SUMARIO: El primer y segundo capítulo intentan definir las drogas y describier el régimen internacional que las regula. El tercer capítulo, analiza gran parte del tratamiento estudia el fenómeno desde el punto de vista de los paìses productores. El cuarto capítulo es básicamente una reseña crítica de los cálculos sobre el volumen de facturado global y sobre el italiano en el narcotràfico. En las conclusiones se sugieren algunas indicaciones para seguir investigando.

INDICE:

Introducción

1. Las drogas y su régimen

2. El papel de las Naciones Unidas

3. Los principales países productores

3.1. Birmania

3.2 El sureste Asiático

3.3 El suroeste Asiático

3.4 Medio Oriente

3.5 América Latina

4. Los cálculos sobre el volumen de facturado del narcotráfico

Conclusiones

Tablas

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Introducción

A lo largo de los años ochenta, el tráfico de drogas ilegales se ha impuesto como una cuestión importante en la economía y en la política internacional, hallando progresivamente un espacio espacio mayor en textos especializados y en los medios de comunicación de masas. Por qué?.

Los principales motivos parecen ser dos: por una parte, un efectivo aumento de la producción y del comercio de estupefacientes a escala mundial; por otra, la voluntad política de las administraciones Reagan y Bush de contrastar el fenómeno con mayor energía (1).

En perfecta coherencia con las iniciativas adoptadas anteriormente al respecto, los Estados Unidos han intentado inmediatamente movilizar a la comunidad internacional: presionando a los países de origen de las materias primas para que interrumpan o disminuyan la producción; y estimulando a los países consumidores a llevar a cabo una acción concertada con el objeto de prohibir el tráfico y reducir el consumo. El tema de la droga ha hecho irrupción de esta manera - desde la cumbre de París de 1989 - en el Grupo de los 7 países más industrializados (G-7) que trató sobre todo algunos de los aspectos financieros, como el blanqueo de dinero, los aspectos comerciales, como el control de los traslados de agentes químicos utilizados en la elaboración de los derivados del opio y de la hoja de coca. En el seno de la Comunidad europea, fueron creados grupos de trabajo especiales (el Grupo Pompidou) y también en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCSE). Las agencias de las Naciones Unidas sobr

e la droga fueron restructuradas y una nueva Convención Internacional se sumó en 1988, a las dos anteriores en materia de estupefacientes.

Al igual que otros "términos-contenedores" por el estilo, el narcotráfico esconde una vasta gama de problemas. Problemas de definición: comprender qué es lo que se debe entender por droga. Problemas médicos y farmacológicos: contrariamente a lo que se suele creer existe muy poco de cierto en lo que a efectos individuales y sociales de los estupefacientes se refiere. Problemas de carácter normativo, o, si se prefiere, de paradigma: es justo, es conveniente, es factible, prohibir producción, comercio y consumo de ciertas sustancias psicoactivas?. Problemas de contigüidad o de superposición con otras grandes cuestiones políticas y económicas: deuda, subdesarrollo y democracia en el Tercer Mundo; toxicomanía, criminalidad y libertades personales en los países desarrollados. Problemas de cálculo: son de fiar los cálculos sobre el movimiento de negocios de los narcotraficantes, o las cifras sobre los consumidores y sus comportamientos con respecto a las drogas?

De esta lista de problemas se desprende, en la medida posible, la estructura del presente trabajo. El primer y el segundo capítulo intentan definir las drogas y describir el régimen internacional que las regula. El tercer capítulo, que absorbe gran parte del tratamiento, apunta hacia el fenómeno desde el punto de vista de los países productores. El cuarto capítulo es básicamente una reseña crítica de los cálculos sobre la facturación global y sobre la italiana del narcotráfico. Italia aparece como caso de estudio, por así decirlo, por el única y sencilla razón de soy italiano y actualmente vivo en Roma. En las conclusiones se sugieren indicaciones de todo tipo para profundizar la investigación. No es casualidad que sean precisamente lo que este estudio ha dejado un poco de lado, es decir: las políticas nacionales de los países consumidores.

Por último, quisiera mostrar mi agradecimiento al Grupo Verde del Parlamento Europeo por haber financiado la investigación; y al personal de la Biblioteca Americana de Roma de la USIS y de la biblioteca del CeSPI por su amable y eficiente colaboración.

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(1) Los gastos para la política antidroga estadounidense han pasado de 1,7 mil millones de dólares e 1981 a 11,7 en 1992. Cfr. National Drug Control Strategy, The White House, febrero 1991, págs 133-5.

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1. Las drogas y su régimen

La acepción común del término droga es más o menos la siguiente: una sustancia que actúa en la mente o en el sistema nervioso, que crea dependencia y de la que se prohibe su producción, comercio y consumo para fines que no sean médicos (2). Los sinónimos más utilizados son: narcótico, estupefaciente y sustancia psicotropa.

Desde la primera Convención Internacional sobre el Opio en 1912, han sido firmados 15 tratados multilaterales en materia de drogas. Los más importantes actualmente en vigor son los tres siguientes.

- La Convención Unica sobre Estupefacientes (Nueva York, 30 de marzo 1961, 133 signatarios) y el protocolo de enmienda (Ginebra, 25 de marzo de 1972, 106 signatarios).

- La Convención sobre las Sustancias Psicotropas (Viena, 21 de febrero de 1971, 106 signatarios).

- La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias Psicotropas (Viena, 20 de diciembre de 1988, 50 signatarios más la Comunidad Europea).

En las tablas adjuntas a las dos primeras convenciones se enumeran decenas de estupefacientes y sustancias psicotropas (3).

Se llevaría toda una decepción quién intentase hallar en estos documentos una enunciación de los motivos por los que la comunidad internacional ha decidido prohibir producción, comercio y consumo para finalidad que no sea médica de las distintas sustancias. El preámbulo de la Convención de 1961 se limita a observar por una parte que "el uso médico de los estupefacientes es indispensable para aliviar el dolor", y por otra que la "toxicomanía es un azote para el individuo y constituye un peligro económico y social para la humanidad". El de la Convención de 1971 por una parte expresa preocupación "por el problema de la salud pública y los problemas sociales que desencadena el abuso de algunas sustancias psicotropas", y por otra declara que "el consumo de sustancias psicotropas con finalidades médicas y científicas es indispensable". Falta, sin embargo, una descripción general exhaustiva sobre los estupefacientes y las sustancias psicotropas, los efectos que ejerce sobre el individuo y la sociedad - descripción

de la que debería desprenderse la necesidad de distinguir entre utilización médica legítima y utilización no médica ilegítima. En su lugar, por el contrario, se encuentra en ambas Convenciones el artículo nº 1 en el que se da una definición circular por la que los términos estupefaciente y sustancia psicotropa designan cualquier sustancia mencionada en las tablas anexas a las convenciones.

En cualquier caso, se puede imaginar que la prohibición del consumo no médico de las drogas se deba a su propiedad de sustancias que actúan en la mente y crean dependencia. Una explicación semejante, sin embargo, choca con el conocido hecho de que las Convenciones ignoran gran número de sustancias - alcohol, tabaco, café, etc. - que tienen una o ambas propiedades. O bien, incluye sustancias, como los derivados del Cannabis, que no poseen una de las dos propiedades: la creación de dependencia.

Otra cuestión estriba en el grado o la intensidad con las que las distintas sustancias poseen las citadas características - de ahí se podría llegar a la decisión de ilegalizar las más duras. Incluso en este caso, legalidad e ilegalidad de distintas sustancias no parecen reflejar un acuerdo general sobre la intensidad de sus efectos, ni desde el punto de vista científico ni político.

Por ejemplo, en el "Informe de la comisión de investigación sobre la difusión de la criminalidad organizada relacionada con el tráfico de droga en la comunidad", depositada en el Parlamento Europeo el 2 de diciembre de 1991, se propone la siguiente clasificación:

- Drogas Ultraduras: heroína, crack.

- Drogas duras: morfina, cocaína, fenciclidina, metadona, petidina.

- Drogas semi-duras: anfetaminas, barbitúricos, LSD, psilocibina, mescalina, disolventes químicos, ajenjo.

- Drogas semi-blandas: opio, hachís, khat, coca, tabaco, alcohol destilado.

- Drogas blandas: cannabis, alcohol fermentado, peyotl, hongos alucinógenos, codeína y tranquilizantes.

- Drogas ultrablandas: te, café, chocolate.

La difusión y estatus legal de las distintas sustancias psicoactivas dependen de circunstancias histórico-culturales. La actitud predominante de Occidente hacia las drogas más comunes era, el siglo pasado, muy distinta de la actual. El opio se vendía sin receta médica y a bajo precio. El consumo de medicinas a base de opio, como el láudano, estaba muy difundido en todas las clases sociales, como analgésicos y sedantes. A pesar de que se conociesen sus contraindicaciones (Thomas De Quincey publicó, con bombo y platillo, Confessions of an English Opium Eater en 1822), nadie pensó por aquel entonces en considerarlo un fuera de la ley y Gran Bretaña por aquel entonces para más inri suspendió con la fuerza militar el intento chino de impedir la importación desde la India (la que se dio en llamar la guerra del opio de 1840-42). También la cocaína, hasta principios de este siglo, era legal en todo Occidente: a parte de consumirse como tal, se mezclaba en pequeñas cantidades en productos de todo tipo, desde la Coca-

Cola hasta el vino (5).

Masticar la hoja de coca sigue siendo incluso en la actualidad una práctica popular en muchos países de América Latina. El opio en las regiones asiáticas que lo producen, se usa tradicionalmente tanto con finalidades médicas como recreativas. En el mundo islámico es el alcohol el que se sanciona negativamente, mientras no es así para el hachís. Estas importantes diferencias culturales son reconocidas, aunque muy parcialmente, en la Convención Unica que, en el artículo 49 garantiza a las partes el derecho de autorizar de forma transitoria en su propio territorio el uso con finalidades no terapéuticas de opio (15 años), hoja de coca y derivados del cannabis (25 años).

En resumidas cuentas, la actitud hacia las sustancias psicoactivas puede variar radicalmente de sociedad a sociedad: el comercio y el consumo de alcohol fue prohibido de 1912 a 1932 en Estados Unidos; en Africa el aumento del consumo de alcohol y de sustancias sintéticas es mucho más intenso y preocupante que el de los derivados del opio y del cáñamo (6); para países como Taiwan, Corea del Sur y Japón el problema de la droga se centra no en la heroína y la cocaína, sino en las anfetaminas y las metanfetaminas (7).

Clasificar de una vez por todas las distintas sustancias psicoactivas a partir de su respectiva nocividad intrínseca (efectos a corto y a largo plazo en el organismo, creación de dependencia, etc.) es en cualquier caso muy difícil. En primer lugar porque es lícito esperar que se produzcan reacciones muy distintas de individuo a individuo. En segundo lugar, porque muchos usos terapéuticos sugieren la existencia de una frontera lábil entre efectos benéficos y efectos nocivos, entre uso y abuso. De hecho, casi todas las sustancias analizadas en los párrafos anteriores se utilizan normalmente con objeto terapéutico: barbitúricos y anfetaminas entre las sustancias de síntesis, morfina y codeína entre los derivados del opio (8); más recientemente se ha descubierto que la marihuana contrasta los efectos colaterales negativos del tratamiento de quimioterapia en los enfermos de cáncer y del fármaco AZT en los pacientes con SIDA o seropositivos.

Clasificar las sustancias psicoactivas a partir de su nocividad social es igualmente complejo. Mientras las consecuencias del uso y del abuso de las sustancias legales - típicamente: alcohol y tabaco - sobre una población determinada se pueden verificar directamente, las relacionadas con el uso y el abuso de sustancias ilegales se verifica con mayor dificultad. En este último caso el régimen de ilegalidad crea una cantidad imponente de interferencias en la observación médico-sociológica que van desde la ausencia de reglas sobre la calidad del producto, a la ausencia de controles higiénico-sanitarios, pasando por el carácter átipico social del consumidor - inducido este último precisamente por la criminalización del consumo de las sustancias en cuestión, la primera de ellas la heroína. Evaluar las consecuencias sociales de la legalización de algunas drogas en las sociedades desarrolladas contemporáneas es un ejercicio inevitablemente subjetivo, por la sencilla razón de que dicha legalización no ha existido nu

nca. Todo el material del que disponemos son casos históricos o antropológicos - sociedades muy distintas de la nuestra por efecto del tiempo o de la cultura.

Las iniciativas prohibicionistas sobre las sustancias psicoactivas a lo largo de todo este siglo, hasta nuestros días, se originan en los Estados Unidos de América. Más allá de las legítimas preocupaciones sobre los efectos nocivos que se derivan del abuso de estas sustancias, desde finales del siglo diecinueve, el puritanismo y el moralismo de la sociedad americana "desempeñaron un papel central al inspirar la aprobación de leyes estatales y federales que prohibían los opiáceos, la cocaína, el alcohol, los cigarrillos, la prostitución y muchas cosas más. La convicción moral de que toda forma de embriaguez fuese aborrecible, tocó una fibra sensible de millones de americanos. Dicho elogio de la sobriedad atrajo a sectores de la élite americana, cuyas preocupaciones paternalistas sobre la vulnerabilidad de las clases inferiores ante el abuso de alcohol y de otras drogas se combinaba con el temor de que su productividad se pudiese resentir. Además, los movimientos para la prohibición del alcohol y de la droga o

btuvieron un fuerte apoyo de la asociación común de las drogas con las minorías temidas y despreciadas" (9) - el alcohol con respecto a los emigrantes católicos y judíos, el opio a los asiáticos, la marihuana a los latino-americanos y la cocaína a los negros.

La globalización del prohibicionismo estadounidense fracasó, en el caso del alcohol, antes de fracasar a nivel nacional. En cambio, lo logró con respecto a otras muchas sustancias psicoactivas, sobre todo con los derivados del opio, de la coca y del cannabis: el régimen internacional de control de la droga tal y como lo conocemos actualmente se debe a la iniciativa diplomática americana (10). El motivo parece sencillo: mientras el alcohol tenía profundas raíces culturales en el resto de las sociedades occidentales, es decir en Europa, opio, coca y cannabis eran muy superficiales. Por su parte, los países del hemisferio sur no han querido, o no han podido, oponerse a esta repartición totalmente occidental de las sustancias psicoactivas entre las legales y las ilegales. De hecho, la gran mayoría de ellos se sumó a la Convención Unica en 1961.

Por muy arbitrario que sea, el actual régimen internacional de control de la droga, apoyado a su vez por las distintas legislaciones nacionales, ha ubicado al margen de la ley la producción, el comercio y, casi en todas partes, el consumo con finalidades no terapéuticas no científicas de los derivados del opio, de la coca y del cannabis - así como de otras sustancias psicoactivas. La persistente demanda de estas sustancias en el occidente industrializado genera el problema-droga tal y como lo entendemos comunmente nosotros, así como un movimiento de negocios difícil de calcular pero sin lugar a dudas de gran consistencia.

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(2) El término droga tiene en muchas lenguas distintos significados: especies en italiano, compuesto medicinal en inglés y en francés, etc.

(3) Tal y como ya hemos observado, los términos estupefaciente y sustancia psicotropa son esencialmente sinónimos. A primera vista se podría pensar que el primero denote sustancias de origen natural y el segundo sustancias de síntesis. Pero no es así: la Convención Unica especifica que el término estupefaciente comprende ambas categorías. El motivo por el que se ha procedido con dos convenciones distintas en vez de una sola enmienda a la Convención de 1961 sigue siendo, para quien escribe estas líneas, un misterio. La cuestión es que, con la Convención sobre las Sustancias Psicotropas, el régimen se extiende a muchas sustancias de síntesis, como los alucinógenos (LSD), los estimulantes (anfetaminas) y los sedantes hipnóticos (barbitúricos).

(4) La literatura inglesa del siglo diecinueve, desde Coleridge hasta Wilkie Collins, pasando por De Quincey, ha estado influenciada por el opio de forma considerable.

(5) En 1863 un ingeniero químico de Córcega, que obedecía al nombre de Angelo Mariani ponía en comercio un vino de mesa al que se le añadían de 35 a 70 mg de cocaína por botella. El "vino Mariani" fue apreciado por personalidades como Zola, Ibsen, Anatole France, Massenet, Rodin, Sarah Bernhardt y recibió incluso una medalla de oro del Papa León XIII. Cfr. Ethan A. Nadelmann, "Légalisation: la fin du narco-trafic?", Politique Internationale, verano de 1990.

(6) Cfr. Jacques Iguel, "L'alcool en Afrique noire: le Sud consomme ce que le Nord produit", Guy Delbrel (edición de), Géopolitique de la drogue, Editions La Découverte, Paris, 1991; United Nations, Report of the International Narcotics Control Board for 1991 [a partir de ahora, para abreviar, INCB 1991 Report], Viena, 1992, págs. 12-15 y págs. 19-20.

(7) Cfr. Bill Savadove, "High Society", Far Eastern Economic Review [a partir de ahora y para abreviar FEER], 12 de septiembre de 1991; H. Richard Friman, "The United States, Japan, and the International Drug Trade", Asian Survey, septiembre de 1991.

(8) El uso médico del opio tiene orígenes muy antiguos y prosigue hasta nuestros días. El objeto de la Convención Unica de 1961 es precisamente la de controlar que la producción mundial de drogas no exceda la cantidad considerada "esencial para el objetivo médico y científico". Con respecto a los opiáceos, dichas cantidades se calcularon en 1990 en aproximadamente 200 toneladas de morfina equivalente. Cfr. INCB 1991 Report, pág. 17.

(9) Ethan A. Nadelmann, "Global Prohibition Regimes", International Organization, otoño de 1990.

(10) "Fue hombre clave de dicha iniciativa Harry Anslinger, director del Federal Bureau of Narcotics desde su creación en 1930 hasta 1962 y en su día responsable de la sección internacional de la agencia federal para el prohibicionismo alcohólico". Ibídem.

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2. El papel de las Naciones Unidas

A las Naciones Unidas corresponde la tarea de supervisión y coordinación de lo dispuesto por las tres Convenciones internacionales en materia de drogas. Desde principios de marzo de 1991 funciona, con sede en Viena, el United Nations International Drug Control Program (UNDCP), que unifica las competencias de tres organismos anteriormente separados: la Commission on Narcotic Drugs del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, creada en 1946 con tareas de carácter político en dicho sector; el International Narcotics Control Board, compuesto por un grupo de expertos y creado en 1961 con la tarea de analizar el desarrollo mundial del fenómeno; el United Nations Fund for Drug Abuse Control (UNFDAC), fundado en 1971 con la tarea de asistir a los gobiernos en la lucha contra la producción, el tráfico y el abuso de drogas.

Existe asimismo un Expert Committee on Narcotic Drugs en el seno de la División de Farmacología y Toxicología de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la OMS se solicita de la Convención Unica y de la Convención sobre las Sustancias Psicotropas el juicio de valor sobre las sustancias psicoactivas, en el sentido que esta organización puede proponer incluir nuevas sustancias en las tablas, cambiar una sustancia de una tabla a otra, o eliminar una sustancia - ésta última no se ha producido nunca.

El UNDCP cuenta con un presupuesto anual, basado en contribuciones voluntarias de aproximadamente 70 millones de dólares. Italia es tradicionalmente uno de los principales financiadores, del UNFDAC anteriormente y ahora del UNDCP y, por lo visto, ha contribuido a casi la mitad del presupuesto de 1992 (11). Ello debería explicar que los italianos desempeñen funciones de liderazgo en este organismo: Giorgio Giacomelli, actual director del UNDCP que sucedió a Giuseppe di Gennaro, que era el jefe del UNFDAC.

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(11) Cfr. Marcello D'Angelo, "Droga e riciclaggio ormai straripano sull'intero pianeta", Il Giorno, 13 de abril de 1992; Ernesto Ugo Savona, "Nasce un nuovo organismo delle Nazioni Unite", Cooperación, enero de 1991.

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3. Los principales países productores

Si bien son muchas las sustancias psicoactivas que son ilegales, la atención internacional se concentra casi exclusivamente en los derivados del opio, la coca y el cannabis. Ello se debe principalmente al hecho de que pocas fuentes de información sistemática disponibles sobre la producción y sobre el comercio - todas de origen estadounidense se limitan precisamente a las tres sustancias citadas.

Cabe destacar, de todas maneras, que tanto en Europa como en Estados Unidos se está asistiendo a un rápido crecimiento en el consumo de una sustancia sintética, la methylene dioxymethamphetamine (MDMA), más conocida como Extasis y que se vende en pastillas. En Gran Bretaña, los consumidores de Extasy son, por ejemplo, el doble de los consumidores de cocaína. El precio al por menor de una dosis de esta sustancia - ente las 30 y las 80 mil liras italianas, contra las aproximadamente 200 mil liras de una gramo de cocaína - garantiza un amplio margen de provecho, aunque no se conocen a ciencia cierta los costes de producción. Parece ser que los principales productores del Extasis comerciado en Europa parece se encuentran en Holanda (75-80%) y en Polonia (12).

La tabla 1 resume los cálculos del gobierno de Estados Unidos sobre los principales productores mundiales de opio, hoja de coca, marihuana y hachís. Cabe destacar que la producción anual de marihuana de Estados Unidos, aunque aquí no aparezca, se calcula alrededor de un tercio del total mundial (13). Además, al utilizar estos datos hay que tener muy presentes algunas advertencias: quien los ha elaborado declara, razonablemente, estar seguro solo de la superficie cultivada; y está mucho menos seguro con respecto al potencial productivo de los respectivos cultivos, los resultados de las cosechas (que pueden variar según las condiciones climatológicas y de las técnicas empleadas) y los procesos de refinamiento. Resumiendo, los datos "representan un cálculo de la producción en potencia, y sobre cuya cantidad el gobierno de los Estados Unidos considere que podría producirse en caso, y solo en caso, de que toda la cosecha disponible se convierta en droga acabada con una eficiencia productiva ordinaria. Puesto que

no se calculan las pérdidas, la producción real no puede ser medida con precisión; podría ser mayor o menor que estos cálculos" (14). A título de ejemplo, el Bureau of International Narcotics Matters calcula que si en 1990 Colombia, Bolivia y Perú hubiesen transformado en cocaína todas las hojas de coca (excluyendo los alijos decomisados y el consumo local), se hubiese contado con una cantidad de droga disponible para la exportación oscilante entre las 700 y las 890 toneladas. (15)

Dicho esto, cabe reconocer que los cálculos permiten hacerse una idea bastante certera por lo menos con respecto a la tendencia productiva que, salvo el hachís, parece ir en aumento totalmente. En particular, la disponibilidad de opio ha aumentado, entre 1987 y 199, más del 50%, gracias sobre todo al incremento de la producción en Birmania, casi triplicada durante el mismo espacio de tiempo.

Tal y como se puede comprobar, se citan globalmente 16 países. Salvo Líbano y Marruecos - que sin embargo se limita a producir poco más del 8% de hachís - desde el punto de vista geográfico emergen de forma bastante clara tres grandes áreas productivas: el Sureste asiático (Birmania, Laos y Tailandia), en una zona conocida como el triángulo de oro; el Asia Suroccidental (Afganistán, Irán, Pakistán), en una zona conocida asimismo bajo el nombre de media luna de oro (Golden Crescent); América Latina.

Desde el punto de vista de los cultivos, resulta bastante claro de qué manera el opio se concentra en Asia y la coca en América Latina. El cannabis se produce y se elabora en América Latina, en Asia Sur-Occidental y en Oriente Medio. Se salen de este modelo Líbano y Méjico, que juntos producen casi el 3% del opio.

Otra excepción, muy reciente, es Colombia: según la Drug Enforcement Administration (DEA) americana, las organizaciones colombianas que se dedican a la elaboración de la coca y al tráfico de cocaína se encontraban, en enero de 1992, en una fase avanzada de la diversificación de sus actividades, con la producción de opio y refinándolo en heroína (16). Al cabo de cinco meses, en junio, Melvin Levitsky, responsable de los problemas de la droga del Departamento de Estado estadounidense, testimoniaba en el Congreso que Colombia se había convertido en el tercer productor mundial de opio, con aproximadamente 20.000 hectáreas cultivadas, contra las 29.000 de Laos y los 161.000 de Birmania (17). La introducción rápida en la economía de la droga en las zonas andinas del sur del país ahora cultivadas con opio, ha desencadenado el consabido círculo vicioso de violencia y corrupción, aunque haya aumentado drásticamente la renta de los campesinos interesados (18).

Más inciertas, aunque con intensidad creciente, las noticias relacionadas con el aumento de los cultivos de papaveráceas en las repúblicas asiáticas, ex repúblicas soviéticas. Más en general, todo el mundo ex comunista se supone que se ha convertido rápidamente en una nueva tierra de conquista para los narcotraficantes, que lo utilizarían para el tránsito de las drogas y para reciclar el capital (19).

En cualquier caso, los países tomados en consideración en este trabajo son: Afganistán, Birmania, Bolivia, Colombia, Irán, Laos, Líbano, Pakistán, Perú y Tailandia.

Por lo que se refiere a los demás países (Belize, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Marruecos y Méjico) véanse las siguientes consideraciones. En primer lugar, se ha optado por dar primacía a la producción y comercio de heroína y cocaína, debido a que su perfil económico es mucho más elevado. Siguiendo esta lógica, se ha dado la precedencia a los productores más importantes. Tal y como se puede ver, Méjico y Guatemala, en el caso de la heroína, Ecuador en el caso de la cocaína, producen cantidades muy limitadas con respecto al total de la producción mundial de la sustancia respectiva. Cabe destacar que algunos de los principales productores de hachís y marijuana son al mismo tiempo productores de drogas duras: Colombia, Pakistán y Afganistán. Por su parte, Belize y Jamaica se limitan a producir, juntas, aproximadamente el 0,5% del total mundial de marihuana.

En segundo lugar, ha sido considerada la postura de los distintos países en la cadena comercial: Tailandia, Pakistán y Colombia desempeñan un papel de gran relevancia refinando y exportando heroína (las dos primeras) y cocaína (Colombia), aún no siendo los primeros productores de opio ni de hoja de coca.

En tercer lugar, se ha tenido en cuenta la dimensión global de las distintas economías sobre las que insiste el fenómeno de la droga: de esta manera, la producción y distribución de los derivados del cannabis y del opio tienen un peso superior en el Líbano (2,7 millones de habitantes, 3,3 mil millones de dólares de Producto Nacional Bruto en 1987) que no Méjico (84 millones de habitantes, 200 mil millones de dólares de PNB en 1989).

Tal y como se podrá comprobar, los países considerados han sido agrupados según las siguientes zonas geográficas: Asia Suroccidental (golden crescent), sureste asiático (golden triangle), Oriente Medio y América Latina. Hemos dedicado un espacio especial a Birmania, primer productor mundial de opio, y a sus poco conocidos avatares políticos y económicos.

Antes de entrar en detalles en la política y la economía de estos diez países productores de drogas es posible llevar a cabo, con la ayuda de las tablas 2 y 3, algunas observaciones de carácter muy general. En primer lugar, nos hallamos ante situaciones de gran indigencia: tres países (Afganistán, Laos y Pakistán) se hallan en el último cuarto de la clasificación del UNDP en cuanto a desarrollo humano (una combinación de renta, educación y esperanza de vida al nacer); y cuatro de ellos en el tercer cuarto (Birmania, Bolivia, Irán y Líbano).

Por encima de las considerables diferencias existentes en cuanto a riqueza disponible, además, todos los países para los que existen datos al respecto, poseen una deuda exterior consistente: como porcentaje sobre el PNB se va de un mínimo del 34 para Tailandia, hasta un máximo de 152 para Laos. Por supuesto estos datos brutos esconden realidades muy distintas: Colombia y Tailandia, al contrario de los demás, se las apañan con la deuda exterior bastante bien, ambas cuentan con una economía muy dinámica y una renta per cápita bastante alta. Sin embargo, lo que sí es cierto es que todos tienen motivos imperiosos para recorrer a cualquier fuente de divisas con valor que se les presente.

La división del trabajo entre países, por otra parte, refleja con gran fidelidad las diferencias económicas apenas analizadas: Colombia y Tailandia, ambas con una economía en crecimiento rápida y fuertemente orientada a la exportación, cuentan con los recursos necesarios para comercializar la droga en cuanto producto acabado - respectivamente cocaína y heroína - incluso el hecho de que un volumen consistente de intercambios comerciales con el exterior facilita tanto el poder ocultar a nivel material como financiero. Observaciones parecidas pueden aplicarse al papel desempeñado por Pakistán en la comercialización de la heroína procedente del golden crescent - papel que se beneficia tanto del cierre de la economía y de la sociedad iraní por una parte, como del estado ruinoso de la economía y de la sociedad afgana.

Por el contrario, los principales productores de las materias primas - opio y hoja de coca - se encuentran con que tienen que hacer frente a situaciones sociales, económicas y políticas que no es exagerado calificar de desesperadas. La economía peruana se ha estancado en la última década, mientras que la boliviana, para más inri, se ha contraído. Líbano y Afganistán se han visto acosados por interminables guerras civiles, cuyos efectos económicos y sociales son fácilmente intuibles, aun en ausencia de datos. Birmania y Perú, primeros productores de opio y de hoja de coca respectivamente, tienen zonas consistentes de su territorio controladas por movimientos insurreccionistas armados de carácter político y/o étnico. En dichas zonas tiene lugar la producción y la primera refinería de las drogas, actividades que constituyen el principal punto de apoyo económico y político de dichas insurrecciones.

Por último, en los mencionados diez países la democracia o no existe o está seriamente amenazada. no existe en Afganistán ni en Líbano, de la misma manera que la República popular de Laos y en la Islámica de Irán; ha sido suspendida por los militares o con su apoyo en Birmania (1990), Tailandia (1991) y Perú (1992); es muy frágil en Bolivia, Colombia y Pakistán. Obviamente, no se trata solo de un problema de forma de gobierno: ninguno de estos países puede vanagloriarse de un grado aceptable en materia de respeto de los derechos humanos en su seno, mientras se producen formas de abuso que varían desde la falta de garantías procesales hasta la tortura.

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(12) Cfr. Alison Jamieson, "El tráfico de droga tras 1992", ponencia presentada en el convenio "Droga, el nuevo Imperio del Mal - Una guerra global y planetaria", Roma 12 de mayo de 1992; Amelia Castilla, "Ir de `éxtasis'", "El País", 23 de febrero de 1992.

(13) Cfr. Iban de Rementeria, "Production: panorama mondial des cultures de drogue", Guy Delbrel (edición de), op. cit. De Rementeira fue director de la UNFDAC. Según Ethan A. Nadelmann "actualmente Estados Unidos es el primer productor de marihuana en el mundo"; cfr. "Légalisation: la fin du narco-trafic?", cit. Estas evaluaciones no tienen en cuenta el creciente recurso a cultivar en invernadero, indicado también en INCB 1991 Report, pág. 36.

(14) United States Department of State, Bureau of International Narcotics Matters, International Narcotics Control Strategy Report, Washington, marzo de 1991, pág. 9 (énfasis en el original).

(15) Ibídem, pág. 10, en el que se menciona una mejora de la eficacia de las técnicas de refinería a lo largo de los últimos dos años.

(16) Cfr. Joseph B. Treaster, "Colombia Drug Lords Branching Out Into Heroin", International Herald Tribune [a partir de ahora IHT, para abreviar], 15 de enero de 1992. Del cultivo de opio en Colombia se habla por lo menos desde mediados de los años ochenta. Cfr. Bruce M. Bagley, "Colombia and the War on Drugs", Foreign Affairs, otoño de 1988.

(17) Cfr. Norma Romano-Brenner, "Heroin Growth Concerns Bush Administration", United States Information Agency (USIA) Wireless File, 6 de junio de 1992.

(18) Cfr. Jorge Gómez Lizarazo, "Colombia Drug War: Too Many Innocents Are Dying", IHT, 31 de enero de 1992; "A Pact With the Devil", Newsweek, 10 de febrero de 1992.

(19) Cfr. por ejemplo Mino Vignolo, "A Est regna l'oppio dei popoli", Il Corriere della Sera, 6 de septiembre de 1992.

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3.1. Birmania

La historia política y contemporánea de Birmania, una ex colonia británica, puede dividirse a grandes rasgos en dos periodos: un primer periodo, que duró aproximadamente unos diez años a partir de la independencia en 1948, de democracia parlamentaria y socialismo democrático del gobierno U Nu; un segundo periodo, desde 1962 hasta 1988, de "vía birmana hacia el socialismo" del gobierno general de Ne Win. Este segundo periodo puede definirse mejor como una dictadura militar inspirada en política nacional en los modelos chino y soviético, pero estrictamente neutra el materia de política exterior. La nacionalización de la economía, el cierre a los intercambios con el exterior y la represión del disenso impuestos por el régimen de Ne Win paulatinamente se han ido traduciendo en un estancamiento de la economía y de la sociedad birmanas, que culminó con la obtención del status oficial de país menos desarrollado (less developed country) por parte de las Naciones Unidas en 1987.

Por otra parte, las regiones fronterizas por la parte oriental y noroccidentales del país han estado siempre al margen del control de la administración central. Se trata de territorios efectivamente gobernados por minorías étnicas (los Shan, los Kachin y los Karen son las tres principales), o por las formaciones armadas del Partido Comunista Birmano, o por "señores de la guerra" herederos de las unidades militares nacionalistas chinas expulsadas del territorio en 1949, o bien por alianzas provisionales entre estos grupos (20).

Este régimen administrativo por partida doble ha acabado por convertirse en un doble régimen económico. Por una parte, la economía oficial planificada desde la Capital, Rangún, basada en empresas públicas nada eficaces, protegidas con el aislamiento del país de la competencia internacional. (La no alineación del régimen de Ne Win con los ideólogos chinos y soviéticos que lo inspiraron rendía al país en los años ochenta, una media anual de aproximadamente 400 millones de dólares de asistencia al exterior, bajo el patrocinio del Banco Mundial.)

Por otra, una economía extra-oficial, basada en el contrabando (importación de bienes de consumo de China y de Tailandia, exportación de gemas, maderas, opio y heroína), y administrada por las minorías étnicas de los distintos grupos rebeles y por los "señores de la guerra". Por ejemplo, los Karen, una minoría holgadamente ajena al tráfico de droga pero por cuyo territorio pasa buena parte del contrabando con Tailandia, sostenían que a mediados de los años ochenta, obtenían aproximadamente unos 65 millones de dólares al año de un índice del 5% sobre el valor de la mercancía en tránsito - un valor, por lo tanto, de aproximadamente 1.250 millones de dólares, equivalentes al 20% del PNB birmano de por aquel entonces (21).

Sin embargo, a principios de 1988, el régimen birmano se hallaba en plena bancarrota económica y política. Desde el punto de vista económico, "las reservas de divisas extranjeras ascendían meramente a 12 millones de dólares; una deuda exterior de 5 mil millones de dólares equivalía a casi el 70% del PNB" (22). Desde el punto de vista político, a partir de marzo una serie de manifestaciones de protesta en Rangún era reprimida brutalmente por el régimen, causando miles de muertos. Tras la dimisión de Ne Win en julio y el intento, que duró 17 días, de confiar el gobierno en manos de un civil, el jefe de estado mayor de las fuerzas armadas, el general Saw Maung, asumía el poder en nombre de un Consejo de Estado para la Restauración de la Ley y del Orden. En el programa del Consejo figuraban elecciones libres y democráticas - elecciones que efectivamente se celebraron el 27 de mayo de 1990 y que fueron ganadas con un amplio margen (392 escaños de 485 en la asamblea nacional) por la oposición democrática, bajo el

liderazgo de una mujer, Aung San Suu Kyi. DE todas maneras, inmediatamente después del resultado de las elecciones, el Consejo de Estado anunciaba que el poder sería otorgado a los electos al cabo de dos años. Resultado: Suu Kyi, a quien se le concedió el Nobel de la paz de 1991, se encuentra arrestada en su domicilio desde el 20 de julio de 1989; la oposición sufrió arrestos masivos, entre ellos los 60 parlamentarios electos, y ahora su clase dirigente se encuentra albergada en el territorio bajo control Karen; el Consejo de Estado sigue estando en el poder.

Con los rebeldes armados la junta intentó, por el contrario, establecer inmediatamente un acuerdo, con el objeto de limitar a los Karen la alianza con la oposición democrática. La tarea estuvo facilitada por divisiones en el seno de los insurrectos: el Partido Comunista Birmano, por ejemplo, se fragmentó en una serie de pequeñas formaciones armadas independientes, sin tener ya objetivo político alguno. Tanto con los comunistas como con gran parte de las armadas Shan y Kachin, la junta hizo hincapié en las vagas promesas de autonomía y, sobre todo, en una participación conjunta en los útiles del contrabando y del tráfico de droga. Esta maniobra les ha permitido tanto de aumentar los ingresos financieros como concentrarse en el refuerzo de su propia fuerza militar y en la represión de la oposición democrática y de los Karen.

Paralelamente, el régimen de Rangún ha intentado mejorar sus propias relaciones con el gobierno chino y con el tailandés, con el objeto de controlar mejor los tráficos en la frontera y obtener, de los tailandeses, carta blanca para perseguir militarmente a los rebeldes de Karen en los santuarios más allá de la frontera. Este acuerdo tácito con los militares en el poder en Bangkok entró recientemente en crisis, cuando las fuerzas birmanas que atravesaban la frontera empezaron a ser rechazadas por el ejército y por la aviación tailandesa (23). No hay que descartar la posibilidad de que tras esta vuelta de torno existan presiones internacionales, sobre todo americanas. La administración estadounidense sigue negando a Rangún el certificado de país colaborador en la lucha contra la droga (24); a principios de abril de 1992 dos demócratas (Patrick Moynihan y Paul Simon) y un republicano (Jesse Helms) presentaron en el Senado estadounidense una resolución que solicita un embargo internacional de armas contra Birman

ia y el cese de relaciones comerciales con el país (25); la Asociación de las Naciones del Sureste Asiático (Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia) empezó a considerar la posibilidad de aplicar sanciones contra el gobierno birmano, mientras un invitado de las Naciones Unidas se trasladaba hasta Rangún bajo petición de Bangladesh, afectado por una oleada de 210.000 musulmanes expulsados de Birmania (26).

Todas estas presiones parecen haber surgido algún efecto: Saw Maung presentó su dimisión y fue reemplazado por su vice, general Than Shwe; y a Aung San Suu Kyi, aún arrestada en su domicilio, se le permitió que su marido la visitara por primera vez desde diciembre de 1989; asimismo, un cierto número de presos políticos fueron puestos en libertad (27).

A lo largo de los tres primeros años en los que la junta militar de Rangún tuvo carta blanda, en cualquier caso, las reservas en divisa extranjera ascendieron a aproximadamente 900 millones de dólares, según un cálculo no oficial (28). Parece bastante lícito ver tras esta reanudación no sólo las cifras procedentes de las concesiones oficiales para la explotación de la madera y la pesca, y para el petróleo (29), sino los ingresos relacionados con los acuerdos con la economía extra-oficial basada en el contrabando y en el tráfico de droga. Todo ello hubiese podido bastar, por lo menos a corto plazo, para compensar la interrupción de la asistencia económica procedente del extranjero. Si no hubiese sido porque gran parte de estos recursos se utilizaron para potenciar a las fuerzas armadas, que han pasado de 180 a 280 mil efectivos en los últimos tres años y que han sido modernizadas con una ordenación a China de nuevos armamentos calculado en más de mil millones de dólares, de los cuales 400 millones pagados al

contado (30).

Evaluar el peso del tráfico de droga en la economía birmana actual entraña gran dificultad. Sin embargo, se pueden trazar algunas consideraciones. Por ejemplo, no cabe duda de que ha desempeñado un papel determinante en el vertiginoso aumento de las reservas en divisas. Por otra parte, los datos del Departamento de Estado americano (cfr. tabla 1) demuestran que la producción de opio en Birmania se ha triplicado en dos años, pasando de las aproximadamente 800 toneladas de 1987 a las 2.400 de 1989. Este aumento, facilitado por estaciones particularmente favorables, se debe obviamente a la extensión de cultivos y a los acuerdos con los que la junta de Rangún ha dado carta blanca a los productores-traficantes. El incremento de las producciones se ha reflejado puntualmente en el incremento de la oferta. De esta manera, en 1991, en los Estados Unidos "el abuso y el tráfico de heroína han dado señales de aumento, a causa del incremento de la oferta y de la pureza así como la disminución del precio, consecuencia de

los más altos niveles de producción en el Sureste asiático" (31); de la misma opinión es la administración americana, para la que "señales clave apuntan hacia cantidades en aumento de heroína que llegan a Estados Unidos.... el número de alijos confiscados ha aumentado, la pureza también, y el precio al por menor sigue disminuyendo" (32). Según otra fuente, "en el 1984 la heroína del Sureste asiático constituía el 24% del mercado de Nueva York, para aumentar al 35% en 1985, al 70% en 1988 al 80% aproximadamente actual [marzo 1991]" (33).

Paralelamente al aumento tuvo lugar una diversificación de la producción y de las rutas comerciales. Hasta hace pocos años, prácticamente todos los laboratorios que refinan el opio transformándolo en heroína se hallaban en la frontera meridional birmana con Tailandia. La heroína pasaba de Tailandia a Estados Unidos y a Europa, a menudo vía Hong Kong. Más recientemente dichos laboratorios han proliferado por decenas en la región de Kokang, en el norte del país, en el confín con la provincia china de Yunnan. Tanto que el 30% de la producción de heroína del triángulo de oro para la exportación en América y en Europa se calcula que pasa ahora a través de China, evitando cada vez más el puerto intermediario de Hong Kong (34).

Calcular la cantidad de forma razonablemente fidedigna el facturado de la industria birmana del opio es por el contrario casi imposible. Sería necesario saber: a) si realmente los cultivos locales de la papaverácea generan las 2.200-2.400 toneladas de opio citadas por el Departamento de Estado americano, una conclusión hacia la cual esta misma fuente toma las distancias; b) qué cantidad de opio producido es consumida localmente y qué cantidad se destina a la exportación; c) qué parte del opio producido es refinado en heroína localmente y qué parte en otros lugares, sobre todo en Tailandia; d) el cose del proceso de refinación; e) el precio de venta del opio y de la heroína que sale di Birmania. En cuanto a este último punto cabe destacar que: i) sin lugar a dudas no existe un precio único, sino distintos precios según las zonas y las relaciones entre productores y comerciantes; ii) no hay forma de saber en qué punto de la cadena comercial se empuja el control de los operadores birmanos: cabe la hipótesis de

que llegue muy lejos en el caso de la ruta china, menos en el caso de la ruta tailandesa, pero existen posibilidades infinitas, incluidas las joint-ventures entre operadores de distintas nacionalidades, con todas las combinaciones posibles en cuanto a las cuotas de participación en los útiles. Una vez establecido todo ello, cabría saber qué parte de los capitales generados por esta industria entra en el país o fluye hacia otros lugares - si lo que interesa es, por lo menos, su peso en el conjunto de la economía birmana. A este propósito se puede recordar el dualismo de dicha economía, en el sentido de que la economía oficial estimula sin lugar a dudas la fuga de capitales, mientras la no oficial ofrece buenas oportunidades de empleo en el sector adyacente del contrabando de bienes de consumo.

Una vez sentada esta premisa, a título puramente indicativo reproducimos aquí los resultados a los que se llega combinando las distintas hipótesis trazadas por distintas fuentes. De esta manera Bertil Lintner de la Far Eastern Economic Review indica que asciende a aproximadamente 1.500 dólares el precio de venta al kilo de heroína nº 4 (la más valiosa) en la región de Kokang, precio que aumenta el quíntuplo en cuanto cruza la frontera china. (35). Considerando las que se acaban de llamar joint-ventures, se puede calcular una media bruta de 4.000-5.000 dólares al kilo. Según un experto francés, Alaine Labrousse, 4.000 dólares (23.000-27.000 francos franceses) al kilo es también el precio de venta de la heroína en la frontera tailandesa (36). Lintner calcula que en más de las 2.000 toneladas de opio producido en Birmania en 1991, "1.300 se disponían para la conversión y la exportación, dando lugar a aproximadamente 90-100 toneladas de heroína nº 4 (37). Cien toneladas a 4.000 dólares al kilo son 400 millones

de dólares, una cifra de la misma envergadura que la asistencia económica extranjera que llegaba a Birmania antes de 1989.

A costa de parecer excesivamente meticulosos, es menester repetir que en realidad los negocios podrían ser tanto la mitad como el doble. Por ejemplo si esa suerte de procedimiento inductivo la sustituyésemos por uno deductivo, observaríamos que los cálculos de los ingresos de Perú (dos tercios de la producción mundial de hoja de coca, al igual que Birmania en el caso del opio) parten de un mínimo de 750-800 millones de dólares al año. Con lo que se concluye, de forma bastante plausible, que los ingresos birmanos pueden ser análogos.

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(20) Es precisamente la presencia de una multitud de minorías étnicas la que hace que, a juicio de un autor de origen birmano, sea políticamente inaceptable el nuevo nombre de Myanmar - la denominación de la etnia mayoritaria en el lengua locas - nombre que se le otorgó al país en septiembre de 1989. Cfr. Mya Maung, "The Burma Road From the Union of Burma to Myanmar", Asian Survey, junio de 1990.

(21) Cfr. David I. Steinberg, "International Rivalries in Burma", Asian Survey, junio de 1990.

(22) Jonathan Friedland y Bertil Lintner, "A policy of pillage", FEER, 8 agosto de 1991.

(23) Cfr. "Thailand Ready to Retaliate", IHT, 17 de marzo de 1992; "A new wolf in South-East Asia", The Economist, 21 de marzo de 1992.

(24) Sin dicho certificado, un país no puede tener acceso a casi todos los tipos de ayuda económica americana. En 1992 fue negado no solo a Birmania sino a Afganistán, a Irán y a Siria. Por el contrario, fue concedido a los demás países productores de drogas. Incluso al Líbano, a pesar de que no haya cooperado en absoluto con Washington, debido al "interés vital para la nación" americana. Cfr. Louise Fenner, "Coca Cultivation Down, Opium Poppy Up, Report Says", United States Information Agency - Wireless File, 3 de febrero de 1992.

(25) Cfr. "Senators Press For Action on Burmese Junta", IHT, 7 de abril de 1992.

(26) Cfr. Michael Richardson, "ASEAN Weighs Moves Against Abuses in Burma", IHT, 31 de marzo de 1992.

(27) Cfr. "Confused signals from Burma", The Independent, 4 de mayo de 1992.

(28) Cfr. "A policy of pillage", cit.

(29) Sobre este último punto cfr. Jonathan Friedland y Bertil Lintner, "Licensed to drill", FEER, 8 de agosto de 1991.

(30) Cfr. Bertil Lintner, "Army of occupation" y "Hidden reserves", FEER, 23 de mayo de 1991 y 6 de junio de 1991.

(31) INCB 1991 Report, pág. 35.

(32) National Drug Control Strategy, cit.

(33) Bertil Lintner, "Triangular Ties", FEER, 28 de marzo de 1991.

(34) Ibídem.

(35) Ibídem.

(36) Cfr. Alaine Labrousse, La drogue, l'argent et les armes, Fayard, París, 1991, pág. 237.

(37) "Triangular ties", cit.

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3.2. El Sureste Asiático

Tal y como se ha dicho en repetidas ocasiones, el país del Triángulo de Oro en el que se concentran las actividades de refinación y comercialización del opio es tradicionalmente Tailandia. Según cálculos del Thailand Development Research Institute, los beneficios fruto del tráfico de drogas que originan o transitan en Tailandia, anfetaminas y marihuana inclusive, ascienden a 3,9 mil millones de dólares al año, equivalentes al 17% del valor de todas las exportaciones tailandesas de 1989 (38).

En los últimos dos-tres años, Bangkok parece haberse embarcado en una vuelta de torno contra las actividades relacionadas con la droga: los programas para desarraigar las plantas papaveráceas han comportado efectivamente una reducción del opio producido en el lugar, mientras que las operaciones de la policía han provocado el traslado de un gran número de refinerías allende las fronteras con Laos y Birmania. En 1991, fue aprobada una ley que tiene por objeto reprimir el comercio. Dicha ley considera el tráfico de droga delito de conspiración, prevé la confiscación de bienes y divisas, así como condenas severas contra la corrupción de funcionarios privados y públicos.

Es demasiado pronto, naturalmente, para juzgar los efectos de estas nuevas medidas. Las dudas sobre su eficacia real, sin embargo, se justifican por el hecho de que se trata de un país en el que la clase dirigente y el ejército parecen estar seriamente implicados en el narcotráfico. A principios de abril de 1992, Narong Wongwan, candidato para el cargo de primer ministro de la coalición pro-militar que salió vencedora de las elecciones del 22 de marzo, se vio obligado a echarse a un lado cuando el Departamento de Estado estadounidense reveló que le había negado un visado el año anterior por su implicación en el tráfico de droga (39). En su lugar se convertía en primer ministro el general y jefe de las fuerzas armadas Suchinda Kraprayoon, quién también se vio obligado a presentar su dimisión el 24 de mayo con motivo de manifestaciones populares a duras penas reprimidas por el ejército con cientos de víctimas. El parlamento tailandés aprobó posteriormente varias reformas constitucionales que tenían por objeto

alejar a los militares de la política (40). Nuevas elecciones, que se celebraron en septiembre, otorgaron la mayoría a la oposición democrática, pero queda por ver cuál será el efecto de todos estos virajes políticos en el tráfico de drogas.

Oficialmente, Laos también parece haberse comprometido en una campaña para acabar con los cultivos de papaveráceas - campaña que, a pesar de no haber dado por el momento grandes resultados en la producción global de opio, ha servido para obtener alguna que otra financiación por parte del UNDCP y de los Estados Unidos (proyecto Hovaphon) para la conversión de los cultivos (41). Laos es un país paupérrimo, cuyos modestos ingresos por los derechos para sobrevolar a través de la ruta Bangkok-Hong Kong representan una de las principales voces activas de la balanza de pagos oficial. EL gobierno al no conseguir pagar el sueldo al ejército, ha concedido a los comandantes regionales que se autofinancien con el comercio de madera (42). No cabe sorprenderse si, tal y como sucede en Birmania, a la madera se le hubiese arrimado la heroína.

Por lo general, parecen multiplicarse los contactos bilaterales y multilaterales entre los gobiernos de la región - progresivamente China forma parte de éstos - con el objeto declarado de coordinar las respectivas estrategias anti-droga (43). Es inútil añadir que existen buenos motivos para dudar de la sinceridad de estos esfuerzos, sobre todo por lo que se refiere a la junta birmana.

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(38) Cfr. Rodney Tasker, "Blocking the drug flow", FEER, 24 de octubre de 1991.

(39) Cfr. "Thai Denies Trafficking in Drugs, as U.S. Asserts", IHT, 28-29 de marzo de 1992; "La majorité parlamentaire a proposé le général Suchinda Krapayoon pour le poste de premier ministre", Le Monde, 7 de abril de 1992.

(40) Cfr. Philip Shenon, "Thais Move to Curb the Army", IHT, 26 de mayo de 1992.

(41) INCB 1991 Report, pp.23-4; United States Department of State, Bureau of International Narcotics Matters, International Narcotics Control Strategy Report - Midyear Update, Washington, septiembre de 1991.

(42) Cfr. "A dam shame", The Economist, 11 de abril de 1992.

(43) Cfr. Victor Mallet, "Golden triangle states agree on drugs fight", Financial Times, 16 de marzo de 1992.

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3.3. El suroeste asiático.

El cultivo de opio ha sido en Afganistán uno de los principales medios de financiación de los ocho grupos, como mínimo, islámicos de resistencia contra la invasión soviética de 1979 y los gobiernos afganos apoyados por Moscú. El fin de la guerra civil, con la caída del gobierno de Najubullah en la primavera de 1992, lejos de reducir los cultivos de papaveráceas, los está intensificando: ya no se trata de obtener los recursos económicos para la reconstrucción, sino financiar la lucha armada por el poder entre las facciones vencedoras - facciones que no pueden seguir contando con las ayudas americanas, que se interrumpieron el 31 de diciembre de 1991 (44). En cuanto a la reconstrucción, cabe considerar que trece años de guerra civil han causado casi un millón de muertos, más de 500.000 veteranos inválidos, la destrucción de un tercio de los pueblos y casi seis millones de refugiados (en Pakistán, en Irán y en Occidente) de una población de aproximadamente 17 millones.

Distintas fuentes, por otra parte, indican que este país está en realidad produciendo cantidades de opio muy superiores a cuanto indica el Departamento de Estado americano: 800 toneladas en 1990 y hasta 3.000 en 1992 - esta última cifra haría de Afganistán el primer productor mundial de dicha sustancia (45). Las principales zonas de cultivo - las provincias de Badakshan, Nangarhar, Kandahar y Helmand - se hallan todas en la frontera con Pakistán, en donde se encuentran asimismo las numerosas refinerías para la conversión del opio en heroína. Esta se exporta en Occidente a través de Pakistán e Irán. El UNDCP tiene una misión permanente en Kabúl: en 1990 realizó dos proyectos de sustitución de cultivos en Nangarhar y una investigación preliminar en Badakhsan (46).

En Pakistán, el opio es cultivado y refinado principalmente en el noroeste del país, precisamente en la frontera con Afganistán, en zonas tribales que gozan de amplia autonomía política y en donde no todas las leyes nacionales hayan aplicación. "Los intentos realizados para persuadir a los líderes tribales de que eliminen la producción de opio han tenido un éxito limitado" (47). Al igual que las autoridades tailandesas, las paquistanís adoptan una actitud a menudo dúplice con respecto al narcotráfico: por una parte, por lo menos cuando se lee el informe anual del International Narcotics Control Board, parecen colaborar con los programas de desarraigo y conversión de cultivos de las Naciones Unidas; por otra se guardan mucho de molestar demasiado a los traficantes y hacen lo posible para retener en patria los capitales que dicho comercio genera. En marzo de 1992, el banco central paquistaní lanzó la venta de certificados quinquenales en dólares, esterlinas, marcos y yenes, con índices de interés mucho más alt

os que los que ofrecían los países que emitían estas divisas, y causando impacto, a la publicidad a la prensa internacional, debido a que no iban a solicitar ningun tipo de información sobre la procedencia de los fondos ni sobre la identidad de los compradores. La operación abortó rápidamente con motivo del bloqueo de las ventas en el mercado estadounidense decidido por la Federal Reserve, explícitamente preocupada por un posible uso de los certificados paquistanís para el reciclaje de los llamados narcodólares (48).

Análogamente al papel desempeñado por Tailandia en el Sureste Asiático, en Pakistán tiene lugar gran parte de la refinación y de la primera comercialización de la heroína producida en Asia del sureste. Si son fiables las noticias sobre el dramático aumento de la producción de opio en Afganistán, el volumen de negocios de los traficantes paquistanís es comparable al calculado para sus homólogos tailandeses: algún que otro millón de millones de dólares. Sin embargo, Pakistán, con el doble de habitantes, tiene una economía equivalente a aproximadamente la mitad de la de Tailandia.

Irán, a parte de producir cientos de toneladas de opio al año por su cuenta, es un punto de tránsito tradicional para la heroína de la región, que prosigue para Turquía y los Balcanes, derecha para Europa. La información sobre lo que sucede en el seno del país son sumamente escasas: por lo general se considera que las autoridades intervienen con mano dura, tomándose la justicia por su mano, contra consumidores y traficantes de droga. La vigilancia en la frontera con Afganistán ha sido recientemente reforzada, mientras un acuerdo de cooperación anti-droga de 1989 con el gobierno paquistaní ha permitido una serie de operaciones conjuntas en ambos vertientes de la frontera (49). A pesar de ello, Washington sigue negando a Teherán el certificado de país que coopera en la lucha contra la droga - otro ejemplo de como el juicio estadounidense en materia tiene que ver poco con el nudo del problema.

Surge la pregunta de cómo pueden sobrevivir productores y traficantes en Irán, considerando el invadente control social en un régimen conocido por su ideología militante - ideología que incluye una profunda adversión por las drogas. Una posible explicación es que este comercio es tolerado en la medida en la que tiene por objeto menguar la que se ha dado en llamar la solidez moral de las sociedades occidentales. Otra es la existencia de un medio ambiente propicio: una segunda economía administrada por grandes comerciantes y funcionarios gubernamentales que aprovechan, entre otras cosas, la diferencia entre el cambio oficial y el del sector privado - un dólar cuesta en el segundo caso veinte veces más. Puede que también tenga su importancia la necesidad de atraer capitales: solo 7 mil millones de dólares, de los 27 previstos por el plan quinquenal de 1989, llegaron efectivamente a Irán en la primavera de 1992 (50).

La victoria, en las elecciones legislativas de abril de 1992, de los secuaces del presidente Hashemi Rafsanjani, considerado una figura moderada, ha planteado el problema de una normalización en sus relaciones con Occidente, sobre todo con Estados Unidos. En la lista de las condiciones americanas, sin embargo, no parece que la lucha contra el tráfico de droga sea considerada una prioridad, por lo menos cuanto la proliferación nuclear, la lucha contra el terrorismo, los derechos humanos y el apoyo iraní al fundamentalismo islámico (51).

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(44) Cfr. Jawed Naqvi, "Drugs are central to control of city", The Times, 16 de abril de 1992.

(45) Cfr. Edward W. Desmond, "Where the Poppies Bloom - and Boom", Time, 16 de julio de 1990; Tim McGirk, "Hope that is built on heroin", The Independent, 6 de junio de 1992.

(46) Cfr. INCB 1991 Report, p. 27.

(47) Ibídem, p. 28.

(48) Cfr. "Pakistan Halts Sale of Bonds", IHT, 23 de marzo de 1992. También los bonos del tesoro y los certificados de crédito italianos son al portador y con índices muy convenientes: la única diferencia es que son en liras italianas.

(49) Cfr. INCB 1991 Report, págs. 27-8.

(50) Cfr. Elaine Sciolino, "Iran's Investment Pitch: For Most, It's Too Wild", IHT, 2-3 de mayo de 1992.

(51) Cfr. Elaine Sciolino, "U.S. Weighs Reward for Iran but Can't Decide What or When", IHT, 8 de junio de 1992.

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3.4. Medio Oriente

Sin tener en cuenta, por los motivos señalados anteriormente, el caso de Marruecos, Líbano es el único país de la región que desempeña un papel importante en el narcotráfico. En este pequeño país, la droga se elabora siguiendo el ciclo completo: desde el cultivo de cannabis y opio, hasta la refinación de hachís, heroína y cocaína, pasando por la exportación sobre todo a Europa, pero también a Estados Unidos, de dichas sustancias.

Al igual que en Afganistán, también en el Líbano, el tráfico de estupefacientes sirve para financiar prácticamente a todas las facciones en lucha en una guerra civil que viene durando veinte años. Y ello a despecho de que la zona de cultivo principal, el valle de la Bekaa, hace tiempo que está controlada por los sirios - que por otra parte controlan todo el país gracias a un acuerdo de cooperación con el gobierno del Líbano (52). Intentar hacerse una idea sobre el tráfico de intereses entre la droga y las facciones en el Líbano no sirve más que para procurarse una hemicránea. Incluso cuando quién escribe es un periódico conocido por la claridad de exposición, tal y como lo es The Economist, que concluía su artículo sobre el tema, hace algunos años, de la siguiente manera: "Todo se parece al modelo de caos financiado por la droga, en cualquier caso patrocinado por agencias americanas, que fue inaugurado en el Sureste Asiático en los años cincuenta, se desarrolló en América Central en los años setenta, y ahora

amenaza a Colombia". (53.

Así es como se describe la situación en el Líbano en el último informe anual de las Naciones Unidas: "El tráfico de resina de cannabis [es decir, hachís] y de opiáceos de Líbano a Europa y a América del Norte, así como hacia otros países de la región, es significativo. Se ha comprobado que existe tráfico de cocaína en tránsito, con origen principal en Brasil. A lo largo de 1990, más de 250 Kgs. de heroína fueron confiscados en Europa a más de 100 ciudadanos libaneses. A lo largo de los tres primeros meses de 1991, aproximadamente 150 toneladas de resina de cannabis fueron confiscadas en Líbano, señal de una vasta producción en el país. El cannabis se cultiva en más de 16.000 hectáreas, sobre todo en el valle de la Bekaa. El cultivo de papaveráceas cubre aproximadamente 1.500 hectáreas. Los trabajadores de la heroína actúan en el país, utilizando tanto el opio producido en el interior como el producido en Oriente Próximo y Oriente Medio. En marzo de 1991, cocaína y agentes químicos usados para la conversión d

e la pasta de coca en cocaína fueron confiscados, señal de que existe una presencia de gente que trabaja la cocaína" (54).

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(52) Según el UNDCP, los sirios, accediendo a una explícita petición de la administración americana formulada en tiempos de la guerra del Golfo, destruyeron los cultivos de papaveráceas y de cannabis en el valle de la Bekaa. Cfr. Ian Hamilton Fazey, "Syria destroys Lebanese drug crop", Financial Times, 8 de julio de 1992.

(53) "Under the influence", The Economist, 30 de septiembre de 1989. Otro encomiable intento de dar razón a un papel del narcotráfico en la situación libanesa se puede hallar en Labrousse, op. cit., págs. 122-54.

(54) INCB 1991 Report, pág. 28.

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3.5. América Latina

Tal y como he mencionado anteriormente, en lo que a droga se refiere, en esta región se cultiva de todo: cannabis, papaveráceas y coca. Pero es la industria de la coca la que se lleva la palma en importancia debido al gran número de personas que ocupa y por los beneficios que genera.

Estabilizado, tras el pánico de 1982, el problema de la deuda y desaparecida la competencia entre el Este y Occidente, la droga parece haberse convertido en la cuestión predominante en el calendario de relaciones entre Estados Unidos y el resto del continente: los principales enemigos de la guerra contra la droga en la que Washington dice estar comprometida son precisamente los traficantes de cocaína latinoamericanos.

Según el Departamento de Estado estadounidense, son 21 países de la región los que están implicados - a títulos distintos - producción, refinación o tránsito de las sustancias y sus precursores químicos, blanqueo del dinero sucio - en el narcotráfico: Argentina, Bahamas, Belize, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, República de Santo Domingo, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela (55). Prácticamente todo el continente.

Sin embargo, los países clave son sólo tres: Bolivia, Perú y Colombia, grandes productores de hoja de coca los dos primeros, principal centro de refinación y comercialización el tercero.

Según las estadísticas oficiales del gobierno de Bolivia, en 1988 se plantaban con coca 61.000 hectáreas, equivalentes al 4,3% de las tierras cultivadas del país. Entre 1980 y 1988, la producción agrícola boliviana aumentó un 24,6% contra el 253% de la producción de hoja de coca (56). Los bolivianos estrechamente vinculados con la industria de la coca serían en ese caso cerca de medio millón, es decir el 20% aproximadamente de la fuerza de trabajo de este país de 7 millones de habitantes (57). Los cálculos sobre el valor anual que resultan de esta actividad varían de un mínimo de 600 millones de dólares a un máximo de 2 mil millones - equivalente a tres cuartos de las exportaciones legales las más prudentes, a la mitad del PNB para las menos prudentes (58).

El hecho de que la economía de la coca haya salvado a Bolivia de la bancarrota parece más bien indiscutible: el regreso de civiles al gobierno en 1982, con el presidente Siles Suazo, coincidió prácticamente con el estallido de la crisis de la deuda; entre 1980 y 1984, la renta per cápita se contrajo un 30%; entre 1984 y 1986, el valor de la exportación se redujo un cuarto, reflejando respectivamente la caída del precio de dos de las más importantes exportaciones legales: estaño y gas natural.

A partir de 1985 los gobiernos de los presidentes Paz Estenssoro primero, y Paz Zamora después se atuvieron a las prescripciones de un plan severísimo de estabilización concordado con el Fondo Monetario. El resultado fue un crecimiento modesto del PNB y la reducción de la inflación de un 24.000% de 1985 al 18% de 1990.

Asimismo, disminuyó la deuda exterior, pasando de un 12% entre 1987 y 1990. Para ello fue necesario no solo reducir el gasto y los subsidios públicos - que se tradujeron en la pérdida de 80.000 puestos de trabajo, evidentemente compensados por el crecimiento paralelo de la economía de la coca - pero también debido a la absorción por parte del sistema bancario nacional de los beneficios generados por el narcotráfico y que yacen en las cuentas de los bancos caribeños. De 1985 en adelante fue promulgada una amnistía con respecto al delito de evasión fiscal en capitales exportados y se prohibieron las investigaciones sobre la procedencia de la riqueza introducida en el país. Además, el banco central tiene su propia ventanilla - a la que se le ha dado el sobrenombre de ventanilla siniestra - en donde la divisa extranjera es cambiada constantemente y sin preguntas incómodas.

Considerando la situación, no es de sorprender que los esfuerzos para desarraigar las plantaciones de coca son la mayor parte meramente de fachada, y tres cuartos de lo mismo para reprimir el tráfico. En 1990, solo el 1% de la pasta de coca producida en Bolivia fue interceptada.

La administración estadounidense, aun conociendo la situación económico-financiera del país, insiste en intensificar la lucha contra el narcotráfico y en implicar al ejército en la misma. De casi 190 millones de dólares de ayuda americanos a Bolivia otorgados en 1991, 2,2 estaban destinados al desarrollo de cultivos alternativos, contra el 13,5 para la represión del tráfico y el 36 dirigidos a reforzar las fuerzas armadas (cfr. tab. 4).

Refuerzo que gran parte de la población teme no sólo por los efectos que en potencia pueda acarrear a la economía de la coca sino también por los que pueda causar a la mismísima democracia del país.

Recientemente, el gobierno boliviano está intentando persuadir a la opinión pública internacional de que cabría legalizar algunos empleos de la coca. En mayo de este año, Paz Zamora intervino en la asamblea de la OMS, solicitando a esta agencia que investigase los posibles empleos médicos y nutritivos de dicha sustancia. La idea principal consiste en producir y comercializar una infusión de coca, que se consume muchísimo en Perú. Según el gobierno ello fomentaría el aumento de los ingresos de los campesinos productores con respecto a lo que ahora ganan con los traficantes de cocaína (59).

España, que prohibió la degustación de la infusión de coca en la exposición de Sevilla, parece apoyar ahora la propuesta boliviana, pues la reina Sofía y luego el presidente del gobierno Felipe González probaron la bebida en una visita a Perú. González ha lanzado un llamamiento públicamente a la OMS para que estudie el problema (60).

La situación económica peruana precipitó tras el desmorono de la boliviana, aunque más rápidamente, si cabe, y con efectos más devastadores. Entre 1988 y 1991, el producto del país se contrajo aproximadamente un 30%. Al cabo de un mes de su elección, en agosto de 1990, el presidente Alberto Fujimori aprobó un programa de estabilización, concordato con el Fondo Monetario, cuyos efectos en los precios en un plazo de veinticuatro horas pasaron a ser los siguientes: bienes alimentarios de primera necesidad un aumento de un 700%; gasolina un 3.000%; agua potable 800%; electricidad 500%. En el plazo de un mes, los salarios en el sector público disminuyeron casi un 60%, los del sector privado aproximadamente un 46%, perdieron a partir de agosto de 1990 otro 24%. A finales de 1991, aproximadamente un millón de personas perdió su puesto de trabajo debido al programa de austeridad. Todo ello había servido a Perú para reducir por lo menos el índice anual de inflación al 140% (del 7.000% del año anterior), para tener de

nuevo acceso al crédito internacional (con Japón y el Banco Inter-Americano de Desarrollo) y para remodelar parte de su propia deuda (con el club de París de los acreedores públicos) (61).

Lo que pasó es que la suspensión del Parlamento y de las garantías constitucionales, decretada por Fujimori el 8 de abril de 1992 con el apoyo del ejército, acarreó la congelación de parte de estos nuevos créditos. Además, en menos de un mes tras el autogolpe del presidente, 200 millones de dólares fueron trasladados al extranjero, según cálculos de fuentes gubernamentales. Y todo ello, a pesar de que la opinión pública y la comunidad empresarial hayan acogido favorablemente el viraje autoritario (62).

Por si este desastre económico fuese poco, el país debe tener en cuenta una auténtica guerra civil, la que están librando el gobierno y los guerrilleros de Sendero Luminoso. El conflicto ha causado en doce años más de 20.000 muertos y 200.000 refugiados nacionales. Antes del golpe de Fujimori, el 40% del territorio nacional se hallaba en estado de asedio. La industria de la coca peruana tiene gran repercusión tanto en la situación política como en la económica. La fuerza político-militar de Sendero Luminoso se basa en su intermediación violenta entre los campesinos productores y los traficantes colombianos que compran pasta de coca, y sobre la defensa de los mismísimos campesinos de intentos de represión y de desarraigo de los cultivos, cosa que sucede esporádicamente y con poca convicción por parte de las autoridades. De manera que los guerrilleros obtienen una base política y una fuente de renta - esta última a través de la recogida de una suerte de impuesto de protección.

Los cálculos sobre el valor anual de la producción de coca varían de mil millones de dólares a un máximo de dos mil ochocientos millones (63). La más conservadora equivale a dos tercios del valor de las demás exportaciones peruanas combinadas. Aproximadamente el 15% de la fuerza de trabajo dependería de esta actividad. Al igual que el de Bolivia, el banco central peruano hace lo posible por absorber los dólares generados por el narcotráfico, a través de sus propias agencias en el valle del alto río Huallaga - la zona en donde se concentra gran parte de la industria de la coca - e incluso enviando a sus propios empleados a comprar en el mercado negro de divisas de Lima. El resultado previsible es que parte del servicio de deuda exterior se paga con las entradas procedentes del tráfico de droga.

Aunque sea claramente suicida para Perú comprometerse en una lucha sin salida contra la droga, es precisamente ésto lo que la administración americana le sigue pidiendo - por lo menos a nivel oficial. De los 200 millones de dólares de ayudas americanas a Lima de 1991, casi 18 financian la prohibición del tráfico de droga y el desarraigo de las plantaciones de coca, un millón va para el desarrollo de cultivos alternativos y 24 son de ayuda para las fuerzas armadas (cfr. tab. 4). Los militares peruanos, que tienen un buen historial de abusos y de pesadas interferencias en la vida política del país, son sin embargo reticentes a comprometerse hasta las últimas consecuencias en la represión del tráfico de droga. De hecho, están convencidos de que sería la mejor manera de aumentar el apoyo político a los guerrilleros. Dicha convicción está reforzada sin lugar a dudas por la facilidad con la que ellos se dejan corromper por los narcotraficantes.

Con respecto a la situación de Bolivia y a la de Perú, Colombia se puede considerar un país afortunado, sobre todo desde el punto de vista económico. Caso único en toda América Latina, este país ha asistido al crecimiento de su propio producto a lo largo de los años ochenta y ha respetado los plazos de pago de su deuda exterior con puntualidad impecable. Aunque la economía de la droga haya tenido un peso determinante en dicho éxito, tal y como veremos más adelante, no hay que olvidar los numerosos recursos del país: petróleo, carbón, piedras preciosas, café y otros productos de la agricultura para la exportación, como las flores.

En común con los problemas económicos del resto de la región, Colombia parece tener sólo la pésima distribución de la renta, agravada por un gasto público fuertemente limitado por la evasión fiscal: el estado colombiano recoge y gasta no más del 15% del PNB (64). A pesar de que la caída del precio del café y de la ineficacia de las redes de electricidad están creando, en tiempos recientes, más dificultades, el marco general sigue siendo el mejor de toda América Latina.

La situación política, sin embargo, es mucho menos positiva. A despecho de que el país pueda vanagloriarse de contar con una de las democracias más largas de la región, el régimen actual podría definirse mejor como una oligarquía bipartídica que convive con niveles de violencia desconocidos en cualquier parte. Excluyendo los países en guerra, Colombia cuenta con el más alto índice de homicidios del mundo, hasta tal punto que esta es la primera causa de muerte para los ciudadanos varones entre los 15 y los 45 años (65). Los traficantes de droga del llamado cartel del Medellín han sido los responsables, a lo largo de los años ochenta, del asesinato de cientos de militares y policías, de decenas de jueces y periodistas, de un ministro de justicia (un ex ministro de justicia fue herido gravemente en un atentado en Budapest, mientras era embajador en Hungría) y un candidato a la presidencia - sin contar el gran número de secuestros con los mismos cerebros. Sería erróneo concluir, sin embargo, que la droga es la ú

nica responsable de la violencia en Colombia. En primer lugar por una cuestión de precedentes históricos: la guerra civil no declarada de 1948-58 entre los dos partidos más importantes, el Liberal y el Conservador, ha causado entre los 200 y los 300 mil muertos, mereciéndose el apelativo claro y sencillo de violencia. Trazas de este periodo persisten en la presencia, entre la derecha, de las llamadas escuadras de la muerte y, entre la izquierda, de los movimientos de guerrilla con 12-15.000 combatientes (en 1988) (66). Existe, en segundo lugar, gran número de cuerpos de policía privada armada en casi todos los sectores de la vida económica y política. Distintos cuerpos de policía que luchan entre sí y al mismo tiempo contra las autoridades del Estado. Se calcula que las rivalidades asociadas al comercio de piedras preciosas han causado 3.000 muertos en cinco años (67).

Con respecto a los traficantes de droga, los gobiernos colombianos han oscilado entre la intransigencia y la negociación, al tener en cada caso que considerar las presiones estadounidenses por una parte, y la fuerza de intimidación de los narcotraficantes por otra. En repetidas ocasiones a lo largo de la última década se asistió a un ciclo de acontecimientos que se abrió con una campaña de represión gubernamental, seguida de una oleada de terror de los traficantes, seguida a su vez de intentos de llegar a un acuerdo. En el centro del contencioso se ha hallado casi siempre el tratado de extradición con Estados Unidos, cuya aplicación era combatida por los traficantes con todos los medios.

En 1984, el cartel del Medellín ofreció retirarse de los negocios, desmantelar la organización y repatriar su capital (calculado en 15 mil millones de dólares, es decir el total de la deuda exterior del país). En cambio se pedían garantías sobre la no extradición a Estados Unidos y una amnistía que permitiese la reintregración en la sociedad colombiana. El acuerdo fracasó, tanto por la oposición de Washington como por la convicción del gobierno de que se hallaba cerca de la victoria - tras el asesinato del ministro de justicia Lara Bonilla, una fuerte acción represiva había obligado a los grandes traficantes a refugiarse en Panamá. De esta manera se perdió "una ocasión única para cerrar un acuerdo ventajoso para Colombia" (68). De hecho, de forma progresiva, el cartel consiguió reconstituir su organización y sus canales comerciales. Los capos lograron volver al país.

La historia se repitió casi idéntica en 1987, cuando la extradición a Estados Unidos de uno de los mayores traficantes, Carlos Ledher, dio de nuevo la vía libre a una oleada de violencia - sin que cambiase en absoluto la cantidad de cocaína dirigida al extranjero.

Tras la elección de César Gaviria Trujillo como presidente, en el verano de 1990, el gobierno colombiano parece haber emprendido con decisión el camino de la negociación - abierta, hacia los guerrilleros, por su antecesor Virgilio Barco Vargas. Uno de los grupos de oposición armada, el M-19, se introdujo pacíficamente en la vida política del país, aunque sigan activos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Una enfoque idéntico se adoptó con respecto a los carteles de las piedras preciosas en guerra entre ellas y con el Estado. En cuanto a los narcotraficantes, el repudio del tratado de extradición con Estados Unidos ha comportado el rendimiento de los máximos exponentes del cartel de Medellín: los tres hermanos Ochoa, entre diciembre de 1990 y febrero de 1991, y Pablo Escobar Gaviria, en junio de 1991.

El arresto de todos ellos tenía una importancia más simbólica que real. A parte de la controversia sobre las condiciones de su detención - a Escobar más que una cárcel se le había construido un chalet de lujo - la cuestión es que pudieron seguir dirigiendo el tráfico de droga. Lo cual suscitó inevitables protestas, sobre todo por parte estadounidense, e impulsó al gobierno a proceder al traslado de Escobar. Este último reaccionó, en julio de 1992, con una fuga espectacular que desencadenó una crisis de credibilidad con respecto a Gaviria (69).

Por blanda o dura que pueda ser la línea adoptada por el gobierno, la imposibilidad de interrumpir el flujo de exportación de droga de Colombia

Independientemente de las medidas blandas o duras del gobierno colombiano, se ha demostrado que es prácticamente imposible interrumpir el flujo de importación de droga (70). La explicación es bastante sencilla y estriba en la fuerza económica de los traficantes: los cálculos sobre el valor de las exportaciones de cocaína y marihuana - es decir, sin contar la heroína, que se ha sumado a la exportación recientemente - oscilan entre 1,5 y 15 mil millones de dólares al año (71). Como punto de comparación, el valor de las exportaciones legales ascendían, en 1989, a 5,7 mil millones de dólares, y el PNB a 39,4 (72).

En primer lugar, con una cantidad semejante exenta de impuestos a su disposición, los narcotraficantes son sin lugar a dudas capaces de corromper a quien sea, sobre todo si consideramos que las retribuciones de los funcionarios públicos (policía, magistratura, etc.) son particularmente bajos. Estos recurren a la violencia cuando se encuentran ante campañas represivas a gran escala, o bien para vencer la amenaza de extradición de Estados Unidos de los líderes de la organización. además, la acción violenta, afecta casi exclusivamente al cartel de Medellín. El otro gran circuito de narcotraficantes de Colombia, el llamado cártel de Calí, ha mantenido constantemente un perfil mucho menos subversivo, aun a pesar de administrar una cuota creciente de la industria de la droga (73).

En segundo lugar, a la corrupción directa cabe añadir la indirecta, al igual que sucede en Bolivia y Perú, la balanza de pagos y el servicio de deuda exterior son motivos más que suficientes para convencer al gobierno y al banco central para que adopten todas las medidas necesarias para atraer los capitales que genera el narcotráfico. En resumidas cuentas, son las mismísimas autoridades las que demuestran con los hechos que la lucha a la industria de la droga es una empresa fundamentalmente contraria a los intereses generales del país.

Existen tesis que apuntan en dirección opuesta. Es cierto, por ejemplo, que mientras que en Bolivia y en Perú dependen de esta industria proporciones consistentes de la fuerza de trabajo, en Colombia los ingresos procedentes del tráfico de droga afectan a un número de personas mucho más reducido: los encargados de la refinación y del comercio (74). Así pues, en vez de distribuirse de forma relativamente uniforme, esta forma de rédito alimentaría el consumo vistoso, la especulación con los bienes inmobiliarios, y, por la ingente cantidad, la inflación - esta última, sin embargo, no ha superado nunca el 30% anual a lo largo de la última década, un índice modesto para la media de la región (75). Cabe considerar asimismo lo que le cuesta a Colombia la lucha contra el tráfico de droga, precio calculado en 2 mil millones de dólares al año (77). Así como el precio político de la desestabilización y de la violencia estrechamente vinculadas a esta actividad.

Sin embargo, considerando el cálculo de los costes-beneficios, la decisión del gobierno de tratar con los traficantes y facilitar en todos los sentidos la repatriación de los capitales son más que comprensibles. De hecho, las negociaciones, le permiten a Colombia reducir tanto los costes económicos como el precio político de la lucha contra los traficantes. La repatriación de la divisa valiosa adquirida con el comercio de droga, aun descontando las mencionadas distorsiones, facilita la estabilidad del cambio y el servicio de la deuda.

Cabe destacar que en esta maniobra, el gobierno colombiano se ha visto ayudado por el recrudecimiento de las medidas contra el blanqueo de dinero sucio, que tuvo lugar en los países industrializados tras la firma de la Convención ONU de 1988 contra el Tráfico Ilegal de Estupefacientes y Sustancias Psicotropas. No hay que excluir la posibilidad de que los narcodólares tengan una parte importante en el boom de la bolsa colombiana, cuyo índice en dólares ha aumentado seis meses entre 1987 y 1992 (77).

Por difícil que pueda resultar sacar conclusiones generales de una reseña de países tan distintos entre ellos, tal vez se pueden subrayar algunas cosas.

En primer lugar, aun tomando con cautela los cálculos más conservadores se llega a la conclusión de que los ingresos que se derivan de la producción y del comercio de drogas gravan excesivamente en la economía de dichos países como para que se comprometan seriamente en la lucha contra el narcotráfico. Es más, cabe la posibilidad de que nuevos productores, como las repúblicas asiáticas ex soviéticas, se estén sumando a la lista, o que productores tradicionales, como Afganistán, incrementen la superficie cultivada - mientras la diversificación de la industria de la droga colombiana en la heroína parece un hecho consolidado.

Por otra parte, las cifras que el Norte destina a la conversión de los cultivos no son realmente tales como para constituir un incentivo realista - tal y como se puede comprobar tanto por el limitado balance del UNDCP, como por la repartición de las ayudas estadounidenses a los países andinos. Tal y como ha sido señalado, con gran acierto: "La perspectiva de brindar oportunidades económicas alternativas para convencer a los campesinos peruanos, colombianos y bolivianos de que abandonen la producción de coca parece remota, si consideramos que la marihuana se ha convertido en un valor la primera cosecha de las ricas, fértiles y bien regadas tierras de California, en donde las posibilidades alternativas abundan" (78).

Tampoco es probable que las ayudas para la conversión de los cultivos aumenten de forma significativa en un futuro próximo: la idea trazada por un grupo de países en vías de desarrollo en la sede de las Naciones Unidas, de obtener una reducción de la deuda exterior a cambio de desarraigar los cultivos de droga ha sido acogida con frialdad por parte de los países acreedores, preocupados ante un posible efecto-chantaje: "los países deudores podrían caer en la tentación de disminuir su compromiso anti-droga, y acabar por imponer a la comunidad internacional debidos acuerdos contra la droga" (79).

En segundo lugar, a pesar de la mencionada importancia de estos ingresos, las sumas que quedan en los países productores no son más que una pequeña parte del volumen de negocios global del narcotráfico - aunque éste, tal y como veremos en el próximo capítulo, se calcula casi siempre por exceso. Los beneficios que se derivan de la industria de los estupefacientes siguen estando en gran parte en el hemisferio norte, tanto porque en este punto de la distribución tiene lugar la mayor parte del aumento de precio, como por el hecho de que en el Norte se invierte parte de los capitales de los traficantes del Sur. No cabe excluir, así pues, que si se legalizasen las drogas, los países productores lograrían mantener los ingresos actuales, pero con la ventaja obvia de poderlos someter a impuestos y quitárselos de las manos a los terroristas y criminales. Todo ello, naturalmente, con igualdad de condiciones: un exceso de oferta provocado por el ingreso de nuevos productores cambiaría todo el escenario. De todas maneras

, el hecho de que un país como Bolivia esté intentando hallar una solución parecida semejante a la legalización tal vez se trate de un indicio sobre la plausibilidad de este razonamiento.

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(55) Cfr. International Narcotics Control Strategy Report, cit., págs. 25-34.

(56) Cfr Alaine Labrousse, "Amérique Latine: l'économie de la drogue", Politique Internationale, verano de 1990.

(57) Cfr. "Latin America's killing fields", The Economist, 8 octubre de 1988.

(58) Cfr. Peter R. Andreas e Kenneth E. Sharpe, "Cocaine Politics in the Andes", Current History, febbraio 1992; "The kickback from cocaine", The Economist, 21 de julio de 1990.

(59) Cfr. Nathaniel C. Nash, "Bolivians Make Their Case for (Legal) Coca-Leaf Tea", IHT, 18 de junio de 1992.

(60) Cfr. Ignacio Cembrero, "Felipe González se muestra favorable a la legalización de la hoja de coca", El País, 11 de junio de 1992.

(61) Cfr. Andreas e Sharpe, cit.

(62) Cfr. Nathaniel C. Nash, "Capital Flight Deepens Peruvian Gloom", IHT, 29 de abril de 1992.

(63) Cfr. Andreas y Sharpe, cit.; "The kickback form cocaine", cit.

(64) Cfr. "Colombia's bloodstained peace", The Economist, 6 de junio de 1992.

(65) Andreas y Sharpe, cit.

(66) Cfr. Bagley, cit.

(67) Cfr. "Gem wars", The Economist, 21 de julio de 1990.

(68) Bagley, cit.

(69) Cfr. Marcel Niedergang, "Une nation á la dérive", Le Monde, 24 de julio de 1992.

(70) A pesar de que el gobierno americano calcule que el número de cocaína decomisada procedente de América del Sur asciende a un 30% de toda la producción, ello no ha causado ningún impacto en el precio ni en el consumo. Cfr. Melvyn Levitsky (Assistant Secretary for International Narcotics Matters), Statement before the Subcommittee on Terrorism, Narcotics, and International Operations of the Senate Foreign Relations Committee, 20 de febrero de 1992.

(71) Cfr. "The kickback from cocaine" y "Latin American killing fields", The Economist, cit.

(72) Cfr. The World Bank, World Development Report 1991, Oxford University Press, Oxford, 1991, págs.230 y 208.

(73) Se cree comunmente que el mercado de la costa oriental de Estados Unidos haya ido a desembocar al cartel de Medellín, mientras que al de Calí corresponde la costa occidental y Europa.

(74) En cualquier caso, cabe tener presente que el papel de las familias colombianas es determinante en la cadena comercial. Hace ya muchos años que tras haber eliminado a los rivales cubano-americanos, el cartel del Medellín parece ser que controla gran parte del mercado al por mayor de Miami. Cfr. Bagley, cit.

(75) Cfr. Paola Vinciguerra, "L'industria della droga in Colombia", Politica Internazionale, enero-febrero de 1991.

(76) Cfr. Rensselaer W. Lee, "Colombia's Drug Negotiations", Orbis, primavera de 1991.

(77) Cfr. Catherine Burton, "Latin American Stocks Sustain the Pace", IHT, 29-30 de agosto de 1992.

(78) Theodore H. Moran, "International Economics and National Security", Foreign Affairs, inverno de 1990/91.

(79) Ian Hamilton Fazey, "Campaign to swap debt for drugs aid gathers pace", Financial Times, 6 de mayo de 1992.

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4. Cálculos sobre el volúmen de facturado del narcotráfico

Tanto si se trata de publicaciones académicas o de prensa cotidiana, es prácticamente imposible leer algo sobre el tráfico de droga sin topar con algún que otro número sobre el volumen de dinero que acarrea. De la misma manera, en este trabajo, han sido transcritos por fuentes de muy distinta índole, cálculos sobre las entradas de tal o cual país productor. Cómo cabe considerarlos?. Con enorme cautela. Una cautela que cabe intensificar cuando nos movemos hacia cifras más consistentes, como el valor de las ventas de estupefacientes en los países consumidores.

Los motivos para desconfiar de cualquier cálculo al respecto abundan. La formación del precio al por menor de las distintas drogas es fuertemente atípica (80). Los precios, tanto al por mayor como al por menor, varían mucho en el tiempo y en el espacio. Los cálculos sobre el número de consumidores navegan en todas partes en amplios márgenes de indeterminación. "Por lo tanto, no se sale del mundo de la conjetura, con el riesgo de aceptar cifras sólo porque se citan o porque se utilizan frecuentemente" (81).

Para no correr este riesgo se puede intentar medir alguna de estas cifras con el metro de algún que otro dato económico un poco más de fiar, empezando por el cálculo más alto, puesto en circulación en un principio por una revista americana y posteriormente ampliamente utilizada (82). De esta manera, en el informe principal del convenio "Droga: el nuevo Imperio del Mal - Una guerra global y planetaria" (patrocinado por: UNDCP, Presidencia de la República, ministerio de Asuntos Exteriores, del Interior, de Justicia y de Asuntos Sociales), que se celebró en Roma el 12 de mayo de 1992, se lee: "Tras el tráfico de armas, la droga da más dinero que cualquier otra actividad, se considera que la cifra ascisende a unos 500 mil millones de dólares al año" (83).

Si descontamos la demanda en los países productores de droga - demanda que parece lógico atribuir al autoconsumo - los consumidores finales de narcóticos cabe buscarlos en los países desarrollados. Son éstos los que, ubicados al final de la cadena comercial, compran el producto de la industria de la droga comunmente entendida y determinan su facturado.

En la OCSE, el consumo privado absorbe las tres quintas partes del PNB. Se trata (1989) de aproximadamente 8,7 trillones de dólares. Es lógico pensar que el consumo de droga en la OCSE equivale al 5,7% (500 mil millones de los 8,7 trillones) del consumo privado? Cabe pensar que se gaste en droga más de lo que se gasta en la compra de coches (3% en Italia, 5% en Estados Unidos, calculando a partir del consumo de las familias), o para combustible y energía (4% tanto en Italia como en Estados Unidos) (84)?

La respuesta no puede ser más que negativa, aun teniendo en cuenta la población toxicómana, es decir aquellos que presumiblemente se gastan toda su renta - sea cual sea el origen - en droga. Para darnos cuenta de la envergadura de la cuestión, como mucho estamos hablando de 300.000 personas en Italia y de 1.000.000 en Estados Unidos, países con 57 millones y 249 millones respectivamente de habitantes (85). Es evidente que un cálculo equivalente a un quinto de la citada, es decir aproximadamente a 100 mil millones de dólares, o el 1,2% del consumo privado de la OCSE, es de por sí sorprendentemente elevado y supone un consumo recreativo (es decir por parte de no toxicómanos) de drogas ilegales en los países desarrollados sumamente difundido. Sin embargo, los cálculos más frecuentemente citados superan, a veces holgadamente, el umbral de los 100 mil millones de dólares (cfr. tab. 5).

Antes de intentar ver, limitándonos a Italia, a qué conclusiones llegamos con el procedimiento opuesto - es decir algún cálculo inductivo que parta de los cálculos sobre el gasto de los toxicómanos - vale la pena volver a la cita de la que hemos partido, en la que se afirmaba que el volumen de dinero que producen las drogas ilegales es superado sólo por el tráfico de armas.

Esto también se ha convertido rápidamente en el leit motiv de los medios de comunicación (86). Pero es curioso que nadie se haya detenido a controlar a qué cantidad asciende el tráfico de armas, entendiendo con ello obviamente el valor del comercio internacional de armamentos. Se trata, en cualquier caso, con respecto a los 500 mil millones de dólares atribuidos a la droga, de cifras de menor envergadura: 49 mil millones de dólares en 1988, 56 en 1987, últimos años de punta antes del gran declive que se ha producido recientemente (87). Y al contrario, el gasto mundial para armamentos - un concepto distinto, puesto que incluye las transacciones internas, es decir los suministros de las distintas industrias nacionales a los respectivos gobiernos - debería razonablemente haber oscilado en dichos años entre los 200 y los 250 mil millones de dólares, es decir entre una cuarta y una quinta parte del gasto militar mundial. En cualquier caso, nos hallamos lejos de los citados 500 mil millones.

Este tipo de comparaciones, llevados a cabo con considerable superficialidad, han acabado por dar crédito a una conexión entre armas y droga - al estilo, precisamente, Imperio del Mal - del que existen pocas pruebas, según mi parecer. Desde luego, algunas investigaciones judiciales italianas han indicado puntos de intersección entre la mafia y algunos suministros de armas. La mafia se halla igualmente en el circuito de la droga, por lo que armas y droga están relacionadas. Pero el silogismo es más bien falaz.

El aspecto clandestino de las transacciones internacionales de armas no es más que una pequeña fracción del tráfico legal y reconocido. Las cifras en juego son modestas (no más que algunos miles de millones de dólares al año) en comparación con los cálculos más cautos sobre el valor del tráfico de droga. Además, es mucho más fácil ocultar una sustancia cualquiera en polvo que armas o municiones - un fusil - ametralladoras tipo Kalashnikov se vende al mismo precio que uno o dos gramos de heroína, un proyectil para óbice pesa más de cien Kilos, tanques y misiles son objetos que saltan a la vista. Los dos tipos de comercio requieren habilidades muy distintas, aunque sí es cierto que el de las armas da menos beneficios que el otro. Así pues, por qué debería existir algún tipo de conexión sistemática? - que es algo muy distinto - que quede bien claro, a los lazos financieros o personales.

Por otra parte, es cierto que las organizaciones colombianas de la droga se procuran explosivos, armas y municiones. La mafia hace lo mismo. Es verdad que con los ingresos procedentes del tráfico de droga han comprado armas las facciones libanesas y las afganas, los rebeldes peruanos y birmanos e incluso el gobierno de Rangún. Pero el hecho de que el dinero del narcotráfico se utilice de tal o cual manera no demuestra nada de por sí. A nadie se le pasa por la imaginación decir que la Rolex o la Ferrari están implicadas en el tráfico de droga por el mero hecho de que sus productos son comprados por los padrinos de Medellín y de Calí.

Llegar por el razonamiento inductivo a un cálculo del volumen de negocios de la industria de la droga plantea gran número de problemas. Por ejemplo, el precio de las sustancias varía mucho de lugar a lugar, incluso en el seno de un mismo país, y de período a período en el mismo lugar. Es difícil también interpretar correctamente dichos cambios de precio: "Un aumento de precio [de la heroína] puede derivar de una demanda mayor, al igual que podría verificarse si la población toxicómana creciese por motivos exógenos, o por un traslado de la curva de la oferta, tal y como podría verificarse si se utilizasen mayores recursos de la policía en la lucha contra el tráfico. A corto plazo, un aumento de toxicómanos, con igualdad de condiciones, aumenta los precios. A largo plazo, la proporción es opuesta: un aumento de precio desalentará el flujo de novatos en el grupo de los toxicómanos" (8).

Aunque se llegue a fijar un precio, cabe considerar que muchos toxicómanos o simples consumidores de drogas descargan sobre otros consumidores el coste de la sustancia, comprando al por mayor, vendiendo al por menor y quedándose con una cuota para sí (la consabida figura del consumidor-traficante). Más aún: entre la población toxicómana, existe en todo momento un subgrupo en la cárcel o bajo terapia, cuyo consumo es reducido o nulo. Lo cual puede desviar una simple multiplicación entre el número calculado de toxicómanos y el gasto anual basado en el consumo diario. Por último, salvo algunos datos estadounidenses, existe la ignorancia más absoluta con respecto al consumo recreativo de drogas ilegales, el que afecta a los no-toxicómanos. Cuántos y quienes son estas personas y cuánto gastan para comprar las sustancias? Sencillamente, no se sabe (89).

En el caso de Italia, estas dificultades han sido consideradas en dos estudios sobre los mercados de droga en Bolonia y en Verona, en los que han sido alcanzados resultados razonablemente fidedignos (90). La extensión a todo el país de la metodología utilizada en estos estudios ha sido trazada en una investigación conjunta llevada a cabo por el Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS) y el Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale (CDS) (91). Cabe destacar que, al contrario de otros cálculos, en estos trabajos se han trazado hipótesis sensatas sobre el comportamiento de los toxicómanos - a cuya totalidad a menudo se atribuye a secas un consumo de 365 días al año - así como sobre el precio y la pureza de la heroína. En cuanto a la población toxicómana, la investigación CENSIS-CDS se basa en los datos del Instituto Superior de Sanidad y del Consejo Nacional de Investigaciones; datos que conducen a establecer en aproximadamente 150.000 el número de consumidores habituales de heroína en Italia. El resul

tado es que el valor anual de las ventas en Italia de dicha sustancia es de aproximadamente 2,4 trillones - valor que incluye la adquisición por parte de pocos consumidores ocasionales.

No cabe excluir que el número de toxicómanos italianos haya sido infravalorado en las fuentes usadas por los investigadores CENSIS-CDS, digamos un segundo factor (92). Corrigiendo por consiguiente el cálculo, el volumen de facturado de la heroína pasaría a aproximadamente 5 trillones al año.

Llegar a duplicar esta cifra, a nivel nacional, significa trazar hipótesis para nada conservadoras sobre la difusión del consumo de drogas distintas a la heroína. Se comprenderá mejor considerando lo siguiente:

En primer lugar, los consumidores de cocaína. En Italia no se tienen datos. Sin embargo, existe un acuerdo general sobre el hecho de que en Europa la demanda de esta sustancia, por mucho que vaya en rápido aumento, es generalmente inferior a la estadounidense. El National Household Survey on Drug Abuse llevado a cabo por el National Institute on Drug Abuse (NIDA) ha calculado que, en 1990 en Estados Unidos, el número de personas que han consumido cocaína en la semana inmediatamente anterior a la encuesta, asciende a 660.000, y lo mismo pero preguntando por el mes anterior: 1.600.000 (93). Eso sin contar a los que consumen cocaína menos de una vez al mes (4,1 millones en Estados Unidos), cualquier trasposición a Italia difícilmente puede conducir a más de 100-150 mil consumidores "de la semana pasada" y 300-400 mil consumidores "del mes pasado". Considerando que el uso esporádico de la sustancia parece predominar en absoluto, resulta excesivo atribuir a un grupo de dichas dimensiones un consumo equivalente a

la mitad de los toxicómanos y consumidores esporádicos de heroína, es decir 2,5 trillones.

En segundo lugar, los consumidores de cannabis. Esta sustancia tiene un coste mucho inferior a las demás sustancias consideradas (menos de una décima: cfr. tab. 6) y da lugar al consumo puramente esporádico. De ello se desprende que quienes consumen marihuana o hachís difícilmente llegan a gastarse cifras anuales que superen el millón de liras. Para generar los 2,5 trillones y pico que faltan, sin embargo, es menester postular la existencia de un mínimo de 2,5 millones de consumidores de cannabis con un gasto individual de 1 millón al año. Por lo visto, el Ministerio de Hacienda considera que, por el contrario, este grupo está formado por aproximadamente 2 millones de personas, que gastan globalmente unos 900 mil millones al año (94).

En tercer lugar, el estudio CENSIS-CDS. En dicho estudio se sostiene - por mucho que se base en las "opiniones y percepciones" de los "expertos en el campo" sin aclarar muy bien quienes son - que el mercado de la heroína representa por lo menos el 55-60% del mercado italiano de estupefacientes.

Como metro ulterior de la cifra considerada, en este razonamiento, cabe considerar que 10 trillones al año pesarían aproximadamente un punto porcentaje en los consumos de todas las familias italianas - una incidencia, por los motivos expuestos anteriormente, que no hay que pasar por alto (95).

Sin embargo, en el caso italiano también siguen circulando cálculos muy superiores a las hipótesis a grandes rasgos que hemos trazado. He aquí algunas de ellas. El mismísimo CENSIS no ha mucho había calculado que ascendía a 30 trillones el volumen de facturado italiano de 1985 de la industria de la droga (96). El periódico Il Sole-24 Ore, en 1989, habló de 93 trillones (97. Las Cámaras de Comercio otorgan a las organizaciones criminales ingresos derivados del tráfico de droga y de la extorsión equivalentes a 110 mil millones de dólares, o al 15% del PNB (98). Aun no conociendo la parte de este último cálculo que se supone deriva de las extorsiones, parece que han exagerado.

En realidad, no se acaba de entender qué necesidad hay de exagerar. Los márgenes de beneficio de la industria de las drogas ilegales (de las cuales es un indicador parcial el aumento del precio según va progresando en la cadena comercial: cfr. tab. 7) deberían ser bastante elevados como para crear concentraciones financieras que se pueden contemplar en un espacio de pocos años - incluso con negocios mucho menores y circuitos criminales no integrados entre ellos (es decir, el antónimo del Imperio del Mal). En resumidas cuentas, de esta manera, contamos con todo lo necesario para que se produzca un aumento de las actividades necesarias para proteger y hacer que prospere este tipo de negocios: corrupción, especulación etc. Parafraseando a Milton Friedman, la industria de la droga, "no es un ejemplo de complot organizado, sino un comportamiento previsible de los miembros de una rama de la industria. Es decir que los barones de la droga, no se comportan de forma distinta a como lo hacen los magnates de la industr

ia del automóvil" (88).

Entonces, por qué se sigue tratando - hasta en el plano que menor controversia pretende suscitar como lo es el de los números - el problema del narcotráfico con tanta hipérbole e tanta tensión?.

La explicación más clara cabe hallarla en la lógica burocrática. Se sabe que los militares tienden a exagerar las capacidades del enemigo - el que se ha dado en llamar worst case analysis - para movilizar el mayor número posible de recursos y para salvaguardarse de eventuales críticas en caso de derrota. El mismo comportamiento caracteriza a las burocracias antidroga, nacionales e internacionales, tanto es así que la percepción predominante en la opinión pública es precisamente la de una derrota.

A decir verdad, incluso muchos antiprohibicionistas acaban por identificarse con las exageraciones estilo Imperio del Mal, tal vez con la convicción de que éstas puedan dar más fuerza a las propuestas de legalización. Sin embargo, se trata, de un arma de doble filo. Al abstenerse de criticar las hipérboles, un antiprohibicionista se expone al riesgo de crear expectativas exageradas en torno a la legalización de las drogas. Sería falaz, por ejemplo, esperarse de dicha medida cosas tan distintas como el desmoronamiento de la microcriminalidad y la extinción de la mafia italiana, la superación de la dictadura militar en Birmania y el fin del tráfico clandestino de armas. Es más, la persistencia de estos fenómenos, no obstante una remodelación, en un régimen de legalización de las drogas podría crear ese tipo de desilusión generalizada idónea para impulsar de nuevo el prohibicionismo.

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(80) Puesto que el precio en el momento de la exportación es en media menos del 10% del precio final, los traficantes de los países consumidores son capaces de absorber cualquier aumento de precio en los países productores, o cualquier reducción de la cantidad (provocada por ejemplo por los decomisos) que no provoque una escasez absoluta. Cfr. Peter Reuter, "Eternal Hope: America's Quest for Narcotics Control", The Public Interest, primavera de 1985.

(81) German Fonseca, "Economie de la drogue: taille, caractéristiques et impact économique", Revue Tiers Monde, julio-septiembre de 1992.

(82) Cfr. Louis Kraar, "The Drug Trade", Fortune, 20 de junio de 1988.

(83) Jamieson, cit., pág. 46.

(84) Todos estos datos han sido obtenidos del World Bank, op. cit.

(85) El número de 500.000 toxicómanos en Estados Unidos, a mediados de los años ochenta, ha sido criticado como excesivo y con argumentos muy convincentes. Si utilizamos los cálculos, que se encuentran en distintos estudios académicos, del número de delitos perpetrados por toxicómanos, nos encontramos de nuevo con que la población toxicómana, ella sola, parece cometer más delitos contra la propiedad que los que tienen lugar en la realidad". Peter Reuter, "The (continued) Vitality of Mythical Numbers", The Public Interest, primavera de 1984.

(86) Un sólo ejemplo entre los muchos posibles. En un artículo en el que el autor se detenía en los llamados lazos armas-drogas, se llegaba a afirmar lo siguiente: "La investigación [del juez romano Mario Almerighi] demuestra que el tráfico prioritario ha sido siempre el de las armas, cuyo volumen de facturado llega a cifras imposibles, mientras el de la droga supone sólamente la primera forma de reinversión de capitales sucios". Antonio Cipriani, "Spunta un rapporto segreto anche a Roma: 'I trafficanti di droga fanno incetta di Bot e Cct'", L'Unitá, 5 de enero de 1992.

(87) Cfr. U.S. Arms Control and Disarmament Agency, World Military Expenditures and Arms Transfers 1989, Washington DC, Government Printing Office, 1990. La ACDA, que es una agencia del gobierno estadounidense, no toma en consideración los suministros a grupos sub-nacionales, que sin embargo es difícil que puedan representar

poco más que algún que otro punto en porcentaje en la demanda acumulativa de los gobiernos. Esta última, para compensar, la ACDA la ha calculado independientemente de la oferta, de manera que se pueda incluir el mercado negro de los suministradores no oficiales. Por último se consideran las piezas de recambio y las municiones.

(88) "The (continued) Vitality of Mythical Numbers", cit.

(89) Sólo ahora los medios de comunicación de masas empiezan a considerar que existen consumidores esporádicos incluso en el caso de la heroína. Cfr. Joseph B. Treaster, "In New York, Juggling a Heroin Habit With Life at the Top", IHT, 23 de julio de 1992.

(90) Cfr. Pino Arlacchi y Roger Lewis, "Sociologia della droga: il caso di Verona", Micromega, 4/89; Pino Arlacchi y Roger Lewis, "Droga e criminalitá a Bologna", Micromega, 4/90.

(91) Cfr. Contro e Dentro, Milano, Franco Angeli, 1992, págs. 103-120..

(92) Arlacchi y Lewis, en su estudio sobre Bolonia, habían indicado una proporción media de 1:4 entre toxicómanos en tratamiento en las estructuras públicas y privadas y el total de toxicómanos (cfr. "Droga e criminalitá a Bologna", cit.). El 31 de diciembre de 1991, el número de toxicómanos en tratamiento en Italia eran 73.866. Cfr. Carla Rossi (edición de), Observatorio de las Leyes sobre la Droga, VI Relación, Agosto de 1992, Coordinadora Radical Antiprohibicionista y Millelire-Stampa Alternativa, Roma, 1992.

(93) Cfr. National Drug Control Strategy, cit.

(94) Cfr. Roberto Delera, "2 milioni di italiani lo fanno - stravaganti o colpevoli?", Epoca, 6 de mayo de 1992.

(95) Si lo que realmente interesa es conocer los beneficios que se derivan del tráfico de droga y cuánto ganan las organizaciones criminales italianas, es obvio que no se han considerado las exportaciones, a Europa y a Estados Unidos. Por mucho que se considere generalmente que mafia, 'ndrangheta y camorra exportan mucha droga, especialmente en Europa, es lógico suponer que las organizaciones criminales de los mercados de llegada desempeñarán algún que otro papel. Papel que remodela los márgenes de beneficio. Un inciso: el volumen de facturado italiano en cualquier caso calculado no puede traducirse tal cual en beneficio para las empresas criminales: de la misma manera que en cualquier otra industria sería menester deducir los costes de producción, como la compra de la materia prima, y los costes de los intermediarios. En este caso parece poder decir, simplemente que, con respecto a otras actividades legales, los primeros parecen ser muy bajos, mientras los segundos (pensemos sólo en la corrupción y el blanq

ueo de dinero) deberían ser considerables.

(96) Cfr. Il peso dell'illecito in Italia, Milano, Franco Angeli, 1988. En el mismo trabajo (cfr. págs. 143-4) se suponía, con bases que calificar de frágiles es poco, que el volumen de negocios del comercio clandestino de armas se establecía en una proporción de 1:1 con el legal (este último a su vez excesivamente valorado). Se llegaba de esta manera a un resultado realmente paradójico, de 4 trillones anuales.

(97) Cfr. Lorenza Moz, "Il business della criminalitá 'fattura' 200mila miliardi" y "Dal produttore al consumatore la 'coca' si ricarica del 2.300%", Il Sole-24 Ore, 4 de septiembre de 1989. Según estas cifras, por lo tanto, más del 10% del consumo privado es superior al 6% del PNB estarían destinados a la compra de droga.

(98) Cfr. "Organized crime seeks to profit from Europe's single market", The Wall Street Journal Europe, 22 de julio de 1992.

(99) "Der Drogenkrieg ist verloren", Der Spiegel, 30 de marzo de 1992.

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Conclusiones

Abandonando los cálculos sobre el volumen de negocios de la industria de la droga, y con él las teorías sobre los complots internacionales, parece más útil y realista orientar las investigaciones en dos direcciones.

En primer lugar, el precio que pagan las sociedades por consumir droga - sin tener en cuenta, para simplificar las cosas, el precio que pagan los países productores de droga. Por ejemplo, es del dominio público que la prohibición del comercio y del consumo de estupefacientes absorbe una parte considerable de los recursos de policía, aduanas y sistema judicial. En principio, cantidades y costes de los procesos penales por delitos de droga pueden ser determinados mejor que cualquier otro cálculo sobre el consumo de estupefacientes. El número de reclusos por delitos relacionados con la droga debería poderse determinar con exactitud: la detención de todos ellos implica un coste individual, que debería ser conocido, y un coste colectivo indirecto sobre la eficiencia global del sistema carcelero - casi en todas partes, en Occidente, en crisis de superpoblación (100). El número de adictos y los recursos del balance que la policía y las aduanas dedican a la lucha contra la droga deberían ser conocidos. Existen, por

último, los costes de los organismos internacionales que se ocupan del fenómeno, que también se pueden determinar (101). En resumidas cuentas, en vez de intentar conocer lo que no se puede conocer - es decir cuánto ganan los traficantes con el prohibicionismo - sería mejor intentar conocer lo que se puede conocer: cuánto le cuesta el prohibicionismo al contribuyente. Lo cuál, aun no siendo el único elemento de juicio sobre todo el problema, lógicamente serviría de ayuda para la formación de una evaluación equilibrada de los resultados de la lucha contra la droga en el régimen prohibicionista.

En segundo lugar, el comportamiento de los consumidores ocasionales. Esta cuestión se merece sin lugar a dudas investigaciones sociológicas serias, puesto que se trata probablemente de una de las claves para comprender las probables consecuencias de una eventual legalización de las drogas. Bien visto, de hecho, la gran mayoría de los consumidores de estupefacientes no es toxicómana. Por lo tanto, se trata de comprender en qué medida incide el prohibicionismo en este resultado. Por ejemplo, hasta qué punto los precios aumentan gracias al régimen de ilegalidad, y la amenaza de sanciones administrativas y penales limitan el consumo (102)?, o hasta qué punto juega la capacidad de autorregularse de los consumidores? o más aún: es la ilegalidad un obstáculo o un incentivo para salir de la toxicomanía?.

En definitiva, indagar en las direcciones indicadas me parece la condición necesaria para sacar a la discusión del narcotráfico y el régimen prohibicionista de las alucinaciones de los números míticos y de los complots - y para volver al terreno más saldo de las opciones racionales.

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(100) En Italia, se han producido, en 1991, casi 23.000 arrestos por delitos de droga; el 34% de los detenidos eran toxicómanos. Cfr. Marcello D'Angelo, "I giovani si bucano meno", Il Giorno, 12 de febrero de 1992. De 15.000 detenidos en las cárceles federales estadounidenses, aproximadamente 13.000 han cometido delitos de droga. El sistema carcelero americano (cárceles federales, estatales y locales) alberga a más de un millón de personas, se encuentra a un 116% de la capacidad de acogida y cuesta 18 mil millones de dólares al año. Cfr. National Drug Control Strategy, cit., págs. 32-43.

(101) También el sistema sanitario en los distintos países debe afrontar costes que se derivan de la ilegalidad del consumo. Sin embargo, en este caso, son mucho menos claros los efectos del fin del prohibicionismo: el tratamiento de los toxicómanos debería continuar y probablemente extenderse a un mayor número de pacientes; deberían introducirse reglas sobre la calidad de las sustancias vendidas y controles higiénico-sanitarios.

(102) En un margen que no comportase la creación de un mercado negro, los precios de los estupefacientes podrían mantenerse altos incluso en régimen de legalidad a través de los impuestos fiscales.

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Tablas

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Tabla 1: Producción neta mundial de opio, hoja de coca, marihuana y hachís. En toneladas.

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País 1990 1989 1988 1987

Opio

Afganistán 415 585 750 600

Irán 300 300 300 300

Pakistán 165 130 205 205

Total Asia S-Occ 880 1015 1255 1105

Birmania 2250 2430 1285 835

Laos 275 375 255 225

Tailandia 40 50 28 24

Total Asia S-Or 2565 2855 1568 1084

Líbano 32 45 na na

Guatemala 13 12 8 3

México 62 66 50 50

Total opio 3520 3948 2881 2242

Hoja de coca

Bolivia 81.000 77.600 78.400 79.200

Colombia 32.100 33.900 27.200 20.500

Perú 196.900 186.300 187.700 191.000

Ecuador 170 270 400 400

Total hoja de coca 310.170 298.070 293.700 291.100

Marihuana

México (*) 19.715 30.200 5.655 5.933

Colombia 1.500 2.800 7.775 5.600

Jamaica 825 190 405 460

Belice 60 65 120 200

Otros 3.500 3.500 3.500 1.500

Total Marihuana 25.600 36.755 17.455 13.693

Hachís

Líbano 100 905 700 700

Pakistán 200 200 200 200

Afganistán 300 300 300 300

Marruecos 85 85 85 60

Total hachís 685 1.490 1.285 1.260

(*) Los cálculos anteriores a 1989 han sido efectuados a partir de otras bases y por lo tanto no son comparables a los de 1989 y 1990.

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Fuente: United States Department of State, Bureau of International Narcotics Matters, International Narcotics Control Strategy Report, Washington, marzo de 1991.

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Tabla 2: Diez países productores de drogas, más Japón e Italia, clasificados según el Indicador de Desarrollo Humano (ISU) del United Nations Development Program (UNDP).

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País ISU Posición en la

clasificación general

de 160 países

Afganistán 0,069 157

Birmania 0,437 106

Bolivia 0,416 110

Colombia 0,757 61

Irán 0,577 92

Laos 0,253 128

Líbano 0,592 88

Pakistán 0,311 120

Perú 0,644 78

Tailandia 0,713 66

Japón 0,993 1

Italia 0,955 18

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Fuente: Programme des Nations Unies pour le développement, Rapport mondial sur le développement humain 1991, Económica, París, 1991.

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Tabla 3: Población, producto per cápita, crecimiento económico y deuda exterior de diez países productores de drogas. Año 1989.

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País a b c d e

Afganistán (*) 17 na na na na

Birmania 41 na na 4,1 na

Bolivia 7 620 -0,9 4,3 102,2

Colombia 32 1.200 3,5 16,8 45,8

Irán 53 3.200 0,5 na na

Laos 4 180 na 0,9 152,6

Líbano (*) 3 na na 0,5 na

Pakistán 110 370 6,4 18,5 46,9

Perú 21 1.010 0,4 19,8 73,5

Tailandia 55 1,220 7,0 23,4 34,1

a = Población en millones.

b = Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita en dólares.

c = Crecimiento medio anual porcentaje del Producto Nacional Bruto, 1980-89.

d = Deuda exterior en miles de millones de dólares.

e = Deuda exterior como % del PNB.

(*) Fuente: la misma de la tabla 2.

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Fonte: The World Bank, World Development Report 1991, Oxford University Press, Oxford, 1991.

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Tabla 4: Ayudas estadounidenses a Bolivia, Perú y Colombia. En millones de dólares. Año fiscal 1991 (entre paréntesis la petición de la administración para 1992).

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Bolivia Perú Colombia

Ayudas económicas 137,3 (180,8) 157,2 (187,7) 54,1 (53,8)

Ayudas militares 35,9 (40,9) 24,5 (39,9) 51,5 (60.3)

Asistencia 15,7 (15,7) 19,0 (19,0) 20,0 (20,0)

antidroga, de la que:

Represión 13,5 (14,3) 17,8 (17,9) 18,8 (18,6)

Prevención 0,0 (0,0) 0,2 (0,1) 0,3 (0,3)

Desarrollo 2,2 (1,5) 1,0 (1,0) 1,2 (1,4)

alternativo

TOTAL 188,9 (237,4) 200,7 (246,6) 125,6 (134,1)

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Fuente: "Fact Sheet: U.S. Economic, Military, and Counter-Narcotics Program Assistance", U.S. Department of State Dispatch, 2 de marzo de 1992.

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Tabla 5: Algunos cálculos sobre el volumen de facturado anual global de la industria de la droga. En miles de millones de dólares.

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Fuente Cálculo

FATF(a) 122

Gobierno alemán(b) 250

Departamento de Estado Usa(c) 300

Fortunas(d) 500

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(a) Citado en "Criminalidad y Narcotráfico en los países Miembros". informe de la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre la difusión de la criminalidad organizada relacionada con el tráfico de droga en la comunidad, 2 de diciembre de 1991. FAFT es la sigla de Financial Action Task Force, un organismo creado tras la cumbre de los siete en París en julio de 1989. El cálculo se refiere al valor monetario de las ventas de heroína, cocaína y hachís en Estados Unidos y en Europa en el año 1989. Es interesante destacar que al consumo en Estados Unidos se atribuyen 106 mil millones de dólares, mientras que a Europa se le atribuyen 16; al consumo de heroína se le atribuye el 10% del total; poco más de dos tercios del total (85 mil millones de dólares) se calcula que son blanqueados.

(b) Citado en "The EC Single Market promises to be a boon for the narcotics trade", The Wall Street Journal Europe, 2 de septiembre de 1992.

(c) United States Department of State, Bureau of International Narcotics Matters, International Narcotics Control Strategy Report, Washington DC, Government Printing Office, Marzo de 1991, pág. 16. Curiosamente, la fuente de este cálculo se atribuye precisamente a la FATF.

(d) Louis Kraar, "The Drug Trade", Fortune, 20 junio de 1988.

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Tabla 6: Precio medio al por menor de un gramo de heroína, cocaína y hachís en Italia. En liras.

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Sustancia Precio

Heroína(a) 160.000

Cocaína(b) 185.000

Hachís 12.000

(a) Un gramo de heroína en la calle raramente contiene más de 150 miligramos de sustancia y corresponde a tres-cuatro dosis únicas.

(b) Un gramo de cocaína corresponde a aproximadamente cuarenta dosis únicas. Cfr. Giancarlo Arnao, Proibizionismo, Antiprobizionsimo e Droghe, Millelire-Stampa Alternativa Editrice, Roma, s.d.

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Fuente: CENSIS-CDS, Contro e Dentro, Milano, Franco Angeli, 1992, págs. 108-9.

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Tabla 7: Formación del precio de la cocaína y la heroína. En dólares.

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Precio

Heroína (1 Kg.)

Al campesino (10 Kg. de opio) 1.000

Al por mayor 200.000

Al por menor 2.000.000

Cocaína (1 Kg.)

Al campesino 1.200

Exportación (Colombia) 7.000

Importación (Miami) 20.000

Al por mayor (Detroit) 40.000

Al por menor 250.000

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Fuentes: para la heroína Jean-François Couvrat, Nicola Pless, La face cachée de l'économie mondiale, citado en Germàn Fonseca, "Economie de la drogue: taille, caractéristiques et impact économique", Revue Tiers Monde, julio-septiembre de 1992; para la cocaína Peter Reuter, "Quantity Illusions and Paradoxes of Drug Interdiction into Vice Policy", citado en Morris J. Blachman, Kenneth E. Sharpe, "The War on Drugs", World Policy Journal, invierno de 1989-90.

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