SUMARIO: El autor aprecia la iniciativa del Pr para la inmediata entrada en funciones del tribunal internacional contra los crímenes cometidos en la Antigua Yugoslavia en particular en el momento en el que el Consejo de seguridad de las Naciones Unidas ha adoptado la grave decisión de excluir la candidatura de Cherif Bassiouni para la función de fiscal del tribunal. Bassiouni había trabajado desde hacía más de un año en la recopilación de una documentación imponente sobre los crímenes cometidos en la Antigua Yugoslavia. El autor sospecha que precisamente este trabajo ha preocupado a los ingleses que se han opuesto a su candidatura: temen que el hecho de que la actividad pueda empezar a tiempo interfiera con la labor de lord David Owen para una solución pacífica del conflicto. Por consiguiente, esta decisión comporta que el fiscal sea nombrado por el Consejo de seguridad, lo cual llevará por lo menos 6-8 meses para conocer la realidad a partir de la cual actuar y mientras tanto se gastarán cientos de millones

de dólares en vano.

(IL GIORNALE, 27 de septiembre de 1993)

El partido radical ha promovido una movilización nacional e internacional para que entre en funciones lo antes posible el Tribunal internacional contra los crímenes cometidos en los territorios de la Antigua Yugoslavia, tribunal cuya creación ha sido deliberada con la resolución nº 827 del 25 de mayo de 1993 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Desde hace muchos años, el partido radical está luchando, sobre todo gracias a la pasión de su presidenta, la diputada Emma Bonino, tanto para crear este tribunal especial como para instituir un tribunal permanente que juzgue los crímenes internacionales. Personalidades del mundo de la cultura, de la política, de la información, entre los que destacan el director de "Il Giornale", Indro Montanelli, se han sumado al llamamiento del partido radical que en este momento viene como anillo al dedo debido a los muchos obstáculos que tienen que ser superados antes de que el Tribunal para los crímenes cometidos en la Antigua Yugoslavia pueda entrar en funciones.

Las próximas dos etapas de esta cuestión son el nombramiento de los 11 jueces que constituirán el colegio del Tribunal y la el fiscal.

Por lo que se refiere a los jueces, el Consejo de seguridad de la Onu ha seleccionado a 23 candidatos de los indicados por los países miembros de la Organización. La Asamblea general ha votado escogiendo entre ellos. Por el momento sólo 7 candidatos de 11 han obtenido el quórum necesario de 98 votos (la mayoría absoluta de los países miembros): de entre ellos, el italiano Antonio Cassese, profesor de derecho internacional, tercero por votos de entre los electos. El hecho de que dos candidatos musulmanes, un turco y un paquistaní no hayan obtenido el quórum es fuente de tensión en el seno de la Asamblea pues se afirma que los países occidentales no les han dado su voto. El hecho de que entre las dos mujeres candidatas haya salido votada sólo la estadounidense y no la costarriqueña ha generado todo tipo de reacciones.

Pero si a lo largo de esta semana tuviesen que salir elegidos, superados los contrastes en el seno de la Asamblea general, los 4 jueces que faltan, no parece próxima la elección por parte del Consejo de seguridad del fiscal. En un primer momento, el Secretario general Boutros Ghali había propuesto una serie de candidatos: un inglés, un keniota y un estadounidense; posteriormente quedaron en pie el inglés George Lowe y el estadounidense de origen egipcio Cheriff Bassiouni, sobre el que se había mostrado favorable al final el secretario general. El Consejo de seguridad ha sido convencido, con motivo se dice de una acción diplomática de la delegación inglesa, a retirar todas estas candidaturas y a tomar en consideración otros dos candidatos (uno argentino y otro asiático).

La exclusión de Bassiouni cabe considerarla particularmente grave pues él mismo había sido elegido en octubre de 1992 precisamente por Boutros Ghali por ser uno de los cinco miembros llamados a formar parte de la Comisión de expertos, encargados de indagar sobre las violaciones del derecho humanitario en la Antigua Yugoslavia, instituida conforme a la resolución 780 de 1992 del Consejo de seguridad, cobrando la función posteriormente de ponente especial sobre la recopilación y el análisis de datos.

A mediados de mayo de 1993 Bassiouni, con la ayuda de distintas fundaciones y estructuras universitarias estadounidenses y de otros países, ya había registrado más de dieciséis mil páginas de informes, reseñas y otro tipo de material, con gran número de testimonio grabados en un banco de datos computerizado, relacionados con violaciones, asesinatos, matanzas, torturas, deportaciones forzadas, secuestro de niños, emigraciones forzadas etc.

La comisión de expertos nombrada por Boutros Ghali al transmitir al Consejo de seguridad el informe sobre el material recopilado, ha expresado su plena satisfacción por el trabajo llevado a cabo por Bassiouni, mientras que el secretario general de la Onu ha invitado a la comisión a seguir su trabajo. Tal vez ha sido este enorme material lo que ha preocupado a los ingleses, con el temor de que el inicio de las actividades del tribunal a tiempo acabase por entorpecer la labor de lord David Owen en pro de una solución pacífica del conflicto que se está produciendo en los territorios de la Antigua Yugoslavia.

La consecuencia es que el fiscal será nombrado por el Consejo de seguridad tendrá que emplear por lo menos 6-8 meses para conocer la realidad sobre la que actuar. Mientras tanto se gastarán, según los cálculos de los expertos, algunas decenas de millones de dólares en vano. La iniciativa de movilización nacional e internacional promovida por el partido radical con el consenso de organizaciones no gubernamentales de muchos países, por lo tanto, no sólo es conveniente sino que cae como anillo al dedo.