Para sostener esta tesis, la nota IPS 3187 recurre a datos epidemiológicos sobre el consumo de droga en Estados Unidos que son o desfasados totalmente irrelevantes. Como por ejemplo los 70 millones de americanos que se han fumado un porro por lo menos una vez en la vida. A nivel de datos, la situación en Estados Unidos es mucho más compleja y articulada, y existen señales de que efectivamente el número de consumidores está disminuyendo, lo que es realmente cierto, por ejemplo, en lo que a los consumidores de marihuana se refiere - como consecuencia del aumento de precio provocado por la represión. Sin embargo, parece ser que están aumentando los casos de mortalidad, y desde luego, aumentan los casos de SIDA y de criminalidad - una criminalidad provocada no tanto por los delitos llamados "adquisitivos", sino por las guerras entre bandas para granjearse el mercado de las drogas ilegales, sobre todo el crack.

Es comprensible que una parte considerable de los latinoamericanos agravados con la ofensiva antidroga de Estados Unidos (a menudo intrincada con móviles políticos totalmente distintos - véase por ejemplo el episodio de Panamá, una década después del plazo fijado por la jurisdicción de los EE.UU. sobre la cuestión del canal), intenten defenderse tergiversando los términos del problema. Pero cabe subrayar que este planteamiento vuelve a proponer el tema que inspiró la ley Vasalli Iervolino en Italia, de la represión rampante en los EE.UU de Reagan - Bush - Benet y de la nueva Convención de la ONU de 1988: no hay que castigar sólo a quienes producen y venden sustancias ilegales, sino también a quienes las consumen.

Así pues, estoy totalmente de acuerdo con la denuncia del imperialismo farmacológico de los EE.UU; pero difiero completamente de la tendencia a inducir a los gobernantes de los EE.UU a descargar sus contradicciones sobre el lomo de la franja "desviada" de sus propios ciudadanos. La independencia de los latinoamericanos de EE.UU no puede pasar a través de un recrudecimiento de la represión "en su seno", una represión que entre otras cosas ya ha llegado a niveles desorbitados: más de un millón de arrestos al año, predominantemente entre los consumidores, tests antidroga a raudales, etc.). En particular, con respecto a la situación italiana, ciertos argumentos que se desprenden del documento IPS parecen confeccionados a medida para darle razón a nuestros Craxi y a nuestros Muccioli: puesto que la represión del tráfico no sirve para nada, la represión de los toxicómanos, o mejor dicho de los "drogadictos", (total, las leyes son todas iguales) es el único sistema para salvarlos.

En primer lugar, me parece absolutamente ingenuo pensar que Estados Unidos renuncie a intervenir en América latina cuando se persuada de que el problema se resuelve en su casa.

Me gustaría que Anthony Henman, secretario de la LIA, y estudioso de los problemas sudamericanos, interviniese en este tema. En su intervención en el Congreso de fundación de la LIA (Roma, 1 de abril de 1989), Henman testimonió la existencia de posturas totalmente distintas de las expresadas por el documento IPS: posturas que reivindican para las poblaciones de los Andes el derecho al consumo de una sustancia, como la coca, que forma parte integrante de la cultura local tradicional. Posturas que parten de una aproximación de "relativismo cultural", que restan a la "cuestión de la droga" la marca ideológica de "sustancia mala" impuesta por los países industrializados (y en particular por Estados Unidos) al resto del mundo.

PD - El documento IPS cita insistentemente a la revista "High Times". Quisiera recordar, para aquellos que estén interesados en el tema y sepan inglés, que esta revista mensual (que milagrosamente sigue estando en circulación a pesar del clima de caza de brujas que se respira) proporciona noticias valiosísimas sobre todo lo que acontece en los Estados Unidos. Para abonarse, escribir a:

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Giancarlo Arnao