SUMARIO: Un pacto de federación entre el Partido Radical y la »Liga Internacional Antiprohibicionista : para ofrecer un servicio de acción, reflexión y propuestas sobre el tema »antiprohibicionismo en materia de droga . Esta es una iniciativa concreta, que usted puede apoyar inscribiéndose en el Partido Radical.

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El Gobierno federal suizo decidió realizar diez proyectos- piloto respecto a 500 drogadictos: recibirán de la estructura estatal la sustancia estupefaciente que de costumbre consumen. Se trata de un experimento, un primer paso hacia una nueva política en materia de droga, la legalización, invocada por ejemplo por el Premio Nobel americano Milton Friedman y por el Presidente de la Corte Suprema de Bolivia, Edgar Oblitas. A través de una batalla de información y acción cultural y política, el Partido radical fija el objetivo de concebir nuevas leyes para afirmar la legalidad contra las medidas prohibicionistas de represión que en absoluto no logran afectar el enorme poder de las organizaciones criminales de los narcotraficantes. Este es también el objetivo de la Liga Internacional Antiprohibicionista, que durante el XXXVI Congreso estipuló un Pacto de Federación con el PR.

(EL PARTIDO NUEVO - Nº 7 - MAYO DE 1992)

Se hace cada vez más difícil para los generales de la »guerra contra la droga alegar razones morales en defensa de su política. Cada vez más a menudo, hoy, ellos deben responder de su acción y estrategia. El gobierno federal de Suiza promueve, en vía experimental, la distribución legal de heroína para reducir el desastre personal y social provocado por los tráficos y los consumos ilícitos; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, Edgar Oblitas, formula una propuesta de legalización para salvar lo que queda de la democracia en un país devastado por la violencia de los narcotraficantes y la contraviolencia de los ejércitos antidroga.

Las grandes ciudades europeas se organizan, aprueban importantes pactos de compromiso civil tales como la »Resolución de Frankfurt , gritan a los gobiernos nacionales que están desamparadas contra las amenazas a la salud pública y al orden público que no proceden de las drogas sino de su ilegalidad, se reúnen en conferencias internacionales.

El mismo Parlamento Europeo toma posición, aun de manera ambigua: por un lado entrega a los Estados miembros las recomendaciones aprobadas por la Comisión de Investigación sobre el Narcotráfico, que piden un cambio radical de las prácticas de la lucha contra la drogadicción y la criminalidad; por otro lado, defiende las categorías abstractas del prohibicionismo, pero sólo a costa de una laceración gravísima tanto entre los dos grupos mayores (el socialista y el democristiano) como en el interior del mismo grupo de mayoría relativa, el socialista. Sin embargo, y ésta es una novedad en absoluto, por primera vez les impone a los gobiernos de la Comunidad que miden costos y beneficios de las diversas aplicaciones prácticas del prohibicionismo, que evaluen los riesgos para la salud pública (SIDA), para la vida social (delincuencia, corrupción, parálisis del sistema judicial), para las libertades civiles (a través de los condicionamientos cada véz más pesados que los aparatos de represión ejercen sobre el sistema

de las garantías del estado de derecho).

Hace más de cuatro años que, primero en Italia y luego a nivel transnacional, el Partido Radical ha planteado la cuestión de la droga como una cuestión crucial de la vida política internacional de la década de los años noventa. Aun contando con muy pocas fuerzas y medios (no olvidemos que el presupuesto anual de la más importante asociación antiprohibicionista italiana, la Coordinadora Radical Antiprohibicionista, no llega a 100.000 dólares), sin embargo, gracias a una incesante actividad de información, luchas civiles, presión sobre las asambleas electivas, el Partido Radical ha ayudado a muchísimos a comprender cuánto sea ventajoso para los grupos más retrógrados, centralizadores, burocráticos de los partidos y de los Gobiernos nacionales, transformar una cuestión social, humana y sanitaria en una »guerra de religión . La guerra de religión encubre copiosas financiaciones de cientos de millones de dólares para las estructuras policiales o militares y despilfarros colosales en la vertiente de las políticas

sociales. Justamente porque hoy se hacen cada ves más claras las connivencias y conexiones económicas entre las áreas ocultas de los poderes gubernamentales y las organizaciones criminales del narcotráfico, del tráfico de divisas, del tráfico de armas, es necesario que a partir de los Parlamentos nacionales se plantee la cuestión política de la superación del prohibicionismo. Igual que en el caso del divorcio y del aborto, también en el caso del empleo de las drogas hoy prohibidas se trata de aceptar lo inútil de los exorcismos beatos y de la represión relacionada con éstos.

Son hechos humanos, que deben colocarse en la línea de frontera de cada cultura o religión. A éstos las legislaciones estatales deben ser capaces de ofrecer respuestas respetuosas de los derechos de cada uno, reduciendo «y no agravando! los costos sociales de las elecciones personales. Sobre todo no deben instrumentalizar el sufrimiento humano para fines de poder ideológico o confesional, o para fines de lucro.

Con el objeto de ofrecer un servicio de acción, reflexión, propuestas concretas, durante su último Congreso, el PR ha concluido un pacto de federación con la »Liga Internacional Antiprohibicionista (LIA), creada en 1989 precisamente por iniciativa del Partido Radical. Es un pacto de federación que implica un gravamen financiero para el PR, pero que permitirá que LIA mantenga su plena autonomía y de volver a promover sus actividades. Acciones de apoyo de asociaciones y movimientos antiprohibicionistas de todo el mundo y de comparación, al máximo nivel científico y político, con las grandes organizaciones nacionales y sobrenacionales. Es una iniciativa concreta que debe apoyarse adheriéndose al Partido Radical, para que la fuerza tan patente de las razones antiprohibicionistas no se convierta, quizás por la subestimación de la importancia de cada acción individual, en motivo de derrota de su organización política.