Marco De AndreisSUMARIO: Parece haberse desvanecido, en Occidente, la pesadilla de la pérdida de la soberanía nacional a través de la invasión armada. Por lo tanto, no parece seguir teniendo sentido "que existan fuerzas armadas nacionales".
La otra función que requiere intervenciones militares - el peace keeping - puede ser llevada a cabo por "un ejército supranacional, de la ONU". El despilfarro debido al mantenimiento de ejércitos nacionales es enorme. Pero también tras la Guerra del Golfo, y tras la retórica sobre el "Nuevo orden Mundial", todos han vuelto a caer en el error de considerar el uso de la fuerza como el "medio principal" para resolver las controversias. Es un concepto inútil y obsoleto en pleno umbral del año 2000. La paz sólo se podrá garantizar con la consolidación de la primacía del "derecho". Y ello hará que sea "efectivo" y no utópico el "antimilitarismo radical", su "no violencia".
(1994 - IL QUOTIDIANO RADICALE, 9 de noviembre de 1993)
Existe un consenso general actualmente, en Occidente, con respecto al hecho de que las únicas funciones legítimamente atribuibles a la fuerza militar son la defensa del territorio nacional y la participación en fuerzas multinacionales ONU para la aplicación de sanciones y para el mantenimiento de la paz (peacekeeping). Sin embargo, una definición semejante conduce a preguntarse: " Quién y qué es lo que amenaza la integridad de los países occidentales en la actualidad?". La respuesta es: "Nadie".
La disolución del Pacto de Varsovia y de la mismísima Unión Soviética han hecho desaparecer en el Norte del mundo, probablemente para siempre, la vieja pesadilla de la pérdida de la soberanía nacional a través de la invasión armada. Si eso es cierto, si ya no existe un territorio nacional por defender, entonces ya no tiene sentido que existan fuerzas armadas nacionales. De hecho, la otra legítima función de la fuerza militar - la aplicación de sanciones por cuenta y bajo mandato de las Naciones Unidas o el peacekeeping - puede ser desempeñada, y mejor, por un ejército supranacional, por un ejército de la ONU. El despilfarro fruto del mantenimiento de fuerzas armadas nacionales es enorme. Los países de la OTAN se gastan casi el 4% de su Producto Nacional Bruto, el equivalente a 500 mil millones de dólares al año, para tener en pie su máquina militar. Sin salir de la Alianza Atlántica, más de cuatro millones de personas visten de uniforme mientras que otras tantas se encargan de producir bienes y servicios, ar
mas inclusive, necesarios para abastecer los ejércitos. Con menos de una décima parte, tanto por lo que se refiere al personal como por lo que se refiere al gasto, se podría dotar a la ONU de un ejército capaz de imponer, en donde fuese menester u oportuno, el respeto del derecho, quedando bien claro el principio de que el uso de la fuerza debe ser el último de los instrumentos extremos a disposición de la comunidad internacional. Tras toda la retórica sobre el Nuevo Orden Mundial con motivo de la guerra del Golfo en 1991, es desolador comprobar de qué manera se está volviendo rápidamente a viejas praxis y política. De nuevo, los mayores actores internacionales parecen proclives a repetir el error de considerar la fuerza como el medio principal para resolver las controversias internacionales. Tal y como estamos viendo en estos últimos días en Somalia, no es así, los problemas son más complejos, incluso a nivel teórico y del derecho. En pleno umbral del año 2000, podrá garantizar una paz justa y duradera sólo
la afirmación de una primacía del derecho basado en la convicción y el consenso más que en la coacción. Un derecho consolidado de esta manera, a nivel planetario, por una ONU reformada y más democrática, hará que sea efectivo - y no utópico - el antimilitarismo "radical", y finalmente factible la praxis no violenta, con su atención a la corrección de la información y la lucha contra el subdesarrollo.