SUMARIO: Durante los trabajos de la primera sesión del XXXVI Congreso del Partido Radical, que dedicó una Comisión de trabajo a la »Campaña en pro de la abolición de la pena de muerte , se puso en evidencia un dato significativo: no existe a nivel internacional una fuerza organizada que sea capaz de apoyar la campaña abolicionista.

La primera etapa de nuestra »campaña es la convocatoria de un Congreso parlamentario mundial y la fundación de una »Liga Internacional , constituida por parlamentarios, representantes de gobierno, Premios Nobel y otras personalidades de la ciencia y la cultura, dedicada a esta batalla de civilización.

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A través de la que se ha denominado »Campaña parlamentaria mundial en pro de la abolición de la pena de muerte dentro del año 2000 , el Partido Radical se ha fijado el siguiente objetivo: afirmar, en vísperas del nuevo milenio, a través de una Declaración de las Naciones Unidas y las legislaciones nacionales, el derecho de cada ser humano viviente a no ser ajusticiado debido a una sentencia o medida judicial (incluso si ésta haya sido dictada conforme con la ley, por cualquier razón). Somos la única organización, constituida a nivel transnacional y transpartídico, formada por electos en los Parlamentos de treinta países y ciudadanos de unos cincuenta países, que para alcanzar este objetivo ha elegido una estrategia que es de acción institucional, parlamentaria y legislativa y de lucha civil, no violenta y no prohibicionista. Le pedimos que se inscriba en el Partido Radical y apoye este proyecto. De inmediato.

(EL PARTIDO NUEVO - Nº 7 - MAYO DE 1992)

El »Congreso parlamentario mundial para la constitución de una Liga contra la pena de muerte podría celebrarse durante la segunda sesión del Congreso del PR o en los días de Pascua de 1993, en Roma, para culminar en una marcha popular que llegaría a San Pietro, en Vaticano, un poco antes de la transmisión en mondovisión del saludo pascual del Pontífice católico.

El objetivo será el de promover una campaña de acción, democrática y no violenta, a partir de los parlamentarios y representantes de gobierno inscritos en el PR, para que el mismo texto de ley, moción o resolución, se presente al mismo tiempo en los diversos Parlamentos, apoyándolo por la movilización de los militantes no violentos y la información de la opinión pública.

La acción respecto a las Naciones Unidas Una primera acción deberá llevarse a cabo respecto a la ONU recurriendo a un llamamiento. Todo esto con el aporte de juristas y organizaciones no gubernamentales o asociaciones en pro de los derechos humanos o fondaciones internacionales. Tomando como término inmediato la »Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos , organizada por la ONU y que se celebrará en Viena en 1993, lanzaremos un llamamiento para pedir: a) una moratoria de las ejecuciones capitales; limitaciones a la aplicación de la pena de muerte (respecto a menores de edad, mujeres embarazadas, retrasados mentales, ancianos); garantías procesuales para los acusados; b) la configuración, en el foro de la ONU, de una forma de Tribunal internacional competente para juzgar determinados casos de conducta, determinados asuntos, categorías de individuos o supuestos reos, con particular referencia a los golpes de estado, con ocasión de los cuales el Consejo de Seguridad pueda intervenir para imponer: garantías

procesuales respecto a los acusados, una moratoria de las ejecuciones por un período de seis meses-un año y exigir su respeto a costa de un negado reconocimiento internacional y sanciones.

1995: una Europa sin pena de muerte Un objetivo intermedio que se ha fijado la »campaña es el de conseguir dentro de 1995/1996 »una Europa sin pena de muerte .

A partir de esta etapa, podríamos apoyar más eficazmente el compromiso a actuar en pro de la abolición de la pena de muerte en cualquier lugar estuviera todavía prevista y practicada, a través de la firmación en las legislaciones europeas del principio »«Ninguna extradición de los Estados que han abolido la pena de muerte! y una política exterior que considere el pleno respeto a los derechos humanos y la abolición de la pena de muerte como una condición fundamental y dirimente.

Es lo que pide a los Estados miembros la Resolución aprobada el 12 de marzo de 92 por el Parlamento Europeo, gracias también a la acción de Adelaide Aglietta, presidenta del Grupo Verde y Consejera Federal del PR, que fue la relatora. Nuestra acción debe dirigirse a los Estados miembros de la Comunidad Europea que aún no han abolido la pena de muerte o que, a pesar de que la hayan abolido, todavía no han firmado ni ratificado el »VI Protocolo Adicional a la Convención Europea de los Derechos del Hombre ni »El Protocolo Opcional al Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos .

Por lo que se refiere a los demás Estados europeos, miembros del Consejo de Europa o la CSCE (con referencia a las Repúblicas de la ex-Unión Soviética, tales como Rusia y Ucrania, que están elaborando nuevos códigos penales y a los Estados, tales como Bulgaria, que están preparando los instrumentos de ratificación de las Convenciones Europeas) la propuesta que podemos presentar es la de una moratoria de las ejecuciones por tres años, para consentir el tiempo político necesario para estatuir el nuevo derecho sujetivo.

Respecto al llamamiento en pro de la abolición de la pena de muerte en la ex-Unión Soviética (lanzado a través de este periódico por el Primer Secretario del PR, Sergio Stanzani, en el mes de agosto de 1991), dentro de este año, podremos lograr que una delegación de parlamentarios y representantes de gobierno, personalidades de la cultura, la ciencia y Premios Nobel, que lo suscribieron, entregue a Boris Eltsin y Leonid Kravchuk y a los Presidentes de las repúblicas de la ex-URSS las firmas recogidas (más de 1000).

El caso »estadounidense El papel de Europa puede reverlarse decisivo respecto a EE.UU..

A los Estados de la Federación debemos pedir: a) una moratoria de las ejecuciones, por tres-cinco años, para consentir los tiempos necesarios para el debate político sobre el derecho prevaleciente entre Estado y ciudadano en materia de vida y muerte; b) la ratificación del Pacto Internacional para los derechos civiles y políticos.

Acuerdos regionales en Africa y en los países del Mediterráneo.

Dentro de 1994, podríamos promover una »Convención de parlamentarios, representantes de gobierno, exponentes de partidos, juristas, intelectuales, militantes y asociaciones »en pro de la defensa de los derechos humanos en Africa , con el objeto de fomentar un acuerdo regional en sentido abolicionista, a partir de los países abolicionistas de derecho (Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Namibia y Mozambique) o que no aplican la pena de muerte desde hace por lo menos 10 años (Comoros, Costa de Marfil, Gibuti, Madagascar, Niger, Senegal y Togo). Una iniciativa análoga podría emprenderse respecto a los países de culturas y religiones diversas del Mediterráneo, a partir de Chipre, Malta y Portugal, abolicionistas de derecho o de hecho, en colaboración incluso con la »Organización para la paz de los pueblos de Europa y Mediterráneo (POPEM), que ha adherido a la »campaña .