Tal y como he mencionado anteriormente, en lo que a droga se refiere, en esta región se cultiva de todo: cannabis, papaveráceas y coca. Pero es la industria de la coca la que se lleva la palma en importancia debido al gran número de personas que ocupa y por los beneficios que genera.
Estabilizado, tras el pánico de 1982, el problema de la deuda y desaparecida la competencia entre el Este y Occidente, la droga parece haberse convertido en la cuestión predominante en el calendario de relaciones entre Estados Unidos y el resto del continente: los principales enemigos de la guerra contra la droga en la que Washington dice estar comprometida son precisamente los traficantes de cocaína latinoamericanos.
Según el Departamento de Estado estadounidense, son 21 países de la región los que están implicados - a títulos distintos - producción, refinación o tránsito de las sustancias y sus precursores químicos, blanqueo del dinero sucio - en el narcotráfico: Argentina, Bahamas, Belize, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, República de Santo Domingo, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela (55). Prácticamente todo el continente.
Sin embargo, los países clave son sólo tres: Bolivia, Perú y Colombia, grandes productores de hoja de coca los dos primeros, principal centro de refinación y comercialización el tercero.
Según las estadísticas oficiales del gobierno de Bolivia, en 1988 se plantaban con coca 61.000 hectáreas, equivalentes al 4,3% de las tierras cultivadas del país. Entre 1980 y 1988, la producción agrícola boliviana aumentó un 24,6% contra el 253% de la producción de hoja de coca (56). Los bolivianos estrechamente vinculados con la industria de la coca serían en ese caso cerca de medio millón, es decir el 20% aproximadamente de la fuerza de trabajo de este país de 7 millones de habitantes (57). Los cálculos sobre el valor anual que resultan de esta actividad varían de un mínimo de 600 millones de dólares a un máximo de 2 mil millones - equivalente a tres cuartos de las exportaciones legales las más prudentes, a la mitad del PNB para las menos prudentes (58).
El hecho de que la economía de la coca haya salvado a Bolivia de la bancarrota parece más bien indiscutible: el regreso de civiles al gobierno en 1982, con el presidente Siles Suazo, coincidió prácticamente con el estallido de la crisis de la deuda; entre 1980 y 1984, la renta per cápita se contrajo un 30%; entre 1984 y 1986, el valor de la exportación se redujo un cuarto, reflejando respectivamente la caída del precio de dos de las más importantes exportaciones legales: estaño y gas natural.
A partir de 1985 los gobiernos de los presidentes Paz Estenssoro primero, y Paz Zamora después se atuvieron a las prescripciones de un plan severísimo de estabilización concordado con el Fondo Monetario. El resultado fue un crecimiento modesto del PNB y la reducción de la inflación de un 24.000% de 1985 al 18% de 1990.
Asimismo, disminuyó la deuda exterior, pasando de un 12% entre 1987 y 1990. Para ello fue necesario no solo reducir el gasto y los subsidios públicos - que se tradujeron en la pérdida de 80.000 puestos de trabajo, evidentemente compensados por el crecimiento paralelo de la economía de la coca - pero también debido a la absorción por parte del sistema bancario nacional de los beneficios generados por el narcotráfico y que yacen en las cuentas de los bancos caribeños. De 1985 en adelante fue promulgada una amnistía con respecto al delito de evasión fiscal en capitales exportados y se prohibieron las investigaciones sobre la procedencia de la riqueza introducida en el país. Además, el banco central tiene su propia ventanilla - a la que se le ha dado el sobrenombre de ventanilla siniestra - en donde la divisa extranjera es cambiada constantemente y sin preguntas incómodas.
Considerando la situación, no es de sorprender que los esfuerzos para desarraigar las plantaciones de coca son la mayor parte meramente de fachada, y tres cuartos de lo mismo para reprimir el tráfico. En 1990, solo el 1% de la pasta de coca producida en Bolivia fue interceptada.
La administración estadounidense, aun conociendo la situación económico-financiera del país, insiste en intensificar la lucha contra el narcotráfico y en implicar al ejército en la misma. De casi 190 millones de dólares de ayuda americanos a Bolivia otorgados en 1991, 2,2 estaban destinados al desarrollo de cultivos alternativos, contra el 13,5 para la represión del tráfico y el 36 dirigidos a reforzar las fuerzas armadas (cfr. tab. 4).
Refuerzo que gran parte de la población teme no sólo por los efectos que en potencia pueda acarrear a la economía de la coca sino también por los que pueda causar a la mismísima democracia del país.
Recientemente, el gobierno boliviano está intentando persuadir a la opinión pública internacional de que cabría legalizar algunos empleos de la coca. En mayo de este año, Paz Zamora intervino en la asamblea de la OMS, solicitando a esta agencia que investigase los posibles empleos médicos y nutritivos de dicha sustancia. La idea principal consiste en producir y comercializar una infusión de coca, que se consume muchísimo en Perú. Según el gobierno ello fomentaría el aumento de los ingresos de los campesinos productores con respecto a lo que ahora ganan con los traficantes de cocaína (59).
España, que prohibió la degustación de la infusión de coca en la exposición de Sevilla, parece apoyar ahora la propuesta boliviana, pues la reina Sofía y luego el presidente del gobierno Felipe González probaron la bebida en una visita a Perú. González ha lanzado un llamamiento públicamente a la OMS para que estudie el problema (60).
La situación económica peruana precipitó tras el desmorono de la boliviana, aunque más rápidamente, si cabe, y con efectos más devastadores. Entre 1988 y 1991, el producto del país se contrajo aproximadamente un 30%. Al cabo de un mes de su elección, en agosto de 1990, el presidente Alberto Fujimori aprobó un programa de estabilización, concordato con el Fondo Monetario, cuyos efectos en los precios en un plazo de veinticuatro horas pasaron a ser los siguientes: bienes alimentarios de primera necesidad un aumento de un 700%; gasolina un 3.000%; agua potable 800%; electricidad 500%. En el plazo de un mes, los salarios en el sector público disminuyeron casi un 60%, los del sector privado aproximadamente un 46%, perdieron a partir de agosto de 1990 otro 24%. A finales de 1991, aproximadamente un millón de personas perdió su puesto de trabajo debido al programa de austeridad. Todo ello había servido a Perú para reducir por lo menos el índice anual de inflación al 140% (del 7.000% del año anterior), para tener de
nuevo acceso al crédito internacional (con Japón y el Banco Inter-Americano de Desarrollo) y para remodelar parte de su propia deuda (con el club de París de los acreedores públicos) (61).
Lo que pasó es que la suspensión del Parlamento y de las garantías constitucionales, decretada por Fujimori el 8 de abril de 1992 con el apoyo del ejército, acarreó la congelación de parte de estos nuevos créditos. Además, en menos de un mes tras el autogolpe del presidente, 200 millones de dólares fueron trasladados al extranjero, según cálculos de fuentes gubernamentales. Y todo ello, a pesar de que la opinión pública y la comunidad empresarial hayan acogido favorablemente el viraje autoritario (62).
Por si este desastre económico fuese poco, el país debe tener en cuenta una auténtica guerra civil, la que están librando el gobierno y los guerrilleros de Sendero Luminoso. El conflicto ha causado en doce años más de 20.000 muertos y 200.000 refugiados nacionales. Antes del golpe de Fujimori, el 40% del territorio nacional se hallaba en estado de asedio. La industria de la coca peruana tiene gran repercusión tanto en la situación política como en la económica. La fuerza político-militar de Sendero Luminoso se basa en su intermediación violenta entre los campesinos productores y los traficantes colombianos que compran pasta de coca, y sobre la defensa de los mismísimos campesinos de intentos de represión y de desarraigo de los cultivos, cosa que sucede esporádicamente y con poca convicción por parte de las autoridades. De manera que los guerrilleros obtienen una base política y una fuente de renta - esta última a través de la recogida de una suerte de impuesto de protección.
Los cálculos sobre el valor anual de la producción de coca varían de mil millones de dólares a un máximo de dos mil ochocientos millones (63). La más conservadora equivale a dos tercios del valor de las demás exportaciones peruanas combinadas. Aproximadamente el 15% de la fuerza de trabajo dependería de esta actividad. Al igual que el de Bolivia, el banco central peruano hace lo posible por absorber los dólares generados por el narcotráfico, a través de sus propias agencias en el valle del alto río Huallaga - la zona en donde se concentra gran parte de la industria de la coca - e incluso enviando a sus propios empleados a comprar en el mercado negro de divisas de Lima. El resultado previsible es que parte del servicio de deuda exterior se paga con las entradas procedentes del tráfico de droga.
Aunque sea claramente suicida para Perú comprometerse en una lucha sin salida contra la droga, es precisamente ésto lo que la administración americana le sigue pidiendo - por lo menos a nivel oficial. De los 200 millones de dólares de ayudas americanas a Lima de 1991, casi 18 financian la prohibición del tráfico de droga y el desarraigo de las plantaciones de coca, un millón va para el desarrollo de cultivos alternativos y 24 son de ayuda para las fuerzas armadas (cfr. tab. 4). Los militares peruanos, que tienen un buen historial de abusos y de pesadas interferencias en la vida política del país, son sin embargo reticentes a comprometerse hasta las últimas consecuencias en la represión del tráfico de droga. De hecho, están convencidos de que sería la mejor manera de aumentar el apoyo político a los guerrilleros. Dicha convicción está reforzada sin lugar a dudas por la facilidad con la que ellos se dejan corromper por los narcotraficantes.
Con respecto a la situación de Bolivia y a la de Perú, Colombia se puede considerar un país afortunado, sobre todo desde el punto de vista económico. Caso único en toda América Latina, este país ha asistido al crecimiento de su propio producto a lo largo de los años ochenta y ha respetado los plazos de pago de su deuda exterior con puntualidad impecable. Aunque la economía de la droga haya tenido un peso determinante en dicho éxito, tal y como veremos más adelante, no hay que olvidar los numerosos recursos del país: petróleo, carbón, piedras preciosas, café y otros productos de la agricultura para la exportación, como las flores.
En común con los problemas económicos del resto de la región, Colombia parece tener sólo la pésima distribución de la renta, agravada por un gasto público fuertemente limitado por la evasión fiscal: el estado colombiano recoge y gasta no más del 15% del PNB (64). A pesar de que la caída del precio del café y de la ineficacia de las redes de electricidad están creando, en tiempos recientes, más dificultades, el marco general sigue siendo el mejor de toda América Latina.
La situación política, sin embargo, es mucho menos positiva. A despecho de que el país pueda vanagloriarse de contar con una de las democracias más largas de la región, el régimen actual podría definirse mejor como una oligarquía bipartídica que convive con niveles de violencia desconocidos en cualquier parte. Excluyendo los países en guerra, Colombia cuenta con el más alto índice de homicidios del mundo, hasta tal punto que esta es la primera causa de muerte para los ciudadanos varones entre los 15 y los 45 años (65). Los traficantes de droga del llamado cartel del Medellín han sido los responsables, a lo largo de los años ochenta, del asesinato de cientos de militares y policías, de decenas de jueces y periodistas, de un ministro de justicia (un ex ministro de justicia fue herido gravemente en un atentado en Budapest, mientras era embajador en Hungría) y un candidato a la presidencia - sin contar el gran número de secuestros con los mismos cerebros. Sería erróneo concluir, sin embargo, que la droga es la ú
nica responsable de la violencia en Colombia. En primer lugar por una cuestión de precedentes históricos: la guerra civil no declarada de 1948-58 entre los dos partidos más importantes, el Liberal y el Conservador, ha causado entre los 200 y los 300 mil muertos, mereciéndose el apelativo claro y sencillo de violencia. Trazas de este periodo persisten en la presencia, entre la derecha, de las llamadas escuadras de la muerte y, entre la izquierda, de los movimientos de guerrilla con 12-15.000 combatientes (en 1988) (66). Existe, en segundo lugar, gran número de cuerpos de policía privada armada en casi todos los sectores de la vida económica y política. Distintos cuerpos de policía que luchan entre sí y al mismo tiempo contra las autoridades del Estado. Se calcula que las rivalidades asociadas al comercio de piedras preciosas han causado 3.000 muertos en cinco años (67).
Con respecto a los traficantes de droga, los gobiernos colombianos han oscilado entre la intransigencia y la negociación, al tener en cada caso que considerar las presiones estadounidenses por una parte, y la fuerza de intimidación de los narcotraficantes por otra. En repetidas ocasiones a lo largo de la última década se asistió a un ciclo de acontecimientos que se abrió con una campaña de represión gubernamental, seguida de una oleada de terror de los traficantes, seguida a su vez de intentos de llegar a un acuerdo. En el centro del contencioso se ha hallado casi siempre el tratado de extradición con Estados Unidos, cuya aplicación era combatida por los traficantes con todos los medios.
En 1984, el cartel del Medellín ofreció retirarse de los negocios, desmantelar la organización y repatriar su capital (calculado en 15 mil millones de dólares, es decir el total de la deuda exterior del país). En cambio se pedían garantías sobre la no extradición a Estados Unidos y una amnistía que permitiese la reintregración en la sociedad colombiana. El acuerdo fracasó, tanto por la oposición de Washington como por la convicción del gobierno de que se hallaba cerca de la victoria - tras el asesinato del ministro de justicia Lara Bonilla, una fuerte acción represiva había obligado a los grandes traficantes a refugiarse en Panamá. De esta manera se perdió "una ocasión única para cerrar un acuerdo ventajoso para Colombia" (68). De hecho, de forma progresiva, el cartel consiguió reconstituir su organización y sus canales comerciales. Los capos lograron volver al país.
La historia se repitió casi idéntica en 1987, cuando la extradición a Estados Unidos de uno de los mayores traficantes, Carlos Ledher, dio de nuevo la vía libre a una oleada de violencia - sin que cambiase en absoluto la cantidad de cocaína dirigida al extranjero.
Tras la elección de César Gaviria Trujillo como presidente, en el verano de 1990, el gobierno colombiano parece haber emprendido con decisión el camino de la negociación - abierta, hacia los guerrilleros, por su antecesor Virgilio Barco Vargas. Uno de los grupos de oposición armada, el M-19, se introdujo pacíficamente en la vida política del país, aunque sigan activos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Una enfoque idéntico se adoptó con respecto a los carteles de las piedras preciosas en guerra entre ellas y con el Estado. En cuanto a los narcotraficantes, el repudio del tratado de extradición con Estados Unidos ha comportado el rendimiento de los máximos exponentes del cartel de Medellín: los tres hermanos Ochoa, entre diciembre de 1990 y febrero de 1991, y Pablo Escobar Gaviria, en junio de 1991.
El arresto de todos ellos tenía una importancia más simbólica que real. A parte de la controversia sobre las condiciones de su detención - a Escobar más que una cárcel se le había construido un chalet de lujo - la cuestión es que pudieron seguir dirigiendo el tráfico de droga. Lo cual suscitó inevitables protestas, sobre todo por parte estadounidense, e impulsó al gobierno a proceder al traslado de Escobar. Este último reaccionó, en julio de 1992, con una fuga espectacular que desencadenó una crisis de credibilidad con respecto a Gaviria (69).
Por blanda o dura que pueda ser la línea adoptada por el gobierno, la imposibilidad de interrumpir el flujo de exportación de droga de Colombia
Independientemente de las medidas blandas o duras del gobierno colombiano, se ha demostrado que es prácticamente imposible interrumpir el flujo de importación de droga (70). La explicación es bastante sencilla y estriba en la fuerza económica de los traficantes: los cálculos sobre el valor de las exportaciones de cocaína y marihuana - es decir, sin contar la heroína, que se ha sumado a la exportación recientemente - oscilan entre 1,5 y 15 mil millones de dólares al año (71). Como punto de comparación, el valor de las exportaciones legales ascendían, en 1989, a 5,7 mil millones de dólares, y el PNB a 39,4 (72).
En primer lugar, con una cantidad semejante exenta de impuestos a su disposición, los narcotraficantes son sin lugar a dudas capaces de corromper a quien sea, sobre todo si consideramos que las retribuciones de los funcionarios públicos (policía, magistratura, etc.) son particularmente bajos. Estos recurren a la violencia cuando se encuentran ante campañas represivas a gran escala, o bien para vencer la amenaza de extradición de Estados Unidos de los líderes de la organización. además, la acción violenta, afecta casi exclusivamente al cartel de Medellín. El otro gran circuito de narcotraficantes de Colombia, el llamado cártel de Calí, ha mantenido constantemente un perfil mucho menos subversivo, aun a pesar de administrar una cuota creciente de la industria de la droga (73).
En segundo lugar, a la corrupción directa cabe añadir la indirecta, al igual que sucede en Bolivia y Perú, la balanza de pagos y el servicio de deuda exterior son motivos más que suficientes para convencer al gobierno y al banco central para que adopten todas las medidas necesarias para atraer los capitales que genera el narcotráfico. En resumidas cuentas, son las mismísimas autoridades las que demuestran con los hechos que la lucha a la industria de la droga es una empresa fundamentalmente contraria a los intereses generales del país.
Existen tesis que apuntan en dirección opuesta. Es cierto, por ejemplo, que mientras que en Bolivia y en Perú dependen de esta industria proporciones consistentes de la fuerza de trabajo, en Colombia los ingresos procedentes del tráfico de droga afectan a un número de personas mucho más reducido: los encargados de la refinación y del comercio (74). Así pues, en vez de distribuirse de forma relativamente uniforme, esta forma de rédito alimentaría el consumo vistoso, la especulación con los bienes inmobiliarios, y, por la ingente cantidad, la inflación - esta última, sin embargo, no ha superado nunca el 30% anual a lo largo de la última década, un índice modesto para la media de la región (75). Cabe considerar asimismo lo que le cuesta a Colombia la lucha contra el tráfico de droga, precio calculado en 2 mil millones de dólares al año (77). Así como el precio político de la desestabilización y de la violencia estrechamente vinculadas a esta actividad.
Sin embargo, considerando el cálculo de los costes-beneficios, la decisión del gobierno de tratar con los traficantes y facilitar en todos los sentidos la repatriación de los capitales son más que comprensibles. De hecho, las negociaciones, le permiten a Colombia reducir tanto los costes económicos como el precio político de la lucha contra los traficantes. La repatriación de la divisa valiosa adquirida con el comercio de droga, aun descontando las mencionadas distorsiones, facilita la estabilidad del cambio y el servicio de la deuda.
Cabe destacar que en esta maniobra, el gobierno colombiano se ha visto ayudado por el recrudecimiento de las medidas contra el blanqueo de dinero sucio, que tuvo lugar en los países industrializados tras la firma de la Convención ONU de 1988 contra el Tráfico Ilegal de Estupefacientes y Sustancias Psicotropas. No hay que excluir la posibilidad de que los narcodólares tengan una parte importante en el boom de la bolsa colombiana, cuyo índice en dólares ha aumentado seis meses entre 1987 y 1992 (77).
Por difícil que pueda resultar sacar conclusiones generales de una reseña de países tan distintos entre ellos, tal vez se pueden subrayar algunas cosas.
En primer lugar, aun tomando con cautela los cálculos más conservadores se llega a la conclusión de que los ingresos que se derivan de la producción y del comercio de drogas gravan excesivamente en la economía de dichos países como para que se comprometan seriamente en la lucha contra el narcotráfico. Es más, cabe la posibilidad de que nuevos productores, como las repúblicas asiáticas ex soviéticas, se estén sumando a la lista, o que productores tradicionales, como Afganistán, incrementen la superficie cultivada - mientras la diversificación de la industria de la droga colombiana en la heroína parece un hecho consolidado.
Por otra parte, las cifras que el Norte destina a la conversión de los cultivos no son realmente tales como para constituir un incentivo realista - tal y como se puede comprobar tanto por el limitado balance del UNDCP, como por la repartición de las ayudas estadounidenses a los países andinos. Tal y como ha sido señalado, con gran acierto: "La perspectiva de brindar oportunidades económicas alternativas para convencer a los campesinos peruanos, colombianos y bolivianos de que abandonen la producción de coca parece remota, si consideramos que la marihuana se ha convertido en un valor la primera cosecha de las ricas, fértiles y bien regadas tierras de California, en donde las posibilidades alternativas abundan" (78).
Tampoco es probable que las ayudas para la conversión de los cultivos aumenten de forma significativa en un futuro próximo: la idea trazada por un grupo de países en vías de desarrollo en la sede de las Naciones Unidas, de obtener una reducción de la deuda exterior a cambio de desarraigar los cultivos de droga ha sido acogida con frialdad por parte de los países acreedores, preocupados ante un posible efecto-chantaje: "los países deudores podrían caer en la tentación de disminuir su compromiso anti-droga, y acabar por imponer a la comunidad internacional debidos acuerdos contra la droga" (79).
En segundo lugar, a pesar de la mencionada importancia de estos ingresos, las sumas que quedan en los países productores no son más que una pequeña parte del volumen de negocios global del narcotráfico - aunque éste, tal y como veremos en el próximo capítulo, se calcula casi siempre por exceso. Los beneficios que se derivan de la industria de los estupefacientes siguen estando en gran parte en el hemisferio norte, tanto porque en este punto de la distribución tiene lugar la mayor parte del aumento de precio, como por el hecho de que en el Norte se invierte parte de los capitales de los traficantes del Sur. No cabe excluir, así pues, que si se legalizasen las drogas, los países productores lograrían mantener los ingresos actuales, pero con la ventaja obvia de poderlos someter a impuestos y quitárselos de las manos a los terroristas y criminales. Todo ello, naturalmente, con igualdad de condiciones: un exceso de oferta provocado por el ingreso de nuevos productores cambiaría todo el escenario. De todas maneras
, el hecho de que un país como Bolivia esté intentando hallar una solución parecida semejante a la legalización tal vez se trate de un indicio sobre la plausibilidad de este razonamiento.
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(55) Cfr. International Narcotics Control Strategy Report, cit., págs. 25-34.
(56) Cfr Alaine Labrousse, "Amérique Latine: l'économie de la drogue", Politique Internationale, verano de 1990.
(57) Cfr. "Latin America's killing fields", The Economist, 8 octubre de 1988.
(58) Cfr. Peter R. Andreas e Kenneth E. Sharpe, "Cocaine Politics in the Andes", Current History, febbraio 1992; "The kickback from cocaine", The Economist, 21 de julio de 1990.
(59) Cfr. Nathaniel C. Nash, "Bolivians Make Their Case for (Legal) Coca-Leaf Tea", IHT, 18 de junio de 1992.
(60) Cfr. Ignacio Cembrero, "Felipe González se muestra favorable a la legalización de la hoja de coca", El País, 11 de junio de 1992.
(61) Cfr. Andreas e Sharpe, cit.
(62) Cfr. Nathaniel C. Nash, "Capital Flight Deepens Peruvian Gloom", IHT, 29 de abril de 1992.
(63) Cfr. Andreas y Sharpe, cit.; "The kickback form cocaine", cit.
(64) Cfr. "Colombia's bloodstained peace", The Economist, 6 de junio de 1992.
(65) Andreas y Sharpe, cit.
(66) Cfr. Bagley, cit.
(67) Cfr. "Gem wars", The Economist, 21 de julio de 1990.
(68) Bagley, cit.
(69) Cfr. Marcel Niedergang, "Une nation á la dérive", Le Monde, 24 de julio de 1992.
(70) A pesar de que el gobierno americano calcule que el número de cocaína decomisada procedente de América del Sur asciende a un 30% de toda la producción, ello no ha causado ningún impacto en el precio ni en el consumo. Cfr. Melvyn Levitsky (Assistant Secretary for International Narcotics Matters), Statement before the Subcommittee on Terrorism, Narcotics, and International Operations of the Senate Foreign Relations Committee, 20 de febrero de 1992.
(71) Cfr. "The kickback from cocaine" y "Latin American killing fields", The Economist, cit.
(72) Cfr. The World Bank, World Development Report 1991, Oxford University Press, Oxford, 1991, págs.230 y 208.
(73) Se cree comunmente que el mercado de la costa oriental de Estados Unidos haya ido a desembocar al cartel de Medellín, mientras que al de Calí corresponde la costa occidental y Europa.
(74) En cualquier caso, cabe tener presente que el papel de las familias colombianas es determinante en la cadena comercial. Hace ya muchos años que tras haber eliminado a los rivales cubano-americanos, el cartel del Medellín parece ser que controla gran parte del mercado al por mayor de Miami. Cfr. Bagley, cit.
(75) Cfr. Paola Vinciguerra, "L'industria della droga in Colombia", Politica Internazionale, enero-febrero de 1991.
(76) Cfr. Rensselaer W. Lee, "Colombia's Drug Negotiations", Orbis, primavera de 1991.
(77) Cfr. Catherine Burton, "Latin American Stocks Sustain the Pace", IHT, 29-30 de agosto de 1992.
(78) Theodore H. Moran, "International Economics and National Security", Foreign Affairs, inverno de 1990/91.
(79) Ian Hamilton Fazey, "Campaign to swap debt for drugs aid gathers pace", Financial Times, 6 de mayo de 1992.
