No existe en el mundo ninguna jurisprudencia sobre el SIDA. Diez puntos contra las discriminaciones y a favor de una prevención bien hecha. La propuesta de los radicales para vincular a los países miembros a las recomendaciones de la OMS.

SUMARIO: "La respuesta global a la pandemia del SIDA sigue siendo poco adecuada y poco realista". "La primera y más urgente respuesta es una acción continua sobre la reducción del daño", un punto de partida al que deben seguir varias acciones que "rechacen toda forma de discriminación". Se proporciona el "decálogo mínimo" de las medidas a adoptar. Pero, a parte de la vigilancia, es necesario crear un verdadero "cuadro de referencia jurídica", es decir una "jurisprudencia internacional sobre el SIDA", entre otras cosas con la aplicación de la Convención de los Derechos de la Infancia o bien otorgando a la OMS de un "mandato especial" para que pasen a ser vinculantes sus "recomendaciones".

(1994 - IL QUOTIDIANO RADICALE - 8 de diciembre de 1993)

La respuesta global a la pandemia del SIDA sigue siendo inadecuada y poco realista. Además, tratar de forma pragmática el fenómeno, en un periodo en el que las instituciones y los medios de comunicación le prestan mucha menos atención, puede parecerle a la mayoría una actitud contra corriente. Considerando esta negligencia general así como irracionalidad, no es sorprendente que exista controversia con respecto a las intervenciones y a la estrategia de prevención a seguir.

Cómo salir del círculo vicioso? La primera y más urgente respuesta es una acción continua sobre la reducción del daño. Es decir, una jeringuilla limpia a cambio de una sucia, metadona en vez de heroína de la calle, sexo seguro en vez de abstinencia.

Este es el punto de partida para posteriores acciones. En primer lugar la protección de seropositivos con SIDA de diagnóstico certero en defensa de sus derechos humanos y el rechazo de toda forma de discriminación. De hecho, no se pueden tolerar los mecanismos de clasificación y de segregación, ni tampoco las medidas coactivas.

Junto a la defensa en primer lugar de los enfermos de SIDA, es necesario presionar a los Estados para que mejoren la calidad de la información y para que apliquen una política eficaz de prevención y de control y vigilancia de las medidas adoptadas y sus consecuencias.

El decálogo mínimo para las autoridades debería prever:

1. el acceso para los enfermos a los fármacos actualmente en vigor a precios asequibles;

2. la promoción y distribución a las poblaciones de los preservativos, considerados hasta ahora el medio menos peligroso posible;

3. una información y una educación serias en los colegios y en los medios de comunicación;

4. reservas seguras de sangre limpia en los hospitales;

5. aplicación de programas de intercambio de jeringuillas para los toxicómanos consumidores por vía intravenosa;

6. la garantía del derecho a la salud y a la información;

7. la mejora del estatus de las mujeres, sobre todo en aquellos lugares del mundo en donde las mujeres no pueden protegerse de la infección en virtud de un mero acto de voluntad, al no poder controlar ni negociar un sexo seguro, inclusive la utilización del preservativo;

8. la reducción del desequilibrio en las inversiones que acaban por fomentar la emigración masiva y atesorar la experiencia occidental.

Pero la iniciativa política no debe limitarse a la vigilancia ni a la acción cuotidiana de las autoridades. Es necesario, paralelamente, que se defina finalmente un cuadro de referencia jurídica. Tal y como están las cosas, de hecho, no existe una jurisprudencia internacional en materia de SIDA, lo cual demuestra cuántas energías han sido malgastadas para sin proporcionar una solución global a la cuestión.

Sin embargo, se puede hacer algo concretamente solicitando, por ejemplo, que se aplique y se respete la Convención sobre los Derechos de la Infancia y la eliminación de toda forma de discriminación con respecto a las mujeres. Cabe ejercer presión para que se apruebe una enmienda a la Convención de la Onu contra el tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotropas (1988), que tiene por objeto introducir el vínculo con el SIDA y el concepto de reducción del daño sanitario y social. Por último, preparamos la campaña para otorgar a la Organización Mundial de la Sanidad un mandato especial para que sus recomendaciones sean rígidamente vinculantes para los países miembros.