Permitidme que comience anticipando la respuesta que me apresto a dar a la pregunta que esta primera sesión plantea: yo estoy absolutamente convencida que existen valores y principios que fundamentan y justifican una intervención directa en el territorio de un país soberano cuando este último aplica decisiones contrarias a normas y convenios reconocidos por la comunidad internacional. Todos sabemos que no existe aún ni una "jurisdicción universal " ni una autoridad planetaria capacitada para garantizar su funcionamiento, pero estoy convencida de que ambas utopías se han hecho alcanzables desde que existe la Organización de las Naciones Unidas; que son utopías alcanzables en el plano político -con plazos que nadie está en situación de prever- pero que podrían construirse desde hoy mismo, en el plano ético y jurídico, por parte de todos los que se esfuerzan en alcanzar el pleno respeto de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que se llama universal precisam

ente porque proclama y regula derechos referidos a la humanidad entera, porque considera que toda violación de dichos derechos (incluida la pena de muerte aplicada a una sola persona individual) como una ofensa infligida al género humano en su conjunto.

La globalización de los derechos corre más prisa que la globalización de los instrumentos con los que haya que aplicarlos? Sin duda. Pero precisamente por ello hay que defender los derechos con creciente determinación.

Permítaseme aún una observación de método, que intentaré razonar en el curso de mi exposición. Me parece que este debate sobre el llamado "derecho de intervención con fines humanitarios" se ha hecho más difícil (y, en alguna medida, se ha distorsionado) por el presupuesto de que las intervenciones que se discuten son exclusivamente las intervenciones de carácter militar. Olvidando que, especialmente ahora - en tiempos de mundialización, de la aldea global ya hecha realidad - es posible traspasar de muchas formas las fronteras nacionales y la llamada soberanía de los estados, sin apelar a las armas: con los instrumentos de la economía, de la justicia, de la comunicación. Incluso - y ahora hablo con el respaldo de mi experiencia como comisaria europea - con el instrumento de la intervención humanitaria pura y simple, es decir, desarmada.

La injerencia económica

Ya que no parece éste un foro para el examen de la interdependencia económica entre las diversas regiones del mundo en tiempos de globalización, me limitaré a algunas observaciones. Hay una tendencia bastante difusa, entre los países del Norte, de aplicar la lógica de la mundialización, es decir, de la caída de todas las barreras, "a conveniencia": se la invoca como el bien supremo, fuente única de desarrollo, cuando se habla de mercancías, bienes y mercados, se la limita o suprime cuando se habla de hombres (véase el debate sobre flujos migratorios) o cuando se habla de principios y valores (véanse las hipocresías habituales sobre el relativismo cultural o sobre la democracia como un lujo que no todos los pueblos pueden permitirse).

Yo creo, por el contrario, que precisamente los pueblos que tienen la doble fortuna de vivir en la democracia y en el bienestar tienen no sólo el deber moral, sino el interés propio, de promover el pleno respeto de los derechos humanos incluso en los países menos afortunados. Porque estoy convencida, como el Nobel indio de economía Amartya Sen, de que la libertad (condición humana en la que se halla sólo quien goza de todos los derechos fundamentales) es no ya un elemento accesorio, sino fundamental del desarrollo económico y social.

La injerencia humanitaria

Recuerdo haberme oído preguntar, cuando era responsable de la acción humanitaria de la Unión Europea, en qué medida se puede conciliar la acción humanitaria y la defensa de los humanos. Y siempre he respondido que la acción humanitaria es en sí misma una forma de mantener, en situaciones de emergencia, algunos derechos fundamentales, empezando por el derecho a la vida y a la dignidad de las personas. Porque no hay catástrofe humanitaria que no venga acompañada - si es que no haya sido el resultado - de violaciones deliberadas y masivas de los derechos humanos, que son la regla en las guerras de nuestro tiempo.

La separación artificiosa entre defensa de los derechos humanos (a menudo definida como "política de defensa de los derechos humanos") y acción humanitaria (que se pretende por definición "apolítica"), deriva a su vez en un pernicioso y comprobado expediente con el que la diplomacia oficial descarga en brazos de las organizaciones humanitarias la gestión de los conflictos de los que no sabe o no quiere ocuparse, salvo para reprender a las organizaciones humanitarias por no haber sabido eliminar los sufrimientos humanos que no son sino el síntoma más visible de un contencioso (ideológico, étnico, religioso, etc.) que corresponde a la política y a la diplomacia afrontar y resolver.

No acepto la conclusión de que la intervención humanitaria haya de reducirse con tanta frecuencia a una defensa de los derechos violados tardía y limitada, incapaz -por sí misma- de restablecer tales derechos en su plenitud.

Y me pregunto ( porque asisto desde hace años a un debate tan vivo como estéril sobre la prevención de conflictos): cuántos conflictos se podrían prevenir o al menos circunscribir por medio de una política de defensa de los derechos humanos puntual, coherente y con agallas? Es decir, una posible forma e "injerencia humanitaria preventiva" para poner coto a los conflictos y proteger de ellos a las posibles víctimas, un sistema internacional de alerta rápida acerca de las violaciones graves de los derechos humanos. Ya oigo alzarse algunas voces para acusarme de querer politizar la acción humanitaria. Respondo que mi objetivo es solamente el de "humanizar las relaciones internacionales", el de invocar el surgimiento de una "diplomacia ética".

La injerencia mediática

Y ya que hablamos de "alerta rápida" es inútil ocultarnos que en el mundo de hoy no hay instrumento más eficaz que los medios de comunicación de masas para despertar las conciencias y las cancillerías. Hasta el punto de que ninguna crisis, ningún drama, por grave que sea, llega a existir de verdad hasta que no aparece en los noticiarios de la CNN, la BBC y otros por el estilo. Y esa también es una forma, utilísima a mi juicio, de injerencia. Es la injerencia benéfica del testigo que, al presenciar un crimen, lo guarda en su memoria y difunde el conocimiento del mismo. Este tipo de ingerencia acostumbra a ejercerse por los media con la colaboración de los voluntarios humanitarios. En los teatros de crisis, la búsqueda de la verdad efectuada por los medios no sería posible a menudo sin la colaboración y la guía de los voluntarios de misiones humanitarias, testigos oculares dispersos en el terreno, y, viceversa, el testimonio de los voluntarios, indispensable para la comunidad internacional en orden a distingui

r entre agresores y agredidos, entre víctima y verdugo, quedaría sepultada en los archivos de las organizaciones de voluntarios si no se convirtiese en información circulante.

Hay quien califica de "incestuosa" esta cooperación entre los medias y las organizaciones humanitarias. Yo creo que, al contrario, sólo con el "testimonio activo" de periodistas y cooperantes se consigue, en situaciones de crisis complejas como las de los últimos años, alcanzar ese nivel de movilización de la opinión pública sin el cual la política y la diplomacia tienden a "olvidar" hasta los conflictos más dramáticos.

Hay quien habla incluso de la "pornografía del dolor", cuando las pantallas de televisión nos muestran imágenes horripilantes, inaguantables, de los horrores que causa la guerra cuando toma como blanco a las poblaciones civiles. Pero yo me pregunto: dónde está el auténtico escándalo? En las imágenes insoportables de esas realidades o en el hecho de que nosotros (como nos recuerdan las imágenes) no hacemos lo bastante para impedirlas?

La contraprueba de lo que digo viene dada por la manifiesta alergia que los señores de la guerra de nuestros días - pequeños y grandes, balcánicos y africanos - manifiestan no sólo respecto al derecho internacional, al derecho humanitario y a los derechos humanos, sino también respecto a cualquier forma de testimonio. Las guerras de hoy, sistemáticamente salpicadas de crímenes contra la humanidad, son guerras "a puerta cerrada" cuya estrategia prevé la expulsión preventiva de cooperantes humanitarios y periodistas. Y no es casual que ambas categorías paguen puntualmente un tributo en vidas para ganarse el derecho a permanecer sobre el terreno.

La injerencia judicial

A las anteriores, que son injerencias de hecho, se ha añadido en la última década una forma cada vez más aceptada de "injerencia de derecho", que desembocó en 1998 en la conferencia diplomática e Roma en el curso de la cual 120 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron el Estatuto de un Tribunal Penal Internacional Permanente a constituir, capacitado para juzgar los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio. Para que fuese aprobado y formalizado a escala planetaria este derecho de injerencia judicial hizo falta la caída del muro de Berlín, la proliferación de conflictos locales cada vez más atroces y la creación - siguiendo la falsilla de los tribunales creados en Nüremberg y Tokyo tras la segunda guerra mundial - de dos tribunales ad-hoc por decisión del Consejo de Seguridad de la ONU: en 1993 el constituido en La Haya para juzgar los crímenes cometidos en la exYugoeslavia, y en 1994 el constituido en Arusha para juzgar los crímenes cometidos en Ruanda. En el caso del tribu

nal para la exYugoeslavia, por primera vez no son los vencedores los que juzgan a los vencidos, sino que es la comunidad de los Estados miembros la que impone a los "vencedores" rendir cuenta de sus actos en el mismo momento en que deponen las armas. Ni la paz ni la victoria garantizan ya la impunidad.

El nuevo Tribunal Penal Permanente no será operativo hasta que el Tratado de Roma no sea ratificado por al menos 60 parlamentos de los 120 países signatarios, y en dos años sólo se han conseguido 20 ratificaciones. Y ésta no es la única nube en el horizonte del futuro Tribunal (posible digresión).

Desde cualquier punto de vista razonable, la principal novedad que este Tribunal introducirá antes o después es su función disuasiva respecto a quienes - jefes de Estado en ejercicio o meros jefes de banda - planeen o pongan en práctica crímenes contra la humanidad. Efectivamente, la existencia de una justicia sin fronteras en función permanentemente, priva a los criminales de guerra de la esperanza de impunidad desde el mismo momento en que cometan los delitos.

Basta con pensar en el número de "casos" que un tribunal semejante - si ya hoy existiese - hubiese podido instruir en los últimos años en las cuatro esquinas el mundo. De Timor a Sierra Leona, de Chechenia a Colombia, de Sri Lanka al Congo. Por no hablar más que de las tragedias más sobresalientes.

La injerencia militar

Y llegamos al fin al "derecho de injerencia" en su acepción militar: en otras palabras, al derecho de emplear la fuerza como remedio extremo (cuando han fracasado todas las demás formas de injerencia) para impedir o interrumpir el decurso de un crimen contra la humanidad. En el plano ético no creo que haya duda de la necesidad, para el género humano entero, de que se marquen y se respeten las fronteras entre la barbarie y la coexistencia civil. Empezando por aquellas zonas del mundo, como Europa, que invocan como valores fundacionales propios la paz, el pleno respeto de los derechos fundamentales y la cohabitación entre los disímiles. Y precisamente por ello he venido preconizando personalmente desde los primeros años noventa, el empleo de la fuerza contra Milosevich y su régimen, que han reproducido en el corazón de Europa los horrores de las masacres, de las persecuciones étnicas, de las violaciones en masa.

Por ello, cuando la OTAN decidió intervenir contra la ex-Yugoslavia (para impedir la realización de los planes de Milosevich en Kosovo), entendí como justo que cualquiera actuase para ayudar a un pueblo en peligro y que la OTAN ejerciese el derecho (que también es un deber) de "injerencia humanitaria". Y celebré como positivo el hecho - pensando en ese Tribunal Penal Permanente del que acabamos de hablar - de que por primera vez en la historia, una serie de crímenes contra la humanidad fuese interrumpida mientras se venía efectuando, y sus responsables fuesen incriminados "in flagrante".

Es cierto, no tengo dificultad en admitir que las Naciones Unidas hubiesen tenido mejor título para intervenir en Kosovo; pero soy lo bastante realista para darme cuenta de que, mientras los mecanismos de la ONU sigan casi paralizados por un sistema que concede el derecho de veto a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, nadie tendrá derecho a censurar una iniciativa como la tomada por la OTAN en Kosovo, decidida por gobiernos legítimos y responsables a favor de un "pueblo en peligro".

Por estas mismas razones he estado reclamando desde hace tiempo la intervención - al fin realizada, aunque muy tarde - de la ONU en Timor Oriental. Por las mismas razones he condenado el silencio embarazoso con que las instituciones europeas y los gobiernos individuales asistieron a las fases más dramáticas de la guerra de Chechenia. Qué es lo que pedía? No, por supuesto, el bombardeo de Moscú y San Petersburgo, sino simplemente que se exigiese a Rusia lo que exigimos a todos nuestros socios, esto es, el respeto de los tratados internacionales y, en particular de dos principios sacrosantos:

- la proporcionalidad entre la amenaza que se padece (los ataques terroristas) y la respuesta que se le da (civiles masacrados y Grozni arrasada hasta los cimientos)

- Así como el mantenimiento ininterrumpido del acceso humanitario a las víctimas civiles del conflicto.

La Unión Europea ha preferido callar para no poner en una situación embarazosa a un socio del calibre político y económico de Rusia. Reforzando de este modo, entre los dirigentes rusos, la convicción de que la diplomacia occidental considera la defensa de los derechos humanos como algo opcional, una cuestión que se plantea "sólo en las circunstancias oportunas".

Permítaseme, a este respecto, un breve testimonio personal en mi calidad de militante de una organización no gubernamental (el Partido Radical Transnacional), al que las Naciones Unidas han concedido el estatus de observador ante la Comisión de Derechos Humanos. Pues bien, nosotros entendimos como un deber civil, el pasado mayo, ceder algunos minutos de nuestro tiempo de palabra a un representante electo del parlamento checheno, para que pudiese dirigirse a la comunidad de las Naciones Unidas. Saben cómo reaccionó el gobierno de Moscú? Exigiendo nuestra expulsión de las Naciones Unidas: la retirada (o al menos la suspensión del estatus de observador) al Partido Radical Transnacional. La cuestión (habría que decir "el proceso")se discutirá el próximo 27 de Julio en Ginebra. Por ello les pido que expresen su solidaridad firmando el manifiesto que hoy he traído conmigo a Madrid.

Qué habrá que hacer para dar cuenta de la vuelta a la barbarie a la que asistimos? Una de las cosas que hay que hacer en el plano internacional es ciertamente una revisión de la noción-tabú de la llamada soberanía nacional para hacer sitio, en su lugar, a las nociones de soberanía del derecho y de la soberanía de los derechos del individuo. Estoy en buena compañía, si es verdad que el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, el pasado enero, al señalar el "muro" de la soberanía nacional como el obstáculo principal que impide a su organización defender eficazmente tanto su prestigio como los derechos violados, propuso una superación de este tabú diciendo (cito): "Una evolución de nuestra forma de entender la soberanía de los estados y de los individuos la acogerán algunos con desconfianza, con escepticismo, tal vez con hostilidad Aunque esa evolución siga siendo un vislumbre de esperanza al final del siglo XX" (fin de la cita)

A la voz de Kofi Annan se une la de un hombre -un protagonista del siglo- a quien es difícil dar lecciones de ética: Juan Pablo II. Quien ha dicho (cito): "Los crímenes contra la humanidad no pueden en ningún caso considerarse como asuntos internos de una nación Cuando hay civiles que sucumben bajo los golpes del agresor y los esfuerzos de la política no llegan a buen puerto, resulta legítimo y hasta necesario comprometerse en iniciativas concretas para desarmar al agresor" (fin de la cita).