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Gomez Hurtado Enrique - 1 gennaio 1993
LA TRAGEDIA DE LA DROGA
ENRIQUE GOMEZ HURTADO

Perspectiva de una solución

(Institución Universitaria Sergio Arboleda)

SUMARIO: Profundo análisis sobre la situación actual del tráfico de droga en los mercados internacionales. El estudio se centra en la coyuntura colombiana. Se articula en tres capítulos subdivididos en varios apartados:

* CAPITULO I - Problemas y consecuencias del narcotráfico en Colombia: 1) Fortalecimiento del negocio de la droga; 2) Aumento del poder del narcotraficante; 3) Crecimiento de la narcoguerrilla; 4) Reactivación y diversificación del negocio; 5) Proliferación de nuevas rutas; 6) Aumento del narcoterrorismo; 7) Incremento de la violencia y criminalidad

* CAPITULO II - Capacidad del Estado para reprimir el narcotráfico. 1) La represión en cifras; 2) Sometimiento a la justicia; 3) Opinión de los colombianos; 4) Instrumentos internacionales

* CAPITULO III - Propuesta para una solución: despenalización de la droga. En este apartado figuran las conclusiones del autor así como los comentarios de: F. Musto, Arnold S. Trebach, Milton Friedman, David Boaz, Thomas Szasz, Jonathan Marshall y Ethan Nadelman, así como un informe de la revista inglesa "The Economist".

(LA TRAGEDIA DE LA DROGA, Enrique Gómez Hurtado, Institución Universitaria Sergio Arboleda, 1 de enero de 1993)

ENRIQUE GOMEZ HURTADO: es abogado economista de la Universidad Javeriana de Bogotá. Adelantó estudios de posgrado en economía en London School of Economics y en la Universidad de Barcelona, donde tambièn se especializó en filosofía. Ha sido director del diario El Siglo, de la rivista Sintesis Económica y decano de la facultad de economía de la Universidad Nacional. Profesor universitario en las cátedras de doctrinas económicas, doctrina politicas y ciencia política.

Fue concejal de Bogotá y embajador en Francia. En la actualidad es senador de la Republica, elegido por el Movimiento de Salvación Nacional. Pertenece a la Commisión de Relaciones Exteriores y Defense Nacional del Senado de la República.

Es autor de numerosos ensayos políticos, periodísticos y del libro Respuesta.

Gomez Hurtado ha sido un serio analista del fenómeno de la droga y, como tal, ha participado en importantes eventos y seminarios internacionales. Fue designado membro de la Comisión Accidental del Senado de la República para el estudio del problema del narcotráfico en Colombia.

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CAPITULO I

PROBLEMAS Y CONSECUENCIAS DEL NARCOTRAFICO EN COLOMBIA

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En cinco años, entre 1988 y 1993, el problema del narcotráfico ha adquirido características que configuran un panorama devastador.

1. Fortalecimiento del negocio de la droga

Aunque a lo largo de la década del 80 los precios de la cocaína en los mercados internacionales presentaron una reducción significativa -como lo explica el investigador Mauricio Reina Echeverri(1)-,es también ostensible que su descenso no impidió el crecimiento de áreas cultivadas en el país. Mientras en 1981, en el territorio colombiano, existían 4.000 hectáreas sembradas de coca, en 1991 la cifra alcanzó las 38.000 hectáreas. Un crecimiento cercano al 1.000%, en diez años, indica cómo, pese a la evolución descendente de los precios internacionales, el negocio de la cocaína aún resulta altamente rentable. Es inobjetable que, si la rentabilidad hubiese llegado a tasas negativas, la producción habría desaparecido.

A ello debe sumarse la creciente siembra de amapola en el país. Tras una pequena cantidad de matas que se cultivaban en 1983, las autoridades colombianas descubrieron, en 1992, la existencia de 20.000 hectáreas sembradas, distribuidas en 17 departamentos. " En vez de representar el 11% del total mundial de hectáreas de amapola, Colombia pasó a detentar el 8.8% del conjunto global de hectáreas"(2), según estudios del investigador Juan Gabriel Tokatlián. Esta situación parece explicable por la decisión de los narcotraficantes de atender el nuevo patrón de conducta entre los consumidores, del mayor incentivo económico que produce el trafico de heroína - entre 6 y 10 veces mayor que la cocaína -, y como operación que involucra mecanismos aún no detectados por las autoridades.

Un interesante informe, elaborado por el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS -, luego de haber solicitado a esa entidad su colaboración para esta investigación, afirma que "dentro del lapso referido (1988-1993) se destaca el auge alcanzado por el narcotráfico" (3).

2. Aumento del poder del narcotraficante

En ese mismo informe, el DAS explica cómo, en este período,los narcotraficantes han consolidado su poder mediante asentamientos en la región de Antioquia y Valle del Cauca, lo "que a la postre les permitió el dominio del mercado e incursionar en el cultivo, procesamiento y comercialización de la amapola y sus derivados (opio, morfina y heroína)" (4).

Sobre la dimensión del narcotráfico hay todo tipo de estadísticas. La misma clandestinidad del fenómeno impide conocer con absoluta certeza datos al respecto. Tenemos que, sin embargo, basar nuestro análisis en las cifras que el gobierno, a través de sus entidades, nos suministra.

Según el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA-, al narcotráfico le pertenecen 3'000.000 de hectareas - 30.000 kilómetros cuadrados - de tierra colombiana. No sólo es el dato que suministra la institución, sino es el mismo que el DAS incluye en su informe. Si nos atenemos a esa información, tendríamos que las posesiones de tierra del narcotráfico equivaldrían a los territorios de Holanda o Bélgica, triplicarían el tamano de El Líbano y superarían las extensiones de El Salvador, Haití y Kuwait. No cabrían en el departamento de Bolívar, ni en el de Boyacá, ni en el del Cauca, ni en el Cesar, ni en Córdoba, ni en Cundinamarca. Equivaldrían a la mitad de Antioquia, y cubrirían todo el departamento de Santander. Pero lo más grave no es sólo que su poder territorial se traduzca en posesiones de tierra, sino que ese poder se ejerza en las zonas mas productivas del país. Más del 30% de las tierras colombianas dedicadas a la ganadería y agricultura, según el INCORA, son hoy de los narcotraficantes. Resul

ta, sin embargo, interesante saber que, en 1988, su poder, de acuerdo con el INCORA, estaba representado por 10.000 kilómetros cuadrados. De ser así, ello significaría que, en cinco anos, habría triplicado su riqueza territorial.

3. Crecimiento de la narcoguerrilla

La presencia de la guerrilla. en el negocio de los estupefacientes se remonta más allá de los primeros anos de la década del 80. El propio presidente de la República, César Gaviria Tujillo, dijo al país en noviembre de 1992, al installar el simposio intertacional Droga: visión integral de un problema del mundo, que "en los últimos anos sus nexos con ese delito se han multiplicado. La narcoguerrilla se ha beneficiado del ciclo de la coca y hoy comienza a hacerlo con la amapola. La evidencia geografical es contundente.En mas de la cuarta parte de los municipios en que actúa la guerrilla se presentan actividades del narcotráfico. La llamada Coordinadora Nacional Guerrilleradepende significativamente de los ingresos provenientes del narcotráfico"

La información del presidente Gaviria parece fortalecerse aún más

con el estudio del investigador Mario Jaramillo, quien describió

así el proceso: "A principios de la década del 80, cuando apenas

tomaba fuerza el negocio del narcotráfico en Colombia, hubo

quienes aseguraron que ciertos movimientos guerrilleros aparecían

involucrados en algunas fases de la operación. La afirmación

parecía, entonces, más intuitiva que científica, y se basaba,

sobre todo, en precarias informaciones de prensa y en rumores que

circulaban entre habitantes de la región donde aparecieron los

primeros sembrados de coca".

"El susurro se tornó luego en mensaje masivo, pero la fragilidad

científica del rumor se mantenía en pie. Con posterioridad, la

información suministrada por las autoridades puso en evidencia la

conexión entre el narcotraficante y el guerrillero. Para 1985 resultaba incontrovertible que varios movimientos subversivos trabajaban para los narcotraficantes. Su participación en el negocio, sin embargo, se limitaba a prestar protección a los cultivos de coca y a los laboratorios de procesamiento, a cambio de dinero y armas. La represión oficial que se ejercía, en consecuencia, afectaba por igual a unos y otros. Pero también la prosperidad beneficiaba a los dos bandos".

"La alianza no tenía connotaciones ideológicas. Era puramente

coyuntural. El narcotraficante requería protección para su negocio

y el guerrillero dinero para sostener su proyecto político. Era la

regla general. Las excepciones se daban cuando la guerrilla incumplía los pactos o no representaba alguna utilidad importante.

Así surgió el fenómeno del llamado paramilitarismo. El estorbo

guerrillero era eliminado cuando se interponía en los negocios,

exigía demasiado o secuestraba a personas relacionadas, de una u

otra manera, con el narcotrafico".

"Pero el comportamiento regular era disciplinado. Cada uno a lo

suyo. La guerrilla empezó a crecer velozmente desde 1981. Entre

este ano y 1988, período de rápido crecimiento del narcotráfico,

la subversión se incrementó en un 414%".

"Lo que parece asomar, en el futuro, es una guerrilla fortalecida económicamente. Las ausencias físicas de las tradicionales cabecillas del narcotráfico, debido a la persecución oficial, han traido un desplazamiento de la guerrilla en las fases del negocio del narcotráfico. Ha cambiado así su condición de vigilante del proceso de elaboración de cocaína y de tierras cultivadas por la de sólido agente económico"

"En el oriente de Colombia se encuentran las pistas clandestinas y

es la zona desde donde operan los sistemas de información para

burlar a las autoridades de otras naciones. Once departamentos del

país son allí el foco de operaciones del n arcotráfico. Pero es,

también; el lugar donde la guerrilla ejerce una mayor influencia

sobre la población civil. En él se encuentran sus asentamientos más importantes Se trata de un espacio geográfico controlado desde

hace tiempo por la guerrilla y el narcotráfico, pero que, ante la

ausencia del cartel de Medellin, podría terminar en poder,

exclusivamente, de la Coordinadora Nacional Guerrillera" (7)

Este análisis coincide con el del DAS, organismo que afirma en su

documento "En los últimos tiempos la guerrilla ha venido

consolidando su actividad propia alrededor del narcotráfico, especialmente en aquellas regiones donde ejerce mayor influencia, ampliando su radio de acción, pasando, sin abandonarlo, del cultivo de coca al de la amapola" (8)

"En esta gama de alianzas y acuerdos, resulta significativo

señalar el aprovechamiento que del factor humano hace la

subversión armada, la cual mediante procedimientos intimidatorios

y retaliatorios influye en los campesinos e indígenas para

obligarlos a que sustituyan sus cultivos tradicionales por el de

plantas sicotrópicas, actividad de las que derivan beneficios a

través de los "impuestos" que deducen y de la propia

comercialización en que se encuentran comprometidos" (9)

El mismo informe del DAS destaca más adelante: "es importante resaltar que casi la totalidad de la producción (marihuana) en el área de la Serranía de San Lucas (sur de Bolívar), es controlada y

comercializada por subversivos del ELN y las FARC" (10)

4. Reactivación y diversificación del negocio

Amén de lo que ha ocurrido con la guerrilla, los organismos de

seguridad nacionales e internacionales se inquietan por la manera

cómo la persecución al cartel de Medellin ha generado vacíos en el

negocio que rápidamente se llenan el cartel de Cali - dice el

informe del DAS ha expandido su radio de acción, "a tal punto que

se considera que del 85% de la cocaína que actualmente ingresa a

los Estados Unidos proviene de él" (11)

Y aunque, como vemos, la producción de cocaína está lejana de ser

abandonada por los narcotraficantes, el DAS informa de la

reactivación del tráfico de marihuana en los siguientes términos

"Merece destacarse que además de las considerables cantidades de

marihuana prensada que sale del país, se ha detectado su

colocación en los mercados internacionales embalada en forma

líquida, mecanismo utilizado tanto por la guerrilla, como por los

carteles de la droga, lo que les ha permitido evadir los controles

establecidos para incautar los cargamentos que tradicionalmente eran enviados en pacas"(l2).

Y luego dice "Sobre el fenómeno de la amapola y su posterior

transformación en heroína se ha visto agudizado por los altos

precios en los mercados intemacionales, lo que representa una mayor garancia en todas las etapas del proceso, desde el cultivo hasta la distribución minorista en los centros de consumo..." (133).

"Otro de los factores que vienen contribuyendo a la expansión de

los cultivos de amapola y a la comercialización de sus derivados,

es que la cocaína, droga de moda en la década de los 80 en

Norteamérica, se encuentra en un proceso (aunque lento) de

declive, siendo sustituida en la última parte del decenio pasado

por el crack y en los primeros años de éste por la heroína ... No

obstante los indicados señalamientos acerca del cultivo de

amapola, se sigue registrando la proliferación de cultivos y

laboratorios para el procesamiento de cocaína, para lo cual los

narcotraficantes, atendiendo el mayor lucro generado por los

opiáceos, no han descuidado su elaboración y comercialización,

"importando" para tales efectos la pasta de coca de Bolivia y Perú" (14).

5. Proliferación de nuevas rutas

Aparte de las rutas tradicionales empleadas desde Colombia para el

envío de estupefacientes al exterior, en el último quinquenio se

han expandido las redes del narcotráfico. Se conservan los caminos

hacia los Estados Unidos, pero las operaciones se han extendido

hacia Rusia, Asia y Europa.

Hungría, por ejemplo, se ha convertido en puerto de entrada de

cocaína y heroína a Europa oriental. También se emplean en la

actualidad las rutas usadas tradicionalmente para la heroína y la

cocaina en el medio y lejano Oriente por los traficantes asiáticos. La presencia de narcotraficantes colombianos en ello es

amplia. Según el DAS, en su informe, existen hoy más de 15 novedosas rutas, además de las que ofrece ordinariamente el Caribe,cuyo número asciende a 27 (15).

6. Aumento del narcoterrorismo

Aunque en los últimos meses Colombia vive un estado de relativa

calma en materia de narcoterrorismo, su existencia constituye una

amenaza latente. Al igual que el narcotráfico posee una sofisticada y compleja infraestructura para despachar la droga al

exterior, también cuenta con un intrincado sistema para introducir

al país armas, explosivos, terroristas y mercenarios. Basta con

señalar que a Colombia ingresaron ilegalmente cerca de 186.000

armas el an o pasado (16).

7. Incremento de la violencia y criminalidad

El negocio del narcotráfico en Colombia ha aumentado los índices

de violencia y criminalidad. El comportamiento criminal se

ha visto fortalecido, en este quinquenio, por la presencia de

mercenarios extranjeros, las milicias urbanas, el enfrentamiento

entre las mismas organizaciones delictivas, el asesinato de

políticos y periodistas, las víctimas de los atentados terroristas

y los secuestros de ganaderos, industriales y personas comunes. En

el país murieron el año pasado violentamente 100.000 personas, la

mayoría en actos relacionados con el narcotráfico (17).

En los últimos cinco años, "a raíz del auge que cobró el

narcotráfico en el país señala el DAS, y ante el afán de sus

integrantes de apoderarse a cualquier precio de grandes extensiones de tierra, valiéndose incluso del constreñimientO y el

asesinato de sus poseedores a través de grupos armados de diverso

origen, se generó un éxodo de apreciables masas de población rural

a los centros urbanos, lo que a la postre implicó un aumento

desmesurado en los indices de criminalidad" (18).

CAPITULO II

CAPACIDAD DEL ESTADO PARA REPRIMIR EL NARCOTRAFICO

1. La represión en cifras

El éxito de la represión al narcotráfico suele medirse en términos de las capturas y de los elementos y droga incautados. Según la Policía Nacional, en informe preparado para este documento, en el último quinquenio, por ejemplo 33.564. personas han sido capturadas y 2.470 armas y 150 toneladas de cocaina han sido incautadas (19).

Se trata de datos monumentales. Sin embargo, es difícil precisar cuántas capturas habría que realizar para poder afirmar que el narcotráfico ha sido derrotado. Si sabemos, por otra parte, que a Colombia ingresan clandestinamente cada año más de 180.000 armas, el número decomisado 2.470 resulta irrisorio. En ese mismo período, un promedio de 54 toneladas de cocaina se produjo anualmente en el país (20). Ello significa que menos de la mitad del total producido en el quinquenio fue decomisado. (Pese al volumen regular de las incautaciones que se llevan a cabo en Colombia, el país suministra aún el 85 por ciento de la cocaina que llega a los consumidores de los Estados Unidos).

Las cifras,pues,ponen en evidencia la incapacidad del Estado colombiano para reprimir siquiera la mitad del negocio de estupefacientes.

Tampoco ha logrado el Estado detener el avance territorial del narcotráfico en Colombia. Como anotábamos anteriormente, en menos de cinco anos, según el INCORA, el narcotráfico ha triplicado su riqueza territorial. Conbase en esos datos oficiales, hacia el año 2.000 el narcotráfico se habría apoderado de la totalidad de los predios productivos del país.

El informe del DAS demuestra que últimamente se ha presentado una proliferación de carteles de la droga en el país.A parte de los carteles de Medellín de Cali, de Bogotá y de la Guerrilla, también han surgido los de la Costa, los Llanos, el Caquetá, el Viejo Caldas (21).

Por otro lado, a pesar del creciente poder económico que ha obtenido la guerrilla debido a su participación en el narcotráfico, resulta curioso que el nuevo fenómeno no aparezca presente en los debates y en las discusiones del gobierno tendientes a alcanzar la paz con los subversivos.

2. Sometimiento a la justicia

Existe en el país una extensa legislación especial creada con el propósito de doblegar a las fuerzas del narcotráfico. Ella empezó a tomar forma desde la administración del presidente Belisario Betancur, con la expedición de varios decretos que tipificaron nuevas conductas criminales. Es el primer paso importante tras la expedición, en 1974, del Estatuto Nacional de Estupefacientes. Durante la gestión de Virgilio Barco Vargas creció el número de disposiciones y elevó a la categoría de delitos algunas contravenciones, a la vez que aparecieron las primeras modalidades de recompensas y se crearon los juzgados de orden público. El gobierno de César Gaviria Trujillo ha otorgado configuración final a la legislación especial mediante la creación de diversos mecanismos para que los narcotraficantes se sometan a la justicia.

No tendría sentido alguno precisar aquí las características de cada una de las normas expedidas para llevar a cabo esta política. Entendemos que su efectividad se ha traducido en la entrega de un número importante de narcotraficantes, a cambio de rebajas de penas, recompensas y de la no extradición.

Pero, además del episodio de la fuga de Pablo Escobar, que puso en evidencia la fragilidad de la política de sometimiento, el país observa, atónito, cómo el puñado de mandos medios del narcotráfico - sometidos a la acción judicial - reciben penas menores y atenuadas. Y los delincuentes de menor envergadura, que se han entregado a cambio de los beneficios por delación, atiborran las cárceles.

Resultaría audaz afirmar, sobre esta base, que el negocio del narcotráfico ha sido siquiera amenazado seriamente. Sabemos cómo, cuando se presentan vacíos en la estructura de los grupos dedicados al tráfico de drogas, éstos son cubiertos inmediatamente.27

La política de sometimiento a la justicia produce, por lo general, una sensación de alivio. Pero, en realidad, trae consigo avances sustanciales en la guerra contra las drogas?

Dos serios investigadores norteamericanos escribieron un texto que fue reproducido en Colombia hace poco, por la Embajada de los Estados Unidos, dentro de un pequeño folleto titulado Legalización: No!. En el documento sorprende que se eleven críticas al mecanismo judicial empleado en las calles de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico, técnica muy semejante a la qúe se usa en Colombia frente a los narcotraficantes. Dicen Connor y Burns que las operaciones de "compra y arresto" no ponen fin a un mercado afianzado de drogas, y que, debido al exceso de casos que se presentan ante los tribunales y ante el hecho de que las cárceles aparezcan repletas por las detenciones efectuadas mediante el sistema, los traficantes reciben poca o ninguna condena.(22).

Lo que sí admiten los investigadores citados es que "las campañas altamente visibles de "compra y arresto" demuestran al público, a la prensa y a los políticos que se hace algo para contrarrestar la epidemia de las drogas y la violencia en las calles" (23).

Sería, pues, inconveniente para el país que la política de sometimiento a la justicia no trascendiera más allá de una imagen puramente publicitaria.

Queremos retornar ahora a la legislación especial. Entre 1982 y 1986 se expidieron 10 decretos y dos leyes. Al finalizar la gestión el presidente Barco, el país ya contaba con 36 disposiciones más. Y, en lo que va corrido del gobierno del presidente César Gaviria Trujillo, se han expedido otros 45 decretos.

En suma, la legislación especial colombiana tiene 93 disposiciones jurídicas. La magnitud legal es impresionante. Y lo que ha ocurrido es que la multiplicación de normas ha multiplicado su violación. Hoy se cometen más delitos porque hay más conductas tipificadas en la ley. Tenemos, entonces, más delincuentes - que antes cometían contravenciones - y mayor margen de corrupción - debido a que la cadena de autoridades represivas se ha extendido - .

El cúmulo de normas, en cambio, acrecienta el riesgo en el negocio de los narcóticos. Un mayor riesgo eleva el precio de la droga en el mercado. Y, por tanto, crecen las utilidades de los narcotraficantes.

Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Saavedra Rojas, tiene una opinión interesante al respecto: "Evidentemente se trata de una política (rebajas punitivas por sometimiento voluntario a la justicia) de una ingenuidad digna de mejor causa, porque es una mera ilusión creer que tan avezados criminales fueran a dejar el más rentable negocio del mundo, que se fueran a someter a las autoridades como ovejas, dejando de lado todas sus empresas delictivas. Estamos convencidos de que mientras el narcotráfico siga convertido en el mejor negocio del mundo, será imposible contenerlo, por lo menos a niveles razonables y la imposibilidad será mayor si se trata de someterlo con negociaciones donde evidentemente uno de los contratantes no actúa de buena fe y no tiene la más minima intención de abandonar la senda criminal" (24).

3. Opinión de los colombianos

Hemos recibido del Ministerio de Justicia una inquietante encuesta (25) adelantada entre periodistas, padres de familia e hijos, educadores, sacerdotes y autoridades administrativas, cuyo contenido merece la atención de la opinión pública.

Según el sondeo, menos del 30% de los entrevistados cree que el problema de la droga ha disminuido y un 80% considera que no será superable ni en el corto ni en el mediano plazo, y cerca del 75% estima que la producción de drogas no ha decrecido.

"Los diversos estamentos consultados opinan que la mayor carencia del gobierno en la lucha contra la droga es claridad en el manejo del tema. En segundo lugar aparece la falta de decisión política. En contraprestación, la opinión generalizada es que lo menos que ha faltado han sido recursos militares" (26).

Sólo un 38% de las autoridades admmistrativas se muestra optimista ante la lucha contra las drogas. Un 65% de ellas estima que los narcotraficantes se salen con las suyas. Y una inmensa mayoría - el 88% - asegura que, si se logrará encarcelar a todos los narcotraficantes, el problema no desaparecería porque aparecerían otros.

El absoluto pesimismo registrado en la encuesta adquiere mayor peso cuando nos enteramos de que un 98% de los educadores, un 95% de los periodistas, un 94% de los padres e hijos y un 89% de las autoridades administrativas cree que la droga corrompe a las autoridades y a otros segmentos de la sociedad.

Me temo que es, en su conjunto, una percepción aplastante. Registra, de múltiples maneras, la sensación de que el Estado colombiano es incapaz de reprimir un fenómeno cuyas dimensiones sobrepasan su propio ámbito territorial.

4. Instrumentos internacionales

Colombia ha suscrito y ratificado cinco instrumentos internacionales contra el narcotráfico y pertenece a más de media docena de organizaciones internacionales encargadas de estudiar y combatir el mercado de drogas. A ello se suma la reciente aprobación, en el Congreso, de la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, suscrita en Viena en 1988. Queremos referirnos a este último instrumento, porque de alguna manera su trámite y aprobación en el Congreso permiten deducir que el actual gobierno no posee una política internacional frente a las drogas.

Una vez presentado el tratado a discusión del Congreso por parte del gobierno, fue ostensible que éste actuaba impulsado por compromisos externos, sin límites conocidos, salvo en dos puntos donde manifestó su inconformidad: la extradición de narcotraficantes colombianos al exterior,prohibida por la Constitución Política, y el secuestro de acusados. En lo demás, mostró, desde un principio, total acuerdo. El argumento era dèbil: todo puede aprobarse porque la Convención expresa que aquello que contraría las normas internas no necesariamente debe ser aplicado en desarollo del tratado. El gobierno olvidaba que Colombia había suscrito y ratificado la denominada Convención de los Tratados, que obliga a los países firmantes a adoptar internamente los convenios acordados y que expresa su predominio sobre la legislación interna.

La oportuna intervanción de la rama legislativa impidió, entre otras cosas, la prescripción de los derechos penales, la confiscación de bienes, la inversión de la carga de la prueba, la asistencia legal sin reciprocidad, la presencia de buques, y aeronaves sin distintivos militares en áreas colombianas y la posibilidad de que se adoptaran, por insinuación internacional, medidas más etrictas y rigurosas que las consignadas por la propia Convención. Preceptos, todos ellos, que violarían la Consittución y las leyes del país.

Si bien fue valorosa en este sentido la actuación del legislativo, que salvaguardó el ordenamiento interno y la soberanía del país, tambièn quedó claro que el gobierno quiso seguir al pie de la letra los dictatos de los países consumidores.

CAPITULO 3

PROPUESTA PARA UNA SOLUCION: DESPENALIZACION DE LA DROGA.

También es de suponer que el fenómeno subversivo, decadente y sin banderas ideólogicas tras la crisis universal del socialismo, no habría podido mantenerse en pie si no hubiese recurrido a tan inagotable fuente de recursos. Y la guerrilla, en un estado de despenalización de la droga, sería más fácilmente doblegable.

Situémonos ahora de lado del consumo de la droga para garantizar una percepción más objetiva del problema.

Vale la pena anotar, en primer término, que los altos precios que los consumidores están dispuestos a pagar en las naciones desarrolladas por la droga actúan como motor de la producción. Porque, al fin y al cabo, el precio determina la fuerza o debilidad de la oferta.

Esa condición es, de por sí, el primer escollo que aparece en lo que podriamos denominar la economía del narcotráfico. Mientras alguien esté dispuesto a pagar ese alto precio, la oferta no cesará y saltará cualquier obstáculo que se le presente en el camino. No existe barrera policiva capaz de impedirlo. En la actualidad, por ejemplo, sólo se logra incautar un 10% de la droga que ingresa a los Estados Unidos, pese a los enormes gastos que se destinan a ello (28). Y resulta aún más desconsolador saber que, si esas incautaciones se duplicaran, el precio de los narcóticos en las calles se elevaría apenas un 4% (29). El escaso margen es insuficiente para producir un cambio sustancial en el patrón de conducta del consumidor. Un 4% en el valor de la droga es un incremento extremadamente insensible, pero aproximarse a él significaría doblar los esfuerzos policivos. Cuánto costaría hacerlo? Muchos temen que la despenalización dispararía el consumo. Es una incógnita de nuestro tiempo.Pero es de esperar que no sea as

í sobre la base de la misma respuesta que se ha podido registrar en encuestas en las naciones consumidoras. Lo cierto es que las ventajas en un ambiente de despenalización serían ostensibles para los adictos ,que dejarían de pertenecer a un ambiente criminal y abyecto para poder ser tratados, a la luz del día, clínicamente.

La despenalización desmitificaría la droga. Con ella no sólo el consumidor dejaría de ir a la cárcel, donde su situación irremediablemente empeora, sino, al perder su condición de delincuente, recibiría un trato de la sociedad más comprensible, sin prejuicios, en el cual su adicción tendría un enfoque médico.

El consumidor de droga, en un estado de ilegalidad, aparece expuesto a riesgos para su salud mucho más graves de los que podrían esperarse en un ambiente de despenalización. Está demostrado que el consumo por vía intravenosa medio transmisor del sida, por ejemplo tiene mayor ocurrencia en aquellos países donde la legislación antinarcóticos suele ser más rígida, con lo cual, además, aumenta la probabilidad de morir por sobredosis. Y, en segundo término, en un mercado ilegal, donde los consumidores reciben la droga de los narcotraficantes, la baja calidad y la composición empírica del producto también dispara el riesgo de daños adicionales a los causados por la droga en sí (30).

Qué efectos ha tenido la legislación antinarcóticos sobre el consumo? Ninguno que nos permita ponderar la política represiva. El consumo, cuando decrece frente a un tipo de droga, aumenta en otro. Es lo que ahora percibimos con la cocaina. Aunque allí ha descendido la adicción, ha aumentado la de la heroína. Mientras en la década de los sesenta el número de heroinómanos en los Estados Unidos apenas sobrepasaba los 50.000, hoy se calcula que existen más de 900.000 (31). Esta cantidad de adictos hoy está dispuesta, como lo vimos, a pagar hasta diez veces más de lo que pagarían por cocaína. Ello no significa un triunfo sobre el tráfico de cocaína, Sino un cambio en el gusto de los consumidores.

Pero esa tendencia de la década actual, consistente en una alta demanda de heroína en los países desarrollados, ha tenido una respuesta obvia en la oferta. Y, una vez más, se cumple la ley económica: sus altos precios han disparado la siembra de amapola en las naciones productoras. La producción de opio ha crecido, en los últimos cuatro anos, en Asia Central, cerca del 400%. Colombia, que ya ostenta en América Latina el primer lugar en superficie sembrada, empieza a dejar atrás a países con tradición papaverácea, como México y Guatemala (32).

Y es explicable. Debido al estado de ilegalidad, su alto precio tienta abrumadoramente la producción, dispuesta a satisfacer la necesidad del consumidor. En los Estados Unidos, los consumidores gastan cada ano alrededor de 110.000 millones de dólares, una cifra que aumenta cerca de un 10% anualmente (33). Nadie, pues, afirmaría ante esta evidencia que la política represiva ha dado resultados. Los 5.000 millones de dólares que los Estados Unidos destinan al ano en su batalla contra las drogas han sido, entonces, echados en saco roto (34). Si la heroina se legalizara su precio bajaría, según señalan cálculos recientes, a un 1% del actual (35). El abismal descenso en el precio desalentaría su producción y comercialización.

Es que no existen recursos capaces de enfrentar el narcotráfico mediante la represión. El caso de Colombia es significativo y a la vez triste: entre 1989 y 1991 nuestro país recibió más de 300 millones de dólares para combatir el tráfico de cocaina (36). Pero los traficantes locales se llevaron al bolsillo, en ese mismo período, utilidades superiores a los 4.000 millnes de dólares (37). El desequilibrio es abismal y no se resolverá a través de mayor inversión. Reforzar las medidas policivas significa un aumento en el riesgo para la produción y comercialización, con lo cual suben los precios y, en consecuencia, las utilidades para los narcotraficantes. Sería, pues, un gasto inversamente proporcional a los efectos.

Existe, al parecer, una amplia confianza en la sustitución de cultivos o proyectos de desarrollo altrenativo. Todavía no tenemos resultados sobre su efectividad en Colombia, pero, recientemente, el Centro de Estudios Intenacionales de la Universidad de los Andes publicó un estudio según el cual una familia campesina peruana que dedicó su trabajo a tres cultivos alternativos - achiote, café y cacao -, se encontró el an o pasado con que los precios de estos productos bajaron, mientras el de la hoja de coca se quintuplicó. El ingreso familiar por hectárea, si hubiese cultivado hoja de coca, habría sido de 4.146 dólares. Mientras que, si esa familia hubiese dedicado la hectárea a sembrar el más rentable de los tres cultivos alternativos, sólo habría obtenido 315 dólares. Lo más dramático del ejemplo es que los ingresos por el cultivo de coca fueron estimados sobre un alza del 100% en sus costos de producción, aumento efectivamente registrado en el Perú (38).

No hay, pues, campesino andino dispuesto a perder cuando sabe dónde obtener cuantiosas ganancias. El dinero destinado a la erradicación del cultivo de drogas no parece surtir el efecto esperado. En Colombia, sin embargo, existen varios proyectos de sustitución de cultivos. Cada uno le cuesta al país y a las organizaciones internacionales aportantes cerca de 4 millones de dólares (39). Cuánto costaría redimir mediante proyectos de desarrollo alternativo todas las zonas dedicadas al cultivo de coca y amapola?

Un viento de cambio en la política frente a las drogas sopla desde los Estados Unidos. En Colombia seguimos de cerca la nueva estrategia del presidente Bill Clinton, que pretende dirigir sus planes hacia la demanda. Además de ser un reconocimiento al fracaso de las políticas adelantadas por administraciones anteriores, tampoco caben mayores esperanzas en la nueva visión del problema y, por lo mismo, no esperamos resultados halagadores. Mientras el consumo esté prohibido, el negocio se mantendrá intacto. El carácter ilegal de la droga, en todo caso, hace que el precio aumente. Y, en consecuencia, la oferta continuaría su camino imperturbable.

Se han condensado aquí múltiples argumentos que ponen en evidencia el fracaso de la legislación antinarcóticos. Son válidos. Son razonablemente poderosos. Con ellos debemos enfrentar la realidad. Pero debemos hacer, antes de finalizar este informe, una observación pertinente y oportuna, porque la lógica de la despenalización de la droga se confunde, en ocasiones, con la complicidad del vicio.

En manera alguna la adicción es un comportamiento individual o público aceptable. La droga es danina y causa trastornos en la salud muchas veces fatales. El hábito de las drogas requiere tratamiento médico, sicológico y social. Este debe ser un criterio preponderante en cualquier propuesta atinente a la materia, y su presencia, en una situación de despenalización, es insustituible.

Cierto es que el tema de la despenalización conduce a posturas vacilantes. Es, quizás, producto de la resistencia mayoritaria a abordar un tópico cuyo contenido, por su sensibilidad característica, provoca emociones desaforadas. Son ellas, justamente, las que han impedido observar, con franco realismo, un problema que, por sobre todo, demanda absoluta racionalidad.

A través de la encuesta (40) entregada por el Ministerio de Justicia se conoce que la opinión frente a la despenalización aparece dividida. Un 38% considera que ayudaría a controlar el problema, un 34% cree que no ayudaría en nada y el 26% restante opina que ayudaría poco. Quizás la misma encuesta, realizada hace una década, habría arrojado cifras que reflejaran mayor escepticismo sobre la despenalización. Los fracasos de la represión han llevado a más personas cada vez a pensar en la despenalización como una solución. Es cuestión de tiempo y conocimiento.

Mientras tanto, Colombia se ha convertido en un laboratorio experimental de la política internacional antinarcóticos, donde cada ano se arrojan a la basura 100.000 conejillos de Indias. Es un argumento que nos lleva a pensar en que el país debe asumir un liderazgo en el mundo para abuscar la despenalización y terminar, por fin, con el fenómeno del narcotráfico.

Porque lo que se pretende es que la droga cause el menor daño posible.

Sensación de frustración

El autor de estas líneas es profesor de siquiatría y de historia de la Medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale. Ha sido asistente especial del director del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos y director del Programa del Instituto Nacional de Humanidades en Yale.

Por David F. Musto

El aumento en la disponibilidad y popularidad de la cocaína por segunda vez en este siglo ha complicado aún más el control de drogas en Estados Unidos. El hecho de que primero millones de personas fuamran marihuana y luego millones más consumieran cocaína plantea interrogantes acerca de la capaciciad de los gobiernos locales y nacionales de controlar los estupefacientes. La corrupción que acompaña al narcótico y la limitación de recursos que podrían asignarse al control de drogas dejan una sensacion de frustración con respecto a las posibilidades reales de aplicar las leyes con todo rigor. En què terminará todo esto ? El futuro es bastante incierto. Parecemos estar atravesando una época de abundante consumo de drogas, por lo cual tal vez sería razonable revocar los estatutos antinarcóticos.

Necesidad de cambios racionales y humanos

El autor de estas lineas es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Americana, de los Estados Unidos, y director del Instituto sobre Drogas, Crimen y Justicia de la misma.

Por Arnold S. Trebach

El mundo está inmerso en una epidemia de drogas. Literalmente, millones de individuos ulilizan en forma regular heroina, opio, morfina, cocaína y marihuana, en flagrante desafío a la legislación nacional e internacional. Cientos de miles, quizás millones de personas, se encargan de abastecer dichas necesidades y deseos ilícitos. La respuesta de la mayoría de los dirigentes nacionales e internacionales ha sido un estricto respaldo al sistema vigente de abstinencia y prohibición, con frecuencia a través de la aplicación de severas medidas penales que implican largos peliodos de prisión e incluso la pena de muerte en por lo menos trece países. Como resultado de todo ello, los delitos relacionados con la droga, así como la corrupción oficial, se han incrementado donde quiera que la epidemia se propaga.

Las orgnizaciones internacionales Para el control de este flagelo tales como la Comisión de las Naciones Unidas sobre Drogas Antinárcoticos, apoyan sin restricciones el sistema vigente y las cada vez más severas leyes domèsticas que lo apuntalan. Sin embargo, se requiere establecer compromisos y ajustes para afrontar las nuovas realidades. No son estos planteamientos radicales, sino esencialmente conservadores. A menos que se efectúen con prontitud cambios racionales y humanos, la

estructura completa del control internacional de drogas amenaza con derrumbarse.

La penalización de la droga es un desastre

El autor de estas lineas es Premio Nobel de Economía e investigador del Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos.

Por Milton Friedman

Los argumentos para la legalización de las drogas son mucho más fuertes que los de la criminalidad. Ni los gobiernos ni nadie tiene el poder para detener el actual comercio y consumo de drogas. Son tan tremendas las cantidades que maneja el narcotráfico, que nadie tiene el poder para controlarlo. Con reglas claras y precisas sería conveniente legalizar el uso de estupefacientes.

El error es no reconocer que todas las medidas represivas son la fuente de los males que se deploran. Es claro que el problema es la demanda; pero no solo es la demanda, es la demanda que debe operar a través de canales ilegales. La ilegalidad crea ganancias escandalosas que financian las fatales tácticas de los capos de la droga; la ilegalidad lleva a la corrupción de las autoridades encargadas de proteger la ley; la ilegalidad monopoliza los esfuerzos de las fuerzas de la ley honrada, de tal manera que ellas pierden recursos para luchar contra delitos más simples como el roho y el asalto.

Las drogas son una tragedia para los adictos. Pero penalizar su uso convierte esa tragedia en un desastre para la sociedad, tanto para quienes la consumen como para quienes no lo hacen.

Si una pequeña fracción de dinero que ahora se invierte en reforzar la prohibición de la droga se usara en tratamientos y rehabilitaciones, dentro de una atmósfera de compasión mas no de castigo, la reducción en el uso de la droga y en el daño provocado a los adictos podría ser dramática.

Un asunto filosófico

El autor de estas lineas es el vicepresidente ejecutivo del instituto Cato de Washington D.C., en Estados Unidos.

Por David Boaz

Aunque creo que la salud y la seguridad son las consideraciones que deberían llevar a todo el mundo a apoyar la legalización de la droga, quiero enfatizar un asunto filosófico. La gente tiene derechos que los gobiernos no pueden violar. Thomas Jefferson los definió como los derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Yo diría que la gente tiene el derecho a vivir su vida en la forma que elija, mientras no viole los derechos de los demás. Qué derecho puede ser más básico, más inherente a la naturaleza humana, que el derecho a escoger las sustancias que uno introduce en su propio cuerpo?

La legalización no solucionaría todos los problemas de Norteamérica, pero ella volvería las ciudades más seguras, volvería el consumo de drogas más sano. eliminaría la mayor

fuente de ingresos del crimen organizado, reduciría la corrupción aquí y en el extranjero y haría el trabajo honesto más atractivo para la juventud citadina - resultados bastantes buenos para cualquier reforma.

Cuestión de derechos

El autor de estas lineas es profesor de siquiatría en el Centro de

Ciencias de la Salud en la Universidad del Estado de Nueva York,

Estados Unidos.

Por Thomas Szasz

Tarde o temprano tendremos que confrontar el dilema moral básico detrás del denominado problema de las drogas: Tiene una persona el derecho de ingerir una droga, cualquier droga, no porque la necesita para curar una enfermedad sino porque desea tomarla?

Es un hecho el que nosotros los norteamericanos tenemos el derecho de leer un libro - cualquier libro - no porque no estemos informados y queramos aprender de él, y no porque una autoridad educativa respaldada por el gobierno afirme que nos hará provecho, sino simplemente porque queremos leerlo y porque el gobierno - como servidor nuestro en vez de amo no - tiene derecho a inmiscuirse en nuestras lecturas privadas. Creo que también tenemos el derecho de comer, beber o inyectarnos una sustancia -cualquier sustancia -, no porque estemos enfermos y queramos que nos alivie, ni porque una autoridad médica respaldada por el gobierno asegure que será para bien nues+ro, sino simplemente porque deseamos hacerlo y porque el gobierno - como servidor nuestro en vez de amo - no tiene derecho a inmiscuirse en

nuestro consumo privado de alimentos y drogas.

Lamentablemente, nosotros los norteamericanos hemos decidido como

colectividad renunciar a nuestra libertad de determinar lo que debemos comer, beber o fumar. En esta área extensa y en constante crecimiento de nuestras vidas, hemos rechazado el principio que convierte al Estado en servidor nuestro, en lugar de ser nuestro amo. Esta proposición es lastimeramente obvia cuando los ciudadanos insisten en que requerimos protección del gobierno para salvarnos de los daños causados por drogas "peligrosas". La exigencia y la confianza que expresamos en esta protección gubernamental de lo que en realidad es la tentación de consumir drogas es, a mi juicio, sintomática del menosprecio que

sentimos por nosotros mismos, considerándonos niños incapaces de

autocontrol, y de nuestra glorificación colectiva del Estado como padre benevolente cuyo deber es controlar a sus súbditos infantiles.

Militarización de la sociedad

El autor de ests líneas es editorialista de la Oakland Tribune y ha sido editor de la revista Inquiry de los Estados Unidos.

Por Jonathan Marshall

Los enormes recursos gastados en el extranjero en programas de

erradicación y sustitución de cultivos apenas sí han tenido efecto en la producción mundial o en el consumo norteamericano. Un estudio realizado durante 18 meses por la Rand Corporation concluyó que "el punto fundamental es que el suministro de drogas no podrá eliminarse nunca".

Pero los ciudadanos y los responsables de la política nacional deben comenzar a ponderar costos menos obvios aunque no menos pequeños, atribuibles cuando menos en parte a la actual política internacional sobre las drogas. Tales costos van desde el desmantelamiento de las economías tradicionales hasta la corrupción de sociedades enteras en América Latina y Asia, donde las ganancias por drogas, artificialmente aumentadas por restricciones legales, han atraido a miembros del aparato político, judicial, policial y hasta eclesiástico.

En Colombia, así como en Perú, Bolivia, México, Tailandia y Birmania, el efecto de la represión contra la droga, la ayuda a la policía y programas similares han resultado en la militarización de la sociedad, lo cual impone una enorme presión sobre tambaleantes instituciones liberales y la distracción de recursos de otras actividades más productivas.

Un problema de imaginación

El autor de estas lineas es profesor de política y

administración pública en la Universidad de Princeton, Estados Unidos.

Por Ethan Nadelman

Las medidas aplicadas hasta ahora en los Estados Unidos no han tenido éxito. No han podido frenar el flujo de cocaína y heroína. Durante la última década, el precio al por mayor de un kilo de cocaína disminuyó en un 80% y el consumo se disparó. Gastamos cada año casi 20.000 millones de dólares en la aplicación de las leyes antidroga y una tercera parte de los presos en las cárceles norteamericanas lo son por problemas de droga. En 1980 no había en Estados Unidos ningún "hijo del crack" ni un solo enfermo de sida. Tenemos helicópteros, policías, un sistema informático muy sofisticado. La represión no funciona y cuando funciona ayuda simplemente a que los precios suban y todo siga igual.

Se desea acabar con el crimen organizado, pero con la prohibición de la droga se está promoviendo la mayor fuente de ingresos ilegales de toda la historia. Se estima que más de la mitad de todos los ingresos procedentes del crimen organizado derivan del tráfico ilegal de narcóticos. Si el comercio de marihuana, cocaína y heroína fueran legales, las administraciones federales y estatales recogerían miles de millones de dólares en tributos precisamente cuando es de todos sabido que los programas para la rehabilitación de drogadictos carecen de fondos y rechazan a miles de enfermos por eso.

El asunto está en que nuestras sociedades carecen de imaginaci6n y no se atreven a enfrentar directamente el problema.

Es bueno legalizar las drogas?

El siguiente es un informe de la revista inglesa The Economist, en

el que se estudian varias ventajas de la despenalización de las drogas, sobre un plano práctico y realista.

En 1883. Benjamin Ward Richardson. un distinguido médico británico denunció los peligros de tomar té. Dijo que causaba "un estado semi histérico extremadamente nervioso". En 1936, un artículo publicado en el American Joumal of Nursing, afirmaba que "un fumador de marihuana podrá atacar súbitamente con violencia homicida a la persona que esté más cerca de él". El té y la marihuana tienen tres cosas en común: alteran el ánimo de quienes los consumen, son considerados tolerablemente seguros y causan adicción.

Las actitudes frente a la adicción son complicadas y a menudo

contradictorias. El té y la marihuana son en sí mismos bastante inofensivos , pero el té es legal y la marihuana no lo es. El tabaco y la cocaína son nocivos pero, otra vez, el tabaco está permitido en casi todo el mundo, mientras que la mayoría de las personas que leen publicaciones intemacionales, como ésta, viven en países en donde el solo hecho de poseer cocaína puede llevar a una persona a la cárcel. Si sacamos la carta de las adicciones que no vienen en jeringas o cigarillos sino que están en los casinos y en los cartuchos de computador, tendremos un éxcelente campo de batalla para que se enfrenten libertarios y puritanos.

Esta batalla, siempre enérgica, es cada vez más apasionada. El 28 de abril, Bill Clinton nombró al ex policía Lee Brown como el nuevo "zar de las drogas" de Estados Unidos y, por lo tanto, líder del programa de prohibición más estricto del mundo. Diez días antes, los italianos habían votado en sentido opuesto: se mostraron a favor de la supresión de las medidas más severas de sus leyes contra la droga.

Esta audacia es rara. La actitud general de los electorados y gobiemos es deplorar los problemas que ocasiona el comercio de drogas ilegales, mirar con aversión todo el problema y permanecer en el statu quo, una política de prohibición radical. Pero los problemas no pueden ser ignorados. El delito al cual recurren algunos adictos para financiar sus hábitos, y en el cual incurren habitualmente los proveedores de droga ilegales, cobra su precio en vidas, no sólo en dinero. El comercio ilegal de drogas financia el crimen organizado en el mundo entero. Atrae a los drogadictos a un mundo de agujas mugrientas, dosis mortíferas y vendedores empeñados en venderles más dosis adictivas y peligrosas.

(...) Una razón más sólida para oponerse a la legalización es que ésta podría incrementar el consumo de drogas, así como la adicción, algo más importante que los posibles beneficios de la

legalización. Pero la legalización de las drogas no debería entenderse como una libertad ilimitada, sin restricciones para la oferta o el consumo de drogas. Bien diseñada, la legalización permitiría a los gobiernos controlar la distribución y la calidad de estas sustancias, control que actualmente ejercen los delincuentes. El control de calidad es decisivo, porque gran parte del daño causado por las drogas que se venden en las calles es causado por los productos adulterados, en la misma forma en que una bebida alcohólica destilada sin control puede ocasionar ceguera.

La oferta se regularía mediante un sistema de licencias oficiales

análogas a las que ya existen para el tabaco y el alcohol (y que servirían. entre otras cosas. para mantener las drogas alejadas de los niños), respaldadas por políticas estrictas y multas severas. El carácter adictivo de la droga en cuestión determinaría la dureza de, las medidas restrictivas: suaves para la marihuana, pero muy disuasivas para la heroína.

La legalización no eliminaría mágicamente la necesidad de una fuerza policiva, pero esta necesidad sería más manejable. Particularmente en el negocio de las drogas más suaves, donde los impuestos pueden ser menores y las restricciones menos onerosas, y en el cual deberían tener lugar los primeros intentos de medidas hacia la legalización, ésta socavaría la "prima de riesgo" que constituye la utilidad de los carteles de la droga. La imposición de gravámenes sobre esta industria, considerada la más grande del mundo que no paga impuestos, permitiría a los gobiernos invertir dinero en los programas de tratamiento y educación, una inversión mucho más benéfica que los miles de rnillones invertidos actualmente en los intentos por ahogar la oferta criminal de drogas de toda clase.

(...) En las encuestas de opinión. Ios estadounidenses por lo general afirman que la legalización no los convencería de probar drogas que no están tomando ahora. Es probable que tengan razón. si se considera que ya tienen acceso a muchas sustancias narcóticas, desde el alcohol y el tabaco hasta las píldoras para dietas.

Esto significa que los experimentos pueden realizarse sin riesgo. En Estados Unidos, los estados que legalizaron la marihuana durante los años sesenta no registraron ninguna divergencia en el consumo de la droga respecto a las cifras de los estados vecinos que continuaban prohibiendola. Los experimentos extensivos con la legalización en Holanda muestran que no sólo no se ha producido un incremento en el consumo (la legalización hubiera podido atraer a drogadictos de otros países), sino que los delitos relacionados con las drogas disminuyeron.

Los defensore del statu quo utilizan otro argumento más. Dicen que, aún si los gobiernos permitieran explorar la legalización, la resistencia del público condenaría la idea. Esto no sorprende,

dada la forma en que los gobiernos del mundo entero han martillado durante décadas el dogma de la prohibición. Una discusión más racional sería más eficaz para cambiar la opinión pública. Tan sólo unos años antes de que la prohibición del alcohol fuera suspendida en Estados Unidos en 1933, el sentimiento de la opinión pública estuvo dominado por las opiniones de los prohibicionistas.

Hay signos de que los instintos del público están cambiando. En los últimos meses, un número creciente de jueces y abogados federales ha expresedo su exasperación por el enfoque que ha dado Estados Unidos al problema de las drogas. Sus objeciones llevaron a los políticos en Washington a celebrar una reunión a comienzos de mayo para revisar sus políticas contra las drogas, que han sido un verdadero fracaso.

Janet Reno, la procuradora general, comenzó el día describiendo sus dudas acerca del enfoque actual en Estados Unidos. Y terminó,

significativamente. con un debate sobre los méritos de la legalización.

Ni el señor Brown ni la señora Reno, y ciertamente tampoco su jefe, el señor Clinton. han apoyado hasta ahora la legalización.

 
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