SUMARIO: Publicamos el preámbulo del documento aprobado en el mes de noviembre de 1991 por la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo sobre la difusión de la criminalidad organizada relacionada con el narcotráfico en los Países Miembros de la Comunidad Europea.

(EL PARTIDO NUEVO - Nº 6 - MARZO 1992)

El poder de las organizaciones criminales que manejan el narcotráfico sigue creciendo de manera preocupante. Este tiene repercusiones cada vez más graves sobre la sociedad y las instituciones políticas de los Estados miembros, se sustituye a los fundamentos de la economía legal y amenaza la estabilidad de los Estados de la Comunidad. Los provechos financieros posibilitados por el narcotráfico permiten a las organizaciones criminales que lo manejan contaminar y corromper las estructuras de los Estados a todos los niveles.

El elevado costo de las drogas en el mercado es el origen de delincuencia, inseguridad, desorden y descriminación social y racial. La salud de los consumidores de drogas prohibidas no sólo es afectada por los efectos de las sustancias consumidas sino también por la situación de ilegalidad en la que el mercado se desarrolla.

Especialmente en algunos países de la Comunidad, la difusión de la criminalidad organizada, su potencia financiera, su capacidad de infiltración en las instituciones y orientación del consenso electoral, le atribuyen un poder de acondicionamiento y chantaje que influye en las decisiones políticas. Repetidas veces, así como ha demostrado el escándalo BCCI, resultaron de manera clara colusiones entre grupos criminales por un lado y servicios secretos y otros poderes del Estado, por el otro lado, en actividades subersivas o de blanqueo, de financiación oculta, de explotación de las mismas instituciones financieras. Todo esto flaquea la voluntad política de atacar las principales centrales del narcotráfico internacional.

Frente a esta situación, el PE propone una serie de recomendaciones encaminadas a mejorar la eficacia de la represión conforme con el contenido de la Convención de Viena de 1988.

Las presentes recomendaciones se inspiran en los siguientes criterios. Las fuerzas de policía, de aduana y el sistema judicial deben concentrar sus actividades sobre la represión del tráfico y del delito del blanqueo, garantizando asimismo el respeto a los derechos y las libertades fundamentales del individuo. Los varios servicios y estructuras a nivel comunitario, nacional y regional, encargados de la represión, deben ser sujetos al control parlamentario.

Las políticas hasta ahora perseguidas no han conseguido el objetivo prefijado: detener o por lo menos reducir la penetración del narcotráfico en la CE. Hasta ahora la represión ha tenido una incidencia entre el 5 y el 15% con relación al narcotráfico y blanqueo de capitales a éste relacionado. Por lo tanto, es necesario evaluar si, admitiendo que sea posible, un incremento considerable de la eficacia de la represión pueda afectar de manera significativa, si no definitiva, el tráfico, o si no sea oportuno considerar otros caminos.

La Comisión solicita pues proceder a una evaluación de los costos y de los beneficios de la política actual en materia de droga, considerando los siguientes indicadores: condiciones de vida de los consumidores de drogas ilícitas; difusión del SIDA y de los riesgos de sobredosis entre los drogadictos; papel de la economía de la droga en las regiones menos desarrolladas; influencia del narcotráfico y penetración de la criminalidad en el sistema político y en la administración pública; número y tipología de los delitos violentos en las ciudades; porcentajes de los juicios por delitos relacionados a las leyes sobre la droga respecto al conjunto de la actividad judicial y de la población carcelaria.

Cabe prever la elaboración de políticas nuevas.

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Marco Taradash

Marco Taradash, Vice Presidente de la Comisión de Investigación sobre el narcotráfico en la Comunidad Europea, miembro del Consejo Federal del Partido Radical, manifestó:

»Por lo menos en el plan formal dejó de existir el monopolio de la ideología prohibicionista sobre la política de la droga. Es el primer paso para eliminar el monopolio de las organizaciones criminales sobre el narcotráfico. Según la Comisión, cabe proceder a una verificación de los costos y beneficios de la política hasta aquí perseguida por los Parlamentos nacionales de la Comunidad, en base a indicadores que van desde la difusión de la delincuencia, la lentitud de los juicios de los tribunales, la difusión del SIDA, los riesgos de las sobredosis entre los drogadictos, hasta la corrupción en la política y economía. Resulta que es necesario prever la elaboración de una nueva política, basándose en estos criterios: 'la posesión de estupefacientes para uso personal no debería considerarse un delito penal' y 'la asistencia a los drogadictos ya no debe ser obstaculizada por las leyes penales'. Se recomienda la administración controlada de las sustancias estupefacientes, la distribución gratuita de las jeringas,

el empleo de medicinas sustitutivas tales como la metadona o el temgesic. Asimismo, para eliminar el blanqueo de los capitales relacionados con el narcotráfico, la Comisión solicita el estudio de medios adecuados para impedir la acumulación de dichos provechos mediante la reglamentación del comercio de las sustancias hoy prohibidas .