Abandonando los cálculos sobre el volumen de negocios de la industria de la droga, y con él las teorías sobre los complots internacionales, parece más útil y realista orientar las investigaciones en dos direcciones.

En primer lugar, el precio que pagan las sociedades por consumir droga - sin tener en cuenta, para simplificar las cosas, el precio que pagan los países productores de droga. Por ejemplo, es del dominio público que la prohibición del comercio y del consumo de estupefacientes absorbe una parte considerable de los recursos de policía, aduanas y sistema judicial. En principio, cantidades y costes de los procesos penales por delitos de droga pueden ser determinados mejor que cualquier otro cálculo sobre el consumo de estupefacientes. El número de reclusos por delitos relacionados con la droga debería poderse determinar con exactitud: la detención de todos ellos implica un coste individual, que debería ser conocido, y un coste colectivo indirecto sobre la eficiencia global del sistema carcelero - casi en todas partes, en Occidente, en crisis de superpoblación (100). El número de adictos y los recursos del balance que la policía y las aduanas dedican a la lucha contra la droga deberían ser conocidos. Existen, por

último, los costes de los organismos internacionales que se ocupan del fenómeno, que también se pueden determinar (101). En resumidas cuentas, en vez de intentar conocer lo que no se puede conocer - es decir cuánto ganan los traficantes con el prohibicionismo - sería mejor intentar conocer lo que se puede conocer: cuánto le cuesta el prohibicionismo al contribuyente. Lo cuál, aun no siendo el único elemento de juicio sobre todo el problema, lógicamente serviría de ayuda para la formación de una evaluación equilibrada de los resultados de la lucha contra la droga en el régimen prohibicionista.

En segundo lugar, el comportamiento de los consumidores ocasionales. Esta cuestión se merece sin lugar a dudas investigaciones sociológicas serias, puesto que se trata probablemente de una de las claves para comprender las probables consecuencias de una eventual legalización de las drogas. Bien visto, de hecho, la gran mayoría de los consumidores de estupefacientes no es toxicómana. Por lo tanto, se trata de comprender en qué medida incide el prohibicionismo en este resultado. Por ejemplo, hasta qué punto los precios aumentan gracias al régimen de ilegalidad, y la amenaza de sanciones administrativas y penales limitan el consumo (102)?, o hasta qué punto juega la capacidad de autorregularse de los consumidores? o más aún: es la ilegalidad un obstáculo o un incentivo para salir de la toxicomanía?.

En definitiva, indagar en las direcciones indicadas me parece la condición necesaria para sacar a la discusión del narcotráfico y el régimen prohibicionista de las alucinaciones de los números míticos y de los complots - y para volver al terreno más saldo de las opciones racionales.

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(100) En Italia, se han producido, en 1991, casi 23.000 arrestos por delitos de droga; el 34% de los detenidos eran toxicómanos. Cfr. Marcello D'Angelo, "I giovani si bucano meno", Il Giorno, 12 de febrero de 1992. De 15.000 detenidos en las cárceles federales estadounidenses, aproximadamente 13.000 han cometido delitos de droga. El sistema carcelero americano (cárceles federales, estatales y locales) alberga a más de un millón de personas, se encuentra a un 116% de la capacidad de acogida y cuesta 18 mil millones de dólares al año. Cfr. National Drug Control Strategy, cit., págs. 32-43.

(101) También el sistema sanitario en los distintos países debe afrontar costes que se derivan de la ilegalidad del consumo. Sin embargo, en este caso, son mucho menos claros los efectos del fin del prohibicionismo: el tratamiento de los toxicómanos debería continuar y probablemente extenderse a un mayor número de pacientes; deberían introducirse reglas sobre la calidad de las sustancias vendidas y controles higiénico-sanitarios.

(102) En un margen que no comportase la creación de un mercado negro, los precios de los estupefacientes podrían mantenerse altos incluso en régimen de legalidad a través de los impuestos fiscales.