"UE: ni un paso al frente"

L'aspecto más inquietante de la crisis que aflige al euro es que nadie puede considerar sus dificultades como incertidumbres y reacciones debidas al rodaje de una divisa apenas puesta en circulación. Tras la crisis del euro se trasluce ya -y los mercados financieros lo han intuido muy bien- una debilidad política de la construcción europea.

No hay otra forma de explicarse la desafección de los mercados y la vulnerabilidad del euro a los 22 meses de su nacimiento y en una fase en la que las economías de los 11 países de Eurolandia están más fuertes que hace dos años y preanuncian un tren de crecimiento prolongado.

Creo que en los meses en que nacía el euro cometieron un error aquellos políticos y banqueros que afirmaron que el nacimiento por vez primera de una "moneda sin estado" confirmaba la primacía de la economía sobre la política. La ilusión de esta supremacía ha durado poco, y no podía ser de otro modo, porque

en el mundo moderno ninguna unión monetaria puede darse sin previsión a largo plazo de una unión política.

Pongo incluso un ejemplo que me parece esclarecedor. Consideremos las economías de los 50 Estados americanos que,

naturalmente, no siempre marcha en sintonía. California puede experimentar un boom en el mismo momento en que Pennsylvania

entra en una fase de estancamiento o de recesión.

Ninguno de los estados interesados puede confiar en que la situación se pueda resolver por medio de la política

monetaria, que es responsabilidad de la Reserva Federal (Banco Central). Quien sí puede intervenir es el Gobierno federal, en

la medida en que trasvase recursos de un Estado a otro en crisis, aumentando la presión fiscal en California o

disminuyéndola en Pennsylvania. El Gobierno federal puede disponer de una masa de recursos de casi el 20% del producto

interno bruto (PIB) estadounidense.

Las instituciones de la Unión Europea (UE) administran apenas el 1,2% del PIB de sus 15 Estados miembros y además queman la

mitad en subsidios a la agricultura. Pero aun cuando los recursos comunitarios fuesen 10 o 20 veces mayores, su

recaudación y su empleo no estarían decididos por un centro federal sino por el consenso de los 15 gobiernos, tras

negociaciones extenuantes.

El Tratado de Maastricht confiere la responsabilidad del euro al Banco Central Europeo (BCE), institución independiente que

tiene como objetivo principal mantener la estabilidad de los precios. Pero el BCE no tiene, por supuesto, la exclusiva de

esa responsabilidad. La comparte en la práctica con los

poderes políticos.

La estabilidad de los precios depende tanto de la política monetaria en sentido estricto como de una serie de factores

determinados por los Estados y las colectividades que componen la UE: políticas de equilibrio presupuestario, fiscales,

salariales, o la competitividad de las diferentes economías. Cada uno de estos factores puede agilizar o dificultar el

trabajo del BCE.

Pero, ya que la existencia misma del euro ha aumentado la interdependencia entre los 11 países de Eurolandia, parece

inevitable la necesidad de ir más allá de la armonización de las principales opciones económicas para llegar a una

verdadera transferencia de soberanía, a un trasvase de poderes de la periferia al centro.

Un handicap aún más grave viene de la llamada "representación del euro". A diferencia del dólar o el yen, la moneda europea

no tiene en el escenario internacional un solo rostro y una sola voz que lo representen. El gobierno de la economía

mundial exige que, para representar al euro, cuya ambición es competir con el dólar en cuanto moneda de reserva y de cambio,

haya una sola persona. Es la vieja cantinela de Henry Kissinger ( Alguien sabe qué teléfono hay que marcar para

hablar con Europa?) aplicada a la esfera económica.

Tiene razón Tommaso Padoa-Schioppa, miembro del directorio del BCE, cuando dice que el euro es sostenible a la larga sólo

si representa una etapa en el proceso europeo de integración? Esta afirmación nos lleva al tema más amplio y más actual de

la reforma de las instituciones comunitarias.

En los términos de la cuestión todos parecen de acuerdo: la comunidad de 15 países, destinada a transformarse en un club

de 28 o 29 miembros en los próximos años, tiene obligatoriamente que reformar reglas y mecanismos que ya hoy

se han revelado inadecuados.

Hay amplio consenso acerca de las tres reformas que se entienden como urgentes y que la presidencia de turno francesa

ha incluido en la agenda de la Conferencia Intergubernamental que tendrá lugar en Niza en diciembre próximo, a saber:

1. La composición de la Comisión, es decir, la limitación del número de comisarios europeos, que hoy son 20, y que

constituyen el Ejecutivo comunitario.

2. La ampliación del voto con mayoría cualificada, para evitar que -con el aumento de los estados miembros- se multiplique el

recurso al veto por parte de un solo socio.

3. La reconsideración de la ponderación de los votos en el seno del Consejo (que es algo así como la Asamblea de

Accionistas) con el fin de que se tenga en cuenta de alguna forma el peso diferente de los distintos estados.

A esta lista de prioridades, Francia ha añadido una cuarta: la llamada "cooperación reforzada", es decir, el derecho de

cualquier país que lo desee de "progresar por su cuenta hacia mayores niveles de integración".

El corazón del problema es que hoy, a menos de tres meses de la cumbre de Niza, no hay un solo estado miembro que esté

comprometido en apoyar las reformas que se esperan de la Conferencia Intergubernamental.

Estamos completamente parados, porque tras el dilema ampliación-reforzamiento se esconden quienes (individuos,

países, partidos) sintiendo odio por cualquier perspectiva de federalismo europeo, sueñan en vez de ello con una Europa

reducida a una gran zona de libre cambio. Ellos han visto en la ampliación (y la han apoyado por esa razón) una

oportunidad, no ya de acelerar, sino de aplazar sine die las fases restantes de la integración europea.

Creo que debemos el estado actual de la Conferencia Intergubernamental a la sorda resistencia de esta facción de

enemigos de la integración europea, que no se plantea salir al descubierto, cubierta como está por la timidez y la división

de los europeístas convencidos.

Emma Bonino es eurodiputada,

dirigente del Partido Radical Italiano

y ex comisaria europea.