"SEMANA", Informe Especial.

SUMARIO: El planeta en su totalidad gira alrededor de la droga. Miles de personas se dedican a la siembra, recolección, proceso, conversión, distribución, transporte, comercio. Otros miles se dedican a protegerles. Otros miles a venderles armas a los que protegen. Otros blanquean el dinero sucio, creando volúmenes de facturado equivalentes al de la industria petrolera, o las telecomunicaciones. A pesar de los más de 50 mil millones de dólares que se invierten anualmente en esta guerra y de la política represiva, la prohibición es un fracaso. La ilegalidad de la droga ha engendrado las organizaciones criminales más importantes que haya visto la historia. Su poder de corrupción es incalculable.

Lo que hace años era debate de libertarios extremistas, hoy es considerado por juristas, sociólogos, fuerzas del orden, profesores e ilustres economistas. "The Economist" le dedicó portada y editorial a la necesidad de legalizar la droga, "Cambio 16" y "Tiempo", en "España"; y Académicos como Friedman y Galbraith. Coartar una libertad individual sólo se justifica si ello beneficia claramente a la sociedad, cosa que no sucede con la prohibición de la droga.

La descriminalización de las drogas desarticularía el negocio más lucrativo que existe. Además, al descender el precio de la droga, sus consumidores no se verían obligados a robar o a convertirse en dealers para conseguirse su dosis. Los gobiernos no se atreven a abogar por la despenalización por acarrear grandes costos de popularidad. No tiene sentido legalizar el consumo sólamente si se mantienen las prohibiciones de producir, traficar y distribuir. Hay que legalizar integralmente o bien prohibir totalmente.

("SEMANA" - INFORME ESPECIAL - junio 22, 1993)

En una calle de medellin, una pareja de sicarios asesina a un funcionario judicial que acaba de dictar un auto de detención contra un importante jefe del cartel de la droga. En Nueva York, en el corazón del centro financiero mundial en Wall Street, un vendedor minorista surte a un joven ejecutivo de su dosis semanal de cocaína.

Mientras tanto, en el puerto de Hamburgo, un contenedor que oculta varias toneladas de cocaína de altísima pureza, es descargado para satisfacer la demanda de millones de consumidores en Europa. Al otro lado del mundo, en un parque de una ciudad holandesa, una ambulancia recoge a un adicto víctima de una sobredosis de heroína. Esto sin mencionar la posible caída de un miembro de la junta directiva del Banco de la República en Colombia, por ser descubierto con una dosis personal de marihuana, y el escándalo generado porque un conocido columnista reconoce públicamente que ha consumido marihuana y cocaína.

Por doquier en Colombia y en el planeta, todo parece girar alrededor de la droga, mientras florecen los distintos eslabones de un mismo negocio: la producción, el tráfico, el consumo y el lavado de utilidades de las drogas ilegales. Millones de habitantes del planeta tienen que ver con el asunto. Unos porque consumen. Otros porque siembran y recolectan los productos de base. Otros porque los procesan y convierten. Otros más porque los transportan. Otros tantos porque los comercializan y distribuyen. Otros porque integran verdaderos ejércitos que protegen todas y cada una de estas actividades. Otros porque les venden armas. Y finalmente, otros porque se dedican a reciclar y legalizar las utilidades de esta industria cuyas ventas en el planeta alcanzan en los cálculos más moderados, los 500 mil millones de dólares al año, lo que le da a esta actividad una dimensión comparable solo con la venta de armas, la industria petrolera y el sector boom del fin de siglo, el de las telecomunicaciones.

Si se aceptan los tímidos índices de las encuestas realizadas en cerca de un centenar de países del mundo y según los cuales alrededor de un cuatro por ciento de los jóvenes y adultos del planeta consume, con mayor o menor frecuencia, marihuana, hachís, cocaína, heroína, crack, basuco, y muchas otras sustancias, se puede decir entonces que alrededor de 180 millones de seres humanos constituyen el mercado nada despreciable de esos productos. No se sabe, ni siquiera aproximadamente, cuántos hombres y mujeres siembran, procesan, trafican, distribuyen, reciclan y lavan las utilidades, venden o asesinan en el marco de este negocio. Pero es difícil pensar que equivalgan a menos del uno por ciento de los consumidores o sea cerca de unos dos millones de personas.

Esta cifra puede quedarse muy corta si se tiene en cuenta que en la sola fase de siembra de coca, los campesinos bolivianos y peruanos comprometidos se cuentan en cientos de miles. Pero aun si se acepta ese tímido estimativo del habitantes de la Tierra metidos de una u otra manera en el negocio, la cifra es aterradora, pues - para hacer solo una comparación - es muy cercana al total de uniformados que integran las tropas de la Otan en Europa.

EL FRACASO DE LA PROHIBICION

A pesar de los más de 50 mil millones de dólares que según las Naciones Unidas se invierten anualmente, de manera directa o indirecta, en esta guerra, ni siquiera los años considerados como espectaculares en materia de decomisos han tenido implicaciones significativas en la reducción del negocio. Un año estrella, como 1991, durante el cual Colombia incautó más de 70 toneladas de cocaína lista para ser exportada, y en el resto del mundo se incautaron otras 30 toneladas, con lo cual se suponía que más de una cuarta parte de la producción mundial había sido decomisada, no trajo como consecuencia la quiebra de ningún cartel, ni el resquebrajamiento del negocio.

"La consecuencia - le dijo a SEMANA un funcionario colombiano que analizó en detalle lo sucedido en el 91 - fue que la cocaína distribuida en los países consumidores perdió calidad porque fue necesario rendirla más con el fin de satisfacer la demanda, que se mantuvo intacta. Además, en los períodos de mayor incautación, los precios suben, lo cual deja intactas o incluso aumenta las utilidades de los traficantes, del mismo modo que en los años 70, una helada en el Brasil disparaba los precios del café".

La realidad es que, en términos del objetivo final, la política represiva contra la droga ha sido un fracaso, tal y como lo han planteado ya congresistas colombianos como María Isabel Mejía. Cada vez se produce más y cada vez se consume más. Los períodos de gran incautación aumentan los precios solo por un breve lapso. A pesar o quizá gracias a todos los obstáculos que tratan de ponerle las autoridades, el comercio de droga es un ejemplo de competencia sin restricciones, donde, como lo evidencian las cifras de los múltiples organismos internacionales que investigan la materia, la eficiencia baja los precios y aumenta el consumo. Desde principios de la década de los 80, el consumo de cocaína en el mundo se ha multiplicado por 12. La producción del alcaloide se ha masificado, su transporte y distribución se han sofisticado, la cocaína ha invadido las calles de las principales ciudades del mundo y, en algo más de 10 años, según las Naciones Unidas, el precio del alcaloide se ha reducido en una proporción d

e ocho a uno en valores al por mayor.

"Los golpes más espectaculares contra la estructura del tráfico de drogas no han logrado alterar en más de cuatro por ciento el tamaño y los valores del mercado de la droga, y su incidencia en la disponibilidad ha sido marginal. Sólo uno de cada 80 cargamentos que entran a los Estados Unidos es detectado por las autoridades, y el efecto de la política represiva ha sido, paradójicamente, el perfeccionamiento de las técnicas de producción, transporte y distribución de la droga", le dijo a SEMANA el ex secretario general del Ministerio de Justicia, Carlos Enrique Cavelier, quien integró hace pocos meses un equipo de trabajo presidido por el profesor Mark Kleiman, de la universidad de Harvard, para investigar el asunto.

Paralelamente, la ilegalidad del cultivo, el procesamiento, el transporte, la distribución y el consumo han engendrado las organizaciones criminales más importantes que haya visto la historia. La camorra italiana, la yakusa japonesa, las mafias de Kun Sha y las organizaciones narcoterroristas colombianas, entre otras, bailan la danza de los millones con la producción y distribución del producto más rentable que haya conocido el mercado. Su poder de corrupción ha puesto en jaque a los gobiernos, ha comprado a los organismos de seguridad, a los funcionarios de aduanas y a los jueces de muchos países. Su violencia ha intimidado a los políticos, a los policías, ha asesinado a miles de inocentes en el mundo entero. En Colombia, donde han caído la mayoría de estas víctimas, el fenómeno se ha traducido en innovaciones terroríficas como la voladura de aviones y los carros bomba en atestados sectores comerciales de las ciudades, actos que en el pasado solo eran asociados con manifestaciones de fanatismo religios

o.

Más de la tercera parte de los crímenes cometidos en el mundo se relacionan con las drogas prohibidas, y entre una tercera parte y la mitad de los presos en los Estados Unidos están encarcelados por delitos que se relacionan con ella.

En conclusión, después de más de dos décadas de ofensiva mundial antidrogas, la demanda no ha parado de crecer, pues si bien la cifra de consumidores en Estados Unidos parece haberse estancado, los efectos de ello se han visto anulados por la creación en Europa y en Asia oriental de mercados tan grandes o incluso mayores al norteamericano. Pasadas esas dos décadas, es imperioso hacer un balance. La prohibición del alcohol, el único antecedente histórico comparable, duró apenas 13 años, al final de los cuales la proliferación de Al Capones y el saldo de violencia convenció a todo el mundo de que había llegado el momento de rectificar.

CUESTION DE DERECHOS

El fracaso de las políticas represivas contra la producción, el tráfico y el consumo de estupefacientes ha hecho que lo que hace unos años era un incipiente debate de libertarios extremistas, hoy sea considerado seriamente por juristas, sociólogos, fuerzas del orden, profesores e ilustres economistas. Hoy en día en los países industrializados, la propuesta liberacionista está sobre el tapete. Hace apenas dos semanas, The Economist, la publicación más respetada de Occidente, le dio portada y editorial no a la necesidad de abrir el debate, sino de legalizar la droga. Lo mismo ha sucedido en España con las revistas Cambio 16 y Tiempo. En las principales universidades del mundo, académicos de la talla de Milton Friedman y John K.Galbraith también se han alineado del lado liberacionista.

La legalización de la droga, con todas sus variantes cobra cada vez más actualidad ante la evidencia de que la política de interdicción puede estar resultando más perjudicial que el mal mismo. La discusión puede darse en varios niveles, empezando por el de si la prohibición atenta o no contra derechos individuales.

El miedo a conceder libertades ha sido una constante en la historia de la humanidad. Muchos de los derechos que noy son considerados esenciales han sido, en algún momento de la historia o en ciertas civilizaciones, reprimidos por estados temerosos de que las personas no posean el criterio suficiente para administrar sus vidas, y afecten con ello a toda la comunidad. Pero los que abundan son los ejemplos historicos en los cuales se demuestra que la concesión de libertades no necesariamente desemboca en excesos. En el caso del consumo de alcohol, la historia revela que los años que siguieron al levantamiento de la prohibición en los Estados Unidos no se caracterizaron, como se temía en la época, por un aumento dramático en el consumo de bebidas alcohólicas.

Otro argumento en favor de la interdicción ha sido que el problema no es tanto la libertad de una persona de hacerse daño a sí misma, sino las repercusiones que esa actitud tenga para sus semejantes, que pueden ser agredidos por el consumidor drogado. El problema es que este argumento prohibicionista no sería aplicable solo a las drogas ilícitas, sino también al alcohol y a la venta de armas de fuego, ambos legalmente permitidos, con más o menos controles según el país, y ambos capaces de producir tantas o más muertes que los drogadictos.

Un caso bien interesante es el del cigarrillo, que contiene una sustancia altamente adictiva - la nicotina - y sin embargo se produce y consume legalmente. Recientes encuestas realizadas en los Estados Unidos demuestran que por lo menos el 70 por ciento de la población se resiste totalmente a las tentaciones del cigarrillo, y que sólo el 15 por ciento puede ser considerado adicto. A pesar de su condición de producto adictivo legal, sostenidas campañas educativas contra el vicio de fumar ha contribuido a que la cifra de adictos comience a bajar, algo que para nada se ha logrado con otras sustancias como la marihuana o la cocaína, con la diferencia, en favor de la legalización, de que aunque son muchos los norteamericanos que mueren anualmente como consecuencia de su adicción al cigarrillo, el hecho de que este producto sea legal ha impedido que su comercio vaya acompañado de la creación de mafias, y de la secuela de terror y muerte que las acompaña.

Las cifras de las encuestas sobre el consumo de cigarrillo demuestran que más de dos terceras partes de norteamericanos no sucumben a la simple disponibilidad de una sustancia sicotrópica como la nicotina. Eso puede deberse simplemente a que no la necesitan, pero también a que al no estar prohibida no ofrece, en especial para los jóvenes siempre ávidos de aventuras, el atractivo de desafiar a las autoridades y violar una norma.

En resumen, lo que dicen los liberacionistas es que coartar una libertad individual sólo se justifica si esto beneficia claramente a la sociedad. Pero si por cuenta de la prohibición, al consumo se le aumentan la violencia y los muertos, entonces la prohibición no pasa de ser un contrasentido.

Sin embargo, aunque el argumento de la libertad individual de escoger es válido en el caso de los adultos competentes, las cifras demuestran que no es ésta la franja de la población que más afectada se ve por las drogas, ni se trata de la que más protección necesita. De hecho, los estudios demuestran que la mayoría de quienes abusan de las drogas son, en realidad, menores de edad y miembros de la franja más pobre y menos instruida de la población urbana. Pero aún así, el hecho de que la política prohibicionista no esté dando resultados, obliga a ir más lejos en el análisis.

LA RELACION COSTO-BENEFICIO

Si bien es cierto que una acción del Estado es necesaria y legítima tanto para proteger a los más débiles como para asegurar la salud y la seguridad de los ciudadanos, y que, desde ese punto de vista, el mecanismo más idóneo para hacerlo parecería la prohibición de las drogas, lo cierto es que, paradójicamente, la relación costo-beneficio de ese tipo de políticas ha demostrado lo contrario. Los efectos de la prohibición de las drogas han sido devastadores y aunque sus partidarios tengan a su favor principios morales de intransigencia frente al mal, el hecho es que la políticas no son válidas sino cuando son efectivas.

Si de lo que se trata, más que de defender principios teóricos, es de mitigar los efectos de las drogas en la salud de los individuos y de la sociedad en su conjunto, entonces la buena política es aquella capaz de minimizar el daño.

Muchos de los detractores de la legalización sostienen que una política de liberalización acarrearía una mayor disponibilidad y una baja en los precios, lo cual desembocaría en un mayor consumo. A juzgar por cómo funcionan las leyes del mercado, se trata casi de una certeza. También es factible, aunque se trata de una teoría muy controvertida, que tras la despenalización, algunos consumidores opten por probar drogas más duras. Pero aún si se acepta que la legalización podría aumentar el consumo y llevar a los consumidores a sustancias más adictivas y dañinas, estos efectos jamás se compararían con el inmenso beneficio de desarticular el poderoso negocio de las mafias, que es poderoso precisamente porque es ilegal y para imponerse requiere de gigantescas utilidades y miles de armas mortales.

La descriminalización de la drogas desarticularía el negocio más lucrativo que existe, y que hoy está en manos de grupos que operan por fuera del marco legal. Acabaría con la violencia entre estos grupos y el Estado, con aquella que existe entre los grupos entre sí, y con el inconmesurable poder de corrupción que hoy en día ejercen sobre las autoridades. Lejos de generar gastos al Estado, la legalización podría significarle considerables ingresos por cuenta de impuestos similares a los que se aplican al alcohol y al cigarrillo. Estos ingresos, a su vez, podrían ser invertidos en campañas de información y políticas de prevención para evitar que el consumo crezca.

Del mismo modo, al quedar en manos del Estado o de concesionarios de éste, los usuarios de estupefacientes dejarían de estar a merced de los dealers y del mercado negro que no garantiza la calidad. La droga que se encuentra hoy por hoy en las calles es casi tan dañina para la salud por cuenta de las sustancias que le mezclan para rendirla, que por sus cualidades estupefacientes. La criminalidad que surge de los elevados precios de la droga se reduciría sutancialmente: los usuarios no se verían abocados a robar, o incluso a convertirse ellos mismos en dealers para conseguir sus dosis. El Estado podría ejercer un control sobre el uso y el abuso de las drogas, y tendría acceso directo a quienes necesiten tratamientos contra la adicción.

Y ENTONCES, POR QUE NO?

Pero si todo lo anterior es así de claro, tan claro que cada vez que un académico le mete diente al asunto termina por concluir que la legalizacón vale la pena, por qué los dirigentes se resisten a ello? Por qué las encuestas demuestran que incluso la gente se opone? Por qué hablar de legalización sigue siendo, para muchos, una herejía?

La respuesta, como siempre que se habla de un problema con tantas implicaciones sociales, morales y económicas, está en la política. A excepción de las iniciativas de países como Holanda, que ha desarrollado un amplio experimento de legalización del consumo, y Bolivia, cuyo presidente Jaime Paz ha salido a decirle al mundo que la hoja de coca puede tener usos benéficos, ningún gobierno del mundo parece dispuesto a encabezar una cruzada liberacionista.

Curiosamente, el país que mayor autoridad podría tener para hacerlo es Colombia. Ninguno ha puesto más muertos en esta lucha, ninguno ha gastado en ella una proporción mayor de su presupuesto, ninguno ha estado más cerca de desaparecer como nación por cuenta de las mafias originadas en la prohibición. Pero aún así, si a un mandatario colombiano le diera por salir al mundo a proponer la legalización, es muy probable que más que aplausos recibiera críticas, y que de avanzar en la decisión de legalizar, el país se convertiría en un paria aislado y odiado como sucede, por otras razones, con países como Libia e Irak. Paradójicamente, la condición de principal víctima del narcotráfico en el mundo esun arma de doble filo. Aunque en teoría da autoridad moral, en la práctica hace imposible plantear la legalización por parecer la solución de un solo lado del problema.

Para la mayoría de los mandatarios del planeta, hablar de legalización tiene grandes costos de popularidad interna. Para los dirigentes norteamericanos, por ejemplo, ahora que se acabó el coco del comunismo, podría ser muy riesgoso acabar - via legalización - con el coco de las drogas. Al fin y al cabo el elector medio de los Estados Unidos es un hombre que se moviliza políticamente en buena medida por cuenta de sus miedos más que de sus esperanzas.

En general, los países desarrollados están dispuestos a ir solo hasta la despenalización del consumo, pero jamás a legalizar el narcotráfico como tal. Como lo dice el candidato conservador Juan Diego Jaramillo, "lo que se ha propuesto es despenalizar el consumo en el exterior para poder registrar y controlar a los drogadictos, como si hizo con la morfina a principios de siglo".

Algunos dirigentes colombianos creen, equivocadamente, que la fórmula de la despenalización del consumo sería un primer paso en la dirección correcta. No se dan cuenta que ese sería el peor de los mundos posibles. Si lo que Colombia ha venido sosteniendo con relativo éxito en los foros internacionales, es que el origen de toda la tragedia del narcotráfico está en la demanda, en el consumo, no tiene ningún sentido darle permiso a los consumidores de consumir, mientras se mantienen las prohibiciones de producir, traficar y distribuir. Si el consumo se despenaliza y se sostiene la interdicción para la producción y el comercio, eso quiere decir que la guerra contra las drogas se concentraría aún más en los países productores como Colombia y dejaría de darse a nivel de los consumidores.

Por ello, lo que corresponde es hablar de una legalización integral, o si no, de mantener la prohibición total. Y a juzgar por lo que piensan los candidatos que hace pocas semanas iniciaron la campaña presidencial en Colombia y por lo que dicen las encuestas nacionales de opinión, ninguno de los aspirantes planteará la posibilidad de legalizar las drogas como mecanismo para solucionar el problema. Incluso Ernesto Samper, quien a fines de la década de los 70 fue el primer colombiano importante en plantear la necesidad de legalizar la marihuana, hoy es claro opositor de cualquier legalización. La posición de Samper, y la de los demás candidatos, no deja de contener un elemento oportunista, resultado de que un país ensagrentado por los narcos se radicaliza moralmente, lo cual puede ser muy comprensible, pero en nada contribuye a la solución del problema.

Qué queda entonces? Quizás el camino por recorrer sea por ahora el que plantea el Fiscal Gustavo de Greiff: promover estudios y debates a nivel cientifico y académico, con la esperanza de que algún día el mundo comience a comprender que la guerra se ha perdido y que lo que queda es librarla de manera distinta, con una mezcla de prevención, educación y legalización. Y mientras esto sucede, habrá que resignarse a que siga el río de sangre y el peligro permanente de desestabilización en el único país que le ha puesto el pecho a un problema que, tratado de otro manera, posiblemente podría traerle más beneficios que desastres.