SUMARIO: El Ministerio del Interior ha obligado al inspector de policía José Manuel Sánchez a acogerse a la excedencia voluntaria temporal en contra de su voluntad. Sánchez encabeza una candidatura en las próximas elecciones legislativas a favor de la legalización de la droga, y considera que al ser un policía debe aplicársele la situación de "servicios especiales" y no el de "excedencia voluntaria" como a los jueces, militares y funcionarios civiles que concurran a unas elecciones.

(Juan José Echevarría, "EL PAIS" 26 de octubre de 1989)

La diferencia entre "servicios especiales" y "excedencia voluntaria" es que esta última no garantiza la antigüedad, los trienios y el puesto en el escalafón del Cuerpo Nacional de Policía. Con la "excedencia voluntaria", no se asegura tampoco la reincorporación al mismo puesto de trabajo que tenía cuando se presentó candidato.

El inspector José Manuel Sánchez solicitó el pasado día 22 a la Dirección General de la Policía (DGP) que le aclarase su situación administrativa.

Asimismo, le informaba de que concurría a las elecciones legislativas del próximo día 29 como candidato. La DGP entregó ayer al policía una resolución en virtud de la cual pasaba a excedencia voluntaria.

La DGP razona en su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, que "un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que desee presentarse a unas elecciones deberá cesar en su situación de activo para pasar a otra situación administrativa distinta". La resolución ordena que "no habiéndose regulado todavía este supuesto en la legislación derivada de la ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se le dé el mismo tratamiento que a otros funcionarios que se encuentran en una situación similar".

El Ministerio del Interior entiende en el escrito citado que la situación de los policías es homologable a la de magistrados y militares que acudan como candidatos a unos comicios. "En ambos casos la situación administrativa que corresponde es la de excedencia voluntaria", añade la resolución que también se ampara en otras dos normativas sobre funcionarios civiles del Estado.

El candidato José Manuel Sánchez entiende que al ser miembro del comité ejecutivo del Sindicato Unificado de Policía (SUP, organización mayoritaria entre los agentes) su situación administrativa la regula la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que en su artículo 22 indica que "los representantes sindicales tendrán derecho al pase a la situación de servicios especiales".

El inspector Sánchez concurre a las próximas elecciones como número uno de la Lista Antiprohibicionista sobre las drogas, que pide la legalización de los estupefacientes. Sánchez manifestó ayer a este periódico, tras entregar su arma y carné policial en la Comisaría de Getafe, que la Administración no ve con agrado su candidatura. "La Constitución no pone limitación alguna a un policía que quiera concurrir a las elecciones. Están vulnerando el espíritu constitucional", agrega. Portavoces de la DGP indicaron que no tienen animadversión hacia ninguna candidatura.