Desarrollo. En el encuentro ha participado el Presidente de Botswana Masire, presidente de la Coalición Mundial para Africa.

Los parlamentarios han coincidido en que la promoción de la democracia en Africa es el objetivo principal. La democracia en Africa goza de una larga tradición que se remonta a antiguas civilizaciones africanas, y que ha pasado de generación a generación de forma imperfecta hasta las sociedades modernas del siglo veinte. Los valores fundamentales de la vida democrática son universales para toda la humanidad, sin embargo no existe un único tipo de democracia aplicable a todas las sociedades, ni ninguna cultura posee el monopolio de las verdades democráticas. Los parlamentarios africanos han expresado su confianza con respecto al hecho de que Africa pueda conseguir su propio destino democrático intrínseco en las peculiares culturas de sus países. Consideran que la democracia en Africa es parte integrante y no consecuencia de las reformas democráticas que se están propagando en el resto del mundo. Los colegas de los Estados del Norte han expresado la misma confianza así como un fuerte apoyo de este esfuerzo. La

democracia africana tiene que crecer en territorio africano.

Los participantes han concluido que en el seno de Africa, la democracia ha gozado de una posición de supremacía como valor soberano de sus sociedades. No es negociable ni está sujeta de modo alguno a otras estrategias de gobierno. La reforma económica, inclusive los programas de adecuación estructural, tienen que ser totalmente transparentes respondiendo a los intereses y a la voluntad de los pueblos africanos. La condición, tanto económica como política no tiene que ser impuesta sino acordada con el libre consentimiento de los líderes africanos y de la población. Se tendría que recurrir a ella como último recurso para alentar y garantizar la supervivencia de la democracia y la defensa de los derechos humanos. La participación popular, la responsabilidad del gobierno y la transparencia de la política nacional son requisitos indispensables de un buen gobierno y de un desarrollo sostenible. Los participantes apuntan hacia la comunidad internacional - naciones hermanas y organizaciones multilaterales - para que

se respete, se fomente y se apoyen estos aspectos de la sociedad civil africana.

Los parlamentarios africanos han lanzado un llamamiento a los colegas del continente africano para que mantengan el presente curso de reforma democrática. Sus sociedades tienen que respetar los derechos humanos fundamentales, en particular el papel de las mujeres en las sociedades nacionales, garantizar las elecciones libres, regulares y transparentes y basar instituciones políticas fuertes y duraderas que garanticen a libertad de elección del pueblo. Las sociedades tienen que mantener un control constante contra toda forma y fuente de corrupción y contra los excesivos gastos militares, utilizando, entre otras cosas, la prensa libre y los medios de comunicación de masas. Dichas características de fondo tienen que ser salvaguardadas constitucionalmente, para garantizar una aplicabilidad a largo plazo y una protección contra la influencia negativa del autoritarismo.

Para ello, los parlamentarios africanos han establecido constituir una 'task force' que deberá estar apoyada por los colegas del Norte, para comprobar los progresos de la democracia en Africa en los años 90. Dicha ayuda tendría que incluir asistencia de tipo técnico y financiero a través de llamamientos dirigidos a los gobiernos nacionales, a las entidades privadas y a las organizaciones internacionales.

Los participantes han subrayado el vínculo existente entre democracia y desarrollo. Los derechos humanos, civiles y económicos son fundamentales e indivisibles. La trágica condición económica en la que se encuentra Africa en la actualidad - uno de los más dramáticos fracasos de la historia del hombre - en gran medida el resultado de los fracasos democráticos de las últimas décadas, tanto en el seno de Africa como, más en general, en la estructura decisional de la comunidad internacional. Sin democracia no existe estabilidad social para el desarrollo. Sin desarrollo no existe ninguna democracia sostenible. Superar las necesidades materiales, la miseria y el miedo son los principios cardinales de la democracia en Africa, al igual que en cualquier otro lugar.

La Mesa Redonda ha sido organizada con la convicción de que una característica necesaria para la solución de la crisis crónica de la deuda es la clase dirigente política. El principal obstáculo para una solución consiste en la pasividad política, y no en las dificultades técnicas. Cuando los líderes del G-7 se encuentran para decidir el destino económico del mundo par el año siguiente, la distancia existente entre las condiciones humanas en Africa y en el resto del mundo tendría que ser uno de los primeros puntos al orden del día de la agenda internacional.

Afrontar la crisis de la deuda africana - en especial con respecto a los países subsaharianos que tienen la renta más baja - es una de las prioridades más urgentes en materia de desarrollo que la comunidad internacional tiene que afrontar. Africa en su conjunto ha sufrido un grave declive económico en los años 80. El PNB colectivo se ha reducido de más de 200 mil millones de dólares en 1980 140 mil millones en 1990. La renta per cápita ha disminuido un 2,2% al año a lo largo de esta década, con una disminución global de más del 30%. Por consiguiente, los niveles de malnutrición han aumentado y, en muchos Estados, también los índices de mortalidad infantil, mientras que los gastos necesarios para la escolarización y la sanidad han sufrido cortes drásticos.

En respuesta a la crisis del desarrollo humano en Africa, los parlamentarios han solicitado que se acepte una meta mínima para el progreso económico establecida en el 1% per cápita al año. Para alcanzar este incremento anual será necesario tanto un ahorro nacional como la aportación de capitales desde el extranjero. Los parlamentarios han subrayado que muchos gobiernos africanos han tomado ya las primeras medidas para aumentar el ahorro nacional. Para integrar y apoyar esta acción es necesario que el Official Development assistance (ODA) de los países de la OCSE aumente de los pasados niveles del 3% de crecimiento real anual al 5%, y que se practique inmediatamente una ulterior reducción de la deuda.

La deuda es sólo una de las causas de los graves problemas económicos que afligen a Africa. Sin embargo, la deuda en sí es un elemento integrante que interviene para intensificar el círculo vicioso del menor rendimiento y de la creciente marginación de Africa. La reducción de la deuda es un dato impensable para resolver estos problemas.

A pesar de los esfuerzos políticos y tecnocráticos realizados desde 1986 para frenar y poner remedio a cáncer de la deuda africana, los auténticos resultados han sido muy decepcionantes. A pesar de la disposición de términos progresivamente más amplios para la reducción de la deuda, la situación de la deuda africana es mucho peor de lo que lo ha sido nunca. La deuda del Africa Sub-Sahariana ha aumentado de 72,5 mi millones de dólares en 1982 a casi 163 mil millones en 1990. El servicio de la deuda pública africana incidía sólo un 4% en su producción en 1982, pero en 1990 influía ya un 8%, y además, estos datos esconden el hecho de que si Africa hubiese respetado sus obligaciones en 1990, el pago del servicio de la deuda pública hubiese absorbido el 15% de la producción y casi el 60% de los ingresos de la exportación de la región. El problema de la deuda en Africa a bajo rédito es peor que la de cualquier otra región en vías de desarrollo debido a su débil capacidad de devolver el préstamo.

A los actuales niveles de ahorro nacional y de precios de los bienes internacionales, Africa a bajo rédito no puede emprender la reconstrucción, la modernización y la expansión de su capital a partir de los recursos nacionales de forma incisiva. Por ello, la aportación de capital extranjero es necesaria para poner en marcha el reimpulso económico y para sostener a continuación su mantenimiento. Pero este flujo de capital no se producirá si la actual situación de deuda no se afronta adecuadamente. Esta es una condición necesaria aunque no suficiente para obtener algún que otro progreso. La reducción de la deuda tiene que integrarse con los esfuerzos interiores y las políticas que apunten hacia la reanudación del desarrollo de los recursos humanos y del crecimiento económico, alentar a los ciudadanos africanos y al sector privado a desempeñar un papel ampliamente productivo en el desarrollo y apuntar asimismo hacia la mejora de las condiciones sociales.

Como primera prioridad, los responsables de los países industrializados tendrían que adoptar una estrategia coherente para la deuda africana que pueda conducir a una reducción sustancial de todos los tipos de deuda africana hacia acreedores bilaterales, multilaterales y privados. La rápida acción de reducir la deuda de Polonia y de Egipto mucho más allá de las Negociaciones de Toronto demuestra que una rápida y amplia reducción de la deuda para Africa a bajo rédito tiene que ser igualmente posible si se ejerce la misma voluntad política.

Como segunda prioridad se tendría que resaltar el apoyo para el actual proceso de democratización en Africa. La democracia, desarrollada en el contexto social y cultural africano, es igualmente vital para el desarrollo del continente. Es necesario un plan de acción para buscar apoyo interno y externo a los esfuerzos africanos de renovar el pluralismo en sus sociedades y para conceder poderes a los ciudadanos de a pie.

Los miembros de la Conferencia han concordado el siguiente programa de acción.

PLAN DE ACCION CON RESPECTO A LA DEUDA

1. Tras casi diez años de administración de l crisis deudora, aún no ha surgido un cuadro coherente para la reducción de la deuda. Para poder facilitar la perspectiva de volver a una línea de desarrollo sostenible a largo plazo, los pagos del servicio de la deuda pública africana tienen que reducirse drásticamente. Dicha reducción se puede obtener sólo a través de un amplio conjunto de medidas que abarque todas las formas de deuda: bilateral, multilateral y privada. El objeto de la nueva estrategia sobre la deuda tiene que ser el de restaurar el crecimiento y el desarrollo, completados con políticas apropiadas de reformas nacionales.

2. La Conferencia invita a los Jefes de Gobierno y a los Ministros de hacienda a aprovechar la ocasión de la Cumbre Económica de Londres en julio de 1991 para ponerse de acuerdo sobre la actuación total de los "Acuerdos de Trinidad" como paso importante sucesivo para reducir los niveles de deuda bilateral y como expresión de una clara voluntad política de reducir básicamente la deuda africana. La adopción de los Acuerdos de Trinidad representaría un paso hacia adelante para una solución eficaz. Posteriormente, se tendría que adoptar la propuesta del Ministro holandés para el desarrollo y la cooperación, Jan Pronk, de anular toda la deuda bilateral oficial de aquellos países menos desarrollados que tienen los más graves problemas de deuda, y de otros países con poca renta que saquen adelante fuertes programas de reforma económica. Una reducción de los dos tercios del total de la deuda bilateral oficial de los países sub-saharianos, propuesto a partir de los Acuerdos de Trinidad, tendría que ser el objetivo in

mediato de los gobiernos acreedores. Tendrían que estar dispuestos a extender esta reducción a la suma total de la deuda bilateral en los casos particulares en los que ello sea justificado por la perspectiva de restaurar un desarrollo sostenible.

3. En caso de que se consiga sólo una reducción de los dos tercios de la suma deudora, los Acuerdos de Trinidad tendrían que ampliarse, tanto (a) reduciendo los índices de interés aplicados a la suma deudora restante negociada de nuevo a niveles intermedios, por debajo de los niveles de mercado para los países con más poca renta y o (b) promoviendo la comerciabilidad y la conversión de la suma restante deudora oficial a través de mecanismos innovadores que tengan por objeto financiar programas medioambientales, sociales y de privatización selectiva de elevada prioridad en materia de desarrollo en aquellas zonas de Africa con poca renta. En vez de aplicar una reducción en pequeñas partes a partir de periodos de consolidación muy breves, sería mejor reducir la suma deudora total. Los Acuerdos de Trinidad tendrían que extenderse a los países seriamente endeudados (inclusive Nigeria, Costa de Marfil y el Congo) que no satisfacen los requisitos necesarios para acceder a dichas facilitaciones. Se tendrían que intr

oducir términos más amplios para la reducción de la deuda para otras agrupaciones de países, que permitan niveles de reducción de la deuda a medida de sus niveles de malestar económico.

4. Los Acuerdos de Trinidad se pueden aplicar con éxito sólo a condición de que los instrumentos legislativos necesarios y la asignación de sumas a todos los países acreedores permita la reducción de las deudas a partir de una repartición ecuánime de los gastos. La Conferencia se dirige a los gobiernos de los países acreedores y de los parlamentos para que establezcan dichas condiciones. La Cumbre de los G-7 y el encuentro anual del FMI/WB tiene que concordar que los gastos de presupuesto para extender los Acuerdos de Trinidad a aquellas zonas de Africa con poca renta se sumaría a los presupuestos existentes de ayudas. Excepto para los países donantes que superan el objetivo de las Naciones Unidas del 7% de ODA para el PNB, la reducción de la deuda no tiene que estar financiada por las actuales sumas de ayuda.

5. Las negociaciones para la reducción de la deuda no son sencillamente un ejercicio técnico-financiero sino que forman parte integrante de la organización de las financiaciones para el desarrollo. Por ello los procedimientos de trabajo del Club de París tendrían que ser modificados para poder facilitar y acelerar la negociación de niveles reducidos de la deuda bilateral y de servicio de la deuda pública. En el caso de los países africanos, las negociaciones sobre la reducción de la deuda tendrían que ser llevadas a cabo en el marco de los encuentros de Grupos Consultivos convocados por el Banco Mundial con la participación del Fondo Monetario Internacional para establecer las necesidades financieras externas a largo plazo para apoyar los programas de reforma económica de un país en concreto y de sus esfuerzos para el desarrollo. El papel del Club de París tendría que ser el de ratificar las conclusiones efectivas alcanzadas en los encuentros de los Grupos Consultivos sobre la reducción de la deuda, a propor

cionar a los deudores individuales. Es necesaria una mayor transparencia tanto en los encuentros del Club de París como en los del Grupo Consultivo.

6. La Conferencia se ha dirigido a los Gobiernos miembros del Fondo Monetario Internacional para que adopten una política de "transferencias netas cero" a la región al menos durante el periodo 1991-1997. Entre 1986 y 1990 el Fondo Monetario Internacional ha obtenido más de 3 mil millones de dólares de la recaudación de la deuda pública de los países con poca renta de Africa Sub-sahariana. Las obligaciones deudoras hacia el Fondo Monetario Internacional cubren una proporción demasiado amplia de la deuda total para permitir pagos adecuados a los otros acreedores o la financiación de las importaciones esenciales. Es urgente extender las facilidades disponibles para algunos países africanos deudores para poder saldar los atrasos con el Fondo Monetario Internacional, y el gasto para dicha maniobra debería salir de las sumas dedicadas a la ayuda. La actual presencia del Fondo en aquellas regiones de Africa con poca renta debería reducirse utilizando medios como la concesión una tantum de una pequeña cantidad de SD

R para permitir cancelar los créditos del FMI, o bien la venta de una pequeña fracción de las reservas de oro del FMI para alcanzar dicho objetivo. Considerando las necesidades de financiación a largo plazo de los países africanos con poca renta, la Conferencia considera que el papel de financiación del Fondo en dichos países tiene que ser modificado a medio plazo, sin que cambie el papel consultivo del Fondo Monetario Internacional.

7. Los encomiables esfuerzos del Banco Mundial para ayudar a los países africanos con poca renta a hacer frente de la mejor manera al gasto de la deuda sobre los préstamos del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRS) tendrían que mejorar (a) aplicando una reducción como anticipo de las obligaciones BIRS a través de financiaciones de la Asociación Internacional de Desarrollo (IDA) adecuadamente estructurados; (b) extendiendo los préstamos BIRS e IDA a países como Costa de Marfil, Nigeria y Senegal en donde las transferencias netas del Banco son negativos; y (c) expandiendo los recursos IDA de forma proporcional a las necesidades urgentes africanas para una financiación facilitada ampliada por fuentes externas. Un enfoque semejante tendría que ser adoptado por la African Development Bank con los Gobiernos miembros que demuestran la voluntad de expandir sustancialmente los insuficientes fondos de préstamo de la AFDB.

8. El problema de la deuda privada de los países africanos es infravalorado, y requiera la atención solícita de bancos y gobiernos del mundo. A pesar de que la deuda comercial a largo plazo incida menos del 16% en el capital deudor del sub-sahara (exclusive Nigeria), absorbe casi el 30% de la deuda total. Asimismo, los retrasos sobre los préstamos de los bancos comerciales perjudican el acceso de los países africanos a la financia comercial. Los bancos comerciales tendrían que ponerse de acuerdo sobre una reducción de la deuda parecida a las reducciones de deuda garantizadas por los gobiernos. Además de otras medidas para facilitar la reducción de los bancos comerciales, deberían estar más dispuestos a utilizar el Special Debt Reduction Facility instituido por el Banco Mundial para reducir las deudas comerciales. La conferencia se remite a la atención de los Miembros del Banco Mundial para que ejerzan el máximo esfuerzo para eliminar los obstáculos operativos internos para una más amplia utilización del Spec

ial Debt Reduction Facility antes de la data de vencimiento establecida para el 30 de junio de 1992. Los recursos de esta facilitación tendrían que ser ampliadas considerablemente para permitir su utilización a través de todos los países africanos con poca renta, y su duración tendría que extenderse hasta 1995.

9. Los gobiernos acreedores tendrían que estimular un proceso de reducción de las deudas paralelas tanto por parte de los bancos comerciales como por parte de los acreedores oficiales. Si es necesario, se tendrían que estructurar de nuevo los regímenes de reglamentación y tasación en los países de los bancos acreedores de manera que se estimule a los bancos a reducir concretamente la deuda para la que ya han sido adoptadas amplias medidas. La reducción de los impuestos proporcionada por los bancos en el momento en el que se previenen contra la posibilidad de que los países africanos con poca renta no paguen la deuda, tendría que ser retirada si dicha deuda no se cancela en un plazo de 3 años. Los gobiernos acreedores tienen que incentivar la financiación de programas sociales y medioambientales a través de conversiones de la deuda que se sirvan de créditos comerciales además de los oficiales con respecto a los gobiernos deudores.

10. Invitamos una vez más a todas las naciones industrializadas a establecer objetivos específicos a tempo para poner a disposición por lo menos el 0,7% de sus PNB para la utilización de una asistencia al desarrollo oficial antes de finales de la década actual. En particular, las naciones donantes que se suman a la OCSE tienen que comprometerse en extender los recursos disponibles al IDA y al AfDF para poder permitirles a estas instituciones incrementar sus remesas financieras netas a los países africanos con poca renta de por lo menos el 5% anual en términos reales sin comprometer las remesas financieras a países con poca renta en otras regiones en vías de desarrollo. El regreso de las fugas de capitales y una inversión privada renovada son requisitos indispensables para el reimpulso de Africa.

11. Al tomar decisiones con respecto a los índices de cambio y de interés, el G-7 tiene que tener en cuenta los intereses de los países en vías de desarrollo. En la actual situación caracterizada por bajos costes de los bienes y altos índices de interés, una reducción básica de los índices de interés contribuiría a resolver el problema de la deuda en Africa.

SIGNATARIOS

AUSTRALIA

John Langmore, MP, Presidente de Global Action

64 Northbourne

Canberra 2601

BENIN

Robert Dossou, MP

B.P. 1204

Cotonou

BOTSWANA

Festus Mogae

Ministro de Hacienda y del Plan de Desarrollo

P/Bag 008

Gaborone

CANADA

Christine Stewart, MP

House of Commons

Ottawa

Walter McLean, MP

House of Commons

Ottawa

CABO VERDE

Dep. A.F. Spencer Lopes

Presidente de la National Assembly

B.P. 20A

Praia

COSTA DE MARFIL

Mamadou Bamba

Vice Presidente de la National Assembly

01 B.P. 1381

Abidjan 01

Laurent Gbagbo, MP

01 B.P. 1381

Abidjan 01

Ekpala Jacob Gneba, MP

Diputado y Secretario de la National Assembly

08 B.P. 10

Abidjan 08

Prof. A. Atsain, MP

Università de Abidjan

CIRES

Abidjan

Dr. Francis Wodie, MP

Facultà de Legge

B.P. V 179

Abidjan

FRANCIA

Pierre Hiard, MP

29 Av. du General Leclerc

80460 Ault

GAMBIA

On. Saihou Sabally, MP

Ministro de Hacienda y de Economía

The Quadrangle

Banjul

ALEMANIA

Dr. Winfried Pinger, MdB

Donarstrasse 22

D 5000 Cologne 91

Edelgard Bulmahn, MdB

Bundeshaus

D 5300 Bonn 1

ITALIA

Dip. Emma Bonino

Cámara de los Diputados

00186 Roma

NAMIBIA

Rick Kukuri

Diputado - Ministro de Hacienda

10 John Meinert Street

Fiscus Building

Windhoek

Moses Katjioungua, MP

Presidente del Patriotic Front

P.O.Box 3676, NPF

Windhoek 9000

HOLANDA

Joke Kersten, MP

Tweede Kamer der Staten General

2500 EA The Hague

Gerard de Jong, MP

Tweede Kamer der Staten General

2500 EA The Hague

SENEGAL

Bara Diouf, MP

National Assembly

Dakar

Samba Laobe Fall, MP

National Assembly

Dakar

TANZANIA

Meshack Maganga, MP

P.O. Box 4439

Dar es Salaam

UGANDA

Manuel K. Pinto, MP

P.O. Box 1076

Kampala

REINO UNIDO

John Battle, MP

House of Commons

Westminster

London SWlA OAH

Bowen Wells, MP

House of Commons

Westminster

London SWlA OAH

ZIMBABWE

Oppah Rushesha

Diputado - Ministro de Asuntos Políticos

Harare