Bruselas, 23 abr (EFE).- La comisaria europea de Pesca, Emma Bonino, intenta hoy en Rabat conseguir un acuerdopesquero con Marruecos para evitar que los 700 barcos comunitarios que faenan en sus aguas se vean obligados a abandonarlas el próximo 30 de abril.

En esa fecha caduca el acuerdo vigente y se obligaría a los barcos comunitarios, en su mayoría españoles, a dejar de faenar si no se llega a un pacto o si Marruecos no acepta una prórroga temporal del tratado actual mientras duran las negociaciones.

Bonino tiene previstos dos días de entrevistas con autoridades marroquíes, desde el primer ministro, Abdelatif Filali, al titular de Pesca, Mustafá Sahel, y representantes del sector pesquero para salvar el convenio de pesca más caro y más importante que tiene la Unión Europea (UE) con país tercero.

La Comisión Europea ya ha advertido a España y Portugal que el futuro acuerdo comportará "una importante reducción de las capturas", pero se intentará que sea menos importante de lo que ha pedido Marruecos en las dos rondas negociadoras mantenidas hasta ahora.

Rabat exige un recorte en las capturas de gambas, sardinas, merluza, según las artes pesqueras que se utilicen, que oscilan entre el 50 por ciento en arrastre y el 30 por ciento en palangre, la supresión del arte llamada de "cerco norte" y un recorte general de capturas de cefalópodos del 65 por ciento.

Además, pide un aumento de los desembarques de pesca en sus puertos, un reposo biológico de dos meses para asegurar la reproducción de las especies (frente al actual de un mes) y el aumento de los tripulantes marroquíes en los buques comunitarios hasta un 35 por ciento de los marineros.

También está sobre la mesa un aumento de los cánones que pagan los armadores comunitarios por las licencias de pesca y de los 102 millones de ecus anuales (17.000 millones de pesetas) que paga la UE a Marruecos por el acuerdo, de los que un doce por ciento se destinan al desarrollo del sector pesquero marroquí.

Para conseguirlo, Marruecos no dudará en utilizar las mismas bazas que usó Canadá al forzar una negociación con la UE que ha terminado recortando las posibilidades de pesca de la flota española de fletán negro en los caladeros de Terranova.

De hecho, Rabat consiguió presionar a la UE para recortar en un año la vigencia del convenio actual después de retener durante más de un mes, el pasado otoño, las licencias trimestrales que necesitan los pescadores españoles y portugueses para faenar en su caladero.

Bonino podría aceptar una reducción relativa de las capturas, según fuentes comunitarias, ya que Marruecos es el primer responsable de la gestión de los recursos pesqueros en sus 200 millas, pero sólo si está justificada científicamente.

También existe cierta disponibilidad a aceptar una extensión de los períodos de reposo biológico de las especies, pero siempre que Rabat se comprometa a que sus pescadores lo respeten, al contrario de lo que sucede.

Sin embargo, la Comisión Europea reivindicará el derecho a que no se fije una cantidad obligatoria de pesca a desembarcar en puertos marroquíes, faltos de la infraestructura necesaria,y a que no se aumente el número de marineros marroquíes en los barcos europeos si no tienen la preparación suficiente.

Bonino pedirá, además, que el nuevo acuerdo tenga una duración mínima de tres años para garantizar durante el máximo tiempo posible el ejercicio de la pesca sin sobresaltos.

Si fracasan las negociaciones o no se consigue una prórroga, estarán en juego los empleos que genera una flota de más de 8.000 marineros y de otras 20.000 personas en tierra que, a pesar de todo, deberán sufrir una reestructuración sea cual sea el pacto.

El Gobierno español puede habilitar ayudas a armadores y pescadores que se vean afectados por un eventual amarre el próximo 1 de mayo con los créditos que ya ha recibido del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) de la UE.

Fuentes de la Comisión Europea descartaron que, de momento, se vaya a tramitar desde Bruselas una ayuda adicional, aunque se baraja la posibilidad de que, si no se logra un compromiso, pueda destinarse a los afectados el dinero previsto para sufragar el propio acuerdo.