Emma Bonino, Presidenta del Partido radical, miembro del parlamento italiano.

Hay muchas y excelentes razones para poner en duda que la prohibición sea la mejor estrategia para luchar contra los estragos del consumo de drogas. En primer lugar, hay varias sustancias ilegales tales como el hachís o la marihuana que acarrean un daño relativo, y no crean ni adicción ni daños psíquicos. Por otra parte, tienen muchos efectos terapéuticos. En segundo lugar, es precisamente el régimen de ilegalidad y la consiguiente falta de control de la calidad e higiene de los productos, más que las sustancias en sí, lo que causa el daño peor, como por ejemplo en el caso de la heroína y el crack. En tercer lugar, la prohibición pone en entredicho cuando no impide toda estrategia de reducción del daño que incluye información para los consumidores, información que desanime a abusar de dicha sustancia y por lo tanto la adicción que acarrea.

Los partidarios de la prohibición por lo general suelen atacar dichos argumentos aseverando que la legalización conduciría a un aumento del consumo de droga. Sin embargo, en caso de que así fuese, la cuestión es si se podría contener de manera que compensase al producirse una clara reducción de la criminalidad (de corto y largo alcance) y la reducción del daño directo que sufre la población consumidora de drogas. No cabe la menor duda, por ejemplo, de que el consumo de alcohol aumentó drásticamente en los Estados Unidos cuando finalizó el régimen prohibicionista. Sin embargo, a nadie se le ocurriría volver a implantar dicho régimen, y la tendencia general es concentrarse en reducir el daño social e individual a través de una serie de limitaciones en la venta así como en la publicidad, mayores impuestos sobre las bebidas, campañas de sensibilización social, etc. Yo no seguiría insistiendo en este aspecto salvo para indicar, una vez más, que el único modo de comprobar si la hipótesis de la legalización de las

drogas - tanto la pesimista como la optimista - es precisamente seguir adelante experimentando la legalización. Muchos prohibicionistas "fundamentalistas" tienden a olvidar que la legalización es una medida reversible, y que podría ser rechazada en caso de que demostrase tener efectos catastróficos. Yo no veo ninguna razón para tanta duda en llevar a cabo un experimento tan sensato.

Otra cuestión más totalmente indiscutible es que el régimen prohibicionista actual implica costes muy elevados tanto para los países consumidores como para los productores.

En los primeros, la prohibición del comercio y del consumo de narcóticos ocupa a gran parte de la policía, la policía fiscal, el sistema judicial y sus recursos. Los procesos penales por droga cuestan, y cuando la sentencia conduce al encarcelamiento, cabe añadir un coste individual por tener al individuo en la cárcel y un coste indirecto colectivo por mantener la eficacia del sistema penitenciario - casi siempre atiborrado, en los países del Norte, por problemas de súper población. El número de operadores así como las fuentes presupuestarias que la policía y la policía fiscal atribuyen a la política anti-droga son considerables. Por último, he aquí el precio indicado por las agencias internacionales que tratan el fenómeno: el presupuesto de la United Nations International Drug Control Program (UNDCP) de por sí asciende a 70 millones de dólares al año. Se estima que en Estados Unidos encarcelar a una persona durante cinco años cuesta unos 450.000 dólares. Dos tercios de las personas encarceladas en los penit

enciarios de los EE.UU. así como un tercio de las cárceles están relacionadas con el problema de la droga.

A pesar del hecho que se pueda calcular el precio del prohibicionismo en los países consumidores - tal y como demuestran los ejemplos anteriores - nadie se ha molestado en sumarlos, de manera que no existen datos sobre cuánto gasta un país determinado en aplicar el régimen prohibicionista. Esto es precisamente lo que la Coordinadora Radical Antiprohibicionista está intentando hacer, pero los resultados aún no están listos. No es lógico que no hayan datos de este tipo sobre todo considerando que sí hay datos sobre la presunta cantidad (turnover) que mueve el tráfico de droga. Se calcula que dicho turnover ronda los 500 mil millones de dólares que, de ser cierto, significaría que en 245 países de la ECD (los países industriales), los consumidores se gastan más dinero en drogas que en coches, combustible o energía. Puesto que es absurdo, se desprende que los datos están muy exagerados. La situación, sin embargo, va en ventaja de las agencias nacionales e internacionales de lucha contra la droga. Los ciudadanos

no están al corriente de lo que se sabe - lo que cuesta prohibir las drogas - y por el contrario se les hace creer que no se pueden calcular las cosas, por ejemplo el volumen de dinero que mueven los traficantes, y se dedican a hinchar datos poco realistas. Como los militares saben perfectamente, sobrestimar las fuerzas de los enemigos es la mejor manera de frenar toda crítica en caso de derrota. Creo que hay muy pocas dudas sobre el hecho de que la opinión pública tiene una percepción del problema predominantemente de fracaso con respecto a la droga.

Sin embargo, el precio el prohibicionismo es mucho más elevado para los países del Sur, pues sus economías se ven altamente afectadas por los problemas sociales que acarrea. Si se acabase con la prohibición, se les acabarían los beneficios tan grandes que obtienen los delincuentes y terroristas que amenazan la seguridad y los derechos democráticos de los ciudadanos (no como en mi país, Italia). Beneficios que en estos momentos se encuentran en manos de los traficantes de droga serían sometidos a impuestos y ello contribuiría al bienestar colectivo y a mejorar el nivel de vida de la población. Además, en un régimen global de legalización, la hoja de coca en particular podría utilizarse con finalidades terapéuticas y nutritivas (como el te de coca, que el gobierno de Bolivia está sabiamente intentando convertir en un producto de exportación). La suma total de los beneficios difícilmente disminuiría - la materia prima cuesta menos del 10% del precio de los narcóticos - mientras que aumentaría especialmente si l

as actividades de refinado gradualmente fuesen desempeñadas por los países productores (tal y como sucede con el aceite). En contraste con los países del norte, es difícil imaginar que la legalización condujese a un estallido del consumo que nunca se ha visto afectado por la prohibición y que tiene un origen cultural totalmente distinto. Pocos asuntos unen tanto al Norte y al Sur como este. Además, no se trata de jugárselo todo a cara o cruz, no se trata de vencedores ni de vencidos. Con el régimen prohibicionista, en Norte y el Sur sí tienen mucho que perder, y en cambio tendrían mucho que ganar de abolirlo. Realmente, vale la pena intentarlo.

Por todas estas razones, el Partido radical transnacional ha decidido organizar una campaña global para abolir las tres convenciones internacionales (las de 1961, 1971 y 1988) que ilegalizan la producción y el comercio de las llamadas sustancias narcóticas. Yo no les haría ni caso a los que dicen que es una batalla perdida: son los mismos que predijeron el fracaso en Italia cuando la campaña a favor del divorcio, del aborto y de la despenalización del consumo de droga. Salimos vencedores en las tres batallas: hace pocos meses obtuvimos también un referéndum. Me gustaría recordar que el Parlamento Boliviano solicitó el pasado abril que se enmendasen aquellos artículos de las convenciones internacionales que penalizan la hoja de coca, solicitando que se elimine el término COCA de la lista de sustancias narcóticas.

La batalla para la legalización de las drogas y la abolición del régimen prohibicionista es una batalla transnacional, más que ninguna otra. Para continuarla adecuadamente, necesitamos un instrumento transnacional y transpartídico capaz de movilizar a la opinión pública así como a sus parlamentarios elegidos a lo largo de todas las fronteras, tanto geográficas como ideológicas. Este instrumento es el partido radical transnacional, el único partido en el mundo que ha renunciado a su identidad nacional para abarcar la dimensión transnacional.

Precisamente porque estoy convencida de que es tanto único como necesario, les pido se inscriban al partido radical, independientemente de su afiliación política o de su nacionalidad. La única condición es estar de acuerdo con una o varias de nuestras campañas: la de la abolición de la prohibición o la de la abolición de la pena de muerte para el año 200, u otras aprobadas durante nuestro último congreso.

Estoy plenamente convencida de que ningún problema puede resolverse dentro de las fronteras de un sólo país. La misma resolución tiene que ser discutida en muchos parlamentos del mundo y la misma manifestación tiene que celebrarse en muchas calles y plazas. En Europa estamos llegando a ello paulatinamente. Pero Europa es un continente pequeño comparado con otros - empezando por el suyo, el de ustedes.

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Discurso ante el Congreso para la Normalización de Leyes contra los delitos relacionados con la droga, Buenos Aires, 2-4 de agosto de 1993.