APUNTES PARA UN DEBATE NUEVO SOBRE LAS DROGAS

Gabriel Garcia Marquez (Premio Nobel de Literaura)

CAMBIO16, n.1149, 29 noviembre 1993

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Creo que el primer paso para una soluciòn realista del problema de las drogas en el mundo es reconocer el fracaso de los métodos con que se estàn combatiendo. Son esos métodos, màs que la droga misma, los que han causado, complicado o agravado los males mayores que padecen tanto los paìses productores como los consumidores.

Ha habido tiempo de sobra para comprobarlo. En realidad esos métodos fueron impuestos por el presidente Ronald Reagan en 1982, cuando proclamò la cocaìna como uno de los Satanes màs ùtiles para su polìtica se seguridad nacional, y le declarò la guerra armada. El presidente Bush habìa de continuarla, y de llevarla a sus extremos con las tentativas constantes de involucrar a Cuba en el tràfico de drogas y la invasiòn de Panamà para secuestrar al general Noriega.

A cabo de 11 años hay razones de sobra para creer que ambos presidentes sòlo pensaban en los intereses de sus gobiernos y que su guerra contra la droga no ha sido ciertas ayudas econòmicas y humanitarias, o la defensa de los derechos humanos.

En Colombia la primera acciòn de esa guerra fue revitalizar un tratado de extradiciòn que habìa sido firmado entre los dos paìses años atràs para combatir el cultivo y tràfico de marihuana, y que nunca se habìa puesto en pràctica. Al mismo tiempo, la embajada norteamericana en Bogotà empobreciò la lengua castellana con un neologismo: "narco-guerrilla".

Con esa divisa publicitaria, y a la sombra del tratado, Estados Unidos podìan demostrar que narcotraficantes y guerilleros eran la misma cosa, y por consiguiente podìan mandar tropas a Colombia con el pretexto de combatir a los unos y apresar a los otros. Llegado el caso, cualquier colombian podìa ser extraditable.

La guerra contra la droga entrò de inmediato en contradicciòn con la polìtica de paz del nuevo presidente de entonces, Belisario Betancur, que inaugurò su Gobierno con una propuesta de perdòn y olvido a las guerrillas. Fue un soplo de esperanza para los anhelos de paz de una naciòn castgada por una guerra interna de màs de 30 años.

Los traficantes de cocaìna, contra quienes non habìa aùn cargos graves, se apresuraron a responder sin ser llamados. Ofrecieron al nuevo Gobierno retirarse del negocio, desmantelar sus bases de procesamiento y comercializaciòn de la cocaìna, repatriar sus enormes capitales e invertirlos en el paìs con todas las de la ley. Ni siquiera aspiraban a la amnistìa general propuesta por el Gobierno a las guerrillas. Sòlo querìan ser juzgados en Colombia sin que les fuera aplicada la extradiciòn. El presidente Betancur, en privado, considerò que la propuesta era estudiable dentro de su polìtica de paz.

Toda posibilidad de acuerdo fracasò en el embriòn, por un sabotaje evidente que lo descalificò antes de tiempo e intimidò a la opiniòn pùblica con versiones alarmistas. Nadie puso en duda que detràs de aquel fracaso fulminante estaban los intereses de Estado Unidos, pero el Gobierno de Colombia se vio obligado a negar cualquier participaciòn en el acuerdo. La ùnica opciòn contra la droga, a partir de entonces, fue la guerra santa del presidente Ronald Reagan.

Los sucesivos gobiernos de Colombia impidieron el envio de tropas norteamericanas para luchar al mismo tiempo contra al tràfico y a la guerrilas. Pero la intolerancia se impuso sobre cualquier otra alternativa. El resultado, al cabo de 11 años amargos, es la delinquencia a gran escala, el terrorismo ciego, la industria del secuestro, la corrupciòn generalizada, y todo ello dentro de una violencia sin precedentes. Una droga màs preversa que las otras se introdujo en la cultura nacional: el dinero fàcil, que ha fomentado la idea de que la ley es un obstàculo para la felicidad, que non vale la pena aprender a leer y a escribir, que se vive mejor y màs seguro como sicario que como juez. En fin, el estado de perversiòn social propio de toda guerra.

Los paìses consumidores, por supuesto, sufren por igual las graves concecuencias de esa guerra. Pues la prohibiciòn ha hecho màs atractivo y fructìfero el negocio de la droga, y tambien allì fomenta la criminalidad y la corrupciòn a todos los niveles.

Sin embargo, los Estados Unidos se comportan como si no lo supieran. Colombia, con su escasos recursos y sus millares de muertos, ha exterminado numerosas bandas y sus càrceles estàn repletas de delincuentes de la droga. Por lo meno cuatro capos de los màs grandes estàn presos y el màs grande de todos se encuentra acorralado. En Estados Unidos, en cambio, se abastecen a diario y sin problemas 20 milliones de adictos, lo cual sòlo es posibles con redes de comercializaciòn y distribuciòn internas muchìsimo màs grandes y eficientes. Sin embargo, ni un policìa de Estados Unidos està preso por tràfico de droga, ni un guardia de aduana ni un vendeor callejero, y ningùn capo ha sido identificado.

Puestas así las cosas, la polémica sobre la droga no debería seguir atascada entre la guerra y la libertad, sino agarrar de una vez al toro por los cuernos y centrarse en los diversos modos posibles de administrar la legalización. Es decir, poner término a la guerra interesada, perniciosa e inútil que nos han impuesto los países consumidores y afrontar el problema de la droga en el mundo como un asunto primordial de naturaleza ética y de carácter político, que sólo puede definirse por un acuerdo universal con los Estados Unidos en primera línea. Y, por supuesto, con compromisos serios de los países consumidores para con los países productores. Pues no sería justo, aunque sí muy probable, que quienes sufrimos las consecuencias terribles de la guerra nos quedemos después sin los beneficios de la paz. Es decir: que nos suceda lo que a Nicaragua, que en la guerra era la primera prioritad mundial y en la paz ha pasado a ser la última.