Por Basile L. GUISSOU, Consejero federal del Partido radical.

SUMARIO: Documento sobre la pena de muerte para el 36 Congreso del Partido radical (Roma, Hotel Ergife, 30 de abril - 3 de mayo)

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Desde hace tres años, toda Africa está asistiendo a un proceso de democratización de la vida política, con nuevas Constituciones, elecciones municipales y políticas pluripartidistas, y la separación efectiva de los poderes legislativos, ejecutivos y judiciarios. Las libertades fundamentales, empezando por la libertad de prensa y de opinión, están más o menos garantizadas en la mayor parte de los países africanos.

Esta situación en su conjunto constituye un terreno especialmente propicio para nuestra acción radical y no violenta, que tiene que ser capaz de hallar vías y medios para que se produzca una ubicación adecuada a las condiciones específicas de la vida política local. El problema de la pena de muerte sigue existiendo todavía en Africa, y el hecho de que se mantenga se basa en las leyes en vigor; es casi "obvia" para la mayoría de los actores de la vida política.

Y sin embargo, la lucha por la vida del derecho que ha podido conducir a los cambios políticos actuales no puede, ni debe, estar separada de la lucha por el derecho a la vida. La falacia de poder establecer la vida del derecho sin el derecho a la vida, prepara ulteriores retrasos, que pueden ser más dramáticos todavía, tal y como demuestran a diario los múltiples enfrentamientos armados de los "nacionalismos", en todo el Mundo.

La cuestión de la pena de muerte puede ser un tema fundamental. para la introducción de las ideas radicales en Africa, a partir de la doble vertiente de la transnacionalidad y el transpartidismo, en cuanto las fiebres electorales actuales hayan sido capaces de crear instituciones democráticas y funcionales. Los partidos políticos locales, por motivos electorales muy comprensibles (la pena de muerte es "popular" entre las masas) no pueden hacerse cargo de estos temas. Menos pueden los gobiernos, porque ante la inseguridad y el aumento de la criminalidad, la presión popular acaba con denunciar el laxismo de las autoridades, y pretender acciones represivas cada vez más violentas, como la aplicación de la pena de muerte, allá en donde no se aplica.

Sin embargo, es evidente que los militantes mayormente informados y abiertos a un "enfoque distinto" del problema, estarán dispuestos a apoyar una acción transpartídica y transnacional, que no comprometa a sus partidos "nacionales" pero que permita reunir a intelectuales y demócratas preparados para la lucha contra esta práctica.

1) LA SITUACION EN AFRICA CON RESPECTO A LA PENA DE MUERTE.

De cincuenta y dos (52) países africanos, cuarenta y ocho (48) siguen manteniendo la pena de muerte en sus legislaciones nacionales. Por lo visto, sólo cuatro han borrado la pena de muerte de sus textos: Cabo Verde, Sao Tomé y Príncipe, Namibia y Mozambique.

En los demás países, podemos distinguir dos situaciones:

- países que mantienen la pena capital, por motivos, según ellos, "disuasorios", y que no la aplican.

- países que condenan a la pena de muerte, y que aplican la pena de muerte.

2) PROPUESTA DE ACCION RADICAL TRANSNACIONAL Y TRANSPARTIDICA.

En el marco de nuestra actual campaña internacional para la abolición de la pena de muerte, en todas partes del mundo, es posible y deseable que el Congreso se pronuncie sobre la siguiente propuesta de acción, destinada de forma específica a Africa: la promoción de un acuerdo regional en Africa, a partir de los países abolicionistas de jure o de facto.

Se tratará en un primer momento, de considerar junto a estos países abolicionistas a los países o territorios en los que desde hace por lo menos diez años no se ajusticia a los condenados a muerte (son siete: Comoro, Costa de Marfil, Djibuti, Madacasar, Níger, Senegal y Togo), de manera que se puedan detectar algunas personalidades (juristas, médicos, intelectuales, demócratas, etc.) favorables a nuestra acción e invitarlos a organizarse a nivel africano. El objetivo estriba en crear una corriente abolicionista organizada en cada país y entre los países. Esta estructura africana podrá reunirse para elaborar un plan de acción, de manera que se escoja la propia estrategia y tácticas, según los medios y las fuerzas a disposición. Los parlamentarios electos, los gobiernos, las organizaciones internacionales africanas como la Organización de la Unidad Africana, pueden fácilmente ser sensibilizados, e impulsados a actuar, en el momento en que se sientan apoyados o sometidos a las presiones de una opinión organiz

ada y activa.

En las condiciones políticas actuales de Africa, no resultará difícil hallar personalidades acreditadas, militantes de asociaciones como la de la defensa de los derechos humanos, magistrados demócratas, abogados y también militantes de partidos políticos nacionales, para que se asocien a partir de una batalla puntual, que se limite al único objetivo de abolir la pena de muerte.

Los siguientes países pueden ser tomados en consideración para una primera toma de contactos:

Cabo Verde (país abolicionista), Costa de Marfil, Senegal (que no aplica la pena de muerte desde 1967), Togo (que no aplica la pena de muerte desde 1978), pero también Congo Brazaville y Benín (países que la mantienen).

Consideramos que se trata de una propuesta concreta, para introducir la práctica transnacional y transpartídica en Africa, en donde se cuentan por decenas cuando no por centenas los partidos políticos por cada país.