Nosotros, suscritos:

creemos que el derecho de cada ser humano a no ser ajusticiado debido a una sentencia o medida judicial, incluso si ha sido dictada conforme con la ley, deba prevalecer en el ámbito de cada legislación jurídica como nuevo, fundamental derecho de la persona.

Dirigimos a las Naciones Unidas el llamamiento para que actúe de inmediato, a través de la elaboración y promoción de textos y programas a nivel internacional, para que esta nueva conquista en el campo del Derecho y las leyes se convierta en realidad, a comienzos del nuevo milenio, por doquier en el mundo.

Pedimos que, en el caso de países que condenan a muerte y ajustician a menores de edad, mujeres embarazadas, retardados mentales y ancianos, se les soliciten de inmediato el compromiso a aceptar o respetar las excepciones previstas en estos casos por las convenciones internacionales, y que ya constituyen una costumbre internacional.

Pedimos que, en el caso de golpes de estado, el Consejo de Seguridad pueda intervenir para imponer una moratoria de las ejecuciones por un período de un año, obteniendo las máximas garantías procesales respecto de los acusados y exigiendo el respeto de los mismos so pena del no reconocimiento internacional y de la aplicación de sanciones.

Pedimos que a los Estados que mantienen la pena de muerte se les imponga una moratoria de las ejecuciones por tres años, para contar con el tiempo necesario para estatuir un nuevo derecho individual.

Pedimos que, en relación a las propuestas de un tribunal internacional competente para juzgar crímenes graves, se excluya en todo caso el empleo de la pena capital.

(promovido por el Partido Radical y la "Liga internacional en pro de la abolición de la pena de muerte dentro del año 2000" - Comité para la promoción y coordinación de las actividades)